La Generalitat anuncia la creación de la figura del guardia local para los municipios de menos de 5.000 habitantes

VALENCIA.- El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, anunció hoy que la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales incluye la figura del guardia local para los municipios de menos de 5.000 habitantes con el objetivo de "dar respuesta a las demandas de estas localidades en materia de seguridad, que, aunque por ley no tienen obligación de contar con un cuerpo de Policía Local, muchos tienen que crearlo ante la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Serafín Castellano dio a conocer hoy las principales novedades del borrador del Anteproyecto de Ley de Coordinación de Policía Local tras presidir la Comisión de Coordinación, acto en el que aseguró que esta normativa "busca adaptarse a la nueva realidad de la Policía Local y de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana", y además supone dar un "paso de gigante" en la coordinación de este cuerpo, así como "incrementar aun más su prestigio", según informó la Generalitat en un comunicado.

El conseller de Gobernación explicó las funciones del guardia local, que, según recoge la Ley, serán las de custodia y vigilancia de bienes, así como servicios e instalaciones. "Esta figura pretende dar solución a los municipios más pequeños y con menos recursos, que no por ello deben ni pueden quedar desprovistos de efectivos de seguridad", dijo.

Los ayuntamientos podrán crear un máximo de cuatro puestos de guardia local y cuando se supere ese número deberán crear el cuerpo de Policía Local con un mínimo de dos agentes de la escala básica. Además, el borrador de la Ley de Coordinación de Policías Locales contempla una serie de novedades que "mejorarán aspectos laborales y facilitarán la labor que prestan a los ciudadanos en el día a día con medidas que prestigien, todavía más, su trabajo", señaló Castellano.

En este sentido, el conseller de Gobernación afirmó que para dar a las comisarías de la Policía Local el prestigio que merecen, las dependencias policiales pasarán a recibir el nombre de 'Jefatura Superior de Policía Local', y en aquellas grandes ciudades en las que exista más de una, la principal recibirá este nombre y el resto se llamarán 'Unidades de Distrito'.

Otra novedad de la nueva Ley es la creación de una Comisión de Asuntos Internos como "órgano especializado de colaboración" en el "control de la legalidad en el ámbito administrativo" de la actuación de los miembros de la Policía Local. En este sentido, Castellano matizó que esta Comisión "actuará a instancia de la máxima autoridad local del ayuntamiento y llevará a cabo sus funciones desde el respeto al principio constitucional de autonomía municipal".

Por otro lado, esta Ley también contempla la "vigilancia del cumplimiento del código deontológico en las actuaciones de los policías locales". A este respecto, Castellano señaló que en la profesionalización de los agentes "es muy importante la elaboración de un código que regule y establezca mecanismos de buena conducta al igual que sucede con otras profesiones".

El borrador de la nueva ley de Policía local de la Comunitat incluye la ampliación a 35 años para acceder a este Cuerpo, y también prevé que la Generalitat co-participe en los procesos de selección, en concreto en la realización de pruebas físicas a los aspirantes, "que se realizarán en las tres capitales de provincia y con tres convocatorias al año para abaratar costes a los ayuntamientos", señalaron desde Gobernación.

Además, la modificación de la Ley contempla también la puesta en marcha de un nuevo órgano de coordinación, el Consejo de Seguridad Local, formado por la Generalitat y la administración Local, que será el encargado de aprobar planes supramunicipales de coordinación y actuación conjunta en materia de seguridad pública, así como de la aprobación de protocolos de actuación y directrices para la prestación de los servicios públicos que requieran ser coordinados.

El conseller trasladó el borrador de esta Ley tanto a los sindicatos policiales como a los ayuntamientos "para que conozcan todas las novedades que pretenden adaptar a la Policía Local a la realidad actual y prestigiar el trabajo que realiza", así como darle una "cobertura jurídica", y que todos los actores implicados "puedan plantear las propuestas que consideren oportunas", resaltó.

Castellano también aseguró que la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales es "muy importante" para la mejora de la seguridad ciudadana porque "regula" la actuación de los 10.000 policías locales de nuestra Comunitat y "por eso esta modificación se tiene que hacer desde el diálogo, el consenso y la participación de todas las partes implicadas", indicó

El conseller concluyó que la modificación de la ley de Policías Locales "es una muestra más del compromiso del Consell con la seguridad, que busca avanzar en la coordinación y efectividad de los cuerpos de Policía Local, y tiende la mano a los ayuntamientos que están realizando un gran esfuerzo para paliar la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", remarcó.

Castellón aprueba un nuevo plan urbanístico junto a la avenida del Puerto

CASTELLÓN.- El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado definitivamente la puesta en marcha de un nuevo proyecto de desarrollo urbanístico en la ciudad que afecta a la unidad de ejecución 73-UE-R, situada en el Grau de la capital de La Plana.

En concreto, el plan se desarrollará sobre una superficie total de 12.774 metros cuadrados en el Distrito Marítimo, en la zona comprendida entre el Grupo San Pedro y la avenida del Puerto.

Según anunció la teniente de alcalde del Grau, Marta Gallén, "el nuevo desarrollo propiciará la creación de una nueva zona verde de 2.352 metros cuadrados para uso y disfrute de los vecinos y vecinas que residen en el Distrito Marítimo y que será un nuevo espacio puesto a su disposición".

Entre otras dotaciones, el proyecto municipal que permitirá ejecutar la urbanización de la unidad de ejecución, la 73-UE-R también pondrá a disposición de los ciudadanos un total de 3.212 metros cuadrados de equipamientos, mientras que otros 3.666 metros cuadrados se reservarán para habilitar nuevos ejes viarios en la zona, con el fin de mejorar las actuales comunicaciones.

Por lo que se refiere a la puesta en marcha de nuevas unidades de carácter residencial, también se reservará suelo para la edificación de viviendas y, según las previsiones municipales, se desarrollará una edificación en bloque en manzana cerrada y con una altura máxima de siete plantas.

"Esta nueva actuación municipal está encaminada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, así como a generar nuevos espacios de desarrollo económico y nuevas oportunidades de crecimiento para la ciudad", valoró a teniente del alcalde del Distrito Marítimo, quien recordó que, desde el Ayuntamiento de Castellón, "trabajamos de forma diaria y constante para que la capital de La Plana crezca de forma ordenada y coherente, generando nuevos espacios, de acorde con una ciudad grande y en pleno desarrollo".

Gallén recordó a su vez que "este desarrollo era imprescindible para poner en valor una zona muy cercana a desarrollos ya consolidados del Grau, como el Grupo San Pedro" y agregó que la aprobación del desarrollo de dicha unidad "permitirá a los vecinos tener nuevas y mejores dotaciones en su barrio con unas buenas calidades de materiales, alumbrado y ajardinamiento".

Al respecto, Gallén también destacó el "crecimiento" que está experimentando el Grau durante los últimos años con la puesta en marcha de diversos proyectos de desarrollo urbanístico y remodelación de diferentes espacios urbanos ya consolidados.

Leire Pajín gana el congreso socialista de Alicante

VALENCIA.- El PSPV dio por finalizado el sábado su proceso de implantación de la nueva estructura provincial (que ya existía en la práctica totalidad de las federaciones del PSOE) y que supuso el certificado de defunción de la organización comarcal, dice hoy "Las Provincias".

En un principio, se podía pensar que estos congresos servirían para equilibrar el reparto de fuerzas que, en el cónclave en el que Jorge Alarte fue elegido secretario general, quedaron divididas en dos bloques casi iguales.

Sin embargo la última cita, la de Alicante, evidenció una sensación que ya se empezaba a extender a finales de septiembre: que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, es la que tiene la sartén cogida por el mango.

Alarte fue el que pilotó los congresos provinciales de Valencia y Castellón. En el primero, el acuerdo entre las familias saltó por los aires al no lograr, el secretario general del PSPV, resistir a las presiones de los críticos. Algunos atribuyeron el golpe de timón del líder de los socialistas valencianos a un intento de demostrar su poder y autonomía. Como resultado, la dirección del partido en esta circunscripción, liderada por Carmen Martínez dejó fuera a los lermistas y al entorno del otro rival de Alarte, Francesc Romeu: casi la mitad de la formación.

En Castellón el nuevo líder provincial, Francesc Colomer, dio una lección de consenso al incluir a un buen número de alartistas y miembros de la Plataforma Municipalista (afines al ex ministro Jordi Sevilla) en su ejecutiva, y con importantes responsabilidades. Aún así, recibió un importante voto de castigo de su propio sector (el ala dura de los que se enmarcan en el mismo grupo que Ximo Puig) y de descontentos de la plataforma, que no hizo caso de las peticiones de unidad de Alarte.

La implicación del secretario general fue mayor de la que le corresponde en principio, y así lo reconocieron miembros de su ejecutiva, y de los que forman parte de su mismo entorno. Alarte asumió funciones propias de un secretario de Organización en detrimento de la persona que ocupa ese puesto, Elena Martín. Bien porque quería marcar él mismo la línea a seguir, bien porque no se acaba de fiar de su número tres, impuesta por Leire Pajín a cambio de los apoyos recibidos.

Cuando le tocó el turno a Alicante, las dos secretarias de Organización tomaron las riendas del congreso para llevar a Ana Barceló a la secretaría provincial. La capacidad de Alarte quedó tan limitada que tuvo que pelear para que se incluyera en la ejecutiva a alguno de "los suyos", como el portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno.

Y si difícil lo tenían los alartistas para entrar, más aún los lermistas, que quedaron como una representación testimonial. A pesar de ello, la ejecutiva del PSPV de Alicante fue la que más apoyo obtuvo de entre los tres congresos provinciales, e incluso el de país, y con diferencia. Lo que viene a demostrar, o que Pajín tiene mucha más capacidad de convicción que Alarte entre los que no son propios, o que, aunque no convenza, tiene la seguridad de que no va a tener contestación interna.

Son unas conclusiones peligrosas para el secretario general del PSPV, ya que pueden convertirse en dos poderosos argumentos para que la secretaria de Organización del PSOE acabe plantando su rostro en los carteles electorales para los comicios autonómicos en 2011.

Ya lo advertía en las páginas de "Las Provincias" el secretario general del PP de la Comunitat, Ricardo Costa. El dirigente popular está convencido de que Pajín apoyó a Alarte como secretario general del PSPV porque es "la persona más fácil de quitar" como candidato a la presidencia de la Generalitat para ponerse ella.

Por otra parte el portavoz adjunto del PP en Les Corts, Antonio Clemente, también valoró el congreso del PSPV en la provincia de Alicante. En su opinión, la cita fue "una decepción más" para los ciudadanos de la Comunitat, ya que no se habló de los problemas de los alicantinos, como el agua, la financiación, el AVE o la seguridad ciudadana.

En este sentido, consideró que el PSPV está "casi extinguido" tras convertirse en un partido "de pensamiento único" donde Alarte y Pajín son "marionetas" de José Luis Rodríguez Zapatero.

Madrid y Valencia se benefician de la aportación solidaria de Catalunya

BARCELONA.- Mientras ultima una nueva oferta de financiación autonómica, que salvo sorpresas de última hora aún quedará muy lejos de las aspiraciones catalanas, al vicepresidente Pedro Solbes se le acumulan los informes que demuestran las disfunciones del sistema en vigor, dice "El Periódico de Catalunya".

El último, obra de un centro de estudios del propio Ministerio de Economía, revela que la financiación pactada en el 2001 por el Gobierno del PP y CiU desvía parte de la aportación de Catalunya a la solidaridad hacia autonomías tan boyantes como Madrid, Murcia o la Comunidad Valenciana, todas con más crecimiento económico que Catalunya e incrementos de población superiores o similares.

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del ministerio de Solbes, lleva varios años analizando el reparto de los recursos públicos a partir de las liquidaciones anuales del modelo de financiación que realiza Hacienda. Su más reciente trabajo, centrado en la liquidación del 2006, ofrece una interesante perspectiva sobre la evolución de este sistema tras cinco años de aplicación.

Cotejando este estudio con los precedentes, se constata que Catalunya mantiene inalterable su posición como contribuyente neta a la solidaridad interterritorial, con unos ingresos por habitante siempre por debajo de la media. Pero también se advierte que, en cambio, otros territorios con rentas igualmente altas mejoran paulatinamente su financiación per cápita.

Tal es el caso de la Comunidad de Madrid: pese a que en el 2006 su riqueza --el producto interior bruto (PIB) por habitante-- superaba en 2.700 euros la de Catalunya, su financiación per cápita experimentó hasta ese año un crecimento del 41,8%. En ese mismo periodo, del 2002 al 2006, los ingresos por catalán solo aumentaron un 31,7%, diez puntos menos que los de Madrid.

Si los recursos per cápita de Catalunya hubieran crecido igual que los de Madrid, la Generalitat habría ingresado unos 1.200 millones adicionales cada año. Aproximadamente la mitad de las ganancias que, a juicio de CiU, el nuevo sistema de financiación debería proporcionar a Catalunya solo en el 2009.

Esta brecha entre Catalunya y Madrid solo se justificaría si el impacto de la llegada de inmigrantes hubiera sido muy superior en la primera que en la segunda, de modo que, al dividir los ingresos entre el número de habitantes, la cifra catalana se desplomase y se disparase la madrileña. No es el caso.

En los cinco años analizados, el censo catalán aumentó un 9,6% y el madrileño un 8,6%, solo un punto menos. Y en la Comunidad Valenciana, donde la población aumentó más del 11%, los ingresos por habitante crecieron casi un tercio, más que en Catalunya. Otro tanto sucedió en Andalucía (38,4%) y Murcia (37,2%).

¿Por qué al redistribuir los recursos el vigente modelo de financiación premia a autonomías ricas --y por tanto llamadas a ser solidarias--, como Madrid o Valencia, y sin embargo castiga a otra que es contribuyente neta, como Catalunya? El informe del IEF atribuye esta "dispersión en los resultados" a la "negociación bilateral" que cada gobierno autonómico mantuvo con el Ejecutivo del PP en el 2001 para fijar las "garantías de mínimos" y las "reglas de modulación" que determinarían los ingresos de cada comunidad.

En otras palabras, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón arrancó al Estado unas garantías de ingresos que han dado más beneficios a la Comunidad de Madrid que las obtenidas por la Generalitat, con Jordi Pujol de president y Artur Mas de negociador. De entre las autonomías económicamente más dinámicas, solo Baleares sale peor parada.

A resultas de estos pactos, en suma, el actual sistema de financiación impone a los catalanes un doble esfuerzo de solidaridad: de entrada, con los territorios más deprimidos, todos ellos con unos ingresos por habitante más altos que Catalunya; y, al pasar el tiempo, con las comunidades más boyantes, donde la financiación per cápita aumenta significativamente, mientras la catalana sigue por debajo de la media.

Cataluña y Valencia rescatan el corredor mediterráneo de la pasividad de Fomento

BARCELONA.- Se trata de que el Ministerio de Fomento no tenga excusa y se ponga ya a trabajar. El objetivo, convertir el corredor mediterráneo en un verdadero eje ferroviario de Alta Velocidad -segregando el tráfico de pasajeros en una nueva línea desdoblando el trazado actual-, tal y como se comprometió, después de años de negativas, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en la última campaña electoral de las generales, según "Abc".

Con este objetivo, la Generalitat catalana y la valenciana han vuelto a ponerse de acuerdo para elevar al ministerio de Magdalena Álvarez una propuesta de trazado para desdoblar el actual corredor, y solventar al fin el anacronismo que supone el «cuello de botella» que supone el tramo Tarragona-Castellón, una única doble vía, con velocidad máxima de 220 kilómetros hora y compartida por Cercanías, regionales, Euromed y mercancías.

La pretensión de los gobiernos catalán y valenciano -ahora se supone que con el plácet político del Gobierno, aunque sin que ello se haya plasmado aún en iniciativa alguna de Fomento- es que el nuevo trazado (de máximas prestaciones, 350 km/hora) se dedique en exclusiva al tráfico de pasajeros en alta velocidad, mientras que el trazado actual se reserve para el resto de servicios, permitiendo mejorar Cercanías y crear un servicio de regionales entre las dos capitales de provincia.

El secretario de Transportes de la Generalitat, Manel Nadal, concretó que el gobierno catalán ya ha perfilado su alternativa de trazado para el subtramo entre Tarragona y el límite con la provincia de Castellón, que ahora se unirá en un documento conjunto al estudio que ya hizo en su momento el gobierno de Francisco Camps para el subtramo Castellón-límite con Cataluña.

Tramo valenciano: 950 millones

Mientras que el subtramo valenciano -82,4 kilómetros de trazado con un coste en 2007 de 950 millones- evita el sobrecargado corredor litoral buscando el interior de la provincia, en paralelo a la autovía de la Plana , la propuesta para el tramo catalán es más conservadora en cuanto a su dibujo. Según explicó Manel Nadal, la nueva propuesta para la línea AVE aprovecha en gran parte el corredor natural que forman bien la autopista AP-7, bien el actual trazado ferroviario, intentando minimizar el impacto sobre el territorio.

«En el plazo de dos o tres meses los técnicos ya habrán fundido en un único documento el proyecto valenciano y el catalán», concreta Manel Nadal, en un estudio que será en extremo detallado (escala 1: 5.000) y que tendría que valer a Fomento para ponerse ya al tajo. «Cuando tengan el documento ya no habrá excusas para ponerse a la obra», remacha el responsable de Movilidad del gobierno catalán.

Tanto desde Cataluña como desde Valencia se confía en que esta propuesta sea el empujón definitivo a un proyecto considerado clave para el desarrollo económico de las dos comunidades, y por el que llevan presionando tanto ambos gobiernos autónomos como sectores empresariales.

Mientras que los gobiernos Montilla y Camps coordinan estrategias, las cosas en Fomento transcurren mucho más despacio. Desde el ministerio se precisó a este diario que evidentemente que existe el compromiso político para desdoblar el corredor mediterráneo, pero que en ningún momento la vicepresidenta -en aquel entonces en su papel de candidata del PSOE al Congreso por Castellón- habló de calendario alguno.

La secretaria de Estado de Infraestructuras, Josefina Cruz, aseguró el mes pasado en la comisión de Fomento del Congreso que durante 2009 se va a dar inicio a la redacción del estudio de trazado, el mismo estudio por cierto que ahora le remitirán los gobiernos catalán y valenciano. Por primera vez, en los presupuestos de 2009 se han consignado dos partidas que suman 300.000 euros para estudios sobre el corredor.

En paralelo, Fomento recuerda que sigue trabajando para que este corredor se incluya como obra prioritaria dentro de las Redes de Transporte Transeuropeo de la Unión Europea -lo que garantizaría financiación comunitaria-, y para lo que ya existe el compromiso verbal del comisario de Transportes.