VALENCIA.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha abogado este domingo por la regulación de la dación en pago, de modo que la entrega de la vivienda a las entidades bancarias salde la deuda hipotecaria, y ha resaltado la conveniencia de la aprobación de una ley que regule el sobreendeudamiento de familias y pequeños empresarios.
En un comunicado hecho público el mismo día en que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y otros movimientos sociales han convocado manifestaciones en 41 ciudades españolas, entre ellas Valencia, para exigir la dación en pago retroactiva, el fin de los desahucios y la puesta en marcha del alquiler social.
JpD ha expresado su "preocupación" ante los crecientes desalojos derivados de los procedimientos hipotecarios, que están dejando sin vivienda a "deudores de buena fe, que han perdido sus ingresos en el contexto de una crisis de la que no son responsables" y sin que desde las administraciones se hayan adoptado "medidas suficientes de protección".
Por ello, ha resaltado la conveniencia de promulgar una ley que regule el sobreendeudamiento de particulares y pequeños empresarios, así como la adopción de medidas de amparo hacia las personas afectadas y medidas de aplazamiento de los pagos.
Asimismo, sostiene la asociación que sería oportuno que los jueces pudieran moderar de forma equitativa las consecuencias jurídicas de los procedimientos hipotecarios, de manera similar a lo establecido en la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos.
A su juicio, la crisis ha puesto en evidencia la existencia de una legislación en materia hipotecaria que "limita las posibilidades de defensa de los ciudadanos y representa una situación de ventaja procesal para las entidades bancarias".
De hecho, recuerda que la jurisprudencia ha decretado en gran número de casos la existencia de cláusulas abusivas en los contratos bancarios, lo que evidencia la necesidad de poner en marcha una regulación más detallada de la materia "para evitar que la parte más fuerte en la contratación pueda prevalerse de su situación de superioridad".
Para JpD, la responsabilidad universal establecida en la actual legislación provoca que los ciudadanos pierdan su hogar y que, además, las entidades bancarias todavía puedan reclamarles cantidades económicas importantes de elevada cuantía ante la deuda pendiente de amortización, lo cual resulta, a su juicio, "manifiestamente injusto".
"Todo ello representa una situación de sobreprotección de los intereses de las entidades bancarias, que debiera modificarse a través de reformas procesales y sustantivas con la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos", ha argumentado.
Según la asociación, aunque la estabilidad del sistema financiero "resulta importante en una situación como la presente, pueden limitarse los beneficios del sector bancario, sin que ello afecte a su estabilidad, para fortalecer intereses generales dignos de protección".
Entre ellos, cita el derecho fundamental a la vivienda o la existencia de equilibrio procesal para que los afectados por las ejecuciones hipotecarias no se encuentren en situación de desventaja.
