Estos datos sitúan la autonomía en la tercera del país en esta
estadística, por detrás de Cataluña, con un total de 12.075, y
Andalucía, y por delante de Madrid, con 5.346.
La mayor parte de esos 5.478 concursos presentados el pasado año, un
total de 4.471, corresponde a personas naturales sin actividad
empresarial, que crecieron un 133,6% respecto a los 1.914 de 2022.
Los concursos de personas jurídicas sumaron 714, por lo que bajaron
un 30,3% en relación al año anterior, mientras que los de personas
naturales empresarios, 293, sufrieron un descenso interanual del 11,7%,
respecto a los 332 registrados entre enero y diciembre de 2022.
Por provincias, en la de Valencia se presentaron un total de 2.907
concursos en 2023 frente a los 1.865 de 2022. En Alicante fueron 2.033,
cuando un año antes ascendieron a 1.025, y en la de Castellón se
registraron 538 por los 380 de 2022.
Por otro lado, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la
Comunitat Valenciana durante el año 2023 fue de 3.100, un 25,5% menos
que las 4.161 de 2022. En términos absolutos Andalucía fue el territorio
donde se presentaron más (4.551), seguido por Cataluña (3.457), la
Comunitat Valenciana, Madrid (2.036) y Castilla-La Mancha (962).
En términos relativos, la Comunitat lidera la estadística, pues
registró 59,4 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes,
seguida de la región de Murcia, con 56,2. Por provincias, se presentaron
1.497 en Alicante, 1.302 en Valencia y 301 en Castellón.
Por su parte, el número de lanzamientos practicados durante el
ejercicio analizado en la Comunitat Valenciana ascendió a 3.869, lo que
supone una bajada del 30,8% frente a los 5.594 que se llevaron a cabo el
año anterior.
Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo
viviendas y, en el caso de éstas, no solo a la vivienda habitual. Del
total de los practicados, 2.673 fueron consecuencia de procedimientos
derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es, un 23,9%
menos que en 2022, cuando se produjeron 3.511.
Otros 1.049 se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que
significa una reducción interanual del 44,8% respecto a los 1.902 de
2022. Los 147 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas y
descendieron un 18,8%.
La Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía del país con mayor
número de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias de todo
el país, precedida por Cataluña, con 1.264, y Andalucía, con 1.135.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos
derivados de la LAU, la clasificación la encabeza Cataluña, con 5.158;
seguida por Andalucía, con 2.961, y la Comunitat Valenciana. Por
provincias, en la de Alicante los lanzamientos practicados fueron 1.665,
1.799 se registraron en la provincia de Valencia y 405 en la de
Castellón.
Por otro lado, en 2023 se registraron en los Juzgados de lo Social
valencianos 17.590 demandas por despidos, un 29,9% más que las 13.543 de
un año antes. Por provincias, en la de Valencia se presentaron 10.207
demandas por despido y en la de Alicante, 5.728. Las restantes 1.655 se
registraron ante los órganos judiciales de la provincia de Castellón.
Además, se contabilizaron en esta jurisdicción 12.617 reclamaciones
de cantidad, lo que implica un incremento interanual del 19,3%, ya que
en 2022 la cifra ascendió a 10.580. De ellas, 6.854 se presentaron en la
provincia de Valencia, 4.277 en la de Alicante; y 1.486 en Castellón.
Por su parte, los procedimientos monitorios presentados entre enero y
diciembre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y los de Primera
Instancia e Instrucción de la Comunitat Valenciana ascendieron a
121.657, un 10,3% más que en el año anterior, en el que la cifra se
situó en 110.314.
Del total, 62.365 se presentaron en la provincia de Valencia, 46.021
en la de Alicante y 13.271 en la de Castellón. Este tipo de
procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas,
determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en
concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles
urbanos.
Además, en el periodo analizado ingresaron en los juzgados
valencianos especializados un total de 9.441 demandas por las
denominadas cláusulas suelo, un 25,4% más que las 7.528 de un año antes.
Las sentencias por estos procedimientos, en cambio, han bajado un
34,9%, al pasar de 10.357 en 2022 a 6.741 el año pasado.
De la cifra total autonómica, 3.585 demandas por cláusulas
corresponden a la provincia de Alicante, 2.637 a la de Castellón y los
restantes 3.219 a la provincia de Valencia.
Por otro lado, durante 2023 ingresaron en los órganos judiciales
valencianos 379 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal
de viviendas, diez menos que un año antes, lo que equivale a un descenso
en términos porcentuales del 2,6%.
Estos procedimientos civiles se refieren a aquellos casos en los que
los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o
entidades públicas poseedoras de vivienda social, que se ven privados de
la posesión de la vivienda.
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía del país en esta
estadística, por detrás de Cataluña, con 445 casos, y Andalucía, con
424. Por provincias, 219 se registraron en la de Alicante, 122 en la de
Valencia y los restantes 38 lo hicieron en la provincia de Castellón.
