VALENCIA.- El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat elaborado por la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2009 señala que Aeropuerto de Castellón S.L. (ACSL) se encuentra en uno de los supuestos de disolución previstos en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada dado que su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social.
En concreto, la Sindicatura especifica que, como consecuencia de las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto de la sociedad a 31 de diciembre de 2009 presenta un valor negativo de 12.789.931 euros, por lo que emplaza a los administradores de la sociedad a adoptar medidas para "reequilibrar su situación patrimonial en los plazos legalmente previstos".
El informe también concreta que el capital social de ACSL asciende a 827.400 euros, representado por 2.068.500 participaciones de 0,4 euros de valor nominal cada una, propiedad en un 99,85 por ciento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) y en un 0,15 por ciento de la Diputación Provincial de Castellón.
Aeropuerto de Castellón S.L. tiene firmado un contrato con la mercantil Concesiones Aeroportuarias, S.L. para la construcción del aeropuerto de Castellón Costa Azahar, su explotación durante un plazo de 50 años y su financiación parcial. La Sindicatura afirma que el impacto de este contrato en la actividad de la sociedad y en sus cuentas anuales es "muy significativo", por lo que insta a dar "información detallada" del mismo.
Asimismo, considera que el saldo de los epígrafes correspondientes al inmovilizado material y a subvenciones, donaciones y legados se encuentra "sobrevalorado" en 8,8 millones de euros e insta a reducirlo en esa cuantía.
Al respecto, argumenta que la concesión realizada por la Diputación de Castellón del uso y explotación de los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones aeroportuarias "no tiene un carácter gratuito, ya que su contraprestación está constituida por la construcción del aeropuerto y las infraestructuras y vías de conexión, que revertirán a la misma al finalizar el periodo de cesión".
También indica que al finalizar el ejercicio 2009, Aeropuerto de Castellón, S.L. ha contabilizado 98,7 millones con cargo al epígrafe de inmovilizaciones materiales por las certificaciones de obra emitidas por la empresa contratada para ejecutar los trabajos de las instalaciones aeroportuarias. La contrapartida del cargo se encuentra contabilizada en los epígrafes de 'Periodificaciones a largo plazo', con 86.815.710 euros; 'Otras deudas a largo plazo', con 3.941.415 euros, y 'Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar', con 7.979.925 euros.
Sin embargo, la Sindicadura estima que dado que las obras no se integrarán en el patrimonio de ACSL hasta su finalización "no deberían haberse contabilizado".
Asimismo, el órgano fiscalizador detecta una serie de "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. Entre ellos, señala que las instrucciones de contratación aprobadas por ACSL "no garantizan adecuadamente la efectividad de los principios básicos en la actividad contractual que realice la sociedad" como la adjudicación a la oferta económica más ventajosa o la aplicación del principio de publicidad.
La Sindicatura también recomienda a la sociedad que en los contratos de patrocinio justifique en sus expedientes la necesidad del gasto y la determinación del precio contratado, de manera que quede "garantizada la equivalencia de las prestaciones acordadas".
Por otro lado, detalla que para apoyar la construcción y explotación del aeropuerto, ACSL concedió en 2004 un préstamo participativo a Concesiones Aeroportuarias, S.A. que podía alcanzar un importe máximo de 44 millones de euros. La cantidad económica dispuesta a 31 de diciembre de 2009 es de 37.360.000 euros, en tanto que ACSL tiene pendiente de atender las solicitudes de disposición de fondos por importe de 2,5 millones de euros realizadas por la prestataria en noviembre de 2009.
Por otra parte, en septiembre de 2009 finalizó el período de disposición de fondos del crédito sindicado suscrito con diversas entidades financieras por un importe máximo de 46 millones de euros, con el objeto de financiar el préstamo participativo. Debido a que no estaban finalizadas las obras en dicha fecha, quedan por disponer 6.649.870 euros, según especifica la Sindicatura.
Ante dicha situación, el 10 de noviembre de 2009 ACSL se dirigió al Instituto Valenciano de Finanzas para ampliar el plazo de disposición hasta el 31 de octubre de 2010 "sin que se haya obtenido respuesta alguna por parte de dicho organismo".
A fecha de junio 2010, Concesiones Aeroportuarias S.A. no ha solicitado que se ejerza la cláusula de indemnización prevista en el contrato de préstamo participativo, señala la Sindicatura. Este órgano considera que estas circunstancias "ponen de manifiesto la difícil situación financiera que presenta actualmente ACSL, además de las posibles repercusiones legales y económicas que se pueden derivar en el futuro".
Por su parte, el candidato autonómico de Compromís y portavoz de Iniciativa en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, ha señalado este domingo que con lo que el PP gasta al año en publicidad del aeropuerto de Castellón se podrían hacer tres Institutos de Educación Secundaria (IES) o dos hospitales comarcales.
Mulet se ha expresado en estos términos en un comunicado tras conocer que el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat elaborado por la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2009 señala que Aeropuerto de Castellón S.L. se encuentra en uno de los supuestos de disolución previstos en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dado que su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social.
Al respecto, el dirigente de Compromís ha asegurado que todos los informes que durante los últimos años ha hecho la Sindicatura "reconocen deudas escandalosas, situaciones anómalas e irregulares". En esta línea, ha señalado que este organismo autonómico "recuerda, como este proyecto, año tras año, es un agujero de dinero público, una ruina mucho antes de empezar a operar, cuando ya sabemos que todavía supondrá más deuda".
Para Carles Mulet, esto es así desde 1997, cuando al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "se le ocurre esta idea, que lo ha convertido en su emblema de gestión y, por lo tanto, en la prueba más evidente de cómo ha sido un político nefasto, inútil, malgastador y sin capacidad de llevar a cabo sus proyecto".
En su opinión, "esta inutilidad cuesta y seguirá costando muy cara a todos los contribuyentes, que durante décadas deberemos de pagar de nuestros impuestos el impuesto revolucionario, para que continuemos financiando a las empresas de siempre, las beneficiadas que son ahora las que han hecho las obras, las que tendrán la concesión de explotación, los seis euros de subvención pública por cada pasajero al año que no reúnen a los 6.000".
"Empresas, como Lubasa, condenadas por la justicia por defraudar a Hacienda y acusadas de estar presuntamente financiando ilegalmente al PP, según la instrucción del caso Gürtel", ha continuado diciendo Mulet.
Asimismo, ha señalado que el PP se gastó durante el año 2009 en concepto de publicidad deportiva "seis millones de euros, que son lo que vale hacer tres institutos de educación secundaria o dos hospitales comarcales".
Mulet ha indicado que "si se multiplica esa cifra por los 12 años que llevan de aeropuerto fantasma, si se suman los millones que se gastan anualmente en propaganda en medios, en ferias, en viajes de jubilados, en fotos, en las obras, en los sueldos de los afortunados, en la compra de los terrenos del vicepresidente de la Diputación, en abogados y recursos judiciales, en hacerle una estatua encomendada a Ripollés inspirada en Carlos Fabra y en miles de tonterías para promocionar una infraestructura que no funciona ni funcionará, le habríamos pegado una vuelta a la provincia y ahora no estaríamos sufriendo los estragos de la crisis con tanta gravedad".
Para el candidato de Compromís, "ahora, la Sindicatura habla de esta situación caótica, pero en los próximos años todavía será más grave, y a pagarlo, como siempre, los contribuyentes, los que sí pagamos nuestros impuestos y no defraudamos a Hacienda como Carlos Fabra" que, en su opinión, es "el peor dirigente político que hemos tenido en nuestra historia". "No sólo el más corrupto, sino el más incapaz e inútil", ha subrayado Mulet.
