PALMA DE MALLORCA.- El Tribunal de Cuentas, en un extenso informe
de fiscalización de las fundaciones de ámbito local, al que ha tenido
acceso Europa Press, subraya que más del 80 por ciento de los ingresos
anuales que percibe la entidad que sufragó parte de las tres ediciones
del evento Valencia Summit, la Fundación Turismo Valencia Convention
Bureau (FTVCB), son aportados por el Ayuntamiento de la capital
levantina, determinando en su dictamen que se trata de una entidad
integrante del sector público.
Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas
hasta el momento por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien
sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba
sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un
dictamen jurídico aportado al caso Nóos por el Duque de Palma, Iñaki
Urdangarin, para intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el
precio abonado por el evento deportivo.
En concreto, el Valencia Summit constó de tres ediciones que
tuvieron lugar los años 2004, 2005 y 2006, en virtud de un convenio de
colaboración y dos adendas posteriores suscritos entre la FTVCB, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos por un total de 1,044
millones de euros cada una -unos 522.000 euros aportados por la
Fundación Turismo-, si bien los investigadores calculan que el coste
real de cada evento fue de 300.000 euros.
Para su análisis, correspondiente al año 2009, el Tribunal de
Cuentas solicitó información a un total de 407 fundaciones, entre las
que destaca las entidades subvencionadas anualmente por parte de
Ayuntamientos y/o Diputaciones "en un porcentaje considerable frente a
otro tipo de ingresos", como es el caso de la FTVCB. Según el informe,
la dependencia económica de estas fundaciones con determinadas entidades
locales para el desarrollo de sus actividades "debería llevar a
considerarlas como integrantes de ese sector público local".
De hecho, en el caso de la fundación valenciana, presidida en la
actualidad por el vicealcalde del Consistorio, Alfonso Grau, el órgano
fiscalizador apunta en su dictamen que si bien sus socios fundadores son
tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Cámara de Comercio de la
capital del Turia, la Confederación empresarial y Feria de Valencia, más
del 80 por ciento de los ingresos anuales los recibe de la Corporación
municipal.
Pese a que el propio presidente de la Fundación Turismo remitió un
escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que alegaba
que la entidad "no está legalmente sujeta a las prescripciones de las
normas de contratación pública", la Fiscalía Anticorrupción considera
"indudable" la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración
Pública a la FTVCB, al igual que en el caso de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias.
De hecho, el Ministerio Público postula que los acuerdos
investigados fueron verbales y previos a la formalización de los
convenios de colaboración, utilizados de forma "fraudulenta y
deliberada" para eludir la aplicación de la anterior normativa,
"obviando" de este modo la existencia del procedimiento negociado sin
publicidad como una figura contemplada en la Ley de Contratos del Sector
Público.
Por su parte, el juez instructor de la causa, José Castro,
apuntaba en uno de sus autos cómo en las cláusulas del convenio del
Valencia Summit se reconocía que Nóos "ya estaba trabajando en un gran
evento científico-deportivo a nivel mundial que respondía al nombre de
Valencia Summit, desconociéndose el porqué de esa anticipación
funcional". Es más, aseveraba que la cantidad a abonar al Instituto fue
"unilateralmente fijada" por ésta.
Un importe total de 1,044 millones de euros al que tanto la FVTCB y
CACSA se adhirieron "sin que fuera precedido de ningún proceso de
análisis de mercado, discusión o negociación", y que su beneficiaria "ni
tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes
tendrían que pagarlo", asevera el magistrado.
Hasta ahora, la alcaldesa de Valencia ha defendido que la
celebración del evento deportivo dependió de un organismo "de derecho
privado" y de "carácter propio" e "independiente del Consistorio.
Sin embargo, según denunció ante la Fiscalía el grupo municipal
Compromís, desde el ejercicio 2003 hasta 2012, el Ayuntamiento ha
transferido a las cuentas de la FTVCB un total de 52,4 millones de
euros. Se da la circunstancia, tal y como apostillaba la formación, que a
partir de 2009 el Consistorio dejó de ampliar el crédito inicial,
contemplado en la aplicación presupuestaria, coincidiendo con el inicio
de las investigaciones en torno al Instituto Nóos.
Por su parte, Urdangarin presentó ante el juez un dictamen
jurídico encargado por su defensa con el que intentaba avalar que los
convenios rubricados por el Nóos con el Govern balear y las
Administraciones valencianas regulados por la Ley de Contratos de la
Administración Pública como tampoco por otras normas administrativas
especiales, aseverando asimismo que el fin que tenían los acuerdos era
un objeto de patrocinio "como negocio jurídico esencialmente privado".
En el caso del Valencia Summit, el autor del dictamen, el abogado
del Estado en excedencia Federico Calabuig Alcalá del Olmo -integrante
del despacho que asesora a Urdangarin-, ponía de manifiesto que tanto
Nóos como la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la Ciudad de
las Artes y las Ciencias "se someten, en principio, al derecho
privado".
Cabe señalar que, junto a la FTVCB, el informe del Tribunal de
Cuentas también alude, como entidades del mismo tipo, a las Fundaciones
Feria Apícola de Castilla-La Mancha, Manuel Caballero Bonald, Jorge
Guillén y Museo del Calzado. Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas
también considera integrantes del sector público a aquellas entidades
que, no habiendo percibido aportación alguna de la Administración local,
la casi totalidad de sus ingresos proviene de las subvenciones
otorgadas de la misma.
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