VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha abogado este jueves por realizar
"un importante esfuerzo por compensar y equilibrar el ajuste de
ingresos provenientes del sector público con otras vías de financiación"
que conduzcan a la patronal provincial, "en un futuro no muy lejano, a
una independencia económica real".
Así lo ha señalado en su intervención en la asamblea general
de la CEV, en la se ha presentado la memoria de la organización que
contiene sus presupuestos, tanto la liquidación de 2011, que cerró con
unas pérdidas de 246.414 euros, como el presupuesto de 2012, que recoge
una caída de ingresos del 27 por ciento, hasta 5,5 millones.
Dentro del capítulo de ingresos, las subvenciones descienden
un 31 por ciento, hasta los 4,6 millones de euros, mientras que lo
obtenido por la actividad propia de la CEV cae un 28 por ciento, al
pasar de 7,4 a 5,3 millones de euros.
Por su parte, los gastos caen un 25 por ciento y se sitúan en
5,8 millones de euros, un apartado en el que destaca el aumento en un 56
por ciento de los gastos financieros, la única partida que crece.
En su discurso, facilitado por la organización, Navarro ha
aludido a la "importante reestructuración" realizada por la patronal
para "adaptar su estructura a la nueva realidad económica y
presupuestaria" y poder así "garantizar su viabilidad en el actual
escenario de recortes y deuda acumulada".
Ha destacado, en este sentido, que "las reglas de juego han
cambiado radicalmente" y que el éxito reside en la "capacidad de
adaptación" a esos cambios, para lo que han adoptado medidas como la
clausura de la red de oficinas comarcales e implementado una "mayor
coordinación" con Cepymev, con la que avanzan "por el camino de la
integración", con la Cámara de Comercio, tras fusionar sus comisiones de
turismo y comercio, y con la patronal autonómica Cierval.
Salvador Navarro también ha defendido la formación que
imparten estas organizaciones y ha exigido que, según recoge la
normativa vigente, "los recursos procedentes de la cuota de formación
profesional sean aplicados, en su totalidad, a la financiación de las
distintas iniciativas de formación" y que las responsables de su
ejecución sean las organizaciones empresariales y sindicales.
Siete meses después de acceder al cargo, ha repasado las
prioridades que marcó entonces y ha destacado que la reforma laboral
"contribuye a reducir costes en la empresa y a mejorar su
competitividad" aunque, "por sí misma y en el actual contexto, no creará
empleo ni crecimiento económico".
Al sistema financiero, le reprocha que "sigue siendo la gran
asignatura pendiente y el causante, en gran medida, de la desconfianza
que pesa sobre nuestro país y de las incertidumbres que vivimos en estas
últimas semanas". De hecho, Navarro cree que las "medidas drásticas"
anunciadas por el Gobierno "es el precio que tiene pagar el país por el
rescate de nuestro sistema financiero".
Por eso, espera que ese "importante esfuerzo que se le pide al
país tenga pronto su contraprestación", a través del "saneamiento del
sistema financiero y la apertura de crédito a empresas y familias".
Hasta que llegue ese momento, pide que se articulen "medidas
extraordinarias que permitan a los gobiernos atender sus compromisos de
pago y sus vencimientos" para "evitar los constantes sobresaltos que
genera esta situación de impago, de imposibilidad de financiación y de
bloqueo económico y financiero".
En ese apartado, ha valorado la puesta en marcha del segundo
plan de pago a los proveedores y ha remarcado que están "a la espera de
que el Gobierno confirme una línea ICO de 8.000 millones con el sobrante
de los dos planes anteriores" para destinarla al pago de proveedores de
la administración no incluidos en los dos planes ya ejecutados, entre
los que figuran las organizaciones empresariales.
En cuanto a la adaptación del sector público a esa "nueva
realidad", considera que "poco o nada se ha avanzado" en ese tema y que,
de hecho, "a estas alturas de la crisis, las comunidades autónomas sólo
han suprimido dos de las 600 empresas públicas que se habían
comprometido a liquidar" y que, además del reciente anuncio del
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radio Televisión Valenciana
(TVV), saben "poco" de ese plan de reestructuración.
Sobre este tema, Navarro reivindica que el sector público
"debe reducir todos aquellos costes que sean ineficientes e
improductivos y avalar cada una de las inversiones productivas con un
análisis que justifique el retorno de la inversión" y, en el lado de los
ingresos, "avanzar hacia un modelo de financiación público privado de
sus actividades e inversiones y atajar el fraude fiscal".
A su juicio, "sería un grave error que la atención a los
problemas más acuciantes impida establecer una estrategia a futuro" y,
en este sentido, alude a la "necesaria revisión del sistema de
financiación autonómico" y a la reforma del modelo económico, al tiempo
que aboga por salvaguardar activos como la red de institutos
tecnológicos, las plataformas de ayuda a la internacionalización y la
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana.
