lunes, 19 de noviembre de 2012

UPyD pide explicaciones por fichajes de familiares del PP en Ministerios

MADRID.- La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja pidiendo al Gobierno explicaciones sobre el fichaje de diversos familiares de altos cargos del PP para los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo.

   Se trata de hijos, sobrinos y hermanos de, entre otros, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, del exministro de Trabajo y exportavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana o del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
   En su texto, la formación magenta denuncia que la selección de personas de confianza, como altos cargos o cargos de libre designación, que han realizado el PP y el PSOE en el Gobierno ha sido una "constante" en los diferentes niveles de las administraciones públicas, y apunta que el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy "no ha sido menos".
   Así, asegura que la sobrina de De Guindos, Leticia de Guindos Talavera, ha sido fichada por el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. Según algunos medios, ocupa una agregaduría en la embajada española en Washington.
   También indica que a Manuel Pablos López --hermano de la actual secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos López-- se le encargó el pasado mes de mayo ocuparse de la jefatura de sección de seguros agrarios en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y ahora ha sido seleccionado como Consejero de Agricultura en la Organización de Naciones Unidas (ONU), un puesto reservado hasta ahora para directores generales con más de veinte años en la Administración Pública.
   Además, prosigue UPyD, un hijo de la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Andrés Porras Soriano, fue seleccionado también como cargo de libre designación para asesorar en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
   La lista la completan un hijo de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, que se ha sumado al equipo del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (ex secretario general de FAES), en el que también ha sido reclutada la hija del exministro Zaplana, María Zaplana Barceló. Los dos como cargos de libre designación.
   Así las cosas, Rosa Díez quiere saber los criterios profesionales que ha seguido el Gobierno para seleccionar a las personas nombradas como altos cargos de los citados Ministerios, y si existe otras contrataciones de personas con parentesco familiar de algún otro partido como altos cargos o cargos de libre designación en otros departamentos ministeriales o entidad dependiente de éstos.
   En este sentido, UPyD también reclama al Ejecutivo del PP que se pronuncie sobre si la contratación de personas, como altos cargos, que poseen una relación de parentesco familiar con importantes directivos de un partido político contribuye a dar "una imagen positiva" de la clase política.

EUPV denuncia otro contrato de Over Marketing con Sanidad cuando Serafín Castellano era conseller

VALENCIA.- El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts, Ignacio Blanco, ha denunciado la existencia de un nuevo contrato de la Conselleria de Sanidad con Over Marketing en 2002, cuando el actual secretario general del PPCV, Serafín Castellano, era titular de ese departamento.

   En un comunicado, Blanco ha explicado que en el informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalización de los programas de asistencia sanitaria de la Conselleria de 2002 aparece un contrato de Over Marketing con el Consorcio para la gestión del Hospital General Universitario, por importe de 29.000 euros. Se trata de un trabajo de "consultoría de marketing y RRPP" que fue adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad.
   Así, ha reclamado a Castellano que "salga a dar explicaciones, porque no puede ser casualidad que cinco de los siete contratos conocidos de Over Marketing con la Generalitat lo fueran con su conselleria durante 2001 y 2002".
" Probablemente esto no sea más que la punta del iceberg y haya bastantes más", ha agregado Blanco.
   El diputado de EUPV ya remitió al titular del juzgado de instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, José Castro, que investiga la presunta financiación ilegal del PP balear y el supuesto amaño de contratos en favor de Over Marketing, los contratos firmados por la Generalitat valenciana con esta empresa por si estima abrir una investigación para conocer el modo en el que salieron adelante.
   Así, ha anunciado que este mismo lunes solicitará el acceso al expediente de contratación y cuando lo tenga enviará copia al juez como ampliación de la denuncia. Ha recordado también que "en su autoinculpación ante el juez Castro, el propietario de Over Marketing admitió haber recibido contratos amañados de diversas administraciones públicas gobernadas por el PP, entre ellas la Generalitat valenciana, utilizando tres empresas del mismo grupo en este tipo de procedimientos".
   Blanco ha indicado que está a la espera de que el Consell le facilite documentación de otros seis expedientes de contratación con Over Marketing, cinco de la Conselleria de Sanidad y uno correspondiente a la campaña institucional de las elecciones de 2003, que, según denuncia, le ha sido "negado por la Conselleria de Gobernación que en estos momentos ocupa también Serafín Castellano".
   "Tirando del hilo van apareciendo cada vez más evidencias de la época de vacas gordas que la empresa de Daniel Mercado disfrutó coincidiendo con los últimos años en la presidencia de la Generalitat de Eduardo Zaplana, quien también concedió un sustancioso contrato de más de siete millones de euros a Over Marketing posteriormente desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales", ha asegurado.
   De aquel tiempo, el único que sigue en activo, después de un par de mudanzas de piel, es el actual secretario general del PP y conseller de Gobernación", ha agregado el diputado.

El PSPV advierte de que el desabastecimiento de medicamentos es "un problema de salud pública"

VALENCIA.- El portavoz socialista de Sanidad en las Corts, Ignacio Subías, ha alertado este domingo de que el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias que, a su juicio, se está produciendo como consecuencia de la huelga indefinida de boticas, es "un problema de salud pública". 

   En un comunicado, Subías ha indicado que se están viendo "colas impresionantes en las farmacias, paseos y peregrinajes de farmacia en farmacia hasta intentar encontrar la medicación", lo que provoca entre otras consecuencias, el desabastecimiento de medicamentos, con lo que "de seguir así se pondrá en riesgo a los pacientes al no tomarse la medicación".
   "Sabemos que hay medicaciones como tratamientos neurológicos que están teniendo problemas, los diabéticos se quejan de que no tienen suficientes tiras para poderse controlar la cifras de glucemia, fundamental para su tratamiento, y que en algunos sitios está habiendo ya problemas para encontrar la insulina", ha apuntado el diputado, para quien esta situación supone "un riesgo para la salud de estas personas y para la salud pública".
   Además, ha resaltado que esta situación pone también en riesgo "la subsistencia de las propias farmacias y el despido de trabajadores" y ha lamentado que "los impagos del Consell están llevando a la ruina a muchos colectivos, a asociaciones de enfermos, a asociaciones del tercer sector y, sin duda, a las farmacias".
 "Están poniendo en riesgo el modelo actual con graves consecuencias para todos, sobre todo para las zonas más periféricas, para los pueblos más pequeños", ha agregado.
   A su juicio, la responsabilidad recae directamente en el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la Conselleria de Sanidad, por lo que los socialistas presentarán mociones para "pedir soluciones y exigir el pago de los medicamentos, para poder garantizar la dispensación de los mismos a los enfermos", dado que de lo contrario, "serán responsables de los problemas de salud de los ciudadanos".

La Audiencia Nacional suspende el juicio por la demanda colectiva de CCOO y CGT contra el ERE de RTVV

VALENCIA.-   La Audiencia Nacional ha acordado suspender el juicio sobre la demanda colectiva interpuesta por CCOO y la CGT contra Radio Televisión Valenciana (RTVV) por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla el despido de 1.198 trabajadores, previsto para el 26 de noviembre, tras la cuestión de competencia planteada por la empresa, que pedía que este órgano judicial se declarara incompetente para asumir el caso.

   Según el documento presentado por RTVV, el ente defiende que, tal y como consta en la Ley de Jurisdicción Social, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente en los procesos de despido colectivo cuando extiendan sus efectos a un ámbito superior al de una comunidad. De lo contrario, la competencia recae en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
   En este sentido, precisa que el ERE planteado por el ente público "se extiende a un ámbito no superior al de la Comunidad Valenciana" por cuanto "se pretende extinguir contratos de trabajo correspondientes únicamente" a centros de trabajo ubicados en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
   "El procedimiento de despido colectivo no afecta en absoluto a centros de trabajo ubicados fuera de la Comunidad Valenciana", continúa exponiendo RTVV en el documento, donde insiste en que "los centros de trabajo de Madrid y Barcelona se van a mantener y no van a quedar afectados sus trabajadores por el procedimiento de despido colectivo".
   Además, justifica su pretensión en que la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de Valencia "ha dado trámite al procedimiento de despido sin que de ningún modo haya dado traslado del expediente al órgano competente en el ámbito de la Administración General del Estado".
   En este sentido, el auto de la Audiencia Nacional recoge que la Dirección General de Empleo comunicó el pasado 2 de noviembre que no obra en dicho organismo el ERE de RTVV "al ser competente la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Valenciana".
   El auto, fechado el 6 de noviembre y que, según han informado fuentes sindicales, fue trasladado a las partes el pasado viernes, da un plazo de tres días a las partes para que tanto sindicatos como la empresa y el Ministerio Fiscal presenten sus alegaciones.
   Esta es la segunda vez que se suspende un juicio relacionado con el ERE de RTVV, después de que la vista prevista para el 6 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se suspendiera tras admitir la Audiencia Nacional otras dos demandas.
   En concreto, CCOO y CGT plantearon la demanda colectiva ante la Audiencia, al entender que los despidos podrían extenderse a las sedes del ente en otras autonomías, mientras que Intersindical Valenciana y UGT interpusieron una demanda por el mismo asunto pero ante el tribunal valenciano, que acordó dejar sin efecto el señalamiento a la espera de resolverse la competencia sobre el mismo.
   Desde Intersindical Valenciana han mostrado su deseo de que la Justicia "se pronuncie cuanto antes sobre esta cuestión" ya que "hace 16 meses que se conoce la voluntad de la empresa de despedir a 3 de cada 4 trabajadores y tres meses desde que se aprobó el ERE". Asimismo, han indicado que los trabajos de "PwC, Garrigues y RTVV han sido de todo menos eficaces, transparentes y adecuados a la legalidad, tal y como los tribunales demostrarán cuando podamos exponer nuestros argumentos".

Rajoy "no ha recibido retribución alguna" por su condición de registrador de la propiedad de Santa Pola

MADRID.- El Gobierno ha detallado en una respuesta parlamentaria que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "no ha recibido retribución alguna" por su condición de registrador de la propiedad (de Santa Pola), ya que no trabaja directamente desde hace décadas, cuando empezó a dedicarse a la política y a ocupar sucesivos cargos públicos. 

   Según la respuesta escrita que el Gobierno remitió el pasado jueves a Cayo Lara, después de que el coordinador federal de IU y presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA registrara en septiembre una pregunta parlamentaria sobre esta cuestión, "el titular del registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), Rajoy, se encuentra en situación de servicios especiales con reserva de plaza, según la legislación hipotecaria".
   Así, el Ejecutivo explica que el motivo de dicha situación administrativa de servicios especiales es su designación como miembro del Gobierno o su acceso a la condición de miembro de las Cámaras, cargos que, de acuerdo con la legislación vigente, implican el pase a dicha situación administrativa.
   "En dicha situación se perciben las retribuciones del cargo que se desempeña y por tanto Rajoy no ha recibido retribución alguna por su condición de registrador en el tiempo señalado", ha afirmado.
   Lara había expuesto en su pregunta que el presidente del Gobierno,  entre la opción de solicitar la excedencia de su registro o la de mantenerse como titular del Registro de Santa Pola, había optado por la segunda, manteniéndose "siempre" como registrador de la propiedad titular de Santa Pola gestionándose desde ese momento por un registrador sustituto.
   "¿En caso de que Mariano Rajoy fuera el titular del Registro de Santa Pola, cuáles son los motivos por los que no ha solicitado la excedencia pese a no ejercer como tal en los últimos 20 años?", preguntaba el líder de IU.
   Sobre esta cuestión, la contestación remitida desde el Ejecutivo del PP "no incluye especificación alguna" .
 "La dedicación exclusiva de los cargos públicos y el régimen de percepción de su salario se encuentran debidamente reconocidos y regulados en las distintas normas sectoriales aplicables, entre ellas, las relativas a incompatibilidades, a función pública, a régimen electoral o la hipotecaria", responde el PP.

Más de 8.000 profesores se forman este curso en inglés para impulsar el sistema de enseñanza plurilingüe

VALENCIA.- Más de 8.000 profesores de la Comunitat han comenzado esta semana sus clases de inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios para impartir clase en el nuevo sistema de enseñanza plurilingüe.

   Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la oferta de plazas corresponde a los niveles A1, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y se realiza a través de cursos semipresenciales (3.000 plazas) y 'online' (5.000). La Consellera ha valorado "el esfuerzo de los docentes por formarse en inglés para colaborar en una enseñanza de calidad y formar a nuestros jóvenes en el prulingüismo".
   El objetivo es precisamente impulsar el aprendizaje del inglés entre el profesorado en el marco del plurilingüismo, por el cual los docentes de Educación Infantil tendrán que impartir clases en inglés en todos los centros de la Comunitat Valenciana a partir de este mismo curso.
   Los docentes del sistema semipresencial cursan un total de 180 horas a lo largo del curso, de las cuales 120 son a distancia a través de la plataforma 'My Oxford English' y 60 presenciales en los aularios de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
   Las clases presenciales, que serán impartidas por profesores de las EOI, serán íntegramente de conversación y, para ello, se crearán 150 grupos con un máximo de 20 alumnos por aula para facilitar el sistema de aprendizaje. Además, los docentes también podrán practicar la interacción oral a través de la plataforma 'online' de la Conselleria.
   El plan de estudios contempla una evaluación continua de los docentes y al finalizar el curso deberán realizar un examen para obtener el certificado que acredita la formación. El objetivo es que se encuentren preparados para poder presentarse al examen para la obtención del título B2 de inglés.
   El sistema de enseñanza plurilingüe ya está funcionando este curso en Educación Infantil, donde se han comenzado a vehicular contenidos en inglés, y se incorporará de forma paulatina en los próximos cursos en las distintas etapas de escolarización hasta el curso 2020-21, momento en el cual el plurilingüismo estará presente en todos los niveles.
   Además, la Conselleria está trabajando para regular las nuevas condiciones que un docente de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional tiene que cumplir para obtener la capacitación para impartir clases en cualquier lengua extranjera.
    En la nueva orden, Educación modifica los requisitos lingüísticos que un docente necesita para impartir una materia o módulo no lingüístico en una lengua extranjera. Además, incorpora un calendario de planificación con el objetivo de que en cuatro años el profesorado haya adquirido las competencias necesarias como para garantizar el funcionamiento y la continuidad del nuevo modelo.
   Con la entrada en vigor del nuevo decreto, Educación ha flexibilizado los requisitos que tiene que tener el profesorado de todas las etapas para impartir clase en una lengua extranjera como el inglés. Este curso se exige al docente de Infantil y Primaria acreditar un nivel B1 de conocimiento del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y no un certificado de capacitación como hasta ahora.  
   A partir del curso 2016-17, se exigirá un nivel de conocimiento equivalente al B2, tanto a los docentes de Infantil y Primaria como a los de Secundaria y el certificado de capacitación expedido por la universidad o por el Servicio de Formación del Profesorado de la Conselleria.  
   Hasta el momento, los docentes de Infantil y Primaria solo tenían que acreditar un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas para impartir docencia en lengua extranjera y el cambio implica que, a partir de dicho curso, tendrán que haber obtenido un nivel B2.