Diego de Ramón pide se investigue si en la CAM se ha producido un vaciamiento patrimonial

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón se ha vuelto a dirigir al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que, ampliando las peticiones de su anterior escrito de solicitud de investigación de determinados aspectos de la gestión en la CAM, fechado en marzo pasado, se averigüe también si se ha producido un eventual vaciamiento patrimonial en detrimento de los fondos sociales a que está obligada por ley.

Para justificar aún más su legitimidad a la hora de solicitar estas pesquisas al órgano supervisor, siempre en aras de la mayor transparencia de los mercados, cita la aprobación por la Comisión Europea, el pasado 3 de abril, del Libro Blanco, "que aspira a facilitar las reclamaciones de daños y perjuicios contra las empresas que han violado las normas de competencia, entre ellas las entidades financieras", (...) por lo que se tendría que informar al Banco Central Europeo de los extremos de mi anterior escrito "ya que el dinero de las cajas de ahorro es un dinero público, dada su única y recta misión de función social".

Este letrado alude a la especial importancia en este caso de las situaciones de riesgo ante la inexistencia del escrutinio del mercado para con las cajas de ahorro; a que "se encuentran en el ojo de la total crisis inmobiliaria" y a que "algunos bancos internacionales y agencias de calificación han sido muy críticos con estas entidades".

Se refiere posteriormente a la progresión de la tasa de morosidad en las cajas, "incluida la Caja de Ahorros del Mediterráneo", y dice que "el volumen de préstamos que ha entrado en mora se eleva a 1.103 millones de euros, un 0,67% del total de su cartera de créditos a promotores, más del doble que hace un año, y siendo significativo que en el crédito con garantía hipotecaria, la morosidad ha subido del 0,41% al 0,72% en el último ejercicio hasta diciembre pasado, siendo de 4.154 millones de euros en el total del conjunto financiero".

Revela a continuación, citando al Fondo Monetario Internacional, que "las tasaciones o precios de las viviendas (...) siguen sobrevaloradas entre el 15% y el 20%, en términos reales y descontada la inflación", según la declaración efectuada por el alto funcionario del Fondo Monetario, don Roberto Cardarelli, quien "coloca a España como uno de los países de mayor riesgo a la hora de afrontar la corrección del sector".

A su juicio, cabe examinar en consecuencia "la venta de activos, de acciones compradas en su día, para obtener liquidez" para ver "si se ha producido la disminución patrimonial de esta Caja y por tanto la merma de depósitos sociales, y cuáles han sido los motivos de este posible vaciamiento patrimonial, sus causas y personas responsables en la dirección en esta escalada hacia abajo de los activos".

Recuerda que, "a todo esto, hay que tener en cuenta que la nueva Ley de Suelo ha depreciado el valor de los activos inmobiliarios y de las financiaciones otorgadas, por lo que en este contexto las cajas van a tener que registrar pérdidas derivadas de este cambio normativo". A su juicio, incluso, "peor escenario se presentará para las cajas de ahorro que cuenten con suelo en propiedad, ya que la aprobación de la citada ley ha supuesto una depreciación de estos activos".

Este letrado, erigido en defensor de los derechos de todos los perceptores sociales de la CAM en calidad de ciudadano de la Unión Europea, pide igualmente que se analicen o evaluen los activos patrimoniales "en cuanto al valor real de dichos bienes inmuebles, por el reajuste de tasaciones (...) con arreglo al mercado actual, al valor de hoy" y se refiere, en concreto, "a los avales que presenta la CAM en sus titulizaciones de las hipotecas contraídas en el mercado crediticio, de cara a la solvencia, hacia el Banco de España y de cara a la concurrencia en las subastas de dinero del Banco Central Europeo".

Expresa De Ramón en su escrito al gobernador, que también cabe esta investigación específica, "por posible concurrencia desleal de cara a otras instituciones bancarias europeas, que cumplen con un grado de solvencia más riguroso o estricta disciplina del mercado financiero".

Igualmente, en este escrito de ampliación de peticiones a Fernández Ordoñez (en la imagen) para una mayor transparencia de la CAM, De Ramón habla de "fuertes contradicciones de esta Caja (...) ante la falta de investigación o evaluación de lo que dice que es cierto, que no lo sabemos, nos tenemos que fiar de lo que dice, puesto que no ha existido un órgano supervisor que informe a la Opinión Pública del estado real de dicha Caja con estos antecedentes dichos".

Y le recuerda que ya se prevé en el acuerdo de Lisboa, del pasado 13 de diciembre, la creación de una Fiscalía europea para "investigar, perseguir, y someter a juicio, a los autores y cómplices de infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, competencias que se podrían ampliar en el futuro a todos los delitos graves de dimensión transfronteriza".

En este sentido, le insta a que se averigüe "el posible contrato blindado de su director general (...) y si está en consonancia con la responsabilidad, en caso de producir daños por él mismo a la Caja, si se corresponde con la reparación económica a la misma", su vigencia, efectividad, y su modo de ejecución, "y si se ha publicitado ante los órganos de dirección, resto de responsables políticos y agentes, como de los propios clientes en su memorando, y si afectaría a costa de posibles beneficios de la merma en las inversiones sociales".

Aprovecha finalmente para que se constate si en el año 2007 se pudieran haber mermado las inversiones sociales por "los créditos concedidos en dicha Caja de Ahorros del Mediterráneo, en cuanto a los doce consejeros, que se le han dado créditos por valor de 21.500.000 euros (...) y en el año 2006 a muchos más consejeros y otras personas en muchisimo más dinero, qué tiempo dejado de carencia y al tipo de interés que se le ha dejado".

El asfixiante poder del (nuevo) Gobierno / José Antonio Zarzalejos

Rodríguez Zapatero, con la confianza del Congreso obtenida en segunda vuelta, quedó hoy investido con una cláusula constitucional de apoderamiento exorbitante (artículos 97 y siguientes de la Constitución) no compensado con una correcta separación de poderes ni con los higiénicos equilibrios de los contrapoderes sociales de distinto y legítimo orden. La conclusión inmediata es que el Gobierno en España —aún ajustándose a la Constitución— dispone de un poder que fagocita a los otros dos del Estado, el legislativo y judicial, y absorbe cualquier forma de vertebración ciudadana que se sitúe al margen de los partidos políticos.

De forma libérrima, sin el control parlamentario de idoneidad que sí existe en otras democracias, Rodríguez Zapatero nombró a los miembros de su Gobierno a los que las leyes no exigen ningún tipo de cualificación para ser titulares de sus respectivos Ministerios ni clase alguna de requisito sea académico, profesional o, simplemente, empírico. Un nombramiento ministerial motivado en la amistad personal y la confianza es formalmente idéntico al que se produce por razones de excelencia intelectual o gestora. El mérito no es aquí y ahora una credencial en política y tenemos ocasión de comprobarlo en algunos casos en la lista del nuevo Gabinete de Rodríguez Zapatero.

No siempre fue así. Los Gobiernos de UCD estuvieron plagados de grandes profesionales de distintos ámbitos y en varios equipos de González se incrustaron figuras de singular altura y dimensión. Aznar llegó a disponer de un banquillo espectacular con suplentes tan brillantes como los titulares. En un determinado momento —seguramente cuando mediaba la segunda legislatura del PP— la política sufrió una significativa y brusca descapitalización y se produjo después una huída hacia los márgenes externos de la vida pública de los grandes personajes de la Transición. Alfonso Guerra es, quizá, el último mohicano de una forma de entender y practicar la política ahora en manos mucho menos expertas, más ideologizadas, y, en cierto modo, más funcionariales.

La expansión de los poderes del Gobierno es extraordinaria y peligrosa. Del Consejo de Ministros sale más del noventa por ciento de la normativa que el Parlamento eleva a ley ordinaria u orgánica; del Ejecutivo salen las instrucciones a su grupo parlamentario que negocia según pautas gubernamentales los nombramientos en el Poder Judicial y —con el concurso de la oposición mayoritaria y las minorías— se configuran sus órganos de Gobierno y el Tribunal Constitucional. De la Moncloa sale también el Fiscal General del Estado y de esa residencia presidencial salen asimismo las indicaciones sobre quienes deben ocupar delicadísimos cargos en los organismos reguladores. Es decir, que Montesquieu, el gran teórico de la separación de poderes, está efectivamente muerto y enterrado aunque la resurrección de su tesis central sería una buena receta para la regeneración democrática.

El problema no es tanto de leyes que limiten el poder del Gobierno como la ausencia de una concepción más democrática y respetuosa del sistema democrático entendido éste no sólo en términos políticos sino también sociales. El Gobierno no sólo dispone de facultades enormes porque las normas se las confieren, sino porque el Ejecutivo es consciente de que —por una inercia histórica— la sociedad española reverencia el poder y muchas de sus elites juegan, incluso, a la adulación de los que lo ostentan. Cuando se dice que en España no existe “sociedad civil” sino estructuras de poder que se superponen a ella, se está aludiendo precisamente a la asfixiante presencia gubernamental en detrimento del protagonismo social en el ámbito empresarial, cultural, mediático y universitario por poner algunos ejemplos.

Instalados en un sistema cerrado y endogámico de partidos y en una preeminencia gubernamental que desertifica a los otros poderes del Estado, la recuperación de una democracia social más auténtica se antoja un objetivo difícil. Y ni Rodríguez Zapatero ni Rajoy han dicho nada al respecto. Han apelado al diálogo, pero a un diálogo entre ellos, no a una interlocución con la sociedad. Que tendría que ser —la crisis económica encima de la mesa, el desastre de la justicia en fase aguda y la cuestión territorial ardiente— la primera preocupación del primer Gobierno de la segunda legislatura del macropresidente Rodríguez Zapatero.