domingo, 17 de mayo de 2009

Los idus de mayo de Camps / Fermín Bocos

Al haber sido imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el futuro político de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana está en el aire. La diferencia entre imputado y acusado es importante y juega a favor de la honorabilidad de Camps porque la imputación, en principio, no supone la atribución directa de culpabilidad en la comisión de algún delito.

Quiero decir, que tras ser llamado a declarar el juez puede decidir que termina ahí la relación de Camps con el sumario que indaga la supuesta trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa y sus socios. Otra cosa es la deriva política que apareja el caso. Ahí --recuérdese el caso del socialista Demetrio Madrid, que fue presidente de la Junta de Castilla y León--, lo que cuenta es la apariencia de las cosas y ,en ese registro, sigue vigente la doctrina romana acerca de la honradez de la mujer del César.

La historia de los trajes, el fleco más chusco de la trama montada por los empresarios que organizaban eventos para el PP en Madrid y en Valencia, puede acabar con la carrera del joven político valenciano. Sí, como ha dicho el propio Camps, tiene la conciencia tranquila y, en relación con la letra menuda del caso que le ha depositado en los tribunales, fuera verdad que había pagado de su bolsillo los ya famosos ternos --como aseguró hace un mes a su paso por Madrid-- debe estar pasándolo muy mal. Pasando por un infierno.

A juzgar por el sufrimiento que reflejaba su cara en las últimas apariciones públicas, no me sorprendería que, así que pase por el trance judicial, acabe tirando la toalla sin necesidad de que se lo pida Rajoy, a quien, por cierto, este asunto salpica políticamente en el peor momento: a tres semanas vista de las elecciones europeas y con las encuestas a favor.

Silencio, corrupción y derrota / Pedro Calvo Hernando

El silencio de Mariano Rajoy sobre la imputación judicial de Francisco Camps entra dentro de lo muy clamoroso. Pero una cosa tengo que decir: si la explicación del presidente del PP se va a parecer a las que dan sus segundos en la cúpula, mejor que permanezca callado. Al menos así no tendrá que dejar la sensación de que trata a los españoles como imbéciles profundos.

El martes Camps y Costa están citados ante el Tribunal Superior de Valencia, acusados de delitos de cohecho. En el PP confían en que suceda algo parecido a lo del caso Naseiro con las pruebas. Pero que no se hagan ilusiones, pues aún en el improbable caso de que no recayera una condena penal, nadie les iba a librar de la responsabilidad política que ya tienen encima desde hace tiempo.

Las grabaciones y las declaraciones de personas relacionadas con el caso Gürtel son más que suficientes para acabar con su carrera política. Lo de los trajes y las conversaciones de Camps y su esposa con 'El Bigotes' son temas que hacen increíble el hecho de que el presidente de la Generalitat y Costa sigan en sus puestos y de que Rajoy no les haya retirado la militancia y obligado a dimitir.

Yo comprendo, en cualquier caso, que el líder del PP haya callado en Córdoba, ante las insistentes preguntas de la prensa, especialmente al coincidir las nuevas imputaciones con los datos de la encuesta del CIS que arrojan su brutal derrota frente al presidente Zapatero en el debate del estado de la nación, como, por lo demás, podía esperar cualquier observador imparcial y como yo les adelanté el mismo día de la sesión parlamentaria.

Lo que ya es más difícil de comprender es lo demasiado escandaloso de esa doble vara de medir de Rajoy en las suspensiones de militancia y en las dimisiones, que le lleva a favorecer a los valencianos que le apoyaron en el congreso donde fue reelegido presidente del PP, frente al castigo a los madrileños, porque en la comunidad capitalina se le pusieron en contra. La corrupción masiva y la derrota parlamentaria no son los mejores avales para ganar las elecciones europeas del 7 de junio.

Camps entre jueces y votantes / Antonio Casado

Forzada y artificial alegría en el entorno del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y entre los dirigentes nacionales del PP. Por fin podrá defenderse. Eso dicen. Toman la citación judicial del martes que viene, ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, como el fin del juicio paralelo y el principio de unas actuaciones judiciales cuyo desenlace será la exculpación penal del 'president'.

El cálculo es un tanto arriesgado. Aunque no le falta base, peca de voluntarismo por exceso. Es cierto que el asunto tiene escasa relevancia penal. Y no por las cantidades (12.700 euros, según lo instruido por el juez Garzón) que Camps habría recibido en especie (trajes) como "dádivas" o "regalos" (lenguaje del Código Penal para tipificar el cohecho), sino por la dificultad técnica de demostrar que esos regalos se hicieron en razón del cargo que ocupa Camps, como una forma de compensar la carga de trabajo público derivada hacia las empresas del tal Alvaro Pérez (Orange Market y otras de la trama 'Gürtel').

Correcto. A poco que Camps demuestre que también él le ha hecho regalos a su amigo, Alvaro Pérez ('El Bigotes'), el Tribunal Superior de Justicia de Valencia podría entender que los detalles de éste con Camps y su familia en realidad eran una forma de corresponder. O simplemente de practicar la elegancia social del regalo.

No podemos olvidar que entre las grabaciones adjuntas al sumario instruido por Garzón hay constancia sonora de que el presidente de la Comunidad Valenciana quiere "un huevo" al 'Bigotes' ¿Cómo demostrar que los dichosos trajes eran una forma de agradecer las adjudicaciones de obras públicas de la Generalitat a las empresas de Pérez, siendo formalmente legales dichas adjudicaciones?

Por tanto, pudiera ser que Camps se librase del reproche penal. Es bastante probable. Eso depende de los jueces. Otra cosa es el reproche ético, que depende de los ciudadanos. Y el reproche político, que depende de los votantes. En ese sentido, me parece lamentable la imagen proyectada ante la opinión pública tanto por Camps como por la dirección de su partido.

Se equivoca Rajoy si cree que una eventual exculpación en los tribunales va a servir para derogar los demoledores efectos del culebrón. Al menos, en términos de imagen. Por ejemplo, la significativa resistencia de Camps a explicarse ante los medios de comunicación y el Parlamento regional cuando le preguntan por el asunto. Semejante conducta olvida que los ciudadanos y sus representantes merecen tanto respeto y consideración como los jueces. Y eso, antes o después, tiene su coste político y electoral.

Camps y Costa en el final de la escapada / Carlos Carnicero

La imputación del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y del número dos del Partido Popular en esa comunidad, Ricardo Costa, por el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano marca un punto de inflexión en la trama de corrupción del PP y sitúa a Mariano Rajoy en una encrucijada de muy difícil solución si no dimiten esos personajes de sus altos cargos.

La presunción de inocencia es un mecanismo de naturaleza penal que no se compadece con la asunción de responsabilidades políticas que pertenece a otro género de las relaciones de los cargos públicos con sus responsabilidades. La presunción de inocencia no inhibe de la obligación de asumir responsabilidades políticas en la medida en que los acontecimientos y las evidencias éticas indican comportamientos contrarios a los que debe soportar un responsable público.

Tanto el presidente Francisco Camps como Ricardo Costa han dispuesto de tiempo más que sobrado para dar algún tipo de explicaciones sobre la recepción de dádivas y regalos en forma de prendas de vestir por importantes montos de dinero que además la investigación judicial pone en relación con contratos públicos y del PP conseguidos por quienes realizaron los agasajos.

Durante la primera parte de la investigación judicial, Mariano Rajoy y el PP utilizaron la personalidad controvertida del juez instructor, Baltasar Garzón, para desacreditar el procedimiento judicial y se encastillaron en una supuesta operación de acoso al Partido Popular con finalidad de desacreditarlo políticamente.

Ahora es una institución judicial acorde con la condición de aforados quienes acaban de imputar a estos responsables políticos por delitos muy graves. La parálisis se ha vuelto en contra y las viejas denuncias contra Garzón son ahora una espada de Damocles para un partido inmerso en una trama de escándalos que exige una respuesta inmediata, urgente y drástica.

El PSPV compara los "homenajes" del PPCV a Camps con los que "recibía el Caudillo"

VALENCIA.- La diputada del PSPV-PSOE en las Corts, Carmen Ninet, aseguró hoy que los "homenajes" que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) le brinda al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, para mostrarle su apoyo "son los mismos que recibía el caudillo en la Plaza de Oriente"

En este sentido, Ninet advirtió de que "mientras los populares organizan actos multitudinarios para arropar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y a los que como él están imputados por un posible delito de cohecho demuestran que han perdido totalmente la razón y el crédito democrático", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

La dirigente del PSPV dejó claro que "es a la justicia a quien habrá que rendir homenaje, sobre todo, por la resistencia a las presiones a las que el PP pretende someterla". Así, señaló que los socialistas sí confían en el poder judicial y esperan que "se aclaren las cosas y se sancione a los culpables".

De este modo, instó al Consell a que "respete a los valencianos y valencianas y a sus instituciones democráticas dejando de organizar espectáculos ridículos de gloria a Camps".

Esas actitudes, dijo, "están más cerca de la concepción que tienen los ciudadanos de una república bananera que la de la exigencia europea de la ética política".

"Por eso el PPCV no es digno de ser respaldado para tener representación en Europa", concluyó