Fomento envía cartas a las CCAA para preparar la liberalización del peaje de autopistas a punto de finalizar

MADRID.- El Ministerio de Fomento, mediante el envío de cartas a las Comunidades Autónomas, ha comenzado las actuaciones necesarias para garantizar que la prestación del servicio viario en las autopistas cuya concesión acaba entre este 2018 y 2019 se lleve a cabo en "condiciones óptimas" para los usuarios, una vez que se elimine el peaje.

Así, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha remitido cartas a los responsables de los Gobiernos Autonómicos en las Comunidades por las que discurren estos tramos de autopistas.

Las misivas han sido enviadas a Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León, así como a la Diputación Foral de Álava, con el fin de impulsar la creación de grupos de trabajo que permitan canalizar las peticiones y necesidades que se transmitan desde el territorio.

Estas actuaciones se inician después de que el pasado 12 de julio, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo anunciara durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

Ábalos aseguró que el Ejecutivo liberará durante esta Legislatura los peajes de las autopistas cuya concesión acaba entre este ejercicio y 2019. Estas autopistas son la AP-1 Burgos-Armiñón, cuyo período concesional finaliza el 30 de noviembre de 2018, y las AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuya concesión termina el 31 de diciembre del año que viene.

Bankia ultima la salida de un centenar de empleados en filiales del Grupo BMN

MADRID.- Una vez que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por la integración de Bankia y BMN se encuentra prácticamente cerrado, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está ultimando la salida de más de un centenar de empleados de filiales del Grupo BMN, surgido a raíz de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra, según informaron fuentes sindicales a Voz Pópuli.

En concreto, el banco alcanzó la semana pasada un principio de acuerdo con la representación sindical de Vector Capital, sociedad que estaba participada al 100% por BMN y actualmente en liquidación, para el despido de sus 53 empleados.

La actividad de esta empresa, que llegó a ostentar el 70% del fabricante de motocicletas Gas Gas, era la prestación de todo tipo de servicios de estudio, análisis, gestión, intermediación, negociación, administración, consultoría, asesoramiento técnico, contable, comercial, fiscal y el establecimiento y ejecución de supervisión, según consta en el Registro Mercantil.

Condiciones

Las condiciones de este ERE son similares al acordado para la integración de Bankia y BMN. Según las fuentes consultadas, el principio de acuerdo, cuya negociación se cerró ayer, contempla prejubilaciones a partir de 55 años, y hasta los 63, con un 55% del salario bruto.

El trato también incluye bajas voluntarias con una indemnización de 30 días por año trabajado con un tope de 22 mensualidades más una serie de primas a determinar en función de los años trabajados en la empresa.

Se trata de una prima de 1.500 euros, otra de 500 euros para los trabajadores con una antigüedad menor a cinco años, de 1.500 euros para el rango de empleados que llevaban en la empresa entre 5 y 10 años y de unos 7.000 euros a partir de una década de antigüedad y una última de 2.500 euros lineales.

Además, los hasta ahora empleados de Vector Capital contarán con un derecho preferente para trabajar en el Grupo Bankia en el caso de que la entidad nacionalizada decida incrementar su plantilla.

Otras empresas

Por otra parte, según las fuentes consultadas, Bankia y los sindicatos comenzarán durante esta semana las negociaciones para aplicar otro ERE en Bankia Mediación y BMN Mediación, operadores que se encargan de la comercialización de seguros del grupo.

A pesar de que todavía no hay una propuesta formal, el planteamiento inicial de Bankia es que salgan unos 45 trabajadores del total de 103 que conforman ambas empresas. Las negociaciones se extenderán durante las próximas dos semanas, según las fuentes consultadas, por lo que está previsto que concluyan a finales de mes.

Además, Bankia ha concluido la liquidación de Summa Seguridad, sociedad propiedad al 100% de BMN que estaba especializada en soluciones de seguridad y que contaba con unos 30 empleados.

ERE de febrero

Bankia alcanzó el pasado febrero un acuerdo con los sindicatos para la integración de Bankia y BMN que contemplaba un máximo de 2.000 salidas voluntarias. Los acuerdos relatados anteriormente no se incluyen en el marco de este acuerdo.

Según avanzó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante los resultados trimestrales, está previsto que la totalidad de las 2.000 salidas se produzca antes de finales de año, antes de lo planeado inicialmente -septiembre de 2019-, mientras que "la idea" era que dos tercios del total, saliesen en el primer semestre.

Según las fuentes consultadas, el expediente por el momento solo cuenta con 40 despidos forzosos, todos ellos concentrados en Andalucía, mientras que el resto son bajas voluntarias.

BBVA y Sabadell ultiman la venta de activos tóxicos con el FDG

MADRID.- El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y BBVA y Sabadell están a punto de alcanzar un acuerdo definitivo que permita a los dos bancos vender la mayoría de sus activos inmobiliarios dañados que cuentan con una protección del FGD para de esta forma limpiar su balance, según publica hoy Expansión.

El fondo sabrá con certeza cuál es el coste de la protección y los bancos a cambio asumirán un porcentaje mayor de las pérdidas potenciales. Cálculos del sector cifran en el entorno de los 3.500 millones de euros el coste que deberá asumir el FGD.
Las negociaciones que desde hace meses mantienen los responsables del FGD, con Javier Alonso a la cabeza como presidente del mismo y subgobernador del Banco de España, con BBVA y Sabadell, además de con el Ministerio de Hacienda y el resto de las entidades financieras, están a punto de cerrarse con un acuerdo para que los dos bancos puedan desprenderse de la mayor parte de sus activos inmobiliarios dañados en una operación similar a la que hicieron tanto Santander con el riesgo de Popular como más recientemente CaixaBank.
El esquema es el mismo: los dos bancos agrupan en una nueva sociedad, o varias, los activos dañados y venden la mayoría del capital de esas compañías a un fondo de inversión, quedándose las entidades con una participación minoritaria que estaría en el entorno del 10% o el 20%. De esta manera, los bancos desconsolidan su posición inmobiliaria y el balance parece limpio.
El problema que tenían BBVA y Sabadell es que una parte importante de los activos a vender tienen hasta 2021 una garantía por la que el FGD se hacía cargo del 80% de las pérdidas que, sobre el valor en libros de esos activos, se produjeran en el momento de la venta.
Así ha venido siendo en los últimos ejercicios (Sabadell ha girado ya tres facturas anuales al FGD por las pérdidas de los tres últimos años y BBVA lo ha hecho por las de los dos últimos ejercicios). Y así podría seguir pasando hasta que se terminara el periodo de tiempo de la garantía.

Bankia ve peligrar los tres euros con la presión de Credit Suisse

MADRID.- La remontada de los bancos se hace de rogar. Una vez concluido el primer semestre del año, con un balance negativo en el sector, los inversores amagaron en el arranque de la segunda mitad del ejercicio con redoblar su apuesta alcista por la banca del Ibex, concluye hoy Expansión.

Las últimas jornadas, en cambio, han frustrado este rebote, y los bancos acaparaban, al cierre de ayer, cuatro de las seis mayores caídas del Ibex en lo que va de año. Al frente de este ránking, en el sector, sobresalía Bankia, con un 19% de pérdidas en 2018, por encima del 13% que compartían BBVA, Sabadell y Santander, y del 2% de CaixaBank. Bankinter, el único de los bancos del Ibex que resiste en positivo en el año, acumulaba un 10% de revalorización.
El informe emitido hoy por los analistas de Credit Suisse vuelve a dejar rezagado a Bankia. La firma suiza de inversión revisa a la baja sus valoraciones sobre Bankia, Sabadell y CaixaBank. De sus nuevos precios objetivo, el único que se sitúa por debajo de su cotización es el emitido sobre Bankia.
Credit Suisse rebaja cerca de un 14% su valoración del banco más castigado del Ibex en lo que va de año, desde los 3,60 hasta los 3,10 euros por acción. Esta nueva valoración no otorga margen para la remontada en Bolsa del grupo, al quedarse un 1% por debajo del cierre de la sesión de ayer.
Las caídas en la sesión de hoy deparan nuevos mínimos desde el año 2016 en la cotización de Bankia, por debajo de los 3,1 euros, a un paso ya de perder el nivel de los 3 euros. Su capitalización se afianza de esta forma por debajo de los 10.000 millones de euros.
En plena cuenta atrás para los resultados trimestrales que publicará Bankia el próximo 26 de julio, los analistas de Credit Suisse ajustan un 1% al alza sus estimaciones de ganancias para el conjunto de 2018, si bien incorpora unas rebajas del 12% en sus previsiones de resultados para el año 2019 y del 13% para 2020.
Las presiones derivadas de la valoración emitida por Credit Suisse se suman a las ejercidas en los últimos tiempos por los bajistas. Los últimos datos publicados por la CNMV elevaron las posiciones cortas en Bankia a nuevos máximos históricos, al elevarse al 4,53% de su capital. Este porcentaje duplica con creces el 2,49% contabilizado al cierre de 2017.
Las caídas sufridas por Bankia han elevado el potencial alcista que refleja la valoración del consenso del mercado. El precio objetivo medio emitido por los analistas recopilados por Reuters se sitúa en 3,85 euros por acción, más de un 20% por encima del cierre de ayer, si bien las firmas han rebajado su valoración media desde los niveles superiores a los 4 euros que alcanzaba a finales de 2017.
CaixaBank y Sabadell Los analistas de Credit Suisse no sólo rebajan hoy sus perspectivas sobre Bankia. También recortan a la baja su valoración sobre CaixaBank y Banco Sabadell. A pesar de este recorte, la firma suiza sí ve potencial alcista en los dos bancos.
La nueva valoración de CaixaBank, 4,3 euros por acción, es fruto de un descenso del 6% respecto a la estimación previa, aunque se sitúa un 14% por encima del cierre de ayer.
Las acciones de Banco Sabadell también tienen un 14% de recorrido al alza respecto a su cotización actual, de acuerdo con el nuevo precio objetivo emitido por Credit Suisse, 1,6 euros.
La firma suiza recorta igualmente sus perspectivas de resultados para los dos bancos españoles. Reduce un 11% sus estimaciones sobre sabadell para 2018 y un 5% para 2019 y 2020. En el caso de CaixaBank, disminuye sus estimaciones para 2018 un 9%, y mantiene sin cambios sus proyecciones para 2019 y 2020.

Castilla-La Mancha propone ahora "ni una sola gota para el regadío en el Levante"

ALICANTE.- «El trasvase Tajo-Segura es irrenunciable». Así de contundente se mostró de nuevo ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al ser preguntado por el borrador del documento de posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha, que defiende que no se destine «ni una sola gota de agua para el regadío en el Levante», recoge hoy el diario Información.

«Tengo que decir que estamos en absoluto desacuerdo y que el trasvase Tajo-Segura en estos momentos y en estas condiciones para nosotros es absolutamente irrenunciable», respondió el responsable autonómico, que subrayó que «hay que abordar esta cuestión no desde la confrontación sino desde el acuerdo».
Ximo Puig reiteró que «hay una ley en estos momentos que permite el trasvase» y afirmó que los valencianos quieren que «ese trasvase dé seguridad» y «estabilidad a lo que es la huerta de Europa». Preguntado por una próxima reunión con el presidente de la vecina comunidad, Puig confía en que se produzca «pronto».

Borrador

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado en el borrador del documento en defensa del agua que no se destine «ni una sola gota para regadíos en el Levante» y solamente se facilite el agua de la cabecera del Tajo en forma de trasvase si hay «necesidad real» de abastecimiento humano. 

Así lo expresó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en una rueda de prensa que ofreció para explicar los principales puntos que recoge el documento de posición en defensa del agua en Castilla-La Mancha que ha resultado de seis meses de reuniones con agentes sociales, económicos y medioambientales de la región.
Por su parte, la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, indicó respecto al borrador del documento de posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha, la necesidad de «abrir el debate» a la planificación hídrica del Estado. Así, Cebrián mostró la voluntad de abordar este asunto. «Si hace falta nos sentamos todos en una revisión de los planes hidrológicos de cuenca, que son los que han marcado las dotaciones y las oportunidades que hay», precisó la consellera.
La titular de Agricultura afirmó que se está «a la espera» de poder tener un diálogo con el Ministerio de Agricultura, el departamento que tiene «la competencia fundamental de la planificación de los recursos hídricos del agua».
La responsable autonómica añadió que «hay que ir hacia un uso más racional de los recursos hídricos que tenemos», al tiempo que resaltó que es «más preocupante el escenario de cambio climático al que nos dirigimos», en el que «las dotaciones de la Comunitat Valenciana pueden verse afectadas».
Por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) considera «inaceptable» el documento en defensa del agua que ha dado a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha. 

 El coordinador del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en las Cortes Valencianas, José Císcar, ha exigido al presidente de la Generalitat «una defensa firme, cerrada y sin contemplaciones» del trasvase Tajo-Segura y de las normas del memorándum «que le aportan estabilidad y seguridad» a la transferencia de caudales.

Alicante tiene los municipios más pobres y Valencia, los más ricos de la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Tres de los veinte municipios con menos renta por habitante de España se encuentran en la Comunitat Valenciana; concretamente en la Vega Baja del Segura. Almoradí, Torrevieja y Crevillent tienen el dudoso honor de aparecer en un ránking en el que la localidad de Níjar en Almería encabeza la clasificación con una renta media de sólo 6.264 euros por residente, según recoge Las Provincias.

En cambio, ningún municipio valenciano se encuentra entre los que tienen una mayor renta de España. La lista la encabezan tres localidades madrileñas (Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Las Rozas), todos ellos con ingresos superiores a los 18.000 euros.

El primer municipio valenciano en el ránking es Bétera, con una renta media de 12.859 euros, muy por debajo de los 23.861 de Pozuelo de Alarcón, la más alta del país.

Son datos de 'Indicadores Urbanos', un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que se recogen parámetros de contenido socioeconómico para conocer y medir la calidad de vida en las áreas territoriales. Los datos se refieren a municipios con una población superior a los 20.000 habitantes.

Alicante se presenta como la provincia de la Comunitat con los municipios más pobres de la Comunitat. Almoradí (6.849), Torrevieja (7.108 euros por habitante), Crevillent (7.213), Aspe (7.530), Petrer (7.832), Pilar de la Horadada (7.947), y Elda (7.955) (todos colindantes o muy cercanos a la Región de Murcia) son las localidades valencianas con la renta per cápita más baja y ninguno de ellos alcanza el umbral de pobreza.

La provincia de Valencia, en cambio, concentra los municipios con un nivel de renta más alto de la Comunitat. A Bétera le siguen Alboraya (12.420 euros por habitante), Valencia (11.858), Castellón de la Plana (10.913) y Sant Joan (10.731).

En el entorno de Valencia se encuentran varias de las localidades valencianas con ingresos más elevados. Es el caso de Bétera y Alboraya y también de Riba-roja, Sagunt y La Pobla de Vallbona, estas tres poblaciones con rentas que rondan los 10.500 euros anuales.

La clasificación no varía si se tiene en cuenta la renta media por hogar. Los municipios alicantinos siguen a la cola y los del entorno de Valencia encabezan la lista. Torrevieja y Almoradí son los más pobres, mientras que Bétera y Alboraya, son los que cuentan con un mayor poder adquisitivo.

La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada la pasada semana por el INE, señala que el umbral de pobreza se encuentra en unos ingresos por persona de 8.522 euros anuales y de 17.896 en el caso de los hogares (definidos por dos adultos y dos menores). La renta por habitante en la Comunitat, con 9.801 euros, se sitúa por debajo de la media nacional (11.074), según los datos de este estudio.

A partir de estos datos, Alfafar, Almoradí, Aspe, Calp, Crevillent, Elche, Elda, Orihuela, Petrer, Pilar de la Horadada, Torrevieja y Villena se encontrarían por debajo de este umbral.

La encuesta establece lo que denomina áreas urbanas funcionales (AUF) formadas por aquellos municipios en el que más del 15% de la población ocupada se desplaza a esa ciudad por motivos de trabajo. En España se han definido 70. Cuatro de las diez más pobres pertenecen a la Comunitat y dos de ellas (las de Elche y Torrevieja) son las que menor renta tienen de todo el Estado.

Zonas verdes

La auditoría recopila también otros datos socioeconómicos sobre las ciudades. Así, Alcoy y Sagunt son dos de las ciudades españolas con menos zonas verdes. Mientras que Benidorm es el quinto municipio mayor de 50.000 habitantes a nivel nacional que más suelo destina a estos usos y a instalaciones deportivas y de ocio, con el 10,92% de la superficie.

Valencia destina un 4% del suelo a estos usos, seguido por Paterna (2,9%), Alicante (2,1%), Gandia (1,67%), Torrevieja (1,47%), Castellón (1,37%), Elda (1,33%), San Vicente del Raspeig (1,2%), Elche (1,1%) y Torrent (0,23%).

Sin embargo, Alcoy (68,3%) y Elda (66,3%) son dos de las mayores ciudades españolas que más proporción de suelo destinan a zonas naturales. En la Comunitat le siguen Torrevieja (58,51%), Alicante (54,45%), Benidorm (53,45%), Gandia (51,16%), San Vicente del Raspeig (48,4%), Elche (36,83%), Paterna (34,22%), Castellón (29,67%), Valencia (30%) y cierra la clasificación Torrent (27,3%).

Un respeto para los tribunales alemanes / José Luis Manzanares *

En derecho casi todo es discutible, pero naturalmente en el terreno jurídico. Los jueces están para interpretar las normas, aunque sus conclusiones no se acomoden al “sano sentir popular” o a determinadas demandas en las que se mezclan los legítimos intereses de los partidos políticos y los no siempre tan respetables de la pugna partidista. 

Tras esa advertencia, vayan unos breves comentarios al rechazo del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein a entregar al ex presidente catalán Puigdemont para ser juzgado en España por el delito de rebelión.

En primer lugar, no hay una conjura internacional contra España (antes decían que la hubo judeo masónica), ningún menosprecio de nuestro Tribunal Supremo por parte de aquel Tribunal Alemán de ámbito, en principio, autonómico. La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) deja a cada país la regulación del procedimiento para tramitar y resolver las correspondientes solicitudes. Los alemanes se han inclinado por estos Tribunales Superiores de los Länders y nosotros por la Audiencia Nacional, también si la petición proviniera de un Tribunal Supremo extranjero. Así, pues, menos gestos de dignidad ofendida.

En segundo término, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no ha entrado ni podía entrar en si los hechos atribuidos a Puigdemont configuran o no un delito de rebelión en el Código Penal Español. Se ha limitado a afirmar que son atípicos en el derecho alemán, o sea, que en la República Federal serían impunes porque su delito de alta traición (allí no existe el de rebelión como tal) requiere de una violencia medial o amenaza de la misma que, en este caso, no se habría dado con la intensidad requerida. Que para nosotros pueda haber delito de rebelión, con una interpretación más laxa de la violencia, no es cosa suya.

En tercer lugar, sería conveniente tener bien claro que es la propia Orden Europea la que distingue entre una larga lista de delitos en los que la entrega es casi automática y aquellas otras infracciones criminales en la que se aplica el principio de doble incriminación, de forma que la entrega solo procedería si los hechos fueran constitutivos de delito también en el país al que se dirige la petición. 

Repitámoslo, los tribunales alemanes y sólo los alemanes serán competentes para pronunciarse sobre este punto que solo a su derecho se refiere. No ha habido choque de trenes, ni actitud ofensiva frente a nuestro Tribunal Supremo, ni nada por el estilo.

En este caso la Orden Europea ha funcionado correctamente, aunque no con el resultado deseado por nuestro Tribunal Supremo.

(*)  Consejero Permanente de Estado, Magistrado del Tribunal Supremo (J), Abogado del Estado (J) y Profesor Titular de Derecho Penal 

https://www.republica.com/el-clavo/2018/07/17/un-respeto-para-los-tribunales-alemanes/