Los jueces decanos y el CGPJ también piden más medios para luchar contra la corrupción

MADRID.-   Los jueces decanos de España se han adherido al acuerdo adoptado el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para reclamar más medios materiales y personales en la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y las causas de "especial relevancia social". 

   En un comunicado difundido este miércoles, los jueces decanos manifiestan su intención de desempeñar su trabajo "responsablemente y en las debidas condiciones" y aseguran que algunas de las deficiencias que presentan actualmente los juzgados y tribunales españoles se podrían resolver "de manera inmediata".

   "Son los jueces y fiscales quienes investigan los asuntos relacionados con la corrupción y, por tanto, las medidas más eficaces son aquellas que se dirigen a apoyar y facilitar su trabajo", afirman en un comunicado en el que señalan que no es posible llevar a cabo "una investigación seria y rigurosa" sin funcionarios, policías y peritos especializados.

   En concreto, los jueces decanos piden medidas de refuerzo al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. "El problema es que, o no llegan, o lo hacen demasiado tarde", aseguran.

   Entre las medidas necesarias apuntan el nombramiento inmediato de jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos (peritos de la Hacienda Pública, Banco de España, Intervención General del Estado) y la creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses. También destacan la necesidad de adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez.

   A su juicio, no parece que exista una especial sensibilidad hacia estos problemas, "cuando precisamente hace unas semanas se ha aprobado una norma que ha suprimido el llamamiento de jueces sustitutos, que son quienes venían llevando tales funciones de apoyo y refuerzo en los juzgados y tribunales".

El CGPJ pide información los TSJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha pedido hoy a todos los tribunales superiores de justicia autonómicos que entreguen toda la información referentes a casos de corrupción para agilizar los procedimientos en marcha.
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa posterior al debate que el Consejo ha realizado hoy sobre un informe opuesto a la reforma de este órgano propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Previo al debate, Moliner ha informado al Consejo de la comunicación realizada a los presidentes de los tribunales regionales, y anunciada en el último pleno, con el fin de que éstos ofrezcan "una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica", ha explicado Bravo.
La portavoz ha indicado que esta iniciativa fue adoptada por Moliner desde el respeto a la independencia del poder judicial y a la función jurisdiccional de los jueces en sus juzgados.
No obstante, el Consejo solicita esta información, ha comentado Bravo, "conscientes en estos momentos de la preocupación de la ciudadanía dada la proliferación de asuntos relacionados con corrupción política y económica".
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Bravo ha expresado que de esta manera el poder judicial quiere dar un mensaje de compromiso con la sociedad porque es "el último garante del sistema democrático".
Moliner, ha señalado Bravo, ha resaltado en el pleno la importancia de mostrar a los jueces el apoyo del Consejo desde todos los puntos de vista.
Una vez realizado el diagnostico de la situación, el presidente del CGPJ se comprometido a hablar con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia", ha concluido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.

Urdangarin y Torres no pagan la fianza de 8,2 millones de euros

PALMA DE MALLORCA.- Tras cinco días de plazo otorgados por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el Duque de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han abonado finalmente la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros que el magistrado les impuso en el marco de estas pesquisas. Los dos imputados tenían hasta esta medianoche para poder hacer frente al pago de la cuantía decretada la pasada semana.

   De esta forma, si bien en la mañana de mañana jueves se efectuará una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de guardia de la capital balear, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la caución fijada por el magistrado.

   Una vez comprobado su valor se procedería a su embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que ni Urdangarin ni Torres señalasen bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.

   Tal y como ya indicó el juez, entre los bienes se verán afectadas las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en las empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad Urdangarin comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.

   En cualquier caso, fuentes judiciales han precisado que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.

   Tanto Urdangarin como Torres han recurrido el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denuncia haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, lo que ha puesto de manifiesto "a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

   Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.

   En su auto de responsabilidad civil, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.

   En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".

   De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".

   Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".

   En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

   Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global solicitada).

Bankia y los sindicatos alcanzan un preacuerdo sobre el ERE

MADRID.- Los representantes de los trabajadores de la nacionalizada Bankia y la dirección del banco alcanzaron el miércoles un preacuerdo sobre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que reducirá la cifra final de afectados y en el que priman las bajas voluntarias.

"En el día de hoy se ha alcanzado un acuerdo entre la representación sindical presente en Bankia y la dirección de la empresa sobre el Expediente de Regulación de Empleo que finalmente afectará a 4.500 personas, 400 menos de las que proponía la dirección de la empresa", dijo CCOO en una nota de prensa.

La Federación de servicios de UGT explicó en un comunicado posterior que un 39 por ciento de los afectados por el ERE, ó 1.700 personas, se podrían acoger a prejubilaciones voluntarias a partir de los 54 años, mientras que el resto serían bajas incentivadas atendiendo a la voluntariedad, la edad y la posible recolocación.

Los sindicatos de Bankia y Banco de Valencia desconvocaron el martes por la tarde una huelga inicialmente prevista para el miércoles ante los avances sobre las condiciones de reducción de plantilla que planeaba la entidad tras recibir 18.000 millones de ayuda europea a cambio de una reducción de plantilla en 6.000 personas mediante despidos y externalizaciones.

Bankia explicó el miércoles que el principio de acuerdo alcanzado con los sindicatos se enmarcaba dentro de las condiciones del plan de reestructuración 2012-2017 aprobado por las autoridades españolas y europeas y que le permitirá cumplir con su meta de ratio de eficiencia inferior al 50 por ciento.

La única de las tres entidades españolas que mantenía en la convocatoria de huelga para el 6 de febrero era NovaGalicia Banco, que además había convocado concentraciones a las seis de esta tarde en Bilbao, León, Madrid, Oviedo, Valencia y Valladolid.

El sector financiero español, castigado por el estallido de la crisis inmobiliaria hace cinco años- tuvo que ser rescatado en junio del año pasado con un crédito de sus socios de la eurozona por hasta 100.000 millones de euros.

En diciembre, las autoridades españolas recibieron en torno a 40.000 millones de euros para sanear los balances de las principales entidades afectadas por los dañados activos inmobiliarios en el balance a cambio de reducciones de hasta un 60 por ciento en su negocio y fuertes recortes de plantilla.

El preacuerdo en Bankia, uno de los mayores ERES de la banca española, contempla varias modalidades de bajas incentivadas, que están en torno a 30 días por año trabajado con el límite en torno a 20 mensualidades.

UGT precisó en un comunicado que esta indemnización tendría un tope de 22 mensualidades.

Para las bajas no voluntarias se abren dos vías, dependiendo de si se ofrece una recolocación. A los que no se les ofrezca trabajo tendrán un indemnización de 30 días por año con un tope de 20 mensualidades y a los que se les ofrezca un empleo una indemnización de 25 días con un tope de 16 mensualidades.

Los sindicatos negociaban para que Bankia accediese a ofrecer indemnizaciones en las salidas voluntarias de 30 días por anualidad con un tope de 24 mensualidades tras partir de una oferta inicial de 22 días por año trabajado con un tope de 14 meses, dijo el martes una fuente sindical.

El preacuerdo también abre la puerta a la recolocación de empleados por movilidad geográfica en caso de cierres de oficinas en un ámbito superior al del municipio.

Casi cuatro de cada diez españoles apuesta por acabar con las CCAA

MADRID.- Casi cuatro de cada diez españoles son partidarios de un Estado con un único Gobierno central y sin comunidades autónomas o mantenerlas pero restándoles autonomía, según se desprende del último Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   La encuesta se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los pasados 4 y 14 de enero, en pleno debate sobre el proceso de autodeterminación iniciado en Cataluña por CiU y ERC.

   Los resultados que arroja el sondeo correspondiente al mes de enero no difieren apenas del de diciembre. Así, al ser preguntados por el modelo de Estado que prefieren, la posición mayoritaria, elegida por el 32,1 por ciento de los encuestados, sigue siendo la de dejar las cosas como están, esto es, con un Estado con comunidades autónomas.

   Sin embargo, hasta un 24,2 por ciento prefiere acabar con las autonomías, un porcentaje muy similar al de hace un mes (24,6 por ciento), mientras que un 14,5 por ciento apuesta por mantener las comunidades pero que estás tengan menos autonomía, una posibilidad que aumenta algo más de dos puntos con respecto a diciembre (12,3 por ciento).

   En el otro lado de la balanza, un 11 por ciento de los ciudadanos defienden comunidades con mayor autonomía que en la actualidad, casi un punto más que en el barómetro de hace un mes, y un 9,2 por ciento apoya un modelo en el que las autonomías puedan decidir si quieren la independencia (en diciembre este cifra era de un 9,4 por ciento).

   Asimismo, el sondeo refleja que más de la mitad de los encuestados se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma (54,5 por ciento). Además, un 14,7 por ciento declara sentirse únicamente español, un punto menos que en la última encuesta, y un 6,3 por ciento asegura sentirse únicamente de su comunidad autónoma, también ligeramente inferior al porcentaje reflejado en la encuesta de diciembre.

El TSJCV abre tres nuevas piezas separadas del 'caso Gürtel'

VALENCIA.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que instruye la causa sobre la supuesta financiación irregular del PPCV, José Ceres, ha acordado abrir tres nuevas piezas separadas relativas a la visita del Papa, el Grupo Correa y contratos de Orange Market. Estas investigaciones se suman a las otras tres abiertas por presuntos delitos de falsedad documental, electoral y prevaricación en la investigación de esta causa, derivado del conocido como 'caso Gürtel'.

   De esta manera, se ordena la investigación separada de las presuntas irregularidades en la contratación del ente público de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa para la visita del Papa a Valencia en 2006; las presuntas irregularidades en la contratación pública entre la Generalitat Valenciana con la mercantil Orange Market SL y sociedades vinculadas al mencionado 'Grupo Correa'; y sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market SL.

   La pieza relativa a RTVV es la número cuatro y en ella se investigan presuntas irregularidades en la contratación del ente con Teconsa por el suministro, en régimen de alquiler, de pantallas de vídeo, sonido y megafonía relacionadas con la visita del Papa a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006, con motivo del 'Encuentro Anual de las Familias', así como la posible percepción de dádivas relacionadas con dicha contratación y evento, presuntamente percibidas por el exdirector general del ente Pedro García.

   En la pieza separada quinta el juez instructor ordena la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market SL y sociedades vinculadas al 'Grupo Correa' y que pudieran constituir delitos de prevaricación, u otros. De esta pieza queda excluida toda la contratación realizada por dicha mercantil con la Agencia Valenciana de Turismo que quedó incluida en la pieza tercera. Para esta pieza, el juzgado cita en calidad de testigos a dos personas el próximo 22 de febrero a las 9.30 y a las 10.00 horas respectivamente.

   La pieza separada sexta trata de investigar presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o a algunas de las sociedades vinculadas a la misma y que pudieran derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos, que recogen la investigación por presuntos delitos electorales en 2007 y presuntas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008.

   El juez instructor considera "conveniente" que, en la medida de lo posible, se establezcan "algunas pautas iniciales en la ordenación" en las distintas piezas, documentos, informes y archivos informáticos recibidos para "evitar confusión y reiteración entre la nueva documentación recibida con la ya incorporada a las diligencias".

   Por otro lado, el magistrado pide que se incorporen a la pieza cuarta, entre otros documentos, un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) sobre el cobro de comisión en la intermediación de la visita del Papa a Valencia en 2006, así como "cualquier informe o actuación relativo a la entidad Teconsa" y la documentación hallada en el registro de Orange Market en Valencia.

   Además, solicita que se añada un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la contratación de RTVV para la visita del Papa; un escrito del exdirector general del ente pública José López Jaraba remitido a la Sala de Madrid, así como la resolución de la Audiencia Nacional en referencia al recurso interpuesto por predecesor en RTVV, Pedro García.

   Asimismo, solicita a Fiscalía que revise dos informes policiales relativos a la documentación encontrada en el registro de la sede del Orange Market en Valencia y sobre otra documentación de distintas mercantiles para determinar si los incorpora a la pieza.

   Para la pieza quinta se pide la incorporación de facturas e informes relativos a la contratación de Orange Market con la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) sobre Fitur 2005 a 2008 y de la Conselleria de Territorio y Vivienda del año 2005 con este certamen, dirigida entonces por Rafael Blasco, quien actualmente se encuentra imputado en el conocido como 'caso Cooperación', instruido por el TSJCV.

   En esta pieza, el juez solicita al ministerio público que revise un informe de Policía sobre el montaje del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009, así como documentación para ver si también lo incorpora a esta rama de la investigación.

   Para la pieza sexta, reclama, entre otros documentos, el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sobre deudas tributarias y contingencias fiscal de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, presuntos cabecillas de la trama.

   Para la instrucción de estas piezas, el magistrado también ordena librar varios oficios a la Sindicatura de Cuentas y a la Intervención General de la Generalitat Valenciana en relación con la fiscalización de los contratos con Orange Market que se investigan en este procedimiento.  

   Para desarrollar estas piezas, el magistrado instructor solicita al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional que le comunique "a la mayor brevedad" las partes que considera afectadas por la inhibición de estas piezas con el objetivo de que puedan personarse y realizar las alegaciones pertinentes.

   A este respecto, informa de que ya han comparecido voluntariamente en el tribunal valenciano dos extécnicos de RTVV que están imputados en la causa abierta en Madrid. Se trata de Antonio José de la Viuda González y Luis Sabater Balaguer, quienes ya han designado a su correspondiente letrado.

Alemania aprueba el proyecto de ley para encarcelar a banqueros imprudentes

BERLÍN.- El Gobierno alemán ha aprobado el proyecto de ley de reforma del sector financiero, que forzará a las entidades alemanas a separar sus negocios de riesgo del resto de su actividad y que incluye la posibilidad de imponer penas de prisión a los banqueros que pongan en aprietos a sus entidades o al conjunto del sistema por una gestión imprudente. 

   La nueva legislación, que aún debe pasar el trámite parlamentario, pretende prevenir la repetición de una crisis como la del 2008, cuando varias entidades germanas tuvieron que ser rescatadas con dinero público.

   "Representa un nuevo paso en nuestros esfuerzos por aprender de lo ocurrido en la crisis financiera de 2008 y 2009", dijo Schaeuble en declaraciones a los medios tras la reunión del Gabinete.

   "Sabemos que la desregulación exagerada de los mercados financieros fue un error (...) Ningún mercado, ningún actor y ningún producto financiero quedará sin supervisión", añadió.

   En concreto, los bancos alemanes tendrán la obligación de aislar sus actividades de negociación por cuenta propia ('proprietary trading') del negocio de banca minorista cuando los activos asociados a estas actividades superen los 100.000 millones de euros o supongan más del 20% del balance de la entidad, por lo que Schaeuble apuntó que sólo afectará a "unos 10 ó 12 bancos, según los parámetros de 2011".

   Entre las medidas más comentadas, destaca la provisión de imponer penas de carcel de hasta cinco años de duración para aquellos directivos cuya imprudente gestión implique riesgos para la viabilidad de las entidades.

   Asimismo, los bancos deberán elaborar planes de recuperación y de resolución que serán aplicados en caso de que atraviesen dificultades que amenacen a todo el sistema financiero. El objetivo de esta medida es estar mejor preparados para posibles emergencias y evitar que tenga consecuencias para los contribuyentes.

Las autopistas de peaje reducen un 10% su tráfico

MADRID.-   La red de autopistas de peaje registró un tráfico medio de 17.193 usuarios diarios en los diez primeros meses del 2012, lo que arroja un descenso del 9,94% en comparación con el mismo periodo de 2011 y retrotrae el tránsito por estas vías a niveles de 1997, según datos del Ministerio de Fomento.

   En caso de que la contabilización de los dos últimos meses del ejercicio arroje datos similares, el tráfico de las vías de pago españolas cerrará el ejercicio con un descenso del 7,1% sobre 2011, el mayor desde el inicio de la crisis.

   El dato de 2012 supondrá además encadenar seis años de caídas en los que el volumen de usuarios de las autopistas españolas se ha contraído un 28% desde el máximo de 23.900 usuarios contabilizados en 2006.

   Además, el actual volumen de tráfico es el menor desde los años 1997 y 1998, ejercicios en los que la red de autopistas era casi la mitad (un 46% inferior) de la actual. En concreto, en esos ejercicios España contaba con unos 1.750 kilómetros de carreteras de pago, frente a los 2.560 kilómetros con que arrancó 2012.

   Por autopistas, destaca la Eje Aeropuerto, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, dado que la vía que gestiona OHL arroja un leve aumento de su tráfico del 0,13% en los diez primeros meses de 2012.

   En el lado opuesto, el resto de la decena de vías de pago que actualmente afrontan desequilibrios económico-financieros presentaron descensos del número de usuarios más abruptos y más pronunciados que la media.

   La R-3 Madrid-Arganda se anotó una caída del 25% en su intensidad media diaria de tráfico (IMD) hasta octubre, con un total de 9.490 usuarios al día. La R-2 Madrid-Guadalajara contabilizó 6.119 vehículos diarios entre enero y octubre del pasado año, un 23,6% menos.

   La Madrid-Toledo experimentó un descenso del tráfico medio diario del 19,4%, La Ocaña-La Roda del 18,8%, la Circunvalación de Alicante del 18%, la R-4 Madrid-Ocaña, del 17%, la R-5 Madrid-Navalcarnero del 15,6, y la Cartagena-Vera, del 8,9%.