El “chollo” de trabajar en Zarzuela

MADRID.- ¿Conocen esas empresas en las que no se despide a nadie? Esas de ambiente familiar que compensas las pérdidas de las malas rachas con las ganancias de las buenas, con el objetivo de perdurar en el tiempo. Donde se cuida a los trabajadores.

 

Es más probable que las conozcan de oídas porque ya no se estilan. El caso es que La Zarzuela es algo parecido. Una institución que empezó poco a poco, con una monarquía debilitada durante el franquismo y que, a día de hoy, ha ido creciendo hasta convertirse en una empresa de más de 500 empleados y cuyo coste total, aún a día de hoy, se desconoce. Porque las cuentas del Rey revelaron asuntos como el sueldo de Juan Carlos y del Príncipe.

Pero no quedan del todo claras otras cosas.

Se sabe por ejemplo que La Zarzuela da todos los días un mínimo de 150 comidas gratis, que ya supone un ahorro a fin de mes para los bolsillos de los trabajadores. Y que solo los sueldos de 18 de esos trabajadores los paga la Casa Real. El resto, los respectivos ministerios. Así que existe una especie de barra libre porque lo que no pagan los unos lo pagan los otros.

Porque también se les paga a los trabajadores una subvención del 75% del transporte y un buen puñado de teléfonos móviles.

De la asignación específica, don Juan Carlos destina 1,2 millones de euros a pagar a sus empleados directos y otros más de 2,8 millones a gratificar a su plantilla y a unas 370 personas más, a sueldo del Gobierno, por la realización de trabajos excepcionales, por la dedicación extraordinaria o por la realización de horas extra calificados como "incentivos al rendimiento".

De la cesta de Navidad, eso sí, no se ha sabido nada.

El Gobierno español ahorrará 8.900 millones y recaudará 6.200 ante un déficit inesperado del 8%

MADRID.- El  Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el Real-Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera con el que el Gobierno español reducirá gastos en 8.900 millones de euros y subirá impuestos en 6.200 millones de euros con el objetivo de reducir un déficit público que se situará en el 8% en 2011, dos puntos porcentuales por encima de lo previsto inicialmente. 

   Dicho Real-Decreto, que entrará en vigor este domingo, 1 de enero, incluye además el incremento de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, la congelación salarial y el recorte de la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal.

   A estos ajustes en el sector público también se suma la supresión de la aportación a los planes de pensiones de los funcionarios durante 2012.

   "Durante el ejercicio 2012, las administraciones, entidades y sociedades públicas no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyen la cobertura de la contigencia de jubilación", según el Real-Decreto.

   Asimismo, el Gobierno contempla, entre otras medidas, la subida de las pensiones en un 1% en términos generales, con arreglo a lo que prevé el Gobierno que subirá la inflación, aunque el alza de las pensiones mínimas y no contributivas llega al 2,9% como consecuencia de la desviación de precios registrada en 2011. 

   El Gobierno pretende recaudar entre 6.100 y 6.200 millones de euros como consecuencia de algunos cambios fiscales que incluyen un alza temporal y progresiva del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

   Así, la cuota estatal sube en una escala del 0,75% para el primer nivel de renta hasta el 7% en el nivel más elevado, a partir de 300.000 euros de base liquidable. La subida se hará sólo en el tramo estatal, aunque la recaudación será compartida a través del fondo suficiencia.

   En el IBI, se ha subido el tributo durante los dos próximos años para el 50% de las viviendas que son las que tienen un valor catastral superior a la media de cada municipio.

   De la misma forma, ha extendido a todo 2012 el IVA 'superreducido' del 4% para la compra de vivienda nueva y ha recuperado la deducción para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010. En Impuestos Especiales, ha eliminado la bonificación al gasóleo profesional.

   Todas estas decisiones aportarán 6.000 millones "con holgura", ya que la subida del IRPF aportará 4.111 millones de euros, mientras que el incremento de las rentas de capital aportará 1.246 millones; la subida del IBI, 918 millones; y la supresión de las deducciones del gasóleo profesional, 200 millones.

   Por otro lado, el Gobierno ha aprobado un acuerdo de no disponibilidad de gasto por valor de 8.900 millones de euros que afectará a los distintos ministerios del nuevo Ejecutivo, principalmente a Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores.

   La cifra procede de todos los capítulos presupuestarios, es decir, tanto de los gastos financieros como de los no financieros. El Gobierno llevará a cabo una reducción de las estructuras administrativas (subsecretarías y direcciones generales) para reducir gastos en un 18,9%. En concreto, se eliminan 30 direcciones generales.

   Además, se reduce en un 20% las subvenciones a partidos políticos para ahorra 29,68 millones; a sindicatos y organizaciones empresariales, para ahorrar 55 millones.

   Así, el Ministerio Fomento ajustará su presupuestos en 1.612 millones de euros, el de Industria, Energía y Turismo en 1.091 millones de euros, el de Economía y Competitividad en 1.083 millones de euros el de Asuntos Exteriores y Cooperación en 1.016 millones de euros.

   El ajuste en Educación, Cultura y Deporte alcanzará los 485 millones de euros, gracias ante todo a la decisión de suprimir el canon digital y reducir subvenciones al cine. Sanidad recortará 409 millones de euros y Defensa 340 millones de euros.

   Por su parte, Hacienda y Administraciones Públicas recortará en 442 millones de euros, la "mayoría" procedente de RTVE, Empleo y Seguridad Social en 439 millones de euros y Agricultura y Medio Ambiente en 409 millones de euros. 

   Interior reducirá su presupuesto en 163 millones de euros, partida en la que se incluye la reducción en el 20% de las subvenciones a los partidos. De menor cuantía será el ajuste en Justicia, con 48,8 millones y Presidencia, con 19,6 millones de euros.

   Además  en el capítulo de gastos con diversos ministerios y relaciones con entes territoriales con 1.040 millones de euros. El Fondo de Compensación Interterritorial verá reducida su cuantía en 302 millones de euros.

   Este acuerdo de no disponibilidad se incluye en la prórroga de los Presupuestos de 2011, que estarán vigentes hasta que en marzo de 2012 se presenten unas cuentas nuevas.

Nueve valencianos están entre los 200 españoles de mayor fortuna

MADRID.- Las 200 personas y familias más ricas de España suman un patrimonio estimado de 135.000 millones de euros. De ellos, casi 24.000 millones pertenecen a Amancio Ortega, el dueño de Zara, de largo, el hombre más rico del país, hasta el punto de que su fortuna equivale a la de sus 15 inmediatos perseguidores juntos y que ha redondeado el año cerrando la operación inmobiliaria más jugosa desde 2008, la compra de la Torre Picasso, en Madrid, según recuerda 'El Mundo'.

La crisis no hace mella en el bolsillo de los que más tienen. Al menos no tanta como en los del resto de los españoles. En un año en el que la Bolsa española ha perdido un 13% de su valor, los potentados españoles no pierden, incluso ganan. De hecho, los 10 más ricos de la Bolsa española han incrementado su fortuna un 8% este año. Esta conclusión, unida a que en España la huella que deja el dinero es cualquier cosa menos fácil de rastrear, son las principales conclusiones del número especial 'Los 200 más ricos de España', que se publica este fin de semana por sexto año consecutivo en el 'El Mundo' de este sábado,  es un informe único en la prensa española.

Lo peculiar de la estructura económica española, sembrada de empresas de carácter familiar, obliga a ordenar las fortunas españolas en dos listas de 100 integrantes cada una. En una, figuran los reyes de la Bolsa y la otra los patrimonios más tradicionales, no afectados por las oscilaciones del mercado de valores y, por tanto, más difíciles de medir.

Amancio y 99 más

Al frente de los 100 más ricos del parqué está el Amancio Ortega (23.823 millones) con una fortuna de le siguen los dueños de Ferrovial, la familia Del Pino (que controla Ferrovial), con 4.100 millones, su ex mujer y socia en Inditex, Rosalía Mera (3.305 millones), la familia Entrecanales (accionistas de Acciona, con 2.454 millones) y los cuatro hermanos March (1.699 millones), los banqueros españoles que mejor han capeado la crisis financiera.

Todos ellos acumulan un dinero fácil de medir, en forma de acciones que cotizan, sometidas al control la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuyo valor oscila cada día. Uno de los acontecimientos que más ha dado que hablar este año ha sido la pugna por el control de Sacyr, que ha condicionado el patrimonio de nueve titanes del parqué: Juan Abelló, Demetrio Carceller, Manuel Manrique (el nuevo primer ejecutivo), José Manuel Loureda, Luis Fernando del Rivero, Enrique Juan Miguel Sanjuán Jover, José Del Pilar Moreno Carretero, Tomás Fuertes y Francisco Javier Gayo Pozo.

Otra de las aportaciones de la lista es la visibilización del capital bursátil de la burguesía vasca, pues entre los 100 ricos de la Bolsa de ilustres apellidos como Ybarra, Barandiarán, Egaña, Salegui, Delclaux, Bergareche, Iribecampos o Castellanos, muchos de ellos vinculados al selecto barrio de Neguri, en Getxo (Vizcaya).

Los otros 100 ricos

Ajeno a los vaivenes de la Bolsa, el valenciano Juan Roig, dueño de los supermercados Mercadona, lidera la lista de las fortunas patrias que escapan al juicio del mercado. El valor de patrimonios como el suyo y otros muchos, que permanecen desde hace décadas en manos de largas sagas familiares dueñas de industrias, hoteles, tierras, casinos y edificios de viviendas y oficinas, no se fija a no ser que se vendan o se compren, se dividan o se hereden. En esta lista, a Roig le acompañan el fundador de Mango, Isak Andic, la Duquesa de Alba y las familias dueñas de las cervezas Mahou.

Un tercio de estas fortunas discretas o familiares tienen raíces catalanas, 13 son de Madrid, 9 de Valencia y 7 de Galicia. Otra de las curiosidades de la lista son las familias enriquecidas al calor de las licencias para embotellar Coca-Cola. que desembarcó en España de la mano de la familia Sainz de Vicuña en los primeros los años 50, y al que se asocian varios de los patrimonios menos conocidos y difíciles de rastrear: las familias Daurella, Gómez-Trénor, Mora-Figueroa Domecq, Urrutia, Comenge, Urrutia, Serratosa y Castellanos.

En esta lista vuelven a aparecer nombres ilustres del empresariado vasco, como el guipuzcoano Aristrain, la familia Aznar Sainz, dueña de Marqués de Riscal o la familia Ormazabal. Pero lo más curioso de esta lista es la aparición de discretos capitales asociados al mundo inmobiliario, como los primos Nicolás Cotoner y Angustias Martos, la familia Banús, los andaluces Beca, la familia madrileña Colomer, los hermanos Gómez Aparicio o la noble octogenaria Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Ambas listas tienen muchas cosas en común. En un año marcado por el paro y la crisis financiera, por la parte de arriba de la pirámide muchos ricos españoles han puesto sus capitales a buen recaudo en países como Holanda y Luxemburgo. La práctica no es nueva, pero el dinero es miedoso y huele el peligro antes que nadie. Por eso muchas familias, bien asesoradas y con mucho que guardar, han optado por blindarlo en países donde la crisis es más suave y la presión fiscal es más liviana.

Alarte acusa a Fabra de conseguir "el dudoso récord" de que la Comunitat sea la segunda región que más se ha empobrecido

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha criticado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "ha conseguido el dudoso récord de que seamos la comunidad autónoma que más se ha empobrecido de toda España". 

   En un comunicado, el también portavoz socialista en Les Corts se ha referido así a los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2008 y 2010, una estadística que "nos sitúa como la autonomía española que presenta el mayor decrecimiento en los dos últimos años".

   Así, ha subrayado que el crecimiento porcentual acumulado en términos reales entre 2008 y 2010 en España es del -3,8%, mientras que en la Comunitat esta cifra alcanza el -6,4%, es decir, un 2,6% más que la media nacional.  

   "Las políticas erráticas del PPCV de los últimos 16 años también han tenido como consecuencia que cada vez nos alejemos más de Europa. Tomando los datos del PIB por habitante en la Unión Europea como referencia, somos un 10,9% más pobres que el resto de ciudadanos europeos, ya que nuestro índice es del 89,1%", ha detallado.

   Alarte ha indicado que Fabra "tiene ya otra nueva calificación oficial, además de la Sindicatura de Cuentas y las de las agencias de calificación, que nos sitúan a la altura del bono basura, en la más absoluta quiebra, y con un índice de paro un 3,2% superior a la media nacional, según los datos del tercer trimestre de la EPA, con más de 600.000 valencianos desempleadas".  

   El síndic socialista ha advertido de que "la crítica situación económico-financiera de la Generalitat se agrava a diario porque Fabra ha elegido el camino equivocado, el del exceso y el despilfarro, y no el del rigor, el saneamiento económico, el cumplimiento del Plan de Reequilibrio y la reducción del gasto corriente".

   Asimismo, ha lamentado que "continúe sin decir qué va a hacer, ante la situación de las cuentas públicas, que es de excepción y de tremenda gravedad".

   "En vez de propiciar un cambio de modelo económico, apostar por la reindustrialización, la innovación, la formación de nuestros jóvenes, Fabra ha reducido los recursos para el Servef, en la peor crisis de empleo de la historia democrática, así como las partidas económicas del Impiva", ha censurado el socialista.
Por otra parte, la portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts, Carmen Ninet, ha lamentado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "como si de una estrella mediática se tratara, esté más preocupado en la audiencia que tendrá su discurso de Fin de Año que por los proveedores, farmacéuticos, libreros, dependientes, y un largo etcétera de colectivos sociales y empresariales valencianos que se ven obligados a cerrar porque la Generalitat no les paga".

 En un comunicado, Ninet ha instado al jefe del Consell a que se preocupe más por "cómo pagar a estos colectivos y no de si su discurso tendrá o no audiencia", tras conocer la modificación del día de la emisión del discurso del presidente de la Generalitat al 1 de enero, y le ha sugerido que si realmente quiere una gran audiencia que "hable claro a los valencianos y valencianas y deje de mentir".

   "Que anuncie un plan de pagos a los proveedores o que explique por qué se han cerrado 262 camas en los hospitales, por qué no se construyen los colegios que esta Comunitat necesita, que diga cuáles son las medidas a poner en marcha para crear empleo juvenil o que explique por qué cuando más empleo se está destruyendo se  disminuye el presupuesto destinado a las políticas de empleo y formación, así seguro que gana audiencia", ha declarado Ninet.

   Aún así, la diputada socialista ha indicado que "es muy difícil" conseguir tener audiencia en Canal 9, una televisión "manipulada hasta tal extremo que ya nadie la cree y por tanto nadie la ve".

"Una televisión, pagada con el dinero de todos, cuyos índices de audiencia están bajo mínimos debido a la obsesión del PP por controlarla, que muestra un mundo irreal donde no existe el caso Gürtel, ni Emarsa, ni Brugal, donde no están juzgando al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps y donde todo es pan y circo", ha denunciado.

   Para Ninet, este es "un nuevo ejemplo de que el Gobierno del PP de Fabra está más preocupado por la foto que por los problemas que ahogan a los valencianos" y ha insistido en que la Comunitat "necesita de un presidente que plante cara a la crisis y merezca credibilidad y no un presidente preocupado por su imagen que no quiere ver las andanzas de los miembros de su Consell que solo generan desconfianza en los ciudadanos".

Marga Sanz (EU) dice que Fabra quiere deshacerse del equipo anterior y empieza a enterrar el campismo

VALENCIA.- La síndica del grupo parlamentario de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes, Marga Sanz, ha asegurado este viernes que con la remodelación de Consell, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, "quiere deshacerse del equipo anterior y empieza a enterrar el campismo". 

   Sanz ha criticado en un comunicado el cambio en el titular de la Conselleria de Educación por ser uno de los departamentos "más importantes para hacer frente al paro y al fracaso escolar en estos momentos de crisis" y haber sido sometida a cierta "inestabilidad". Ha añadido que "ahora será ocupada por una nueva consejera que proviene de la política municipal".

   La síndica también ha explicado que "cíclicamente las fracciones de la derecha valenciana entran en guerra para controlar el liderazgo, lo cual no beneficia precisamente a la ciudadanía y menos con la fuerte crisis económica que sufrimos". Sanz también ha recordado que "la futura delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, es uno de los máximos exponentes del campismo y ha hecho siempre bandera de su oscurantismo"

   Sanz, ha explicado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "está deshaciéndose de todo el equipo anterior".

"Mientras Camps se pasa los días en el Tribunal Superior de Justicia, Alberto Fabra está haciendo limpieza de campismo en el Consell", ha señalado la síndica. Para la diputada, "hoy empieza el día 1 de Alberto Fabra" y ha advertido que "no será la única remodelación del Consell, sino que vendrán más".
Por otra parte, el grupo parlamentario Compromís ha considerado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "no tiene fuerza en su partido para realizar un verdadero cambio de gobierno".
   En un comunicado, la coalición ha realizado una valoración de las variaciones en el Consell que ha anunciado hoy el jefe del Consell, que sitúan a José Ciscar como vicepresidente, conseller de la Presidencia y portavoz y a María José Català como consellera de Educación y Ocupación.
   Según ha declarado la portavoz adjunta, Mónica Oltra, "lo que se suponía a priori un cambio de gobierno de Fabra se ha quedado en un simple ajuste forzado por el nombramiento de Paula Sánchez de León como Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana".
   "Esto demuestra --ha añadido Oltra-- que Alberto Fabra es un dirigente débil dentro del Partido Popular y dentro del Consell. No puede deshacerse del gobierno nombrado por Francisco Camps y esto significa que no puede deshacerse de la gente que ha hecho el agujero en las cuentas públicas valencianos".
   "De esta manera, por la debilidad de Fabra, seguiremos sufriendo los mismos gestores que nos han abocado a la situación de ruina económica en que estamos ahora, la gente que tenía la connivencia con la mala gestión y con la corrupción", ha lamentado.
   "Fabra demuestra que es un Presidente que no tiene fuerza para acabar con la nefasta herencia que ha recibido e imponerse dentro de su partido haciendo un cambio profundo en el Consell, y por lo tanto no es un Presidente bueno para esta comunidad", ha concluido la diputada de Compromís.

José Císcar, nuevo vicepresidente y portavoz del Consell, y María José Catalá accede a la Conselleria de Educación

VALENCIA.- El hasta ahora conseller de Educación, Formación y Empleo, José Císcar, será el nuevo vicepresidente en sustitución de Paula Sánchez de León, que va a ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. 

 

Císcar también ocupará el cargo de portavoz del Consell, que ejercía hasta ahora la también consellera de Turismo y Cultura, Lola Johnson.    

La vacante en la Educación y Empleo la va a ocupar la alcaldesa de Torrent y diputada en las Corts, María José Catalá, que, de este modo, accede por primera vez al Ejecutivo autonómico.

Alarte atribuye la remodelación a un "ajuste de cuentas" por las "guerras internas" del PPCV

VALENCIA.- El síndic socialista en las Corts y secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado que la remodelación del Consell anunciada este viernes por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "no es un cambio de Gobierno valenciano, ni si quiera un cambio  de Política; Fabra ha realizado sólo un ajuste de cuentas entre las  guerras internas del Partido Popular de la Comunitat Valenciana".

   De esta forma se ha pronunciado el líder socialista para referirse al nombramiento de José Císcar como vicepresidente y portavoz del Consell, de María José Catalá como consellera de Educación y de Paula Sánchez de León como delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana.

   "Fabra se ha quitado de en medio a la más campista de entre las campistas, Paula Sánchez de León, y ha hecho lo mismo con quien fue el fichaje estrella de su antecesor en el cargo, Lola Jonhson, a quien le quita la portavocía", argumenta Alarte en un comunicado.

   Alarte ha lamentado que "el president de la Generalitat valenciana haya desaprovechado una oportunidad única de hacer frente a la crisis  económica" y ha criticado que "Fabra, con el mismo Gobierno que heredó y que ahora se ha encargado de enfrentar, continuará con la misma política del PPCV de los últimos 16 años: la del despilfarro, el exceso y la corrupción".

   "Se trata de una medida de maquillaje, con la que demuestra  que su capacidad de maniobra en su propio partido es ninguna, a la hora de tomar decisiones", ha considerado.

   El líder socialista ha criticado que "Fabra esté más preocupado de  liquidar a los campistas, que de gobernar para resolver los graves  problemas económico-financieros de la Generalitat Valenciana". Y ha  vaticinado que el presidente provincial del PP en Valencia y de la Diputación, Alfonso Rus, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,  quienes han visto cómo han perdido pie con el nuevo Gobierno valenciano, no tardarán en responder a lo que, sin duda, interpretarán como un 'acto de guerra' de Fabra".

Aerocas suspende el acuerdo de novación de la gestión del Aeropuerto con Globalvía

CASTELLÓN.- La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Aerocas, ha decidido que deja sin efecto el acuerdo de novación modificativa de la gestión del Aeropuerto de Castellón, firmado el 23 de marzo con Globalvía, con el fin de ahorrar en el proyecto, de forma global --entre gastos de construcción y gestión-- más de 30 millones de euros en 8 años, según ha informado el Consell en un comunicado.

   La Generalitat, a través de la empresa pública Aerocas, adopta esta decisión "por responsabilidad", garantizando la eficiencia del servicio que prestará la futura conexión aérea y asumiendo el menor impacto posible para las arcas públicas. La suspensión del acuerdo es producto del endurecimiento de las condiciones financieras exigidas por los bancos a Globalvía.

   El Aeropuerto de Castellón es fruto de la inversión pública de la Generalitat y de la inversión privada de la concesionaria Globalvía. Las entidades bancarias que financian a la concesionaria habían endurecido sus condiciones, hasta solicitar un beneficio después de impuestos igual a 0 euros en cada año de explotación.

   Todos los estudios económicos indicaban que en los primeros años de arranque del proyecto, como en cualquier proyecto de nuevo cuño, esa exigencia era de difícil cumplimiento y representaba en los próximos 8 años un coste añadido de gestión de otros 21 millones de euros a las previsiones inicialmente fijadas de 29 millones de euros.

   Ante la nuevas condiciones, Globalvía trasladó a Aerocas --y por tanto a la Generalitat-- las exigencias de los bancos, a la vista de las cuales se ha optado por una decisión "responsable", dentro de las políticas de "austeridad y contención" del gasto público del Consell, de no asumir el sobreprecio y buscar otra vía de gestión.

   Aerocas ya está trabajando en una nueva fórmula de gestión sin Globalvía, mucho más económica, que se basará en la contratación de un operador acreditado --Aena u otros--, siguiendo el modelo del Aeropuerto de Murcia.    

   Esta semana se está produciendo el traslado de la plantilla de Aerocas desde sus oficinas en Castellón a su nuevo ubicación en el propio Aeropuerto, que comienza así a acoger a los primeros trabajadores que velarán por el funcionamiento y por la gestión de la infraestructura.

   Por lo que respecta a la apertura al tráfico aéreo del Aeropuerto de Castellón, se llevará a cabo tan pronto como sea posible, en cumplimiento de los plazos establecidos por las últimas modificaciones legales, y tras la preceptiva autorización del Ministerio de Fomento a través del órgano competente, AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), que tiene que supervisar las instalaciones terminadas y en perfecto estado de funcionamiento antes de expedir su certificación, tal y como sucede en cualquier aeródromo del mundo.

   Las obras y los permisos han estado condicionados por los últimos cambios normativos, en particular el Decreto 862/2009 por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de los aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos competencia del Estado, así como el Decreto Ley 1/2010 que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, establece las obligaciones de proveedores civiles de dichos servicios y fija determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

El Consell se personará en el caso de Urdangarín si considera que se han "lesionado" los intereses de la Comunitat

VALENCIA.- El presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, ha asegurado que la Generalitat se personará en la causa en la que está imputado el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, si los servicios jurídicos de la Generalitat consideran que se han visto "lesionados" los intereses de la Comunitat Valenciana. En este sentido, el propio Fabra ha recordado que el Gobierno valenciano ya se ha personado en otras causas como la de Emarsa.

   Fabra, que se ha expresado de esta manera en rueda de prensa al ser preguntado por la posibilidad de que la Generalitat se persone en el  contra el Duque de Palma, por sus negocios con la administración valenciana a través del Instituto Nóos, ha apuntado que "lo veremos en su momento", ya que se trata de un asunto en el que la Justicia "tiene mucho que decir" y del que "se ha escrito mucho".

   El jefe del Consell, sin embargo, ha remarcado que como hemos hecho en otras ocasiones, defenderemos los intereses de la Comunitat". Por ello, si el servicio jurídico de la Generalitat "entiende que ha habido necesidad de tener que presentar o comparecer para defender los intereses de la Comunitat, lo haremos como lo hemos hecho también y lo hemos propuesto en otras ocasiones".

   En cuanto a la imputación, ha señalado que se trata de una "decisión judicial" y ha querido destacar que las personas públicas deben ser "ejemplo para la sociedad". Así, "aquellas personas que han tenido un comportamiento regular o censurable tienen que someterse al juicio de la propia sociedad y, en este caso, de los tribunales".

La Comunidad Valenciana fue la región española donde más se contrajo el PIB entre 2008 y 2010

MADRID.-   La Comunidad Valenciana fue la región española donde más se contrajo el PIB entre 2008 y 2010, con una caída del 6,4%, seguida de Asturias (-5%), Murcia (-4,8%), y La Rioja y Castilla-La Mancha (-4,8% en ambos casos), según la Contabilidad Regional de España difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Las regiones que registraron una menor contracción del PIB entre 2008 y 2010 fueron Melilla (-0,6%), Ceuta (-1,3%), Castilla y León (-2%), Navarra (-2,4%) y Madrid (-2,6%). La caída media del PIB de España fue del 3,8% entre 2008 y 2010.  

   Estas son las primeras estimaciones anuales que realiza el INE de la Contabilidad Regional con la nueva Base 2008, aunque los datos son "complementamente consistentes" con los de la Contabilidad Nacional publicados el pasado mes de octubre.

   El cambio de base ha supuesto, según el INE, revisiones en el nivel de PIB del año base de las comunidades autónomas. Aunque el nivel del PIB nacional apenas ha variado, el peso de cada comunidad autónoma sobre el total de España ha variado.

   En cualquier caso, el orden que cada una de ellas ocupa permanece prácticamente igual, salvo en el caso de Galicia y Castilla y León, que han intercambiado las posiciones que tenían con la Base 2000. Cataluña es la comunidad que presenta, con Base 2008, la mayor participación en el PIB nacional (18,5%), seguida de Madrid (17,7%) y Andalucía (13,7%).

   Atendiendo al PIB nominal por habitante en términos de paridad de poder adquisitivo España superó ligeramente en 2010 la media de la UE-27. En dicho año, siete comunidades superaron la media europea.

   La primera posición la ocupa el País Vasco, con un índice superior en un 32,5% al de la media europea, seguido de Madrid (29%), Navarra (28,3%) y Cataluña (17,3%). Extremadura, con un valor casi un 30% inferior a la media europea, es las región que cierra la lista.

UPyD le cruje al Gobierno de Rajoy por subir impuestos en vez de ahorrar en el gasto

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que el Gobierno de Mariano Rajoy "empieza mal" al cargar sus medidas de reducción del déficit sobre las rentas del trabajo vía IRPF y, en cambio, no ahorrar evitando duplicidades en la Administración o suprimiendo entes superfluos como las diputaciones provinciales.  

   El responsable económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, critica las medidas del Consejo de Ministros porque "cuando uno navega en un barco con el casco agujereado, tirar a parte del pasaje por la borda no es una solución a largo plazo", sino que es necesario reformar un "Estado autonómico mal diseñado", algo que, según denuncia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ni se plantea".

   Anchuelo lamenta que, aunque el núcleo de la desviación se debe al "gasto desbocado" de las comunidades autónomas, éstas "no se ven apenas involucradas" en la solución y lo que se hace es subir los impuestos para "seguir financiando esos excesos", así como recortar partidas de gasto socialmente "muy sensibles", con medidas "toscas" y de "brochazo gordo"

   "Los de siempre, los objetivos fáciles, siguen estando en el centro de la diana", incide Anchuelo, que considera que se debería actuar con una filosofía de "presupuesto base cero" que concentre los recortes "más drásticos" en las instituciones autonómicas superfluas, o los sueldos excesivos para funciones profesionales similares.

   En similares términos se pronunció el 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien recuerda que su partido ya había avisado de que "era imposible seguir gastando como proponía el PSOE y bajar los impuestos como decía el PP".

   En su opinión, el Gobierno de Rajoy hace "gran continuismo" con las medidas fiscales del PSOE apuntando a los "objetivos fáciles" pues y dos tercios del incremento de recaudación que esperan con estas medidas provendrán precisamente de las rentas del trabajo mientras "las grandes fortunas siguen protegidas por sus falsas fórmulas societarias".

    A través de Twitter, Martínez Gorriarán ha aconsejado al Gobierno empezar por "acabar con las duplicidades y el gasto superfluo suprimiendo administraciones como las diputaciones provinciales. También abogan por una reforma fiscal que equipare las rentas del trabajo con las del capital.

   Su impresión es que el PP va a "dosificar las malas noticias para salvar el tinglado" y que en marzo, cuando presenten los Presupuestos Generales, "vendrá una segunda oleada de recortes".

Rato ganó 2,34 millones de euros como presidente de BFA y Bankia en 2011

MADRID.- El presidente de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y de Bankia, Rodrigo Rato, ganó 2,34 millones de euros en el ejercicio 2011, según los datos difundidos por la entidad. El salario anual del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, se eleva a 2,26 millones de euros, de los que percibió 1,57 millones, ya que se incorporó en mayo.

   Concretamente, Rodrigo Rato cobró 2,05 millones por su labor en Bankia, otros 254.000 euros por su trabajo en la matriz de la cotizada y otros 40.000 euros de Caja Madrid.

   De este modo, la retribución de Rato se sitúa en la banda baja de las correspondientes a los presidentes de las cinco mayores entidades financieras españolas con los datos a cierre de 2010. Sólo figuraría por debajo el presidente del Popular, Angel Ron, con 1,234 millones.

   De los demás, la retribución más elevada corresponde al presidente del BBVA, Francisco González (5,3 millones), seguido del de Santander, Emilio Botín (4,9 millones) y del de la Caixa, Isidro Fainé (2,6 millones).

   Por otro lado, Rato cuenta con un sistema de ahorro a largo plazo de 489.000 euros a través de Bankia, y de 33.000 euros de BFA. Por su parte, Verdú goza de derechos de pensión por 533.000 euros y un préstamo de 211.450 euros al 2,61% de interés.

   El presidente y vicepresidente de Bankia no perciben retribución alguna por su pertenencia a los consejos de administración de participadas a los que pertenecen por cuenta o en representación del grupo.

   BFA ha recibido financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por importe de 4.465 millones de euros para llevar a cabo el proyecto de integración de las siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja.

   Las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas tienen hasta mañana 31 de diciembre para decidir si publican los sueldos de su cúpula de manera individualizada o se acogen a la ley de protección de datos para no difundir la información.

   El Banco de España ha establecido por circular que cada uno de los miembros del consejo y del comité de dirección de las entidades con dinero público deberá especificar la remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, pensiones, créditos o retribución en acciones, entre otros emolumentos.

   No obstante, los afectados por dicha medida deberán aceptar la publicación de dichos datos de carácter personal o especificar, por el contrario, que no lo hacen.

   Además de Bankia, harán lo propio Banca Cívica, Banco Mare Nostrum y Caja España Duero, que recibieron ayudas públicas dentro de la reestructuración del sector financiero, y las cajas nacionalizadas Novagalicia Banco, Catalunyacaixa y Unnim, ésta última actualmente en proceso de adjudicación.

   El Grupo BFA-Bankia ha enviado una carta a sus 20.000 empleados en las que subraya que respondió a la oferta del Banco de España de solicitar financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el fin de impulsar la reestructuración del sector financiero español.

   Además recuerda que los fondos FROB para facilitar la reestructuración se traducen en préstamos con un coste de más del 7,75% anual y no representan participación del Estado, ni ayudas a fondo perdido, ni costes para los contribuyentes.

José Luis Olivas ganó 1,6 millones en 2011 en Bancaja, Bankia y BFA

MADRID.- José Luis Olivas ganó 1,6 millones en 2011 gracias a su cargo como presidente de Bancaja, a la vicepresidencia que ocupó en Bankia y a su participación en el consejo de administración de Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

   En concreto, ganó 873.400 euros al año por la presidencia de Bancaja, 131.000 por la vicepresidencia de Bankia y 623.000 euros por participar el en el consejo de BFA.

   Además, Olivas cuenta una aportación de Bancaja de 280.500 euros a su plan de pensiones, otra de Bankia de 33.000 euros y otra de BFA de la misma cantidad (otros 33.000 euros).

   Olivas se vio forzado a dimitir de Bankia y su matriz BFA por su responsabilidad en la gestión del Banco de Valencia después de que fuera intervenido, y fue sustituido por el empresario Francisco Pons.

   Olivas dimitió el pasado 28 de octubre de su cargo de presidente del Banco de Valencia, entidad controlada en un 27% por BFA, antes de que se conociera que el Banco de España estaba inspeccionando la entidad y que podría requerir provisiones por entre 600 y 800 millones de euros.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha inyectado 1.000 millones de euros de capital al Banco de Valencia para fortalecer su solvencia, y le ha concedido una línea de crédito de 2.000 millones con el fin de garantizar su liquidez.

El Gobierno avisa que el paquete de medidas es "el inicio del inicio"

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este viernes de que el paquete de medidas aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es "el inicio del inicio" y ha insistido en que el Ejecutivo se ha visto "obligado" a tomarlas ante una situación "extraordinaria y no prevista".

   Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado con una cifra de déficit público "mucho más elevada" de la que había "comunicado y comprometido" el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha estimado en el 8%, una desviación presupuestaria "elevada" que ha obligado a tomar "decisiones extraordinarias".

   La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el Ejecutivo tiene el "compromiso" de "decir la verdad" y, por eso, ha asegurado que quieren afrontar "con realismo la situación económica", lo que les ha conducido a tener que "adoptar medidas extraordinarias y no previstas".

   Entre este primer paquete de medidas se encuentra el acuerdo de no disponibilidad de gasto que se ha fijado en 8.900 millones de euros que afectará a los distintos ministerios, principalmente a Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores.

   Además, se ha decidido la congelación de los sueldos de los funcionarios públicos y el aumento de su jornada laboral, hasta las 37,5 horas. También se ha establecido una tasa de reposición cero para la Administración pública, a excepción de los empleados públicos del sector de la Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   A esto se añade que no se ha prorrogado la renta básica de emancipación, la congelación del salario mínimo interprofesional, el retraso de la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia y la prórroga un año más de la ampliación del permiso de paternidad.

   Una vez anunciadas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha vuelto a insistir en que la situación es "extraordinaria" por el desfase "no previsto" del déficit y ha remachado que esto ha "obligado" al Gobierno a "adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos del déficit".

   En este punto, ha anunciado que el Gobierno "se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos", que ha fijado para los próximos dos años. En concreto, se ha establecido un "gravamen complementario" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), se ha eliminado la bonificación del gasóleo profesional y se aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles.

   "Son medidas extraordinarias, temporales, excepcionales e imprevistas", ha remachado Sáenz de Santamaría, quien también ha hecho hincapié en que la subida de impuestos se ha querido hacer según principios de "justicia y equidad" y, por eso, un "esfuerzo" a los ciudadanos "que más ganan o que más tienen".

   Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, han explicado después que el aumento del IRPF se va hacer de manera progresiva, de modo que "la proporción de aportación por parte de los que mayor renta tienen es muy grande".

   El Partido Popular se había comprometido a modificar el IRPF en su programa electoral, pero el cambio previsto estaba destinado a "favorecer el ahorro" y crear una "nueva deducción" que redundase en este objetivo. En ningún momento habló de incrementar las cuotas de este ni de ningún otro impuesto.

   Una vez ganadas las elecciones, el presidente del Gobierno no se quiso pronunciar sobre esta cuestión cuando se le ha interrogó al respecto, con o sin micrófonos. Ha eludido la cuestión alegando que no podría anunciar sus medidas hasta conocer el "estado real" de las cuentas del Estado.

   Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, y al ser preguntado al respecto por el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy aseguró que su intención era "no subir los impuestos" porque no le parecía "lo más razonable".

   En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría ha reconocido que el PP "no es partidario de subir impuestos", pero ha insistido en que la situación es "extraordinaria y no prevista" y ha "llevado a adoptar medidas extraordinarias, no deseadas" y "obligadas por el agujero del desfase en el déficit público".

   Este desfase, ha dicho, ha hecho "necesario adoptar otro tipo de medidas que en circunstancias normales, si se hubieran cumplido el compromiso del déficit público, si se hubiera limitado a 16.500 millones de euros, no se hubieran adoptado". "Estamos hablando de otras magnitudes y magnitudes de esta naturaleza obligan. Las circunstancias obligan y son duras, difíciles", ha recalcado".

   A pesar de que la ministra de la Presidencia ha asegurado que el anterior Gobierno no les avisó de cuál iba a ser el dato de déficit de 2011, Sáenz de Santamaría no ha incidido en las críticas al PSOE y ha asegurado que al Ejecutivo de Rajoy lo que le "importa" ahora es "tomar decisiones que se han empezado a tomar y se seguirán tomando".

   Dicho esto, la vicepresidenta ha insistido en que aunque la situación es "difícil", el Gobierno está "dispuesto a tomar decisiones" y a "afrontar" la situación "como viene" y a "dar la cara ante los ciudadanos".    

   Además, ha asegurado que, en esta tarea, va a "decir la verdad" y a "procurar ser justo a la hora de exigir esfuerzo y sacrificios". "Es un momento difícil, pero con medidas y reformas, estamos seguros de que España puede salir de la crisis y se puede volver a generar empleo", ha remachado.

La inversión extranjera en inmuebles en España creció un 27,8%

MADRID.- Las inversiones extranjeras en inmuebles en España repuntaron un 27,8% hasta septiembre respecto al mismo periodo del pasado año, con 3.601  millones de euros, tras crecer tan sólo un 2,6% en 2010, según datos del Banco de España.

   Además, estas inversiones superaron los 1.000 millones de euros durante tres trimestres consecutivos, algo que no se observaba desde 2008, antes del último desplome de estas compras. En el tercer trimestre, el incremento de las compras respecto al mismo periodo de 2010 fue del 19,2%, hasta 1.164 millones.

   Las inversiones extranjeras en inmuebles en España se redujeron progresivamente desde el año 2003, cuando alcanzaron los 7.072 millones de euros, hasta los 6.650 millones en 2004, los 5.495 millones en 2005 y, finalmente, los 4.716 millones en 2006.

   Sin embargo, esta tendencia se corrigió en 2007, ya que en el conjunto del ejercicio se contabilizaron 5.341 millones de euros procedentes de inversores extranjeros en viviendas, un 13,3% más respecto a 2006.

   En esta línea, se sumaron 5.331 millones de euros como consecuencia de las inversiones directas de los extranjeros en España hasta el cierre de 2008, un 1% más que en el mismo periodo de 2007. En 2009, la crisis del 'ladrillo' desincentivó estas inversiones, que cayeron un 31,5%, hasta los 3.651 millones, mientras que en 2010 volvieron a crecer un 2,6%, hasta los 3.747 millones.

   En cuanto a las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero, descendieron un 38% hasta septiembre en comparación con el mismo periodo de 2010, con lo que ahondan en el descenso del 17,4% registrado al término del pasado año.

   Además, sólo en el tercer trimestre estas inversiones se situaron en 155 millones de euros, lo que supone un descenso del 17,5% respecto a los mismos meses de 2010.

   Desde el año 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas y otros sectores residentes, excluido el Banco de España, crecieron progresivamente en los cuatro siguientes años, pasando de 388 millones de euros en aquel año a 781 millones en 2004, 1.510 millones en 2005, 2.269 millones en 2006 y 3.365 millones en 2007.

   Sin embargo, la tendencia se truncó en 2008, en plena crisis económica, y estas inversiones cayeron hasta los 1.789 millones de euros, un 46,8% menos que un año antes, marcando una tendencia que se mantuvo en 2009, con un descenso del 44,9%, y que aún no ha cesado. En 2010, las compras de viviendas en el extranjero volvieron a caer un 17,4%, hasta los 814 millones de euros.

Eduardo Torres-Dulce, nuevo fiscal general del Estado

MADRID.- El Consejo de Ministros ha propuesto el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado durante los próximos cuatro años en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, para lo que ha acordado solicitar la audiencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita el preceptivo dictamente previo sobre esta designación.

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy.

   Eduardo Torres-Dulce Lifante (Madrid, 1950) tiene desde marzo de 2000 la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo aunque en la actualidad está destinado en el Tribunal Constitucional. De tendencia moderada y conservadora, es considerado el número dos del escalafón del Ministerio Público, sólo superado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo.

   Torres-Dulce ingresó por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975 y se decantó al año siguiente por la carrera fiscal. Ha representado al Ministerio Público en la Fiscalía de Sevilla y Madrid y ha ocupado la plaza de teniente fiscal en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Desde 1985 estuvo destinado como Fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

   En octubre de 1996, fue ascendido a la categoría de fiscal de Sala y nombrado fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En marzo de 2000 fue nombrado fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Sección de lo Penal hasta junio de 2005.

   Miembro de la conservadora Asociación de Fiscales desde 1980 y vocal del Consejo Fiscal, ha ejercido también como profesor de Derecho Penal en varios centros universitarios, entre ellos ICADE, el CEU y la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos.

   Reconocido cinéfilo, ha colaborado en varios programas de radio y televisión junto al cineasta José Luis Garci. Actualmente colabora con este último y Luis Herrero en el espacio 'Cowboys de medianoche', en esRadio.

   El proceso de nombramiento comienza con la aprobación de la propuesta de nombramiento por parte del Consejo de Ministros, que se produce a iniciativa del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tal y como establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

   La designación requiere del dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después, el Gobierno la comunicará al Congreso de los Diputados a fin de que la persona elegida comparezca ante la Comisión de Justicia a fin de valorar "los méritos e idoneidad del candidato propuesto".

   El Estatuto establece como requisitos para el fiscal general del Estado que se trate de un jurista español "de reconocido prestigio" y con más de 15 años de "ejercicio efectivo de su profesión". Una vez nombrado, el designado prestará ante el Rey el juramento o promesa de su cargo y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

   En su último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el cese de Cándido Conde-Pumpido, que había cumplido su segundo mandato no renovable de cuatro años.

El Consejo de Ministros nombra a Paula Sánchez de León delegada del Gobierno

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de los delegados del Gobierno en siete comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, los primeros relevos en estas instituciones.

   Así, ha sido nombrada delegada en Cataluña a María de los Llanos García Tobarra; en Cantabria, Samuel Ruiz Fuertes (primer teniente de alcalde de Santander); en La Rioja, Alberto Bretón Rodríguez (senador y exconsejero del Gobierno riojano); en Murcia, Joaquín Bascuñana García (senador y exconsejero del Gobierno murciano).

    En la Comunidad Valenciana ha sido nombrada delegada Paula Sánchez de León Guardiola (vicepresidenta de la Generalitat valenciana); en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (secretaria de Organización del PP en las islas); en las Islas Baleares, José María Rodríguez Barberá (senador).

   Además, han sido nombrados los delegados de las dos ciudades autónomas; en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez (exdiputado y exconcejal en la ciudad) y en Melilla; Abdelmalik El Barkani (consejero de Presidencia del Gobierno local).

El Ayuntamiento de Valencia rechaza personarse como acusación particular en el 'caso Palma Arena'

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha rechazado este viernes, en el pleno ordinario del mes de diciembre y con los votos del PP, personarse en el 'caso Palma Arena' como pedía el grupo Compromís y respaldaban los otros dos grupos de la oposición municipal, PSPV y Esquerra Unida (EU). 

   El consistorio valenciano ha tomado esta decisión tras rechazarse en la sesión plenaria una moción suscrita por el portavoz de Compromís, Joan Ribó, que instaba a personarse en esta causa "con el objetivo de defender los intereses de la ciudad de Valencia que están o puedan estar afectados en este proceso".

   Ribó ha recordado, como recoge en su moción, que "tanto Motorpress como el Instituto Nóos, entidades participadas por Iñaki Urdangarín, fueron encargadas por el Ayuntamiento de Valencia o fundaciones directamente vinculadas al mismo para organizar distintos eventos durante el año 2008 y 2009". Entre ellos ha citado el Foro Valencia Summit, el Open 500 de Tenis o la Global Champions Tour.

   Compromís ha considerado que estas actos supusieron para el consistorio y sus fundaciones "unos gastos considerables" y ha recordado que el vicealcalde y portavoz del PP, Alfonso Grau, también presidente de la fundación Turismo Valencia, y el gerente de esta entidad, José Salinas, han declarado como testigos en la causa abierta por el 'caso Palma Arena'.

   Durante el debate de la moción de Compromís, su portavoz ha comentado que la política de grandes eventos en la Comunidad Valenciana tiene cierto "magnetismo" hacia "asuntos que acaban en los tribunales" y ha considerado que "se tendrá en el futuro que ser más estricto en todos estos contratos".  

   En respuesta a Ribó, Alfonso Grau ha precisado que él fue llamado a declarar como testigo en calidad de presidente de la fundación Turismo Valencia, entidad que mantuvo relación con Noós, y no como vicealcalde del consistorio valenciano. Ha señalado que también declaró como testigo el gerente de esta entidad, José Salinas. "Fuimos testificamos y nos marchamos", ha apuntado.

   Ha subrayado que fue Turismo Valencia y no el Ayuntamiento de Valencia quien mantuvo contacto con este instituto. "Nunca el Ayuntamiento firmó ni un solo contrato", ha dicho, al tiempo que ha recordado que dicha fundación "se rige por derecho privado" e insistir en que "ha cumplido escrupulosamente" y que el dinero que pagó está "totalmente justificado, auditado y controlado".

   Así, ha declarado que "si su señoría hubiera creído que tenía algo que ver --el Ayuntamiento--" le hubiera citado como edil o vicealcalde y no como presidente de la fundación Turismo Valencia. Asimismo, Grau ha destacado que el "contrato" firmado por esta fundación está "en posesión del juzgado" y ha asegurado que "todas" las cuestiones de esta entidad están "en regla".

   Ha pedido a la oposición no ser en este asunto "más papista que el Papa".

"No busque más cuentas que las que conoce porque no hay otras", ha agregado. El responsable 'popular' ha comentado que "si después el que recibió el dinero --por dicho contrato-- hizo no sé qué cosa, que le pregunten" a él. "Yo no sé lo que hace el panadero con el dinero que le doy, si blanqueo, si tráfico o trata de blancas, pregunteselo a él", ha argumentado.

   Durante su intervención el vicealcalde ha explicado que se contrataron cuatro sesiones de la Valencia Summit y ha desvelado que finalmente se hicieron tres porque "a partir de la tercera detectamos que algo raro había allí y suspendimos". Ha afirmado que por ese motivo no se hizo la cuarta y ha precisado que eso "raro" eran "disidencias dentro del instituto".

"Por eso se cortó", ha apuntado.

   Ha resaltado que las tres ediciones anteriores "se hicieron, se cumplieron los compromisos, se pagó y ya". Alfonso Grau ha asegurado que las cuentas de esas tres primeras ediciones están "perfectamente claras" y que los "intereses que se han de defender aquí están bien defendidos".

   Por otro lado, los otros dos grupos de la oposición han respaldado la moción de Ribó. El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, ha instado a "cuidar el dinero público" y a "no volver a firmar convenios de este tipo". Ha pedido los expedientes referidos a este contrato y ha considerado que "cuanto más se aclare y colabore con la justicia mejor".

   Por su lado, el portavoz del PSPV, Joan Calabuig, ha recordado que en la legislatura anterior la concejala socialista Mercedes Caballero ya pidió al consistorio información sobre Valencia Summit y de la firma del convenio con el Instituto Noós.

   Calabuig ha estimado que "ante un problema importante es necesario que antes de que el nivel del agua siga subiendo, que el Ayuntamiento se persone y aclare todas las cuestiones relacionadas con el uso del dinero de los valencianos en la fundación antes citada". Ha dicho a Grau que el "problema del panadero es si nos pide 10.000 euros por la barra de pan y se lo pagamos".

El PSPV felicita a los vecinos de Zarra y dice que el resultado es "un logro colectivo"

VALENCIA.- La secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia, Carmen Martínez, ha felicitado este viernes a los vecinos de Zarra y del Valle de Ayora y Cofrentes por haber logrado con sus actos de protesta y movilización que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad no se ubique en la localidad, y ha señalado que el resultado es "un logro colectivo".

   En un comunicado, la socialista ha agradecido especialmente el trabajo realizado por la Plataforma contra el ATC, el exalcalde socialista de Ayora, Manuel López y la Agrupación Socialista de Ayora, quienes "lideraron las protestas y reivindicaciones".

   "Los socialistas valencianos tuvimos clara desde un primer momento nuestra postura y defendimos incluso en protestas ante el Ministerio de Industria que el cementerio nuclear no se instalara en nuestra provincia", ha recordado Martínez, quien ha subrayado que las gestiones de la dirección del partido en Valencia "frenaron la decisión del anterior gobierno cuando la propuesta ya estaba en el Consejo de Ministros, una acción que ahora se ha confirmado como decisiva".

   La diputada socialista ha lamentado, asimismo, que el PP valenciano "haya apoyado con su silencio que el ATC se ubique en Zarra, lo que provocó numerosas protestas, como una marcha que recorrió la Comunidad e incluso una rotura masiva de carnés de militantes del partido en esta comarca".

   "Hemos conocido ahora incluso que el Consell pactó su ubicación en Zarra con el Gobierno, traicionando definitivamente a los vecinos y vecinas del interior de esta provincia", ha lamentado.

   Martínez ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a "aprovechar la oportunidad que ofrece no tener esta infraestructura para articular un plan para dinamizar la economía e incentivar el turismo en las comarcas del interior de la provincia, y apoyar desde la administración su recuperación económica".

   La diputada socialista ha recordado que el Gobierno socialista promovió la declaración del Alto Turia y el Cabriel como Reservas de la Biosfera de la UNESCO, una marca de calidad que activará las ayudas para el fomento y el desarrollo".

"Exigimos al Consell que ponga en marcha medidas concretas para Zarra y su entorno", ha concluido.

El año 2011 termina con más de cinco millones de inmigrantes en España y un nuevo Reglamento de Extranjería

MADRID.- La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, ha sido la medida más destacada en la materia en un año en el que si bien la inmigración se ha mantenido en progresivo descenso, la población extranjera con permiso de residencia en España ha superado por primera vez los cinco millones de personas. 

   La barrera se cruzó en el primer trimestre del año, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, fija en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia tras un incremento interanual del 9,2%, en general, y del 11,7% entre los procedentes de países no miembros de la UE.

   Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con saldos positivos.

   En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas han presenciado un incremento del 55 por ciento respecto de 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a registrarse intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas, según datos recopilados.

   En las Islas Canarias, las llegadas han aumentado un 60 por ciento hasta al menos 294 personas a bordo de 19 embarcaciones clandestinas. No obstante, Tenerife no recibe pateras desde septiembre de 2009, cuando además, el número de inmigrantes llegados al archipiélago fue superior a 2.400 personas.

   El año 2011 ha sido el de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso para poner en blanco sobre negro, entre otras medidas, que las extranjeras víctimas de violencia de género con sentencia favorable no podrían ser expulsadas del país y que quienes denunciaran estos delitos estando sin papeles no tendrían que afrontar una orden de expulsión.

   Además, creó la figura del arraigo familiar, por la que los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación; restringió la reagrupación familiar de los ascendentes y dio a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar informes sobre el esfuerzo de integración, la adecuación de la vivienda o la integración social de los inmigrantes para trámites como renovaciones de permisos o residencia por arraigo.

   No obstante, el año termina sin que se aprueben los reglamentos de la nueva Ley de Asilo y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que acumulan en torno a dos años de retraso. Sobre el primero, ACNUR ya ha advertido de que tiene una importancia "vital" para garantizar derechos humanos. Sobre el segundo, distintas ONG han venido denunciando irregularidades, deficiencias e incluso malos tratos y vejaciones dentro de los CIE, reclamando una norma que los impida.

   También en materia de medidas, este año se ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, al que el nuevo Gobierno deberá dar continuidad, ya que su vigencia prevista llega a 2014. En paralelo, se ha sancionado la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y se han puesto en marcha protocolos para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

   Al igual que en otros departamentos, la crisis ha dejado recortes en las áreas de inmigración, especialmente en el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, que tras haber contado con 200 millones de euros de presupuesto, en 2011 se ha quedado reducido a 66,6, un mínimo histórico.

   Con las elecciones generales y el cambio de gobierno, el área de inmigración ha perdido además, peso político. Si bien antes encabezaba el nombre del Ministerio de Trabajo y contaba con su propia Secretaría de Estado, en el gabinete de la nueva titular de esta cartera, Fátima Bláñez, los asuntos de extranjería han quedado relegados a un nivel administrativo inferior.

   No obstante, hay reformas en perspectiva que podrían devolver a la palestra los asuntos que atañen directamente al 12 por ciento de la población de España, ya que tanto en campaña como a posteriori, el Partido Popular ha difundido su intención de modificar la normativa para, entre otras medidas, eliminar la figura del arraigo y crear un visado de búsqueda de empleo que garantice el retorno a su país de quienes no encuentren trabajo.

Leguina cree que sería un "suicidio" elegir a Chacón secretaria general

MADRID.- El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha asegurado que elegir a la exministra de Defensa Carme Chacón secretaria general del PSOE sería "directamente un suicidio" porque antes el partido debe "arreglar bien" su relación con el PSC, a quien ha acusado de haber puesto "de chupa de dómine" a instituciones como el Tribunal Constitucional.

   "O el PSOE arregla bien con el PSC cuáles son las relaciones o gente del PSC no se puede presentar todavía, después de lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña", ha aseverado en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que ha añadido que los socialistas catalanes "se han salido sistemáticamente de las líneas generales que había antes de la llegada de Zapatero".

"No se sabe si son nacionalistas o qué coño son", ha criticado.

   En este sentido, ha manifestado que, a su juicio, la elección entre Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya ha anunciado oficialmente su candidatura, y Chacón, "no es dudosa" porque el primero "da tranquilidad". 

"Con Rubalcaba, hemos perdido estrepitosamente las elecciones pero no nos vamos a suicidar", ha señalado, para criticar, no obstante, que el exvicepresiente se ha rodeado "del más puro zapaterismo".

   "Yo puestos a elegir entre Rubalcaba y Chacón no tengo ninguna duda pero Rubalcaba se ha vuelto a rodear del mas puro zapaterismo" ha sentenciado, para reconocer, no obstante, que tanto el que ya fuera candidato en las pasadas elecciones generales como la diputada catalana "son corresponsables de muchísimas políticas" desarrolladas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodrgíguez Zapatero que han llevado "al hoyo" al PSOE.

   La política territorial "impuesta" por Zapatero es, según Leguina, una de las causas que han provocado la debacle en el PSOE, la cual ha calificado de "desastre autentico".

"Zapatero no tenía una visión de la sociedad española como no un conjunto articulado de personas y grupos, sino como la suma desarticulada de grupos: por un lado las feministas, por otro los homosexuales, por otro los sindicatos...", ha explicado.

   "Así no se construye un proyecto nacional ni un proyecto socialmente visible. No es nada de extrañar que las capas medias urbanas se hayan ido del PSOE en masa", ha continuado, para señalar que dicho "proyecto nacional" hay que recuperarlo "con otro discurso y otro proyecto político que no se puede parecer en casi en nada al que ha puesto en marcha Zapatero".

   Dicho esto, ha confesado que no cree que 38 Congreso Federal que tendrá lugar en febrero vaya a servir para arreglar el PSOE porque ha sido convocado "a todo correr en función de las elecciones en Andalucía".

"Es una locura" ha denunciado, para añadir que la única forma de avanzar sería que el próximo secretario general sea una persona ajena a la "cuadra del zapaterismo" y "capaz de asumir que esto es una transición".

   Preguntado sobre la posibilidad de que surjan candidaturas alternativas, Leguina ha apuntado que podría ocurrir, al tiempo que ha destacado que en el PSOE "hay una cantera mucho más grande de lo que pueda parecer", para criticar, no obstante, que en estos momentos el partido tiene "un problema de selección y de calidad del personal".

España eleva la jornada de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo

MADRID.- El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal. 

   Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las primeras medidas para reducir el déficit al 4,4% en 2012 y cumplir así con el mandato de Bruselas, después de que haya anunciado que el déficit previsto para 2011 alcanzará el 8%.

   De esta forma, el Ejecutivo 'popular' da continuidad a la medida aprobada por el Gobierno socialista, que en mayo de 2010 redujo en un 5% de media las retribuciones del personal del sector público y consolidó esta la rebaja en 2011 con la congelación de los salarios.

   El Gobierno ha puesto en marcha esta medida al prorrogar el Presupuesto de 2011, que estará vigente durante el primer trimestre del año. En marzo, el nuevo Ejecutivo presentará las nuevas cuentas del 2012.

El Gobierno recorta un 20% la subvención a partidos, patronal y sindicatos

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes la supresión de 30 direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9 por ciento del total, y un recorte del 20 por ciento en la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones en 55 millones de euros en el caso de patronales y sindicatos y en 29,68 millones en el caso de los partidos políticos.

   Para ello, ha adelantado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que fijaba su cuantía base para 2008 y su actualización mínima de IPC año a año.

Villar de Cañas, en Cuenca, albergará el almacén nuclear

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado una resolución en la que selecciona al municipio conquense de Villar de Cañas para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado del parque atómico español y su complementario centro tecnológico.

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en donde ha subrayado que se trataba de una decisión que se venía demorando 7 años --desde que el Congreso de los Diputados instó en 2004 al Ejecutivo a iniciar el proyecto--, y que el nuevo equipo ha tomado en su segundo consejo de Ministros. A este respecto, la vicepresidenta ha añadido que por cada día que desde 2011 no se construye el ATC a España le cuesta 60.000 euros diarios.

   Según el Gobierno, la decisión se ha tomado tras analizar "en profundidad" el informe sobre las candidaturas que fue elaborado por la Comisión Interministerial que se creó para seleccionar el emplazamiento del ATC.

   Ahora, una vez elegido el emplazamiento, el Gobierno iniciará los trámites para la construcción del proyecto, que incluirá la obtención de las correspondientes autorizaciones nucleares y medioambientales.

   El ATC es una instalación que el Gobierno estima "indispensable" en un país con centrales nucleares y que se trata de la solución "más segura y económica" para tratar unos residuos que comenzaron a generarse en 1968, cuando se puso en marcha la primera central atómica, la de José Cabrera (Guadalajara) --en estos momentos en fase de desmantelamiento--

   Para el Ejecutivo "se trata de dar ahora una solución cabal a un problema anterior, el de los residuos radiactivos, que vienen generándose hace décadas y que se seguirán generando en los próximos años, pues en la actualidad España no está en condiciones de prescindir de la energía nuclear".

   Respecto al informe, recuerda que cualquiera de los ocho emplazamientos analizados y finalistas eran "aptos" para albergar la instalación y añade que para redactar el informe se han tenido en cuenta distintos parámetros, como los terrenos ofertados, el apoyo al proyecto, la situación geográfica y el impacto social y económico en la zona.

   De este modo, el Gobierno "teniendo en cuenta todos estos requisitos" considera que la candidatura del municipio de Villar de Cañas reúne "todas las características técnicas exigidas" para este tipo de emplazamiento y el entorno tiene una tasa de paro elevada, por lo que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico positivo.

   Concretamente, señala que Villar de Cañas obtuvo la calificación de MB (Muy Bueno) en apartados como extensión y geometría, topografía, geotecnia, sismicidad, meteorología, hidrología, instalaciones de riesgo alrededor, zonas de interés estratégico o distancias a núcleos principales. El parámetro de contribución de los ayuntamientos también ha obtenido una alta calificación.

   Por otro lado, valora que el proceso de selección del emplazamiento para el ATC ha sido "en todo momento transparente y público" ya que el 29 de diciembre de 2009 se abrió el plazo de presentación de candidaturas, en el que se postularon 13 municipios, de los que fueron admitidos 8 y descartados 5 por errores de forma o presentación fuera de plazo.

   Posteriormente, una vez analizado el término municipal de los candidatos definitivos y después del trámite se comunicó los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico.

   En este contexto, se calificaron de "no aptas" las áreas que formaban parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS).

   Igualmente, quedaron excluidas las zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública y terrenos que formasen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requirieran que el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.

   A continuación, se abrió el trámite de alegaciones e información pública del procedimiento para que todos los interesados puedan exponer su posición ante cada una de las candidaturas existentes y finalmente, la Comisión Interministerial estudió los terrenos propuestos y elaboró el informe de propuesta que ha analizado este viernes el Consejo de Ministros para designar el emplazamiento del ATC.

   Hace algo más de un año, el anterior Gobierno también estudió la propuesta presentada por el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián, aunque la opción planteada, Zarra (Valencia) se quedó sobre la mesa por no haber acuerdo entre los miembros del Consejo de Ministros.

   El proyecto de ATC se contempla en el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, que apunta a un almacenamiento de estos residuos en una solución centralizada que atienda a las consideraciones estratégicas, técnicas, económicas y de seguridad.

   Así, la instalación ha sido considerada también la "mejor opción según la opinión mayoritaria de los componentes de la Mesa de Diálogo sobre la evolución de la energía nuclear", que se celebró entre noviembre de 2005 y mayo de 2006.

   En el contexto parlamentario, el 14 de diciembre de 2004 la comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a desarrollar, con la colaboración de ENRESA, los criterios para construir en España un Almacén Temporal Centralizado.

   Dos años más tarde, el 27 de julio de 2006, la práctica totalidad de grupos parlamentarios aprobó en la Comisión de Industria del Congreso una Proposición no de Ley para al establecimiento de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.

   El proyecto consiste en la construcción de un ATC para el almacenamiento en seco, durante un periodo de 60 años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el asentamiento de empresas. Asimismo, como apoyo a estas dos instalaciones el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas 5 hectáreas.

   La previsión de inversión total es de unos 700 millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores.