martes, 31 de julio de 2012

Cataluña, Valencia y C-LM, las CCAA que más se podrán endeudar respecto a su PIB regional

MADRID.-   Las comunidades de Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha son las que más se podrán endeudar en cuanto a su PIB regional, tras aprobarse las cifras de deuda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los votos en contra de Asturias y Canarias y la ausencia de Cataluña y Andalucía.

   El ranking lo lidera Cataluña, con un endeudamiento del 22,81% de su PIB (45.149 millones de euros) para este año y del 23,6% (47.279 millones de euros) para el próximo año.
   La Comunidad Valenciana, por su parte, tendrá para este año un techo de gasto del 22,18% de su PIB (22.560 millones de euros) y del 23% para el próximo (23.721 millones de euros), mientras que el de Castilla-La Mancha será del 20,43% (7.668 millones de euros) y del 21,4% (8.139 millones de euros) para 2013.
   Por debajo de estas cifras quedan Baleares --con el 18,37% en 2012 y el 19,2% para 2013--, Navarra --14,77% este curso y 15,5% el siguiente--, y Galicia --14,31% para este año y 15,4% para el próximo--.
   En la cola de la lista se sitúa Madrid, con un techo del 9,87% para este año y de 10,7% para el próximo, precedida del País Vasco (el 10,19% en 2012 y el 11% en 2013) y Canarias (el 10,98% para este curso y el 12,1% para el siguiente).
   Andalucía tendrá un techo de gasto para este año del 12,07% de su PIB este año y del 13,2% para el siguiente; Aragón un límite del 11,91% del PIB en 2012 y del 12,9% en 2013; y Asturias del 11,28% este curso y del 12,4% en el próximo.
   Finalmente, las cifras de Castilla y León son del 11,99% para este año y del 13,1% para el próximo; las de Extremadura de 13,02% para 2012 y 15,1% para 2013; La Rioja de 13,02% para este curso y de 14,1% para el próximo; y Murcia de 12,55% y de 13,6%, respectivamente.

Fabra no comparte la revisión del Estado de las Autonomías y cree que "es y ha sido positivo"

MADRID.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este martes que está "convencido" de que el Estado de la autonomías "es y ha sido positivo" por lo que no cree que tenga que ser revisado, pero ha señalado que es necesario "seguir trabajando para que siga generando esos frutos y ese bienestar" con "mucha responsabilidad".

   En declaraciones a la Cadena Cope, el presidente valenciano no ha compartido la visión de su homóloga madrileña, Esperanza Aguirre, sobre la reforma del Estado de las autonomías, pues asegura que está "muy satisfecho con lo que en su día se hizo para poder transferir a los distintos territorios españoles una serie de competencias" que las comunidades autónomas han ido desarrollando "de una forma acertada y generando bienestar a los ciudadanos".
 "El coste es el mismo. Da igual que lo haga el Estado central que las comunidades", ha apostillado.
   No obstante, ha reconocido que en los últimos años la preocupación ha venido por la caída de ingresos y el incremento de las competencias. Por ello, ha subrayado que "no es un problema de quien lo haga", sino de "ser más eficaces y reclamar la financiación" que las autonomías consideran "justa" para poder afrontar "adecuadamente las necesidades de los ciudadanos".
   A su juicio, entiende que todas las comunidades autónomas están "en la línea de lo marcado por el presidente del Gobierno", que es "dar credibilidad a los mercados exteriores" reduciendo el déficit y trabajando todas las autonomías en conjunto "para salir cuanto antes de la situación actual".
   Sobre la situación concreta de la Comunitat y el cumplimiento de los objetivos de déficit, Fabra ha manifestado que en el segundo trimestre los datos han sido "mucho mejores".
 "En un año hemos obtenido un ahorro de 2.000 millones de euros. Creo que el esfuerzo que hemos hecho es importante y vamos a seguir haciéndolo", ha apostillado.
   El dirigente autonómico ha avanzado que entre sus planes no entra el cierre de la televisión autonómica, "fundamental" para la Comunitat al tener lengua propia, pero sí ha dicho que se realizará un ERE porque "no puede ser" que haya un elemento dentro de la misma administración que "genere un gasto excesivo, desproporcionado y evite que se puedan mantener otro tipo de servicios para los ciudadanos".
   Tampoco tiene en mente cerrar el aeropuerto de Castellón porque es una instalación que "ya está hecha" y que "es positiva para los intereses de la comunidad en una provincia que tienen en el sector turístico una de sus esperanzas".
   Sin embargo, ha insistido en que es necesario hacer un plan de viabilidad "que se tiene que cumplir y tener garantizada la utilización por parte del aeropuerto de un importante número de vuelos". "Hasta que eso no se garantice no se pondrá en marcha. Estamos trabajando en ello", ha zanjado.
   Al ser preguntado por la reducción del número de diputados autonómicos, Fabra ha mantenido que en estos momentos hay que dar "ejemplo a los ciudadanos" y "ajustar la Administración para que pueda ser asimilable". Por ello, entiende que es necesario que el Ministerio de Administraciones Públicas haga un estudio para asignar competencias y evitar duplicidades.
   "En los últimos años, hemos hecho un Estado de las autonomías y el resto de las administraciones donde todos queríamos presumir de que hacíamos muchas más cosas de las que debíamos o de las que teníamos competencias, y lo que tenemos que hacer ahora es un mapa de competencias donde cada uno tenga que hacer una cosa que no se vea afectada por lo que haga otra administración para ser eficaces", ha opinado.
   Fabra ha negado que la Comunitat Valenciana haya tenido que pedir el rescate y ha precisado que lo que ha hecho ha sido acogerse a un "instrumento" puesto en marcha por el Gobierno como se acogió en su día al pago de proveedores. "No sé por qué ha habido tanto empeño en querer decir que si había intervención o rescate a ciertas comunidades. Nos hemos adherido a un instrumento como en otras ocasiones", ha agregado.
   El presidente no ha especificado cuánto dinero pedirá esta autonomía al Gobierno --en cualquier caso será una cantidad "que haga frente" a los compromisos ya adquiridos-- y ha dicho que en cierta medida también depende del número de autonomías que se sumen al Fondo, que augura que serán más de las tres actuales (Cataluña, Valencia y Murcia). "Los problemas de tesorería los tenemos varias comunidades", ha dicho.
   Finalmente, ha hecho alusión al ultimátum que ha dado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los ex altos cargos que cobran dos sueldos. Desde su punto de vista, el percibir este dinero por partida doble es "inaceptable", especialmente en "momentos de dificultades".
 "Tenemos que ser ejemplarizantes y no es de recibo que haya personas que estén cobrando dos sueldos de las administraciones", ha concluido.

La Generalitat despedirá a más de 160 trabajadores de Cacsa, el 50% de su plantilla

VALENCIA.- La Generalitat valenciana despedirá a aproximadamente el 50 por ciento de la plantilla de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), que está formada por 325 trabajadores, por lo que los empleados afectados serán algo más de 160. 

   La dirección general de Cacsa ha comunicado al comité de empresa el inicio del despido colectivo que afectará aproximadamente al 50 por ciento de su plantilla, formada por 325 trabajadores, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
   Ante la "difícil" situación económica, el Consejo de Administración de Cacsa aprobó en reunión celebrada el 11 de junio de 2012 el inicio de la tramitación del despido colectivo con el objeto de reducir costes y recortar las pérdidas. El objetivo es ir "nivelando los ingresos y gastos para tener menos dependencia de la administración".
   Este ajuste de personal, según la Generalitat, "obedece a causas económicas, procedentes de la disminución de asignación presupuestaria y el descenso generalizado en el volumen de ingresos de la empresa, provocados ambos por la coyuntura económica global, y a causas organizativas ante la necesidad de adaptar los recursos a la situación actual".
   Desde el año 2010, Cacsa lleva aplicando una política de restricción de gastos y ha puesto en marcha, entre otras muchas medidas, un plan de saneamiento para reducir los gastos de funcionamiento de la sociedad.
   Sin embargo, estas actuaciones han resultado "insuficientes" por lo que se ve "en la necesidad de aplicar otras medidas de austeridad más allá de las ya adoptadas y que pasan por reajustar la plantilla, cuyo gasto supone el 25 por ciento del presupuesto de la sociedad", ha asegurado el Consell.
   Según la Generalitat, con la adopción de esta medida "se obtendrá una mejora en la organización de los recursos humanos de la empresa, atendiendo a las necesidades actuales". Asimismo, ha indicad que el inicio de este procedimiento "permitirá normalizar en parte la situación de la empresa, ayudará a equilibrar su estructura de costes y obtendrá una estructura organizativa aligerada, acorde con el nivel de actividad, más saneada y en mejores condiciones".
   En cualquier caso, la Ciudad de las Artes y las Ciencias garantiza "su compromiso por seguir realizando su labor y ofreciendo sus contenidos con el máximo nivel de calidad y excelencia, tal y como ha hecho a lo largo de estos años en los que ha conseguido consolidarse como emblema de la Comunitat Valenciana".
   De mutuo acuerdo, las partes han establecido iniciar el periodo de consultas el día 6 de agosto en aras a alcanzar "un acuerdo satisfactorio" para ambas partes.

Císcar no tiene "ningún temor" de que la Comunitat pueda ser rescatada

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, ha asegurado que la adhesión de la Comunitat Valenciana al fondo de liquidez autonómico no supondrá "nuevas medidas que impliquen más sacrificios para los ciudadanos". Asimismo, ha destacado que en el Gobierno valenciano no tienen "ningún temor" de que la Comunitat pueda ser rescatada. 

   El también conseller de Presidencia ha explicado que el Consell ha pedido adherirse al fondo de liquidez "porque nos da seguridad y garantías". Al respecto, ha explicado que todas las comunidades tienen vencimientos de deuda hasta final de año y, en este sentido, "poder disponer de un fondo al que nos podemos acoger evita que las comunidades tengamos que competir entre sí en el mercado de deuda".
   Además, ha indicado que las condiciones financieras que ofrece el Tesoro "siempre van a ser mejores que las que nos pueda dar cualquier entidad de crédito o el mercado de deuda". Císcar ha recordado que el fondo tiene un máximo establecido en 18.000 millones de euros y, a la hora de solicitar una cantidad precisa, el Consell tendrá en cuenta el número de comunidades que se adhieran.
   "En función de eso sabremos más o menos de cuánto podemos disponer cada una de las comunidades", ha explicado el vicepresidente, quien, no obstante, ha asegurado desde las 'conselleries' de Hacienda y de Economía están "cuantificando las necesidades" de la Comunitat. Respecto a cuánto haría falta, ha asegurado que entre 2.000 y 2.500 millones de euros para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año.
   Preguntado por si la adhesión a este fondo supondrá aplicar nuevos ajustes, Císcar ha respondido que el decreto ley que regula el mecanismo de liquidez "no menciona para nada nuevos ajustes para los ciudadanos". 
"Lo único que se nos va a pedir, como es lógico, es que cumplamos con el plan de reequilibrio económico-financiero que presentamos en el mes de abril", ha dicho al respecto.
   El conseller ha explicado que la finalidad de este plan es cumplir con el objetivo de déficit establecido en el 1,5 por ciento. Para ello, ha asegurado que no harán falta nuevos recortes, sino solo "desarrollar los ya aprobados en el pleno del Consell en abril". Así, ha subrayado: "no van a ser necesarios nuevos acuerdos con nuevas medidas que impliquen más sacrificios para los ciudadanos".
   Císcar ha hecho hincapié en que el Consell no tiene "ningún temor" de que la Comunitat Valenciana vaya a ser rescatada, ya que "sabemos que vamos a cumplir con el objetivo de déficit y cumpliendo con ello nadie, absolutamente nadie, puede cuestionar la acción del Gobierno".
   Inquirido sobre las protestas en la calle y por si cree que se incrementarán en los próximos meses, ha dicho que desde el Consell entienden el "malestar" de los ciudadanos. Pero ha asegurado que las distintas administraciones tienen que realizar ajustes "no porque queramos hacerlo; lo tenemos que hacer por responsabilidad, no hay elección".
   "Tenemos que reducir el déficit público sí o sí, porque si no conseguimos acabar con el déficit público, difícilmente vamos a salir de la crisis económica", ha subrayado. Asimismo, ha indicado que en 2011 el conjunto de las administraciones públicas gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron "y eso no lo podemos sostener".
   El titular de Presidencia también ha destacado que los ciudadanos deben ser conscientes de que "el esfuerzo y sacrificios que están haciendo no son en balde, sino que van a servir para salir de la crisis", porque "lo que hoy resulta duro, es el bienestar de mañana". 
"Lo que estamos protegiendo con todo esto es la sociedad del bienestar tal y como la conocemos", ha resaltado.
   Por otro lado, ha subrayado que la imagen que en estos momentos se tiene de la Comunitat "no se corresponde con la realidad de lo que es esta comunidad", que la ha calificado como "una tierra emprendedora, que todos los días se levanta, se pone en marcha, trabaja y tiene cosas muy positivas".
   José Císcar ha lamentado que "algunos se empeñan en destacar cuestiones que son negativas" y, en esta línea, se ha mostrado convencido de que existe "algún interés, incluso económico, fuera de la Comunitat para que la imagen de esta comunidad este dañada".
   "La Comunitat Valenciana es muy potente en muchos aspectos, en el industrial, en el turistico, con sus exportaciones. Económicamente tenemos unas condiciones que para otros son envidiables", ha manifestado.
   El vicepresidente valenciano cree que para mejorar la imagen de la Comunitat "lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos todos de que lo que tenemos es mucho más importante de lo que nos quieren hacer ver". A su juicio, "necesitamos un poco de autoestima", así como "remar todos en la misma dirección".
   Císcar ha instado a "trabajar, esforzarnos, porque estamos preparados como el que más para salir de la crisis", y ha aseverado que "si lo hacemos así, si vamos todos de la mano, si remamos todos juntos, si existe corresponsabilidad, vamos a ser los primeros en salir de la crisis".

Un 67,4% de los trabajadores de la EMT acepta reducirse un 8,66% el salario para frenar el ERE

VALENCIA.- Un 67,4 por ciento de los trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia ha votado a favor de la propuesta planteada por la dirección de reducirse un 8,66 por ciento el salario durante 2012 y 2013 para, de ese modo, frenar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a 209 empleados.

   Según han informado hoy fuentes conocedoras del proceso, un 30,39 por ciento de los empleados se pronunciaron en contra, mientras que se registraron un 1,82 por ciento de votos en blanco y un 0,39 por ciento de pronunciamientos nulos.
   Los más de 1.500 trabajadores de la EMT tuvieron este lunes una cita con las urnas para expresar su opinión sobre el preacuerdo alcanzado el pasado jueves entre la dirección de la empresa y los representantes sindicales para la firma de un nuevo convenio colectivo con vigencia para los dos próximos años.
   La votación, que se ha desarrollado hasta las 0.00 horas de este martes, era considerada por la dirección "un factor determinante para el futuro de la empresa" dado que, de ser aprobada por mayoría esa propuesta, permitiría paralizar el ERE iniciado el 6 de julio y evitar así el despido de 209 trabajadores.
   Los empleados acudieron durante toda la jornada de forma escalonada a las diversas sedes de la entidad --oficinas centrales, depósito norte y depósito sur-- para votar esa propuesta que, según explicó el presidente del comité de empresa, Vicente Moreno, contempla la reducción en un 8,66 por ciento de la masa salarial durante este año y el que viene.
   En concreto, la bajada del 7,14 por ciento viene establecida en el decreto del Gobierno central de ajustes a los trabajadores públicos, mientras que el 1,52 por ciento restante corresponde a una reducción complementaria planteada por la dirección de la EMT.

Johnson: "La alternancia con Cataluña es el guión en el que se sigue trabajando"

VALENCIA.-   La consellera de Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat valenciana, Lola Johnson, ha asegurado que la alternancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña para celebrar un año cada una un gran premio de Fórmula 1 es "el guión en el que se sigue trabajando". 

   La representante del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre las negociaciones sobre la prueba automovilística después de que el magnate de al Fórmula 1, Bernie Ecclestone, haya anunciado que el próximo año Valencia no acogerá la carrera y la sustituirá en el calendario Nueva Jersey.
   Al respecto, la consellera ha explicado que en la actualidad "la situación es la misma que ya se conoce y en la que se viene trabajando en los últimos meses".
   "Desde el Gobierno de la Generalitat una de las propuestas era la alternancia que permitiera que en España se celebre un gran premio y que nos permitiera mantenernos en el calendario de la Fórmula 1 pero de una manera mucho más asequible y ese es el punto en el que nos encontramos y continuamos negociando esa nueva situación a la que tendrían que acoplarse, tanto el Gran Premio de la Comunitat, como el de Cataluña", ha señalado.  
   "La alterancia con Cataluña --ha proseguido-- es el guión en el que se sigue trabajando porque respondía a que, dentro del calendario, hubiera un gran premio que se celebrara en España". En la misma línea, Johnson ha insistido en que ésta es "la opción en la que se está trabajando, una opción que contemple un gran premio en España".
   "Que no es una situación fácil de resolver --ha advertido-- y ahí entran desde negociaciones de calendarios, de precio etc". 
"En sí la idea de la alternancia es clara y ahora es en el resto de condicionantes de esa situación en lo que se está trabajando", ha concluido.

Un juez ordena retirar el título de alcalde honorífico a Franco al Ayuntamiento de Valencia

VALENCIA.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Valencia ha ordenado al Ayuntamiento de la ciudad llevar a cabo las actuaciones necesarias para retirar el título de alcalde honorífico al general Francisco Franco y deja sin efecto el acuerdo adoptado por el pleno municipal el pasado 29 de julio de 2011.

   De esta manera, el juez, en una sentencia dictada este martes,  estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el portavoz del grupo municipal Compromís, Joan Ribó, contra el acuerdo del pleno del 29 de julio del año pasado que rechazó una moción de la coalición en la que proponía retirar el título de alcalde honorífico de la ciudad de Valencia al dictador.
   Compromís, en su escrito de demanda, recordaba que el 1 de mayo de 1939, la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Valencia acordó nombrar a Franco alcalde honorario de esta ciudad, pero destacaba que "33 años después de la promulgación de la Constitución Española, mantener esa distinción a favor del máximo responsable de la sublevación militar y posterior dictadura, atenta claramente contra el ordenamiento jurídico".
   Asimismo, el grupo municipal añadía que la retirada del título de alcalde honorario se encuentra dentro de los casos de aplicación del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica.
   Por su parte, la representación procesal del Ayuntamiento se opuso a la demanda, alegando la inadmisibilidad del recurso por estar ante una actuación "no susceptible de impugnación, al ser la moción una iniciativa de impulso y orientación política".
   Por otra parte, el consistorio aducía que el pleito "carece de objeto", dado que "con la muerte de quien fue nombrado alcalde honorario se extinguió su personalidad civil y el derecho honorífico que se le concedió". Por último, alegó que no es de aplicación al caso el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.
   El juez, en la sentencia, señala que la Ley de Memoria Histórica dispone que las previsiones contenidas en la norma "son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España". Por ello, el magistrado considera que debe ser rechazada la pretensión de inadmisibilidad.
   Asimismo, indica que la misma ley establece que las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
   El juez añade que "aún siendo cierto" que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica "viene referido a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, y que el acuerdo impugnado consistió en la no aceptación de la propuesta de retirada del título de Alcalde honorario a Francisco Franco", también lo es que esa retirada "ha de ser incardinada en los supuestos contemplados" en el mismo artículo "por cuanto que quien ostenta aquél título no accedió a la Jefatura del Estado por las vías democráticas".
   Además, subraya que el mantenimiento de la mención honorífica concedida por el Ayuntamiento de Valencia al general Franco "resulta incompatible con la voluntad del legislador constituyente de 1978, proclamada en el preámbulo de la Constitución", de establecer "una sociedad democrática avanzada".
   También es "incompatible" con el artículo 1.1 de esta carta magna, en el que se refiere que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
   Por su parte, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha anunciado en un comunicado que, aunque cabe recurso contra la sentencia, desde el Ayuntamiento no se apelará, "dado que el único motivo para no llevar a cabo la recisión de dicho título era que se consideró en su momento innecesario". Por lo tanto "se procederá a cumplir la sentencia en los términos que se indiquen, sin más", ha asegurado.
   Grau ha indicado que en la sentencia se especifica que "la única razón", para no retirar dicho título en su momento, "fue que tanto el Ayuntamiento como el Consejo Jurídico Consultivo que fue consultado sobre este asunto, entendían que con la muerte del dictador se extinguía totalmente su personalidad civil y el derecho honorífico que se le concedió, y por tanto no cabía suprimir dicho título, por lo tanto no se retiró por dicha razón".
   "Estas eran las únicas razones por las que entendíamos que no procedía tomar el acuerdo", ha resaltado Alfonso Grau, quien ha destacado que, no obstante, "dado que el juzgado estima que hay que tomarlo, por supuesto que acataremos la sentencia y procederemos a realizar las actuaciones necesarias para retirar el título tan pronto como el expediente esté concluido".

El CPFF aprueba un límite de deuda de las CC.AA. del 15,1% del PIB nacional para 2012 y del 16% para 2013

MADRID.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado, con el voto en contra de Asturias y Canarias y la ausencia de Cataluña y Andalucía, un objetivo de deuda sobre el PIB nacional para el conjunto de las comunidades autónomas del 15,1% en 2012 y del 16% en 2013, según informó en rueda de prensa el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

   Estos niveles se han desglosado además en objetivos de deuda sobre el PIB regional individuales para cada comunidad autónoma. Además, las comunidades han fijado los objetivos de déficit individuales para 2013, que coinciden con el objetivo común del 0,7% del PIB fijado para el próximo año.
   Para calcular este objetivo de deuda se ha tomado como referencia el nivel de endeudamiento en términos absolutos al cierre de 2011, así como los objetivos de déficit para estos años y las liquidaciones negativas aplazadas de 2008 y 2009.
   Beteta ha resaltado que esta fórmula para calcular los límites de deuda sobre el PIB es "idéntica" para todas las comunidades con lo que no ha habido ningún "agravio comparativo", como han criticado las comunidades 'díscolas' a la salida del CPFF.
   Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha echado en cara a estas comunidades autónomas que el Gobierno "está colaborando" con todas las comunidades para que no tengan escasez de liquidez. "Lo estamos haciendo sin ningún tipo de discriminación", añadió.
   En este punto, Montoro desveló que, por ejemplo, Andalucía acudió la pasada semana a la línea ICO Vencimiento para financiar el vencimiento de una parte de su deuda. Este es el caso, dijo, de otras comunidades, por lo que pidió tanto a andaluces como catalanes que hagan un "ejercicio de transparencia". Asimismo, Beteta echó en cara a estas comunidades que el Estado ya les ha apoyado por la vía del Plan de Pago a Proveedores.
   Por su parte, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha explicado que la deuda pública va pareja al déficit y que ésta "es útil si se puede gastar", a lo que ha añadido que "los objetivos de déficit son los que son" y que, por tanto, "no pudiendo superarlos esos cualquier capacidad adicional es inútil".
   Así pues, el CPFF ha estado marcado por el plante de Cataluña y Andalucía al Gobierno al no estar de acuerdo con las exigencias de déficit y de endeudamiento. Al respecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha indicado en rueda de prensa que estas ausencias "son lo de menos" y que los puntos del día se han aprobado con una "mayoría aplastante".
   Ahora bien, Montoro ha indicado que "es el momento de comprometerse con el déficit público" y pidió a estas comunidades que expliquen "cómo se les está ayudando", por ejemplo, a través del ICO. "Hay que dejarse de poses políticas", insistió.
   Preguntado por posibles represalias contra Cataluña o Andalucía, Montoro respondió: "Lo que vamos a hacer es cumplir la Ley de Estabilidad con todos. El cumplimiento de la Ley está por encima de los resultados del CPFF",.
   Asimismo, Montoro no se mostró preocupado por que alguna comunidad autónoma pueda poner en riesgo el cumplimiento del déficit, ya que "a todas les conviene (cumplir) para ganar credibilidad". "No estoy preocupado por posiciones políticas puras y duras", apostilló.