martes, 31 de enero de 2012

S&P también pone en revisión la nota de Bankia

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha decidido ampliar el número de ratings de la banca española que están en revisión para una posible rebaja, tras su decisión de recortar en dos escalones la nota de España, desde 'AA-' hasta 'A', y ha anunciado que tiene previsto tomar una decisión sobre todas las revisiones dentro de las próximas dos semanas. 

   En concreto, la firma ha decidido incluir en su revisión el rating de emisor de deuda a corto plazo 'A-2' de Bankia, Ibercaja, Bankinter y Banca Cívica y la calificación de la deuda a largo plazo 'BBB' de Banca Cívica, así como otras cuatro notas de entidades españolas correspondientes a su papel de emisores de otros productos.
   Standard & Poor's situó el pasado 8 de diciembre en revisión los ratings de 15 bancos españoles, como consecuencia de su decisión de poner en vigilancia con implicaciones negativas la calificación de España. En concreto, esta decisión afectó al rating a largo plazo de 12 instituciones financieras españolas y a la calificación a corto plazo de 14, mientras que otras tres entidades mantenían el proceso de revisión iniciado en octubre.
   En este sentido, la agencia señala que ha actualizado los motivos por los que colocó a estas entidades en vigilancia para una posible rebaja, un proceso que podría incrementar potencialmente la magnitud de cualquier rebaja, que será previsiblemente de uno o dos escalones en las notas a largo plazo y mayor en otro tipo de calificaciones, especialmente para las entidades que pasen al grado de 'bono basura'.
   La decisión de ampliar los ratings en revisión refleja las amplias implicaciones que podrían surgir si revisa su evaluación de los riesgos económicos y empresariales del sector bancario español, lo que podría llevar a reducir el respaldo que considera tiene los bancos que operan en España y, posteriormente, sus calificaciones.
   En esta misma línea, también añadió que la reciente rebaja de la deuda soberana podría afectar a las calificaciones de los bancos si la agencia reduce o retira el impacto positivo que tiene en la nota de los bancos un potencial apoyo extraordinario del Gobierno español.
   Asimismo, subraya que el recorte del rating de España podría afectar también a las calificaciones de que aquellas entidades que tienen actualmente una mejor nota que la deuda soberana española.

Apuesta por Valencia como "puente" entre Sillicon Valley y Europa

VALENCIA.- El presidente de la multinacional Plug&Play, Saeed Amidi, ha anunciado su intención de ubicar en Valencia la sede para todas sus actividades en Europa.

   La empresa Plug&Play, con sede en el Sillicon Valley, en California (EEUU), es una "aceleradora" o "incubadora" de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías, que desde su creación en el año 2006 ha invertido en la puesta en marcha de más de 600 proyectos que se han terminado por convertir en empresas.
   El propósito de la compañía es "crear un puente entre Valencia y Silicon Valley". En la sede que se ubique en Valencia se incluirán servicios como oficinas y espacios para que se alojen nuevas empresas, consultaría estratégica, red de expertos propia, inversiones directas a través de una sociedad de capital riesgo, o en inversiones con otras sociedades de capital riesgo y crecimiento
   La alcaldesa, en las instalaciones de la Marina Real Juan Carlos I, le ha mostrado los proyectos de la ciudad para la Dársena del Puerto, donde el Ayuntamiento trabaja en la creación de un "cluster" o espacio para concentrar tecnología punta, con el objetivo de convertirse en polo de atracción para investigadores y graduados de las universidades valencianas.
   El empresario Saeed Amidi, de origen iraní, inversor en el sector tecnológico estadounidense desde el año 1996, ha explicado a la alcaldesa su propósito de ubicar en Valencia su centro de operaciones para Europa, un proyecto que va a presentar también a los empresarios y a la sociedad valenciana en un hotel de la ciudad.
   En la actualidad el Plug&Play Tech Center de Silicon Valley, en proceso de expansión internacional, tiene alojadas 300 empresas vinculadas con negocios en Internet.

El PSPV recurrirá pues ve pruebas de que "Camps y Costa se llevaron trajes"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV y portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Jorge Alarte, ha asegurado que este partido va a recurrir "hasta el final" la sentencia de absolución del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa en la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'.

   Alarte, en declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado que hay "suficientes indicios y pruebas como para concluir que Costa y Camps se llevaron los trajes". Por ello, ha dicho que aunque como "demócratas" respetan el veredicto del jurado popular, lo consideran "injusto".
   En este sentido, se ha preguntado "¿cómo es posible que dos si que se los llevaron --en referencia a exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el que fuera responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia y exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, quienes aceptaron pagar una multa por los mismos hechos por conformidad-- y dos no se los llevaron?".
   Jorge Alarte ha subrayado que los socialistas valencianos tienen la "determinación de combatir un veredicto que respetamos porque respetamos el derecho de derecho y leyes, pero consideramos injusto". Así, cree que hay "fundamentos más que suficientes, no solo para un juicio, sino también para una condena". 
"La trama Gürtel es la peor trama de corrupción política de la historia de España", ha resaltado.
   El dirigente del PSPV ha asegurado que van a "apurar todas las vías legales" y ha dicho que prefieren "una no admisión a no haberlo intentando". En su opinión, "hay millones de españoles y miles, miles y miles de valencianos que tampoco comparten ese veredicto", por lo que la "obligación" de los socialistas es "alzar la voz en nombre de todos ellos por el bien de la dignidad, de nuestras ideas, de la tolerancia cero ante la corrupción y de la exigencia de responsabilidad".
   Preguntado por si han puesto en contacto con la Fiscalía para saber si también tiene previsto recurrir esta sentencia, Alarte ha dicho que no y ha explicado que el ministerio público "actúa independientemente y solo al servicio del interés publico y de acuerdo con el principio de jerarquía".
   Por su parte, "el socialismo valenciano toma sus decisiones desde la autonomía y desde la determinación de sus compromisos", ha subrayado el secretario general del PSPV, quien ha recalcado: "alguien tenía que alzar la voz en nombre de todos los valencianos y españoles que no entienden este veredicto".
   Inquirido por si cree que se verán afectados por la interpretación de la conocida como doctrina Botín, ha señalado que el tema está en manos de los abogados y que "falta por ver qué doctrina se aplica". La doctrina Botín establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la que la Fiscalía no presenta acusación alguna.
   La aplicación de esta doctrina impediría a la acusación popular, ejercida por los socialistas, presentar un recurso si no lo hace en primer lugar el ministerio público. No obstante, la doctrina Botín ha sido reinterpretada por la doctrina Atutxa, que viene a establecer que en aquellos delitos en los que no puede haber un concreto perjudicado, una acción popular puede por sí sola abrir el juicio oral, es decir que permitiría que el recurso de los socialistas sea admitido.
   Jorge Alarte también ha destacado la "excelente tarea" que han desarrollado sus abogados. En esta misma línea, ha resaltado que "si lo socialistas valencianos no hubiéramos sido lo valientes que hemos sido, lo decididos, con la determinación y la fuerza, que ha tenido costes para nosotros, algunos importante, hoy Camps seguiría siendo el presidente de la Generalitat".
   A su juicio, "lo que hay detrás de Gürtel no son solo los trajes, sino la presencia de esta trama con 30 millones de euros de dinero público, la visita del Papa queda por aclarar, la presunta financiación irregular del PP, los pabellones de Fitur, decenas y decenas de contratos", y ha lamentado que "todo eso quedaría en a impunidad y el señor Camps, para vergüenza de todos, tal vez seguiría en el Palau de la Generalitat".
   Al respecto, ha asegurado que el presidente nacional del PP y actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "echó a Camps por la fuerza y por la presión de los socialistas valencianos en defensa de la honradez, la dignidad y la tolerancia cero con la corrupción".
   Preguntado por las declaraciones de la alcaldesa, Rita Barberá, en las dijo que "el 'caso Gürtel' no ha estado en Valencia", el dirigente del PSPV ha indicado que la primera edil "tiene muchas cosas que explicar".
   Así, entiende que "debe empezar por explicar Emarsa, la implicación de sus concejales en el saqueo de 40 millones en una de las empresas metropolitanas que ella dirige, debe explicar por qué Enrique Crespo sigue siendo diputado provincial y alcalde de Manises y por qué le regalaban bolsos".
   Además, Alarte considera que Barberá "tiene que ser respetuosa con los poderes del Estado". 
"Sus fuera de papel con los jueces y con el Estado de Derecho ya cansaron hasta a Rajoy y miren que Rajoy consiente mucho, aquí demasiado", ha manifestado.

Cotino lamenta que el PSPV recurra "después del dinero que nos ha costado a todos los españoles" el juicio

VALENCIA.- El presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, lamenta que el PSPV tenga previsto recurrir la sentencia de absolución del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa en la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'. "Con el dinero que ya nos ha costado a todos los españoles, es lamentable que no les importe continuar con el proceso", señala. 

   Cotino, en su blog, critica que a los socialistas valencianos "no les vale una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró inocentes a Camps y Costa, ni tampoco una sentencia de un magistrado del TSJ que también los declara inocentes con el voto favorable de un jurado popular".
   El presidente del parlamento valenciano se pregunta si son los socialistas quienes deberían "pagar las dietas de los miembros del jurado y testigos, desplazamientos, sueldos de las fiscales desplazadas desde Madrid, sueldos de los letrados, de los funcionarios, alguaciles, policías, investigadores teledirigidos", y señala que "la cifra del gasto total supera con creces el medio millón de euros". Por ello, cree que no actuarían igual en caso de tener que correr con los gastos.
   Juan Cotino critica que "la cacería iniciada justo hace ahora tres años en una finca de Jaén por un miembro del gobierno socialista, un juez de la Audiencia Nacional y un policía politizado, tenía como único fin cazar políticamente a Francisco Camps y al conjunto del PP de la Comunidad Valenciana".
   "Ahora, cuatro diputados socialistas, escondidos bajo el nombre de 'acusación popular', estudian volver a recurrir la sentencia que acabamos de conocer en la que finalmente se absuelve a Francisco Camps y a Ricardo Costa", lamenta.
   Asimismo, señala que "desde que se maquinó la cacería en aquella finca el 7 y 8 de febrero de 2009, se han celebrado elecciones europeas en la que los ciudadanos valencianos votaron mayoritariamente al PP", y añade que, posteriormente, "se emitió una sentencia del TSJCV donde declaraba inocentes a Camps y Costa y el PSPV recurrió".
   Además, recuerda que hubo otras elecciones autonómicas el pasado mes de mayo "donde el PP, con Francisco Camps a la cabeza, revalidó su mayoría absoluta con un diputado más", mientras que el PSPV "perdió cinco escaños". Más tarde, en noviembre se celebraron comicios generales "en las que el PP en la Comunidad Valenciana obtuvo 20 diputados y el PSOE la mitad, doce escaños".
   Del mismo modo, explica que ayer se dio a conocer la sentencia que recoge el veredicto de un jurado popular declara inocentes a Camps y Costa. Aún así, "el PSOE valenciano continúa anunciando que va a recurrir. Parece que le da igual una cosa que otra, ignorando la realidad", critica.
   "Se echó al monte para ir de cacería y ahí continúa anclado. ¿Hasta cuando quieren seguir con esta cacería?", se pregunta Cotino, quien añade: "¿alguien puede dudar después de todo que no nos encontramos ante una cacería política?".

Presidente del BS: el crédito no fluye "porque no hay demanda solvente"

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que el crédito no fluye en España "porque no hay demanda solvente", y ha reclamado al Gobierno que adopte las medidas adecuadas para restaurar la confianza en la economía, en especial alusión a las reformas financiera y laboral.

   "Quiero dejar muy claro que no prestamos más porque no hay demanda solvente", ha incidido el presidente del primer banco español durante la presentación de los resultados anuales del banco, que arrojaron un beneficio atribuido de 5.351 millones de euros, un 35% menos que en 2010.
   El crédito concedido por el Banco Santander en España bajó un 7% en 2011, mientras que los préstamos al sector no residente experimentaron un crecimiento del 8%. El importe de la inversión crediticia neta del grupo se situó en 750.100 millones al cierre del año, casi un 4% más.
   Botín ha tachado de "imprescindible" de cara al futuro que el Gobierno de Mariano Rajoy adopte dichas medidas, si bien ha reconocido que éstas pueden ser "dolorosas" a corto plazo, "para los funcionarios, para los banqueros, para todos". 
"Para que fluya el crédito hay que tener confianza, y si el Gobierno toma las medidas, la habrá", vaticinó.
   En este sentido, Botín expresó su confianza en que España logre cerrar el ejercicio 2012 con un déficit del 4,4%, de acuerdo a lo comprometido con la Unión Europea, y descartó de plano la posibilidad de que se pida una prórroga para su cumplimiento. "Lo que hay que hacer es cumplir con las normas de Bruselas, y estoy convencido de que el Gobierno va a cumplirlas", sostuvo Botín.

Botín aboga por que la banca culmine el saneamiento del ladrillo este año

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha abogado por que las entidades financieras culminen el saneamiento de sus balances por su exposición al 'ladrillo' durante el presente ejercicio, y por que se limite el uso de fondos públicos. 

   A falta de conocer los detalles de la reforma financiera que presentará el Gobierno próximamente, Botín sostuvo que la exigencia de provisiones adicionales sobre activos inmobiliarios por importe conjunto de unos 50.000 millones de euros "va en la buena dirección".
   Durante la presentación de los resultados anuales del Santander, el presidente del primer banco español subrayó que las provisiones "deberían constituirse este ejercicio en su totalidad", y que "cada entidad deberá hacer sus propias provisiones" limitando el uso de recursos públicos.
   Botín aseguró que la reforma financiera "debe finalizar cuanto antes" y que "hay que dar nuevos pasos", a pesar de que se ha avanzado mucho en el proceso de reestructuración del sector con la transformación de las cajas de ahorros y la reducción del número de entidades.
   El presidente del Santander defendió que las entidades no viables "deberían ser vendidas" y que el nuevo entorno bancario deberá contar con entidades más grandes, más sólidas, más eficientes, y con una red de distribución más ajustada a la dimensión del negocio..
   Botín recordó que "los bancos ya han hecho un esfuerzo excepcional" y sin precedentes en Europa con motivo de la obligada fusión de los Fondos de Garnatía de Depósitos de bancos, cajas y cooperativas de crédito "a fin de solucionar, con recursos del fondo de los bancos, los problemas de algunas cajas de ahorros".
   A su parecer, los pasos que está dando el Gobierno español en el ámbito de las reformas y de la consolidación fiscal "son muy positivos" y están colaborando a que la deuda pública española haya tenido una evolución muy favorable en las últimas semanas. "Son medidas dolorosas en el corto plazo, pero imprescindibles de cara al futuro", enfatizó.
   Botín sostuvo que el Santander acometerá el incremento de las provisiones para afrontar eventuales pérdidas por su exposición al sector inmobiliario este mismo año, y puntalizó que la entidad ya ha elevado el nivel de cobertura de los inmuebles adjudicados en España al 50%.
   El Santander se ha anticipado a los requerimientos adicionales anunciados por el Gobierno en materia de provisiones al dotar 1.812 millones de euros a saneamientos brutos, lo que ha establecido el beneficio atribuido en 2011 a 5.351 millones de euros, lo que significa un 35% menos que el año pasado.
   Emilio Botín pronosticó que el ejercicio 2012 en España se presenta "muy difícil", aunque registrará una mejoría a medida que llegue a su fin, al contrario de lo sucedido en 2011. Este año "va a ir de menos a más", consideró el presidente del Santander.
   Botín también incidió en que el país necesita "cuanto antes" tener una reforma laboral "profunda y de calado", que dé flexibilidad a las empresas y que establezca criterios de productividad en temas salariales. "Y que consiga crear empleo", apostilló.

Botín: "Hay que echarles una culpa muy grande a los políticos" de la crisis

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que "hay que echarles una culpa muy grande a los políticos" de la crisis económica, frente a la entidad cántabra, que tiene "muy poca culpa" de la difícil situación que atraviesa España. "Eso está muy claro", sostuvo.

   El presidente del primer banco español recalcó que "quien lo ha hecho mal aquí son los políticos", que no han sabido manejar la situación, si bien prefirió no especificar a quiénes ni a qué partidos se referían dichas críticas.
   Botín, que hizo esta reflexión sobre qué parte de la crisis económica es imputable al comportamiento de la banca, defendió que se marquen diferencias en cuanto a la responsabilidad de entidades en función de su comportamiento concreto.
   En este sentido, incidió en que el Banco Santander "ha pagado sus impuestos y no ha contado con ayudas públicas" con coste al erario, a diferencia de otras entidades, que sí han tenido dicho respaldo. "Hay bancos y bancos", argumentó Botín.
   Sobre si el Santander debería haber hecho algo diferente en el pasado, el presidente del primer banco español dijo que podría haber prestado menos dinero al sector inmobiliario, si bien se declaró "contento" de que su cuota de mercado en este segmento sea inferior a la media.
   Al ser preguntado sobre si tiene interés en comprar entidades en España, Botín reconoció que la entidad ha presentado una oferta no vinculante por Unnim, nacionalizada por el Banco de España por sus problemas de solvencia, y apuntó que analizará las oportunidades que se presenten en este sentido, aunque no tiene "ninguna inversión pendiente".
   En la rueda de prensa para presentar los resultados anuales, a Botín también le preguntaron si le preocupa el futuro de Bankia, entidad fruto de la fusión de siete cajas de ahorros liderada por Caja Madrid y Bancaja, que ha recibido un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés del 7,75%.
   "Bankia es una gran franquicia. Está en este momento haciendo procesos de ajuste y estoy seguro de que saldrá adelante", respondió Botín en reiteradas ocasiones.

Alarte exige a Fabra que "aclare" si "otras fórmulas" de corrección del desequilibrio económico significan copago

VALENCIA.- El secretario general de los socialistas valencianos y síndic en las Corts Valencianes, Jorge Alarte, se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para exigirle que "aclare inmediatamente" si, para él, la referencia a buscar "otras fórmulas" de corrección del desequilibrio económico, en el caso de que no sean suficientes los ajustes, "significa el copago en sanidad, educación y justicia".

   Alarte se ha pronunciado de esta forma en un comunicado ante las declaraciones realizadas por Fabra en las que ha asegurado que si los ajustes económicos que se han implantado "no pueden corregir de forma inmediata" el desequilibrio económico, "habrá que buscar otras fórmulas" porque "lo importante es encontrar un Estado del Bienestar que podamos pagar".
   El dirigente socialista ha criticado que Fabra "repita ahora la estrategia de su discurso de Navidad, en la que habló de 'incrementar la responsabilidad en su financiación'".
"Que sea claro y deje de deslizar esta idea para tratar de engañar a los valencianos y valencianas", le ha reclamado, tras denunciar que "bajo el eufemismo de reorganizar y racionalizar las prestaciones de servicios públicos, nos tememos que está mintiendo de nuevo sobre lo que de verdad planea, y que no es otra cosa que recortar los derechos más básicos de los valencianos y valencianas".
   El síndic socialista ha advertido de que el objetivo de Fabra es, "si no hay una reacción rotunda por parte de la opinión pública, imponer un copago injusto e insolidario, mientras mantiene la Fórmula 1, los grandes eventos, el Aeropuerto de Castellón sin aviones y las políticas del exceso, los fastos y el despilfarro del PPCV de los últimos 16 años, que nos han llevado a la quiebra y a nuestra situación actual, y que Fabra quiere que paguemos entre todos los valencianos y valencianas, ahora también con el copago".
   "Es intolerable que, ante un presupuesto de la Generalitat Valenciana mentiroso y que ya es papel mojado, que aumentó la partida de los grandes eventos en un 23 por ciento, Fabra se atreva si quiera a hablar de copago", ha considerado. Alarte ha reprochado también que el presidente de la Generalitat "dice una cosa y hace la contraria, compra la ruinosa empresa Valmor, se va a Londres a rendir pleitesía al magnate Ecclestone, mientras no tiene ni para pagar la luz de los colegios, ni las grapas quirúrgicas de nuestros hospitales".
   En su opinión, "en la Generalitat valenciana ha habido mala gestion y la razón fundamental por la que estamos así es porque hemos gastado 2.800 millones de euros en grandes eventos, corrupción, despilfarro y excesos, y porque hemos generado 1.800 millones de euros de deuda por esas políticas fracasadas".
   "Alberto Fabra es el principal responsable de la situación de nuestros colegios y hospitales y, además, se ha demostrado incapaz de resolver nada. Solo improvisa y recorta derechos a los valencianos y valencianas", ha dicho, y ha puesto como ejemplo el decerto de medidas de ajuste.
   Para Alarte, es "un acto de cinismo intolerable que quien es el causante de la situación de la sanidad y la educación pública y quien debería ser el responsable de buscar soluciones, se atreva a decir que él también se manifestaría en contra de los recortes que él mismo ha ordenado ejecutar".
   "Es inadmisible que quien continúa hipotecando nuestro futuro, quien gobierna una comunidad como la nuestra en la que hay más paro que en el resto de España, quien hoy maneja compromisos de pago de 62.000 millones de euros para los próximos 50 años, se posicione en contra de sus propias decisiones", ha concluido.
 
No es de fiar 

La diputada del grupo parlamentario de EUPV en las Corts Valencianes, Marina Albiol, ha asegurado este lunes que el presidnete de la Generalitat, Alberto Fabra, "no es de fiar", y ha recordado que el grupo parlamentario votó a favor de una proposición no de ley presentada por Esquerra Unida contra el copago.    Albiol se ha expresado en estos términos en un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas por Alberto Fabra respecto al copago. El jefe del Consell ha dicho que si los ajustes económicos que se han implantado "no pueden corregir de forma inmediata" el desequilibrio económico "habrá que buscar otras fórmulas" porque "lo importante es encontrar un Estado del Bienestar que podamos pagar".
   La diputada de EUPV ha acusado al presidente de la Generalitat, de "mentir descaradamente y en sede parlamentaria cuando aseguraba que nunca instauraría el copago en la sanidad". Además, Albiol ha recordado que el grupo parlamentario popular votó recientemente a favor de una Proposición No de Ley presentada por Esquerra Unida contra el copago.
   "Más valdría que Fabra no hiciera promesas que es incapaz de cumplir", ha subrayado Albiol, quien ha asegurado que el copago "instaura la desigualdad en el acceso a la sanidad y penaliza a las personas con rentas más bajas y a las personas enfermas". Asimismo, ha lamentado que el PP "olvide con tanta rapidez aquello que votó en sede parlamentaria".

Fabra afirma que si los ajustes no permiten pagar el Estado de Bienestar habrá que buscar otras fórmulas

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha expuesto este lunes, respecto al copago, que si los ajustes económicos que se han implantado "no pueden corregir de forma inmediata" el desequilibrio económico "habrá que buscar otras fórmulas" porque "lo importante es encontrar un Estado del Bienestar que podamos pagar". 

  Al respecto, Fabra, en una entrevista a la Cadena Ser, ha argumentado que "todos construimos un Estado del Bienestar" en el que "la coyuntura económica era otra". Por ello, ha recalcado: "o somos capaces de buscar un equilibrio o eso es insostenible nos guste o no nos guste porque lo que tenemos es que nivelar los gastos y los ingresos".
   Para ello, ha defendido que habrá que "ver en cada momento si somos capaces de, a través de modificaciones o reformas, conseguir que ese equilibrio se pueda corregir de forma inmediata" porque si no "tendremos que buscar fórmulas, contando con la complicidad de todos, sabiendo que lo importante es encontrar un Estado del Bienestar que podamos pagar".
  En caso contrario, "nos estamos engañando y desde luego lo importante es buscar el equilibrio y salir cuanto antes porque no podemos gastar más de lo que ingresamos", ha recalcado. En ese sentido, ha destacado que la Generalitat destina el 84 por cien a políticas sociales "pero aun así tendremos que ajustarnos porque si no podremos mantener ese nivel de protección al ciudadano".
   Fabra ha admitido que la situación de la Comunitat es "complicada con un nivel de deuda muy importante", pero ha señalado que la explicación es que "con una buena financiación sería un 60 por ciento menor" y que "nos hemos endeudado haciendo cosas porque había un convencimiento de que no podríamos ser ciudadanos de segunda".
   Al respecto, preguntado por si los problemas de la Comunitat son sólo de mala financiación y no ha habido mala gestión, ha justificado que era "porque las cosas se hacían de otra manera en esta Administración y en todas". Así, ha constatado que el nivel de ingresos que hay en la Comunitat es el que se tenía en 2004, mientras que los gastos son los de 2012. "Tenemos que tener un equilibrio porque si no esto es insostenible", ha insistido.
   Fabra ha apuntado que cuando él accedió a la Presidencia de la Generalitat no se planteó "un escenario distinto" al que se podía "imaginar" al provenir de una Administración, como era un Ayuntamiento de Castellón. Por ello, ha apostado por hacer una Administración "más ágil y económica, aligerarla, y ser muy ingenioso a la hora de hacer ese equilibrio entre gastos e ingresos".
   En esta línea, ha defendido que "habrá que hacer los ajustes que haya que hacer" porque "la realidad cada vez ha ido a peor" y "no podemos bajar los brazos y pensar que está todo hecho". No obstante, ha recalcado que estas reformas se aplican "de forma temporal y excepcional" y que "en el momento en que esto empiece a cambiar podamos rectificar y devolver ese esfuerzo". El jefe del Consell señala que "claro que sí" que entiende a la gente para que sale a la calle para protestar y que "eso nos obliga a ser mucho más sensibles en algunos temas" porque "hay algunas cuestiones que yo no puedo permitir".
   Fabra ha ligado estas situaciones con "la falta de liquidez y de tensión de tesorería" que ha ligado a la no renovación de los bancos de vencimientos de los pagos a los que se deben hacer frente, lo que provoca "esas imágenes de ver algunos centros de secundaria sin que funcione la calefacción y con manta".
"Me avergüenzan, yo como padre también me manifestaría y no puedo permitirlo", ha recalcado Fabra, que ha señalado que para evitarlas se está planteando un plan de pagos.
  "Es cierto, lo estamos pasando mal pero no podemos dar esa sensación de que no llegamos a cuestiones fundamentales y habrá sacrificios, habrá esfuerzos, habrá que renunciar a ciertas cosas pero sabiendo que si no lo hacemos no podemos renovar ese compromiso para salir cuanto antes".
  Respecto a la continuidad de la Fórmula 1, ha comentado que "todo es revisable" y "especialmente aquellas cuestiones que nos han permitido darnos a conocer en otros años pero que ahora tenemos que hacer un esfuerzo para reducir este gasto". 
Fabra ha recalcado que hay que "renegociar los contratos" para que "nos cuesten menos" y en ese sentido ha explicado que "no se puede cancelar", como se pide desde algunos sectores, porque "cuesta más caro si no lo hago que si lo hago hasta 2014". Por ello, se ha entrevistado con Bernie Ecclestone para "buscar una solución".

La Comunitat Valenciana tiene un stock de 209.700 viviendas pendientes de venta, 113.900 de ellas en Castellón

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana cuenta con un total de 209.700 viviendas pendientes de venta, después de que el stock pasase del 6,2 por ciento de finales de 2010 hasta el 6,4 por ciento en el tercer trimestre de 2011 --frente a la media nacional del 3,2 por ciento--. Así lo recoge el quinto informe sobre el sector inmobiliario residencial en España publicado por el Servicio de Estudios de CatalunyaCaixa, que precisa que 113.900 de esas viviendas están en la provincia de Castellón, que concentró casi todo el aumento.

   En concreto, Castellón incorporó 7.300 nuevas viviendas y tiene pendiente de venta el 21,5 por ciento del parque total, mientras que Valencia sumó 144 y acumula 39.600 inmuebles (2,7% del total), y Alicante tiene 56.300 viviendas a la venta (4,2%) tras reducir su stock en 317 inmuebles por la reactivación de la demanda extranjera.  
   Ese informe ha sido presentado este lunes en Valencia por el director general de CX Inmobiliaria, Jordi Pérez, el director del Servicio de Estudios de CatalunyaCaixa, Ramón Roig, y por el catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona Josep Oliver, director del estudio.
   Respecto a la dinámica de absorción del stock en los próximos años, se espera que el volumen de viviendas acabadas en 2012 sea de unas 8.000 unidades, mientras que las perspectivas de creación de nuevos hogares se mantienen muy poco favorables, en torno a los 30.000 entre finales de 2011 y de 2015. Así, las perspectivas agregadas son algo menos halagüeñas que para el conjunto estatal.
   En concreto, la estimación del excedente de vivienda principal se sitúa en 173.000 unidades en septiembre de 2011, mientras que se prevé que prácticamente se mantenga y sume 172.000 a finales de 2015.
   A nivel demográfico, la Comunitat también presenta perspectivas más desfavorables en ese horizonte 2015 por la salida de inmigrantes y el envejecimiento de la población, con cerca de 30.000 nuevas familias y una media de 5.600 por año --frente a las 56.300 de media entre 1999 y 2008--, lo que no permitirá reabsorber  a medio plazo esas 172.000 primeras viviendas pendientes de venta.
   En ese contexto, los responsables del estudio instan al sector a centrarse en las "nuevas demandas potenciales", sobre todo en los jóvenes con recursos que viven con sus padres, ya que "España tiene el peso más elevado de jóvenes viviendo con sus padres entre los grandes países de la Unión Europea y el peso más bajo de familias viviendo en alquiler".
"Si sumamos las dos cosas, uno piensa que quizá una política de fomento del alquiler podría incentivar la salida de jóvenes de los hogares de sus padres, aumentar el número de hogares y por tanto, la demanda de vivienda y contribuir al ajuste que el sector y la economía española necesitan", ha explicado Oliver.
   De hecho, el estudio calcula que la demanda potencial de vivienda podría aumentar en más de 500.000 hogares en España con una política continuada de fomento del alquiler en el periodo 2011-2015. A modo de ejemplo, apunta a los incentivos implantados por la fiscalidad francesa en 2009, que hacen que la rentabilidad del alquiler en España sea casi medio punto inferior a la que obtendrían en ese país.
   Para obtener esa cifra, señala que de los 5,6 millones de jóvenes españoles de entre 20 y 39 años que vivían con sus padres en septiembre de 2011 --casi 400.000 de 39 años--, 2,9 millones trabajan y podrían costearse un alquiler que no superase el 30 por ciento de su sueldo --tomando como referencia media un alquiler mensual de 680 euros por una vivienda de 90 metros cuadrados nueva sin muebles--.
   Así, abogan por centrarse en la oferta de alquiler y reclaman "acciones públicas para sentar las bases para que hubiera una oferta asequible en todas partes en que haya demanda potencial", ya que el grueso de la oferta se concentra en las principales capitales. "Hemos entrado en un mundo de incertidumbre creciente en el que el alquiler puede y debería jugar un papel mayor, pero lo primero es que haya condiciones para que la oferta pueda ofrecer ese producto", ha dicho.
   Según Oliver, desde el inicio de la crisis, el peso de los hogares que viven en alquiler sobre el total ha aumentado desde el 13,6 por ciento en 2006 hasta el 16,1 por ciento en 2010. En ese año, el 17 por ciento de la población española vivía en alquiler, frente al 33,2 por ciento de la media de los países europeos. Además, cerca del 53 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años residían en el hogar paterno, frente a la media del 44 por ciento de la Unión Europea.
   Desde CatalunyaCaixa también destacan la reactivación de la demanda extranjera, especialmente en el sur de Alicante, y valoran que el sector "está reaccionando y va a buscar los clientes donde están" para "convencerlos" de que compren una segunda residencia en España, lo que podría aumentar con "facilidades" fiscales.
   Además, se muestran partidarios de impulsar una "gestión proactiva" con los profesionales del sector para fomentar esas demandas potenciales y, de hecho, esta mañana han presentado el estudio a 90 empresarios de la Comunitat Valenciana.

Los turistas extranjeros gastaron en la Comunitat 4.565 millones en 2011, un 8,6% más

MADRID.- Los turistas internacionales que visitaron la Comunitat Valenciana gastaron 4.565 millones en 2011, lo que supone un 8,6 por ciento más, según las cifras de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicadas este lunes.

   Así, la Comunitat es una de las regiones que mayor nivel de gasto ha registrado, por detrás de Cataluña, que con el 21,4 por ciento del total del gasto y un crecimiento interanual del 7,4 por ciento, hasta 11.273 millones de euros, se situó en la primera posición entre las comunidades autónomas de destino en 2011.
   Le siguió Baleares, que recibió 9.464 millones de euros, un 7,9 por ciento más, seguida de Canarias, con 10.119 millones, un 13,1 por ciento más, y de Andalucía con 8.069 millones, lo que supone un aumento un 3,1 por ciento. La Comunidad de Madrid con 5.378 millones de gasto recibió un 6,3 por ciento más.
   A nivel nacional, los turistas internacionales que visitaron España gastaron 52.796 millones en 2011, lo que supone un 7,9 por ciento más. El gasto medio por turista se situó en 934 euros en 2011, un 0,2 por ciento superior al registrado en el mismo periodo de 2010, mientras que el gasto medio diario se elevó un 4,6 por ciento hasta alcanzar los 102 euros.
   Reino Unido y Alemania encabezan el gasto total con 10.377 millones de euros, un 2,1 por ciento más, y 8.669 millones de euros, un 2,1 por ciento más, respectivamente.
   El mayor gasto en diciembre lo realizaron los turistas británicos que desembolsaron 472,3 millones de euros (+8,5 por ciento), concentrando el 16,8 por ciento del gasto total, y los turistas alemanes, que gastaron 375 millones de euros, un 3,2 por ciento menos que en diciembre de 2010.
   El gasto total del turismo internacional en España que no contrató paquete turístico para su viaje --opción elegida por el 68 por ciento de los turistas-- se ha incrementado un 5,5 por ciento en 2011 alcanzando los 35.923 millones de euros, frente al aumento del 13,5 por ciento de los turistas que lo hicieron contratando un paquete, con un gasto de 16.873 millones.
   El gasto total en alojamientos hoteleros en 2011 aumentó un 8,7 por ciento hasta alcanzar los 33.551 millones, mientras que el gasto en alojamientos no hoteleros creció un 6,6 por ciento hasta los 19.245.
   El gasto medio por turista con paquete turístico se situó en 1.055 euros, un 0,5 por ciento menos, frente al promedio de 886 euros (+0,1 por ciento) de los que viajaron sin contratar paquete. El gasto por turista alojado en hotel se situó en 930 euros (-0,6 por ciento), con una media diaria de 137 euros (+0,4 por ciento).
   En diciembre, el gasto medio por turista con paquete alcanzó los 1.132 euros (+1,7 por ciento), frente a los 995 euros de promedio del que optó por viajar sin paquete (-1,8 por ciento). El gasto por turista alojado en hotel se situó en 955 euros (+0,6 por ciento), frente a los 1.176 euros (+0,2 por ciento) del gasto por turista que no se alojó en un hotel.

El juez pide una fianza de 25 millones a Crespo y Cuesta para responsabilidades pecuniarias en Emarsa

VALENCIA.- El juez instructor del 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo de Valencia ha dictado un auto en el que fija una fianza conjunta de 25 millones de euros para el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, y para el ex gerente de la depuradora, Esteban Cuesta, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan en su día declararse procedentes.   

En una resolución de fecha de este mismo lunes, el juez fija fianza para otros 12 imputados más, con cantidades que oscilan entre los 500.000 y 22 millones de euros, y acuerda que, si transcurre el término fijado en la ley sin que se haya verificado esta fianza, se embargarán sus bienes en cantidad suficiente para cubrir el importe o se acreditará la insolvencia si no tuvieran propiedades.

lunes, 30 de enero de 2012

El PSOE recurrirá la absolución de Camps y Costa en el Tribunal Supremo

VALENCIA.- El PSPV recurrirá la sentencia de absolución del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa en la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', según ha informado la formación socialista.

   El PSPV, que representa la acusación particular, recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Si este organismo estima los recursos, anularía la resolución y ordenaría la repetición del juicio.
   Juan Climent, el magistrado presidente del tribunal del jurado que ha juzgado a Francisco Camps y a Ricardo Costa por un delito de cohecho pasivo impropio, ha dictado este lunes la sentencia de absolución contra los acusados --tras decretar el jurado, por cinco votos a cuatro, su no culpabilidad--, al tiempo que ha ordenado que se cancelen y se devuelvan las fianzas que tuvieron que aportar.
   Tanto el ministerio público como el letrado de la acusación popular acusaban a Camps y a Costa de un delito de cohecho pasivo impropio por recibir trajes como regalo de la 'trama Gürtel', y pedían para ambos el pago de una multa de 41.250 euros y de algo más de 46.000 euros, respectivamente.

Petición


El grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes ha enviado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, en el que le pide que cite al expresidente de la Generalitat Francisco Camps para que, en el marco de la investigación del Instituto Nóos, aclare el origen de la propuesta de los I Juegos Europeos.
   Compromís también considera necesario que Camps explique el papel desarrollado por la Generalitat bajo la dirección de Francisco Camps, los posibles beneficiarios de los derechos de marca y quién efectuó su registro correspondiente, el concepto de los pagos realizados al Instituto Nóos --que presidió el duque de Palma Iñaki Urdangarin--, los intervinientes en las negociaciones "y cuántas cosas sirvan para determinar si con cargo a los presupuestos públicos se tejió una red de conveniencias para la explotación comercial de un evento deportivo de alcance internacional y quiénes eran los presuntos beneficiarios".
   En el escrito, enviado al fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, el partido que encabeza Enric Morera destaca que es relevante investigar si la organización de los inexistentes Juegos Europeos "fue una propuesta realizada por el Insituto Nóos a la Generalitat o un encargo de Francisco Camps a través de esta asociación sin ánimo de lucro, para presuntamente burlar la fiscalización administrativa pertinente de gastos que ya se habían cometido con cargo a las arcas públicas por su encargo directo".
   Así, Compromís subraya que es necesario conocer "si hubo encargo u ofrecimiento para depurar las responsabilidades a las que hubiera lugar y calificación de hechos".
   Además, considera que es procedente averiguar si los trabajos que anunció Camps, en los que dijo haber trabajado "durante meses", generaron "gastos que fueron abonados a posteriori mediante la subvención recibida por el Instituto Nóos". Es decir, "que una vez verificada la falta de viabilidad del evento se concertó con Nóos el pago a terceros como una mera intermediación", puntualiza.
   Entre estos gastos, que según Compromís "han sido ocultados" a los grupos de la oposición de la Comunitat que no han podido "fiscalizar a pesar de pagarse con dinero público", se podrían encuentran "el registro de las marcas comerciales, logotipos del evento, dominios de páginas web y los relativos a los derechos comerciales del inexistente evento se pretendía organizar".
   "Especialmente es importante averiguar si se negociaron derechos de televisión y retransmisión o su cesión a alguna empresa, quién era el titular de la explotación comercial de la marca 'Juegos Europeos' o 'European Games'", señala el partido valenciano.
   En este sentido, Compromís cree que se debe conocer "quién se beneficiaba de la explotación comercial y merchandising de un evento de estas características con la presencia anunciada por el señor Camps de 35 países".

S&P deja el 'rating' de la Comunitat Valenciana en 'BBB-'

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha decidido rebajar la calificación de cinco comunidades autónomas españolas y mantener la nota de otras dos tras su decisión de recortar en dos escalones la nota de España, desde 'AA-' hasta 'A', aunque vuelve a amenazar con rebajar la calificación de ocho comunidades autónomas en los próximos tres meses.  

   Según explica en un comunicado, la agencia ha rebajado en dos escalones la calificación de Madrid, Galicia y Aragón, desde 'AA-' hasta 'A', y en un escalón la calificación de Canarias y Andalucía, desde 'A+' hasta 'A'. Al mismo tiempo, ha decidido mantener la calificación 'A-' de Baleares y 'BBB-' de Valencia.
   Sin embargo, la agencia, que recuerda que ningún gobierno regional puede tener una calificación superior a la del país de pertenencia según su metodología, ha decidido mantener en revisión para una posible rebaja la calificación de todas las autonomías, que inició el pasado 7 de diciembre, a la que se suma ahora también Cataluña ('A').
   La agencia justifica esta decisión en las presiones a la baja que suponen la combinación de un marco institucional "potencialmente más débil" para las regiones españolas y el potencial impacto negativo que podría tener un "deteriorado escenario económico" en el perfil de crédito individual de cada región.
   Respecto a Valencia, que está a un escalón del bono basura, añade que continúa teniendo dudas de la capacidad de los gestores financieros valencianos logren un plan creíble que ha frente a sus necesidades de financiación en 2012 y mejore sus ratios de liquidez.
   A este respecto, S&P tiene previsto tomar una decisión sobre el rating de las ocho autonomías a lo largo de los próximos tres meses y la rebaja no será superior a un escalón.
   Por otro lado, la agencia también ha anunciado su decisión de recortar en dos escalones, desde 'AA-' hasta 'A' con perspectiva 'negativa', las calificaciones de la provincia y la ciudad de Barcelona.

Las CC AA informarán mensualmente de sus cuentas

MADRID.- Las Comunidades Autónomas (CCAA) deberán informar mensualmente de la evolución de sus cuentas a partir del momento en que entre en vigor la nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria, dijeron fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta información, que hasta ahora tenía un carácter trimestral, constituye una parte esencial de la transparencia que quiere instaurar el Gobierno del Partido Popular con relación a las cuentas públicas y cuyo contenido ya está incluido en el Anteproyecto de Ley aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes y que ahora deberá tramitarse en las cámaras legislativas.
Una parte esencial de esta nueva reglamentación, que busca la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas con el objetivo de estabilidad presupuestaria, prevé como rasgos sustantivos el equilibrio o el superávit presupuestario de todas las administraciones públicas y una ratio deuda/PIB no superior al 60 por ciento, ambos objetivos en el horizonte del año 2020.
Sin embargo, el nuevo marco normativo contempla que el Ministerio de Hacienda pueda sancionar a las comunidades en base al presupuesto ya aprobado para este año.

El juez Climent ordena que se devuelvan las fianzas a Camps y Costa

VALENCIA.- Juan Climent, el magistrado presidente del tribunal del jurado que ha juzgado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al exsecretario general del PPCV y diputado en las Cortes valencianas, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio, ha dictado este lunes la sentencia de absolución contra los acusados --tras decretar el jurado, por cinco votos a cuatro, su no culpabilidad--, al tiempo que ha ordenado que se cancelen y se devuelvan las fianzas que tuvieron que aportar.

   Así consta en la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que también declara de oficio las costas, y agrega que no tiene previsto, al no solicitarlo las partes en sus conclusiones definitivas, pedir testimonios de particulares sobre la base de las discrepancias entre varios testigos y entre algunos de los documentos aportados a la causa. Contra esta resolución cabe un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en el plazo de cinco días.
   El magistrado ha dictado esta sentencia en base a las afirmaciones realizadas por el jurado, quien consideró que Camps encargó en Milano únicamente cuatro trajes, que fueron devueltos al ser imposible arreglárselos, dado que no tenían tallas adecuadas para él; y que encargó y adquirió en Forever tres trajes --entre principios de 2007 y marzo de 2007--, un par de zapatos en marzo de 2007, un traje antes de verano de 2008 y una americana de color azul.
   Sobre estas últimas prendas, el jurado estimó que fueron abonadas por el propio Camps "personalmente" a José Tomás, quien se definió ante el jurado como 'director de moda'. Por todo, estimó a Camps no culpable de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir.
   Por otro lado, los miembros del jurado consideraron que Costa había pagado las prendas que le fueron confeccionadas en Milano; que nunca encargó trajes en Forever Young ni recibió prendas de este establecimiento; y que, por tanto, también es no culpable del delito que se le acusaba. Ante ello, el magistrado ha dictado la sentencia absolutoria para ambos.
   El magistrado recoge en la sentencia el cuestionario remitido a los miembros del jurado objeto de su deliberación. La primera parte hace referencia a hechos comunes de Camps y Costa, y versa sobre la posibilidad de que durante los años 2005 a 2008, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo --presuntos cabecillas de la trama Gürtel-- para ganar el favor de algunos funcionarios y autoridades, les realizaran regalos, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir.
   También se les preguntaba, a este respecto, si consideraban que estos objetos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión S.A. y Forever Young, en Madrid, y que se facturaban, según los casos, a las sociedades Diseño Asimétrico S.L.; Servimadrid Integral S.L.; y Orange Market S.L.
   En un segundo apartado, los jurados tenían que debatir sobre hechos achacados a Francisco Camps. Así, debían responder sobre si recibió, al menos, varios regalos por un importe total de 13.121,5 euros. En concreto, se hacía referencia a tres trajes y tres americanas adquiridas en Milano entre finales de 2005 y septiembre de 2006; a cinco trajes y tres pares de zapatos adquiridos en Forever entre finales de 2006 y julio de 2007; a cuatro corbatas de este último establecimiento a finales de 2007; y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y otro par de zapatos.
   También se les interpelaba por si pensaban que Camps había aceptado estos regalos sabedor de que le eran entregados en reiterada consideración al cargo público de presidente de la Generalitat que ejercía entonces y desde el que podía tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias. En un tercer apartado, el jurado debía responder sobre la culpabilidad o inculpabilidad de Camps.
   Climent destinaba el cuarto apartado a los hechos atribuidos a Ricardo Costa, y sobre él preguntaba si pensaban que había recibido varios regalos por un importe total de 10.075 euros: cuatro trajes, tres pantalones y dos americanas de Milano entre enero y agosto de 2006; y otros seis pantalones y un traje de Forever entre finales de 2006 y julio de 2007. El último apartado del cuestionario interpelaba sobre la culpabilidad o inculpabilidad de Costa.

El Gobierno congelará transferencias a CCAA que no paguen multas por déficit

MADRID.- El Gobierno congelará las transferencias que contempla el sistema de financiación autonómica a las comunidades que no paguen las multas impuestas ante la desviación de sus objetivos de déficit, según el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria.

   Así lo ha explicado la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás en una sesión informativa, tras asegurar que la ley es más exigente que las anteriores porque introduce la idea de control permanente de la situación económica desde el suministro constante de información.
   Hasta este momento, solo se elaboraba un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, mientras que a partir de ahora se realizarán una serie de informes periódicos que permitirán un mayor control y rigor en el cumplimiento de los objetivos.
   De hecho, una de las novedades del texto es que las comunidades aportarán mes a mes las liquidaciones de ingresos y gastos al Estado, de forma que el Gobierno pueda publicar mensualmente el déficit de las comunidades autónomas, algo que hasta ahora hacía de forma trimestral.
   El control, los requerimientos de información y los mecanismos preventivos y correctivos que contempla el anteproyecto entrarán en vigor con la aprobación de la ley, por lo que se podrán aplicar ya en los presupuestos del año 2012 y estarán plenamente en vigor de cara a las cuentas de 2013.
   El proceso se iniciará, tal y como ha expresado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, antes del 1 de abril, cuando el Ministerio de Hacienda proponga los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. En 15 días, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) tendrán que emitir un informe al respecto.
   Tras recibir el informe, el Consejo de Ministros fijará los objetivos e incluirá el techo de gasto del Presupuesto estatal junto a un informe del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la situación económica, que contendrá, además, la regla de gasto. Propondrá también objetivos de déficit individuales a las comunidades autónomas que, previo informe del CPFF, también se aprobarán en Consejo de Ministros.
   Una vez que los objetivos y el techo de gasto se aprueben en las Cortes, las administraciones deberán aplicar dichos objetivos y la regla de gasto en la elaboración de sus Presupuestos. Así, antes del 1 de agosto deberán remitir al CPFF los límites de gasto aprobados y antes del 1 de octubre enviarán a Hacienda las líneas fundamentales de sus Presupuestos.
   En ese mismo mes, antes del día 15, Hacienda informará sobre la adecuación de los Presupuestos a la regla de gasto y el objetivo de estabilidad y hará posibles recomendaciones. De hecho, desde el mismo momento en el que empiece a evaluar los techos de gasto autonómicos Hacienda puede activar los mecanismos preventivos y correctivos. En los meses de octubre, noviembre y diciembre se aprobarán los presupuestos de los gobiernos autonómicos y locales.
   Antes del 1 de abril del año siguiente, el Ministerio emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos iniciales y antes del 1 de octubre emitirá un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del ejercicio anterior y el grado de cumplimiento del ejercicio corriente. Con esta información, que publicará periódicamente, enviará informes al CPFF y a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
   Si en este proceso Hacienda detecta riesgo de incumplimiento de los objetivos podrá formular una advertencia en cualquier momento, lo que llevará a la administración en cuestión a adoptar medidas en el plazo de un mes. Si se no se adoptan estas medidas o son insuficientes, entrarán en juego las sanciones.
   Tras detectar el riesgo y si se supera el 95% de límite de deuda (100% en el periodo transitorio) se limitará de forma automática el endeudamiento de la administración en concreto, que solo podrá realizar operaciones de Tesorería.
   Si alguna administración incumple sus objetivos, deberá elaborar en un mes un plan económico financiero (uno de reequilibrio si incurre en un déficit estructural) que permita reducir la desviación y volver a cumplir los objetivos en el plazo de un año. El plan, que será analizado en el CPFF, se seguirá trimestralmente y puede llevar a la imposición de sanciones si no se cumple. En el caso de las entidades locales, los planes se supervisarán en la CNAL.
   Ante el incumplimiento de los planes, las administraciones requerirán el visto bueno para todas las operaciones de endeudamiento, elaborarán informes para sacar adelante cualquier subvención o convenio y tendrán 15 días para adoptar un acuerdo de no disponibilidad si no cumplen sus planes económico financieros.
   Además, los mecanismos correctivos se concretarán en depósitos con interés en el Banco de España. Las administraciones no recibirán el interés si no aplican medidas en tres meses y los depósitos se pueden convertir en multas si pasan seis meses. Si transcurren nueve meses, el Gobierno puede acordar el envío de una delegación de expertos al territorio incumplidor.
   La secretaria de Estado ha explicado, además, que el Gobierno congelará las transferencias previstas en el sistema de financiación a todas aquellas comunidades que no paguen la multa impuesta previo acuerdo del Ejecutivo. Además, las multas también se podrán imponer a las comunidades que no cumplan sus obligaciones de información.

Sigue a diario con Economía Avanzada la evolución de la crisis en un máximo de 25 claves

UPyD propone fusionar el 71% de los municipios de la Comunitat como medida de ahorro


VALENCIA.- UPyD Comunitat Valenciana ha instado este domingo a la Generalitat a fusionar los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 71% del total, para aglutinar tareas y servicios y conseguir, de este modo, un ahorro para las arcas públicas.

   En un comunicado, la formación ha recordado que esta propuesta estaba incluida en su programa electoral y ha resaltado la necesidad de poner en marcha la medida ante las "estrecheces" económicas de los municipios valencianos, que "ya sea por la crisis, por la mala gestión o porque no llega el dinero" han visto disminuir sus ingresos y se han visto obligados a realizar ajustes.
   Según el Área de Análisis Político de UPyD, de los 542 municipios existentes en día en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, un total de 384 localidades tienen menos de 5.000 vecinos y, de estas, 218 están habitadas por menos de 1.000 personas.
   UPyD ha resaltado que los 542 alcaldes y los 5.748 concejales elegidos democráticamente en las últimas elecciones locales y autonómicas "están cobrando un sueldo o, al menos, una contraprestación económica por asistir a plenos y reuniones, y mantienen a duras penas servicios inviables por falta de presupuesto".
   Para el coordinador territorial de UPyD en la Comunitat, Romain Muzzati, es una realidad que muchos alcaldes y concejales de municipios, incluso de más de 5.000 habitantes, han renunciado a su sueldo "porque sencillamente no hay dinero en la caja y solo cobran por dietas por su asistencia a los plenos o a reuniones".
   A su juicio, si los 384 municipios con menos vecinos y las áreas metropolitanas de Castellón, Valencia y Alicante profundizaran en la gestión compartida de servicios "se podrían evitar duplicidades, abaratar costes, renegociar a la baja contratos con proveedores y compartir inmuebles, además de aprovechar los conocimientos y la experiencia de los trabajadores cualificados". En este sentido, se ha preguntado si "es viable que un pueblo de 1.000 habitantes construya una piscina que se usa menos de tres meses al año y que el pueblo de al lado, de 500 vecinos, haga lo mismo".
   La formación ha precisado que algo más de 2,6 millones de habitantes, el 50% de la población valenciana, reside en las áreas metropolitanas de Valencia, Alicante-Elche y Castellón, y ha apuntado que si se fusionaran los ayuntamientos, PP y PSOE "verían peligrar los feudos que han gestionado durante décadas, como si se tratara de cortijos" y "enchufados y amigos del partido tendrían mucho más difícil cobrar un sueldo público del consistorio, sencillamente porque el número de asesores y personal de confianza contratados se reduciría drásticamente".
   UPyD ha insistido en que no propone una eliminación o anexión de pueblos, sino "una reorganización de la estructura local a nivel nacional", y ha recordado que España "es uno de los pocos miembros de la Unión Europea que no ha agrupado ayuntamientos ni ha reducido el número de municipios". Para Muzzati, "la distribución parroquial, base de la administración local española del siglo XIX, todavía en vigor hoy en día, es totalmente obsoleta e ineficiente".

Alarte critica que el PPCV ha llevado a la Comunitat a una "catástrofe de desprestigio colectivo"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha lamentado este domingo que el "derroche y despilfarro" de los gobiernos del PPCV ha provocado "una catástrofe valenciana de desprestigio colectivo" y ha provocado que la Comunitat esté "peor que los peores", en una situación "de quiebra e impago generalizado".

   Así se ha pronunciado el socialista en un comunicado, en el que ha resaltado que los recortes "no son una novedad" en la Comunitat Valenciana, donde el PP "lleva aplicando desde hace 16 años el retroceso en el Estado del Bienestar y en las políticas públicas". En este sentido, ha indicado que durante este período se ha recortado la inversión en recursos públicos, "suprimiendo centros sanitarios y educativos, instalando barracones, eliminando paulatinamente profesores y médicos o aplicando recortes en la política social".
   El síndic en las Corts ha señalado que el "derroche y despilfarro continuado en grandes eventos, fastos y excesos del PPCV" ha llevado a la Generalitat "a una situación de quiebra y de impago generalizado", en la que "no pueden pagar ya ni la luz".
   "No pagan las operaciones de cataratas, dentro de poco no pagarán ni los antigripales, las farmacias no cobran, veremos colegios cerrados y decenas de residencias llamarán a las familias para decirles que se lleven a sus familiares porque allí ya no pueden estar", ha alertado Alarte.
   Según ha indicado, el Consell tiene 62.000 millones de euros de compromisos de pagos vinculantes para los próximos 50 años, consecuencia de una gestión de "derroches" que, a cambio, "ha dejado una sanidad mal gestionada, mal financiada y en situación precaria, ha dejado a 19.000 niños en unos barracones que ya forman parte del paisaje de la sociedad valenciana y ha realizado una progresiva transferencia de recursos desde lo público hacia lo concertado y lo privado".
   Ante esta situación, Alarte ha defendido "una alternativa al ajuste" que comience con la derogación del Decreto-ley 1/2012 y ha anunciado que su grupo pedirá explicaciones en la primera sesión de las Corts y plantearán una propuesta "global" para reformar el modelo económico valenciano. "Porque es posible un ajuste justo, digno y solidario", ha concluido.

El STEPV dice que la fiscalización del gasto de los centros es "una nueva provocación" del Consell

VALENCIA.- El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV) ha criticado la decisión del Consell de fiscalizar el gasto de los centros de titularidad pública y en el personal docente, y ha advertido de que supone "una nueva provocación" al sector.

   En un comunicado, la organización sindical ha señalado que estas auditorías afectan especialmente al personal interino, que lleva ya dos años "padeciendo directamente la política de recortes" del Gobierno autonómico, en los que se están produciendo "retrasos injustificados" en las sustituciones.
   Además, ha señalado que con esta medida "se culpa nuevamente al sistema educativo y al resto de servicios públicos de ser los culpables del derroche económico que ha llevado a la Comunitat a esta situación de ruina".
   El sindicato ha recordado que los centros reciben una cantidad determinada para hacer frente a sus gastos de funcionamiento y que éstos dan cuenta cada año del dinero invertido y están sometidos a la supervisión de la inspección educativa, por lo que apuntar a centros y profesorado interino con estas medidas de fiscalización "solo se entiende como una nueva provocación".
   Por otra parte, STEPV ha instado a los ciudadanos a colapsar el correo de 'Capavant', la página web creada para que los valencianos aporten ideas sobre cómo ahorrar a la Administración, con las propuestas lanzadas por Intersindical Valenciana en la campaña 'Ayudando al President'.
   Entre estas, anima a que propongan la eliminación de 79 asesores que duplican las tareas encomendadas a funcionarios, la sustitución de los directores de los parques naturales por personal técnico funcionario de carrera, el cese de aquellas personas que no tengan la condición de funcionarios en las direcciones generales y subsecretarías o la sustitución de las plantillas de las empresas públicas.
   Asimismo, reclama una simplificación del organigrama de las nuevas empresas públicas o un plan de revisión de contratos de la Generalitat, en lugar de aprobar recortes de sueldo, jornada u otros derechos del personal interino.
   Según STEPV, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, debería poner en marcha estas medidas, que son "más ahorradoras, más ejemplificadoras y, sobre todo, menos lesivas para el sector público".
   Asimismo, ha insistido en la necesidad de auditar las cuentas de la Generalitat con carácter de urgencia para determinar si la situación justifica o no las medidas aprobadas por el Consell.

domingo, 29 de enero de 2012

El PSPV pide a Alberto Fabra que exija "al otro Fabra" que "deje de burlarse de la justicia"


CASTELLÓN.- La diputada socialista en Les Corts Clara Tirado ha pedido este sábado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que exija "al otro Fabra", el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, que "deje de burlarse de la justicia, respete y acate sus decisiones y sea consecuente con sus actos".

   En un comunicado, Tirado se ha pronunciado de este modo en relación a la orden del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules que da tres días de plazo a Carlos Fabra para que informe sobre sus bienes a embargar para cubrir la fianza de 4,2 millones de euros fijada en el auto de apertura de juicio oral por el 'caso Naranjax'.
   Al respecto, la diputada ha lamentado que "una vez más, la imagen de la provincia de Castellón y de toda la Comunitat Valenciana se vea perjudicada por un señor, Carlos Fabra, que es el hazmerreír de todo el país por sus continuos desmanes, comportamientos excéntricos y declaraciones histriónicas".
   "Es evidente que al Partido Popular ya no le queda ni una pizca de ética, ni de vergüenza, porque si así fuera (Mariano) Rajoy expulsaría, hoy mismo, a este personaje del PP, porque motivos le sobran", ha señalado Tirado, quien ha agregado que esta "parálisis" de Fabra y Rajoy con Carlos Fabra "pone de manifiesto la incapacidad de ambos para tomar decisiones y demuestra que ninguno quiere acabar con la corrupción en el PPCV".
   La socialista ha recordado que "tanto uno como otro han amparado conductas presuntamente corruptas al permitir que Carlos Fabra continúe siendo el presidente del partido en Castellón, además de presidente de Aerocas en un aeropuerto sin aviones, por lo que no hay duda de que son sus cómplices políticos".
   Asimismo, ha advertido de que "los dos Fabras tendrán que responder ante los ciudadanos de la Comunitat" y que mientras "uno lo hará sentado en el banquillo de los acusados, el otro tendrá que hacerlo desde Les Corts".

El PSPV afirma que Fabra "tiene un problema" porque se siente 'okupa' del Consell

VALENCIA.- La portavoz adjunta del PSPV en las Corts, Carmen Ninet, ha indicado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tiene un problema" porque se siente 'okupa' del Consell y ahora pide a Rajoy "que se lleve bien lejos a Camps".
"Le da igual si es a trabajar o de vacaciones, pero lo que está claro es que no le quiere en la Comunitat".

   De esta forma se ha pronunciado Ninet en un comunicado tras criticar que "si al PP le preocupa tanto recuperar la honorabilidad de Camps, que se deje de cinismos, le devuelva a la Presidencia de la Generalitat, sea valientes y actúe en consecuencia".
   En este sentido, ha lamentado que ahora el PP "resulte estar más preocupado por restituir la honorabilidad de un ex presidente, responsable de haber intimado con una trama corrupta preocupada por llenarse los bolsillos con dinero público, que de recuperar el Estado de Bienestar de una comunidad abocada a la quiebra por el despilfarro y la corrupción a la que Fabra y el PPCV nos han condenado".
   Para Ninet, es "indecente" que mientras la sociedad "reclama a voces, a la clase política, responsabilidad, honradez y esfuerzo, el Partido Popular, en su conjunto, se felicite después de haber escuchado vergonzosas conversaciones entre 'El Bigotes', Camps, Costa y otros imputados, donde se intercambian piropos, favores y promesas de todo tipo".
   "El PP en esta Comunitat ha permitido que la corrupción y el despilfarro campara a sus anchas durante 16 largos años y ahora nadie es responsable de nada", ha denunciado Ninet. "Es inaudito que en una Comunitat, donde no existe herencia política, ya que son ellos los que llevan guisándoselo y comiéndoselo desde hace 16 años, hoy se sientan satisfechos, se feliciten de haber visto a su presidente sentado en el banquillo de los acusados y se alegren por el veredicto de un jurado después de haber escuchado en el TSJ grabaciones que han sido la vergüenza de todos".
   La diputada socialista ha reclamado a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que "no se preocupe tanto por restituir la honorabilidad de Camps y se preocupe más por restituir el Estado de Bienestar de miles de valencianos que han visto como el despilfarro de Camps y sus amiguitos, los tejemanejes del PPCV, y el querer vivir por encima de las posibilidades, de una tierra de gente trabajadora y honrada, nos ha llevado a la quiebra más absoluta".
   Finalmente, le ha recordado a Fabra que "el PPCV todavía tendrá que explicar la presunta financiación ilegal y dónde están los más de 30 millones de euros de dinero público que dejaron que se llevara la trama Gürtel. Hasta en la visita del Papa metieron la mano", ha lamentado.

Sanz (EUPV) critica que el Consell "criminalice" la educación y la sanidad mientras no cancela la Fórmula 1

VALENCIA.- La portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Unida en las Corts, Marga Sanz, ha criticado este sábado que el Consell "criminalice" la educación, la sanidad o la justicia con una aumento del control del gasto mediante auditorías mientras "no se atreve a cancelar el contrato de la Fórmula 1 o las concesiones para el aeropuerto de Castellón".

   En un comunicado, ha lamentado que los sectores sobre los que se aumenta el control del gasto "son los que mantienen los servicios públicos básicos de la ciudadanía", por lo que ha urgido a retirar el decreto "para salvar el estado del bienestar en el País Valenciano".
   Asimismo, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que aplique "un estricto control del gasto de los grandes eventos, como la Fórmula 1, o de la red de fundaciones satélites del Partido Popular", ya que "la ciudadanía está pidiendo que se pare el brutal derroche en materia de grandes eventos".

Infraestructuras recibe 15 propuestas de actuaciones territoriales estratégicas

VALENCIA.- La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha recibido un total de 15 propuestas de centros comerciales, deportivos, de desarrollo tecnológico-industrial o de carácter científico-educativo en el marco de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) que están siendo evaluadas actualmente.

   Esta figura fue aprobada el pasado año por el Consell para "aprovechar todas las oportunidades de inversión en la Comunitat y especialmente aquellas ligadas a la generación de empleo y de competitividad", según ha señalado la consellera Isabel Bonig en un comunicado.
   El Decreto 1/2011 de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de ATE establece una tramitación administrativa ágil y simplificada de todos los aspectos urbanísticos y ambientales para "facilitar la elección de la Comunitat como destino de determinadas intervenciones singulares generadoras de un positivo impacto económico, social y ambiental", ha detallado la consellera.
   Para acogerse a estas facilidades, los proyectos deben reunir un verdadero valor estratégico, producir un impacto supramunicipal, elevar la cualificación y la excelencia del territorio, acreditar su compatibilidad con la infraestructura verde, contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio y demostrar capacidad para su ejecución inmediata.
   Una vez acreditados estos requisitos, los proyectos se elevarán al Consell para su reconocimiento y a partir de esta declaración contarán con un interlocutor único y se tramitarán mediante un procedimiento específico que no requiere revisar el Plan General de ordenación municipal, con gestión conjunta de todos los apartados y creación de comisiones técnicas específicas para agilizar la emisión de los informes técnicos necesarios.
   Según ha explicado Bonig, su departamento se encuentra en conversaciones con los promotores de siete proyectos para su implantación en la provincia de Valencia, cinco en Alicante y tres en Castellón. Los proyectos, que se harán públicos cuando cuenten con los informes favorables del Consell, corresponden en su mayoría a la iniciativa privada, aunque tres son de carácter público y uno es mixto.
   Respecto a la naturaleza de los proyectos, la mayor parte son de carácter comercial, deportivo o terciario, en algunos casos con pequeñas actuaciones residenciales asociadas, ya que esta actividad debe ser siempre de tipo complementario y no sustancial en la definición del proyecto para reunir los requisitos de una ATE. Existen también proyectos de tipo industrial-tecnológico y científico-educativo "muy interesantes", ha apuntado Bonig.
   "El interés por esta figura pone de manifiesto el potencial de esta y otras medidas para agilizar, simplificar y clarificar la normativa y el valor de nuestro territorio como destino para inversiones generadoras de empleo y actividad económica", ha concluido Bonig.