Competencia abre expediente sancionador a tres navieras por posible pacto de precios

MADRID.- La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a Trasmediterránea, Balearia e Isleña Marítima de Contenedores por posible acuerdo de reparto el mercado y fijación de precios en los servicios de transporte regular de pasajeros y mercancías entre la Península y Baleares, y entre estas islas.

El expediente tiene origen en una denuncia presentada por el Consell Insular de Ibiza. En el marco de la investigación abierta por la CNC, el pasado mes de mayo se inspeccionaron las sedes de dos de las navieras.

El organismo que preside Luis Berenguer recordó en un comunicado que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Según indicó, ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para instruir el expediente y que la CNC le resuelva.

En concreto, Competencia indicó que el proceso se originó cuando el Consell de Ibiza denuncia a las tres navieras por supuestas conductas anticompetitivas, consistentes en adoptar acuerdos para repartirse el mercado y fijar precios y condiciones comerciales no equitativos en el transporte de pasajeros y mercancías entre la Península y Baleares.

Ante esta denuncia, la Dirección de Investigación de la CNC inició una información reservada para determinar, de forma preliminar, si concurrían circunstancias que justificase abrir expediente.

En el marco de dicha información es cuando los pasados días 11 y 12 de mayo se inspeccionaron las sedes de Trasmediterránea y Balearia.

Como resultado de todo ello, la Dirección de Investigación consideró que existen "indicios racionales" de la comisión por parte de estas tres compañías navieras de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia en los referidos términos, con lo que procedió a abrir el correspondiente expediente sancionador.

La Comisión Nacional de la Competencia recurre la normativa sobre concesiones de autobuses

VALENCIA.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a través de la Abogacía del Estado, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el decreto 24/2010, de 29 de enero, del Consell, relativo al plan de modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de la Comunitat.

En un comunicado, la CNC señaló que es la primera vez que hace uso de este instrumento jurídico, que "viene a culminar los esfuerzos de promoción de la competencia realizados en este sector" desde la publicación, en septiembre de 2008, de su informe 'La competencia en el transporte interurbano de viajeros en autobús en España'.

Al respecto, apuntó que el Consejo de la CNC "había hecho llegar ya un primer requerimiento" al Gobierno valenciano para que "modificara su normativa por entender que era contraria a la competencia", así como a "normas comunitarias" sobre esta cuestión.

El recurso interpuesto ahora ante el TSJCV se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 12.3 de la ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, por el cual "la CNC está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados".

El pasado mes de abril, se hizo público un informe en el que se ponía de manifiesto la intención de muchas comunidades autónomas de "proceder a la prórroga de las concesiones de autobús, tratando de eliminar cualquier atisbo de liberalización, aunque viniera impuesta por el cumplimiento de las normas comunitarias".

Así, en el caso de la Comunitat Valenciana, el Consejo de la CNC le hizo llegar "un primer requerimiento, que se ha notificado a la CNC fuera de plazo, para que modificara su normativa por entender que era contraria a la competencia y a esas normas comunitarias".

Competencia sopesa llevar a los tribunales a la Comunidad Valenciana por las concesiones de autobús

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se está planteando impugnar ante los tribunales la normativa de la Comunidad Valenciana sobre la renovación de concesiones de rutas de transporte de viajeros en autobús, en caso de que no atienda a sus requerimientos y la modifique para garantizar la competencia en el sector.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda está "analizando casos similares en otras comunidades autónomas" a partir del informe que ha realizado, en el que constata la "falta de competencia efectiva" que registra la normativa autonómica sobre concesiones de transporte público de viajeros por carretera.

La CNC remitirá además a la Comisión Europea este informe con el fin de que adopte las medidas oportunas "en relación al posible incumplimiento del derecho comunitario que suponen estas leyes regionales".

En su análisis, Competencia indica que las normas de las distintas regiones "cierran el mercado y tratan de eliminar la liberalización del mismo" mediante la prórroga de las concesiones lo que, "a efectos prácticos, supone que no hay competencia efectiva, con claro perjuicio para el usuario final del servicio".

El organismo que preside el profesor y abogado alicantino Luis Berenguer ha "observado atentamente" las actuaciones que muchas comunidades han adoptado en los últimos años en relación con las concesiones de rutas de autobús de su titularidad, por las que, según indica, "se arbitran mecanismos para, en la práctica, prorrogar esas concesiones a las empresas que actualmente las explotan mediante diversos instrumentos normativos".

Por ello, advierte de que, sin perjuicio de las iniciativas que las empresas afectadas puedan adoptar, se reserva la "posibilidad de emprender las medidas que considere oportunas para instar la corrección" de dichas regulaciones regionales.

En este sentido, en un comunicado la CNC señala el caso de la Comunidad Valenciana, a la que le ha remitido un "primer requerimiento" para que cambie su normativa de renovación de concesiones de autobús.

"Si en el plazo de un mes no es atendido el requerimiento, se abrirá la vía para que la CNC, en virtud de lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia, pueda impugnar dicha regulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa", indica Competencia.

Competencia ha emitido un segundo informe sobre la normativa estatal sobre concesiones de transporte en autobús, dependiente del Ministerio de Fomento, en el que insta a este departamento a realizar de nuevo "cambios drásticos" en las 'reglas de juego' pactadas con las empresas del sector para renovar los contratos que vencen estos años.

Para la CNC, los pliegos de los concursos diseñados tras la primera advertencia de este organismo "siguen siendo altamente insatisfactorios y muy deficientes".

Por ello, pide que se elimine el derecho de preferencia a favor del concesionario actual de la línea de autobús en caso de similitud de oferta y, a cambio, otorgue mayor importancia a las ofertas que se realicen sobre tarifas y frecuencias, "las dos principales variables de decisión del consumidor".

Además, solicita que limitar los plazos de duración de las concesiones para ajustarse a lo que establecen los reglamentos comunitarios.

Competencia sanciona a la industria alimentaria por recomendar alzas de precios

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 1,3 millones de euros a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y a otras ocho asociaciones del sector por realizar recomendaciones colectivas para elevar los precios, informó hoy el organismo que preside el alicantino Luis Berenguer.

Las mayores multas han sido impuestas a la FIAB, con 500.000 euros; a la Federación Española de Asociaciones del Dulce, FEAD (300.000 euros), y a la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, Ceopan (270.000 euros).

También han sido sancionadas las patronales de fabricantes de pastas alimenticias (AEFPA), con 52.000 euros; fabricantes de helados (AEFH), de panificación y pastelería de marca (PPM) y de chocolate y derivados del cacao (Chocao), con 45.000 euros cada una; la asociación de fabricantes de salsas y condimentos preparados, con 37.000 euros; y de harinas y sémolas (AFHSE), con 15.000 euros.

La CNC considera a estas asociaciones responsables de una estrategia de recomendación colectiva ilícita, al constituir una conducta "objetivamente restrictiva de la competencia, con aptitud para distorsionar las condiciones competitivas del mercado".

Este expediente tuvo su origen en diversos comunicados de prensa emitidos durante el verano de 2007 "supuestamente" con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas.

"En todas las notas se cuantificaban estos incrementos, se subrayaba su carácter estructural y se expresaba de forma más o menos explícita la idea de que ello iba a tener un impacto sobre el precio final de los alimentos", explica el organismo.

Varias de las asociaciones estaban gestionadas por una misma entidad, Bonmacor Gestión de Asociaciones, por lo que la dirección de investigación de Competencia realizó una inspección en la sede de esta entidad, así como en la de Ceopan.

La información obtenida en estas inspecciones llevó a incoar un expediente sancionador contra nueve asociaciones del sector, incluida la FIAB y Ceopan. "La instrucción realizada ha revelado que estas asociaciones llevaron a cabo una estrategia de comunicación e intercambio de información entre ellas para la elaboración y difusión de notas de prensa", señala la CNC.

Según argumenta, el contenido, el lenguaje y la difusión de las notas de prensa contribuían a transmitir el mensaje de que era inevitable la translación de los incrementos de costes a precios finales, lo que "constituía una señal para que las empresas actuaran en un mismo sentido y para predisponer a los consumidores a aceptar los incrementos de precios".

En este sentido, agrega que la comunicación entre asociaciones contribuyó a que unas tuvieran en cuenta las notas de otras, a que se coordinaran los mensajes y a potenciar su difusión, "fortaleciendo la aptitud de la conducta para distorsionar la competencia".

Además, el organismo que preside Luis Berenguer advierte de que tanto las asociaciones como los directivos "tienen que ser conscientes en materia de comunicación pública de que sus mensajes pueden transgredir el ámbito de lo lícito si son aptos para unificar el comportamiento de sus asociados y el de otros terceros".

Ante esta resolución, la FIAB ha anunciado que someterá a estudio de su comité ejecutivo presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que la decisión podría vulnerar, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación.

En un comunicado, la patronal de la industria alimentaria afirmó que someterá a estudio las distintas posibilidades legales que puedan ser oportunas en la defensa de sus intereses, puesto que considera que la decisión "es contraria a derecho y lesiva a los intereses asociativos".

Según destacó, a lo largo de sus 32 años de trayectoria, ha "mantenido, mantiene y mantendrá un estricto respecto al marco legal exigible" y en concreto a la ordenación en defensa de la competencia.

En este sentido, incidió en que la resolución se basa en un comunicado que "no puede encajar en el concepto de una recomendación colectiva", sino que responde a la función de cualquier organización de defender los intereses de sus miembros, "anticipándose a los problemas que se les puedan presentar".

A su juicio, sanciones de este tipo ponen en peligro la continuidad de organizaciones profesionales que trabajan para dinamizar el mundo empresarial.