lunes, 29 de abril de 2013

Los campus de la UV y la UPV se sitúan entre los primeros del mundo, según un ranking universitario internacional


MADRID.- El ranking internacional 'University Ranking by Academic Performance' (URAP) --que valora publicaciones y rendimiento académico-- ha situado a doce campus españoles --incluidos los de la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV)-- entre los primeros del mundo, entre los 2.500 centros de educación superior que forman la clasificación.

   La lista, que tiene en cuenta indicadores como el número de artículos publicados; el índice de citación; el total de documentos científicos producidos; el impacto científico de las publicaciones; el impacto de las citaciones; y la colaboración internacional, recoge que la universidad "más valorada en España" es la Universidad de Barcelona, que ocupa el primer lugar de los centros españoles y el puesto 88 a nivel mundial.
   Tras ésta se encuentran la Autónoma de Barcelona (150 mundial), la Complutense de Madrid (182), la Universitat de València (190), la Autónoma de Madrid (202), la de Granada (263), la de Zaragoza (323), la Universidad de Santiago de Compostela (337), la de Sevilla (354), la Politècnica de València (367), la del País Vasco (381) y la Politécnica de Cataluña (393).
   Entre las diez primeras facultades a nivel mundial, aparecen la Universidad de Harvard (Estados Unidos), la Universidad de Toronto (Canadá), la Johns Hopkins University (Estados Unidos), la Universidad de Stanford (California, EEUU), la Universidad de California Berkeley (EEUU), la Universidad de Michigan Ann Arbor (EEUU), la Universidad de Oxford (Reino Unido), la Universidad de Washington Seattle (EEUU), la Universidad de California Los Angeles (EEUU) y la Universidad de Tokyo (Japón).

Císcar: "Si se tiene que reabrir la investigación" del accidente de metro "que se reabra"

CASTELLÓN.- El portavoz y vicepresidente del Consell, José Císcar, ha señalado este lunes que "si se tiene que reabrir la investigación --del accidente de metro de julio de 2006 en la que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas-- que se reabra y, desde luego, el Gobierno valenciano colaborará con la Justicia como lo ha hecho siempre". 

   Císcar, que se ha pronunciado así durante una comparecencia con los medios y tras ser preguntado por la petición de la oposición de que se vuelva a abrir la investigación del accidente de metro, ha remarcado que se trata de "uno de los accidentes más investigados por la Justicia en los últimos años en España" pero, si alguien tiene algo nuevo que aportar "que lo aporte", ha apuntado.
   Según ha dicho, "es uno de los accidentes más investigados por la Justicia en los últimos años en España, pues ha habido tres archivos judiciales y muchas pruebas periciales de personas preparadas y todas han concluido en unos mismos términos", pero --ha añadido-- "si alguien tiene algo nuevo que aportar para una reapertura de la investigación judicial, que lo aporte, aunque de lo conocido hasta ahora, en la Comunitat Valenciana es uno de los accidentes más investigados por la Justicia".
   En opinión de Císcar, las tres decisiones judiciales que se han producido han sido "todas en el mismo sentido y con las mismas conclusiones", por lo tanto, "no es que falte investigación en esta materia, pues se ha hecho y mucha".
   No obstante, ha reiterado que "si hay alguna cuestión nueva que en su momentos los tribunales de Justicia, porque no la conocieran o por lo que fuese, no la pudieron tener en cuenta a la hora de emitir su fallo, quien la tenga que la aporte", y ha añadido que "si se tiene que reabrir la investigación que se reabra y, desde luego, el Gobierno valenciano colaborará con la Justicia como lo ha hecho siempre".
   Preguntado por las críticas  hacia el presidente de las Corts, Juan Cotino en relación con esta cuestión, el vicepresidente del Consell considera que "ha recibido criticas él y todo el Gobierno valenciano, pues es normal que en estos temas se puedan producir críticas".
   En este punto, ha afirmado que no tiene "ningún elemento de juicio" para pensar que Cotino "pudiese tener ningún tipo de actuación que no entrase dentro de lo que tiene que hacer un Gobierno, que es estar al lado de las víctimas y respaldarlas y ayudarlas".
   Císcar ha remarcado que "no sólo Cotino, sino todo el Gobierno valenciano en ese momento se volcó y muy rápidamente se tomaron muchos acuerdos, como el del pleno del Consell a los tres días para adelantar indemnizaciones a las víctimas".
   De este modo, ha argumentado que se abrieron de oficio 141 expedientes de responsabilidad patrimonial "para que esas ayudas pudiesen llegar a las personas afectadas" y, además, "hubo una investigación judicial muy minuciosa, y se produjeron hasta tres decisiones judiciales, todas en el mismo sentido".
   Císcar ha explicado que, según dichas resoluciones judiciales, "el desgraciado accidente se produjo por un exceso de velocidad y ninguna medida de seguridad lo hubiese podido impedir", y esto "está dicho por los tribunales y, lo que es más importante, está dicho en base a unas periciales que nadie podrá tachar ni de parciales, ni de falta de competencia de las personas que las pronunciaron, pues son conclusiones de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Policía Científica, de la Inspección de Trabajo y de técnicos de Adif".
   De esta manera, ha insistido en que "si hay algún elemento nuevo que entonces no se consideró porque se desconocía, quien lo tenga que lo aporte y que se abra de nuevo una investigación, y la Generalitat valenciana, como no puede ser de otra forma, colaboraría plenamente", ha insistido.

El TSJCV anula el ERE de Vaersa que afecta a 278 trabajadores al considerar que "no se negoció de buena fe"

VALENCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa pública Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que afecta a 278 trabajadores, al considerar que "no se negoció de buena fe". 

   Contra la sentencia cabe recurso de casación, aunque fuentes del Gobierno valenciano han explicado que se trata de un asunto que tiene que estudiar la Abogacía de la Generalitat.
   De esta manera, se admite en la sentencia fechada el pasado 23 de abril la demanda del comité de empresa y de la agrupación de trabajadores 'Colectivo de Personal Administrativo y Técnico' (CPAT) contra Vaersa y la Corporación Pública Empresarial. A estas demandas se acumularon las presentadas posteriormente por UGT y CCOO, según la sentencia facilitada por el sindicato UGT PV.
   Los demandantes consideran que la decisión del ERE no se negoció "de buena fe" y se adoptó con "fraude, dolo, coacción o abuso de derecho". Además, argumentan que hubo "retraso deliberado" en el inicio de la tramitación.
   Aunque el tribunal no ve en ello causa de nulidad, llama la atención en que la empresa inició en el mes de julio el proceso de licitación de la cobertura de asesoramiento jurídico para tramitar el ERE pero la primera reunión con los trabajadores fue en septiembre.
   Las causas alegadas por la empresa son por motivos "organizativos y productivos", pero el tribunal señala que estas razones "no existen en el marco del sector público" y "las únicas válidas serían las organizativas". Además, "difícilmente podrían alegarse razones deficitarias" en el plano económico cuando, según el informe de gestión, la empresa "contaba con un beneficio relevante" por las encomiendas de gestión.
   La Sala solicitó al la Sindicatura de Comptes el informe del ejercicio económico de 2011 en el que consta la fiscalización de las encomiendas que se encargaron a la empresa y que constata la existencia de un sobrecoste en la Conselleria de 3,8 millones por las encomiendas gestionadas ese año y que "se podría haber evitado mediante la gestión de trabajos sin la intermediación de Vaersa", formada por una plantilla de 1.441 trabajadores.
   Durante el proceso de negociación del ERE, en un primer lugar, un informe jurídico aconsejó la extinción de 439 contratos motivado por un "contexto económico negativo" y la necesidad de reducción de déficit público. Esta cifra se fue rebajando, primero a 402 y luego a 394. En total se produjeron 10 reuniones que finalizaron "sin acuerdo" y la Sala considera que "no hubo auténtica voluntad negociadora" por parte de la empresa.
   Finalmente, con motivo de la necesidad de ejecutar varias encomiendas o la prórroga de otras, se procedió a la desafección de un total de 116 trabajadores y se quedó el ERE en 278 empleados afectados. La empresa comenzó a comunicar de forma individual y nominativa la extinción de los contratos a partir del 28 de diciembre de 2012, firmados por el director general de Vaersa, Enrique Simó.
   En este sentido, los sindicatos reclamaron la nulidad de pleno derecho del ERE porque quien la función de firmar esas comunicaciones, el director general de Vaersa, no estaba previsto en los estatutos de la empresa. El tribunal, que consideró que esto no era motivo suficiente para declarar nulo el ERE, apunta que "hubiera sido aconsejable la regularización" de este asunto.
   El tribunal alega que la documentación que la empresa debió aportar "se aleja de la suministrada" y "no figura en la aportación por parte de la empresa ningún informe técnico sobre la concurrencia de las causas organizativas alegadas", ni tampoco "medidas sociales tendentes a minimizar los despidos o atenuar sus consecuencias". la empresa "se limitó genéricamente a señalar" que iba a contratar los servicios de una empresa de recolocación.
   Asimismo, la documentación inicial que justificaba el ERE dejó de "tener fiabilidad y soporte" para apoyar la reducción posterior del número de trabajadores afectados y también en lo que se refiere a la desafección de 116 empleados incluidos en el listado definitivo. En opinión de la Sala, se dejó "sin sustento, ni contenido desde el principio a fin toda la documentación en la que se basaba la decisión inicial y la correlativa conexión entre la carga de trabajo y las necesarias plazas a extinguir".
  Finalmente, la Sala considera que, durante el periodo de consultas, hay "evidente mala fe" por la "falta de negociación real ante la no afectación posterior de 116 trabajadores por encomiendas de las que la empresa tenía pleno y cabal conocimiento". Además, señala que la empresa "no llevó a cabo en la postura final, ni tuvo en consideración ninguna medida alternativa aplicable a la plantilla", tales como recolocaciones o acciones de reciclaje formativo.
   Por otro lado, el sindicato UGT, en un comunicado, asegura que además estimar nulo el ERE, "se declara la readmisión de todos los trabajadores". En este sentido, advierte de que "solicitará la ejecución inmediata de la sentencia aun cuando la empresa recurra al Tribunal Supremo en casación".
   De esta manera, UGT ha mostrado una "gran satisfacción" ante el fallo del TSJCV y entiende que las "arbitrariedades en las relaciones laborales en el sector público no van a ser refrendadas por los tribunales valencianos, lo que debe obligar a la Administración a reflexionar, a negociar y a actuar de buena fe, asumiendo sus responsabilidades de gestión pública".
   Por todo ello, el sindicato reclama la "dimisión inmediata" de la Consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente Isabel Bonig, así como del director general de Vaersa, Enrique Simó.

El Ayuntamiento de Riba-roja acuerda la suspensión temporal del PAI de Porxinos pedida por Litoral del Este

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acordado la suspensión temporal del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector Masía de Porxinos como solicitaba la empresa Litoral del Este S.L., filial del Valencia CF y agente urbanizador del mencionado plan. Así se recoge en un edicto de este consistorio publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia.  

   Este documento explica que el Ayuntamiento de Riba-roja, en el pleno celebrado el pasado 9 de abril, adoptó el acuerdo relativo a la suspensión temporal del PAI Sector Masía de Porxinos. De este modo, la administración municipal ha decidido "admitir a trámite el escrito presentado por Manuel Llorente Martín, en nombre y representación de la mercantil Litoral del Este S.L., en el que solicita la suspensión temporal total" de dicho programa urbanístico "por el plazo de dos años".
   El consistorio ha acordado, asimismo, someter esta solicitud de suspensión a exposición pública por un plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Simultáneamente, el consistorio ha aprobado, como indica el edicto del BOP, "otorgar un plazo de audiencia, por el mismo plazo, a los propietarios y titulares de derechos y deberes afectados por la actuación, conforme a lo estipulado en el Decreto Ley 1/2012."
   La administración local explica que contra la presente resolución o acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá formular recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de esta notificación.
   Contra la posible desestimación del recurso de reposición interpuesto, bien por acto expreso o bien por el transcurso del plazo de un mes establecido para resolverlo, y en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación del mencionado acto o resolución, o desde el fin del plazo resolutorio, el interesado podrá interponer recurso-contencioso-administrativo.
   Una vez transcurrido el plazo sin que se haya interpuesto recurso, el acto quedará firme y no será impugnable, apunta el edicto del BOP, que agrega que "en todo caso, el interesado podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo sin previo recurso administrativo de reposición, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente acto o resolución".

La Generalitat Valenciana reclama un techo de déficit "asimétrico" para las comunidades autónomas

CASTELLÓN.- El vicepresidente del Consejo valenciano y consejero de Presidencia, y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, ha solicitado este lunes un techo de déficit "asimétrico" para las comunidades autónomas "porque no todas compiten con las mismas condiciones. Y si tuviésemos la misma financiación que otras comunidades, hubiésemos tenido menos déficit", ha apuntado.

   Císcar se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia ante los medios en Castellón antes de reunirse con representantes de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y al ser preguntado al respecto.
   En este sentido, ha recordado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado la base de déficit a partir de la cual se tiene que empezar ahora a negociar entre las comunidades autónomas, pero ha añadido: "el déficit tiene que ser asimétrico, pues pedimos que el incremento del techo de déficit no sea igual para todas las comunidades autónomas porque no todas competimos con las mismas condiciones".
   "Si tuviésemos la misma financiación que otras comunidades, hubiésemos tenido menos déficit, por lo que se nos tiene que igualar a todas de alguna manera en cuanto al déficit a autorizar, y éste no puede ser el mismo para todas", ha insistido Císcar.
   El vicepresidente del Consejo ha señalado que el tema del déficit, con el actual modelo de financiación, "es cada año como una carrera con salida descompensada". 
"Se tienen que poner las condiciones para que todos estemos en igualdad y, al recibir nosotros menos financiación que otras comunidades, debemos tener un techo de déficit diferente", ha recalcado.
   En esta línea, ha apuntado que la mayoría de comunidades autónomas "están de acuerdo en ello" y se ha mostrado "convencido" de que "todas seremos capaces de ponernos de acuerdo en ese déficit asimétrico".
   Por otra parte, Císcar ha resaltado que en la reclamación de la financiación autonómica ayudarán al Gobierno valenciano las confederaciones empresariales de la Comunidad Valenciana "porque es una cuestión de justicia para todos los ciudadanos de Castellón, Valencia y Alicante".
   Al respecto, ha recordado que las patronales de la Comunidad Valenciana "ya han suscrito un documento muy importante, que es el acuerdo social que ha planteado el presidente Fabra, y, entre las cuestiones que se plantean, está la de la financiación".
   "Entendemos que en estos momentos toda la sociedad de la Comunidad Valenciana tenemos que alzar la voz una vez más pidiendo que la financiación que los ciudadanos merecen, que es estar en la media nacional, la tengamos, y para eso es necesario que todos nos impliquemos", ha dicho.
   Respecto a la situación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana, Císcar ha señalado que "no hay nada cerrado, se seguirá hablando con los bancos que tienen que refinanciar y se implicará también el Estado -el Tesoro Público- en esa financiación con los bancos".
   Así, considera que se ha dado "un paso positivo" porque "algo que parecía hasta hace nada muy complicado, se abre una puerta a la esperanza", y ha destacado la "mayor implicación" del Estado "para conseguir que esa refinanciación con los bancos sea factible", aunque ha advertido que "se tendrían que cambiar las condiciones de refinanciación, y ahí es donde entra el Tesoro".
   Por otra parte, preguntado por las medidas que va a adoptar el Gobierno valenciano ante los últimos datos del paro que ha ofrecido la Encuesta de Población Activa (EPA), el vicepresidente del Consejo ha destacado que los datos son "malos y sin paliativos", y ha anunciado que el Gobierno de Alberto Fabra está trabajando ya en medidas de incentivos, como el banco de emprendedores, "que está prácticamente ultimado"; el plan de empleo; el banco de patentes, "que también está muy avanzado", y otras medidas que se anunciarán en las próximas semanas "para mejorar las condiciones de funcionamiento de las empresas, que son las que más capacidad tienen para generar empleo".
   Císcar ha recordado que el Consejo "ha tenido que realizar ajustes para que la administración valenciana se convierta en una administración sostenible", pero -ha añadido- "es cierto que la época de ajustes tiene que ir pasando y nos tenemos que centrar en incentivos para la economía".
 "Nosotros no nos resignamos en absoluto a las previsiones y lo que vamos hacer es luchar para que esas previsiones no se cumplan", ha añadido.
   Finalmente, preguntado por el aeropuerto de Castellón, ha asegurado que no hay ninguna novedad. 
"Seguimos trabajando para que las autorizaciones y certificaciones estén cuanto antes y se pueda abrir al público lo antes posible y, si entre tanto, llegara alguna oferta que fuera beneficiosa y con toda la solvencia financiera y económica necesaria, y así nos lo acreditasen, la estudiaríamos".

La industria fitosanitaria considera "desproporcionado" prohibir los neonicotinoides para proteger a las abejas

MADRID.- La Asociación de Empresas de la Industria Fitosanitaria (AEPLA) considera "desproporcionada" la medida aprobada este lunes por la Comisión Europea de prohibir durante dos años el uso de los tres neonicotinoides más frecuentes como plaguicidas en la siembra del girasol, la colza, el algodón y el maíz, por los riesgos que plantean para la salud de las abejas.

   Así, el presidente de AEPLA, Carlos Palomar, ha señalado que la medida comunitaria no tiene base científica que lo justifique y ha asegurado que algunos estudios señalan que el uso de los neonicotinoides no son la causa principal de la disminución de colmenas en la Unión Europea, sino que figura como la séptima causa.
   Por ello, ha subrayado que si se quiere proteger a las abejas y otros polinizadores se debería abordar "de forma global" su salud y atendiendo, sobre todo a los primeros factores, que son las enfermedades y parásitos. A su juicio, se debería hacer un muestreo lo suficientemente amplio y potente para que, en estos dos años, se pueda discernir los efectos reales de los neonicotinoides sobre las colmenas en vez de prohibirlos.
   En este contexto, ha recordado que en Francia ha regido una prohibición de estos fitosanitarios entre 2007 y 2009 y cuando se volvieron a autorizar en 2010, 2011 y 2012, aumentaron las colonias de abejas.
   Además, ha lamentado la medida adoptada este lunes, que entrará en vigor a partir del 30 de noviembre, porque no está contrastada "debidamente" con la comunidad científica y se tardará "mucho tiempo" en encontrar un sustituto, lo que provocará daños a las cosechas de los agricultores.
   Respecto a los daños, Palomar estima que la prohibición supondrá unos 127 millones de pérdidas en las cosechas al no poder usar semillas tratadas, sobre todo en maíz y girasol. Por ello, ha puesto de ejemplo el cultivo de maíz en el valle del Ebro, donde existe el virus del enanismo del maíz que se trata directamente con neonicotinoides. En este caso, ha asegurado que la cosecha caerá un 80 por ciento, porque el maíz no crece.
   En todo caso, considera que estos productos representan entre un 3 y un 4 por ciento del sector fitosanitario pero lo que les preocupa es que se puede dejar a la agricultura "sin defensa contra las plagas".
   Finalmente, ha advertido de que aunque la industria seguirá desarrollando nuevas soluciones, estas podrían tardar entre 9 y 10 años por lo que será difícil saber "cuándo habrá un sustituto". En su opinión, será más fácil demostrar en dos años que los neonicotinoides no son la causa de la desaparición de las abejas que descubrir otros productos sustitutos.

El juez rechaza que el PP se persone en nuevas piezas del 'caso Gürtel'

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa sobre la supuesta financiación irregular del PPCV, dentro del 'caso Gürtel', ha rechazado la petición del PP de personarse en las nuevas piezas del procedimiento, relativas a la visita del Papa a Valencia, el Grupo Correa y otros contratos de Orange Market.

   El magistrado dictó un auto el pasado mes de febrero en el que acordaba abrir tres nuevas piezas separadas dentro del 'caso Gürtel', que se sumaban a las otras tres abiertas previamente por presuntos delitos de falsedad documental, electoral y prevaricación.
   De esta manera, en estas nuevas piezas, el juez ordenaba la investigación separada de las presuntas irregularidades en la contratación del ente público de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa para la visita del Papa a Valencia en 2006 --pieza 4--; las presuntas irregularidades en la contratación pública entre la Generalitat Valenciana con la mercantil Orange Market SL y sociedades vinculadas al mencionado 'Grupo Correa' --pieza 5--; y sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market SL --pieza 6--.
   Tras esta resolución, el PP y el abogado del Estado solicitaron su personación en el procedimiento. El primero, por las tres nuevas piezas, y el segundo, por la última. Respecto a esta última parte, el magistrado admite su solicitud por los intereses estatales que defiende.
   Por su parte, el PP basó la petición de su personación en una resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid --donde se instruye el grueso de 'Gürtel'--, en la que se admitía su incorporación al procedimiento.
   La formación política ya intentó personarse en las tres primeras piezas de la causa, y el magistrado se lo denegó al estimar que el partido debía interponer una nueva querella con "hechos concretos" acaecidos en el territorio competencia del tribunal valenciano, y no en Madrid.
   De esta forma, el PP presentó la nueva querella contra Orange Market S.L., el responsable de la entidad, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', y el presunto líder de la trama, Francisco Correa, pero el magistrado la inadmitió debido a la "genérica" redacción de los hechos relatados. Ante la nueva petición de personación, esta vez en las tres últimas piezas, el magistrado puntualiza que "nos encontramos en la misma situación" que la narrada, por lo que decide volverla a rechazar.