La CAM cotizará en Bolsa el 23 de julio

MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) prevé salir a Bolsa desde el 23 de julio a un precio de entre 5,84 y 7,30 euros, tras recibir la 'luz verde' de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas, informó hoy el organismo supervisor.

De este modo, la caja se convertirá en la primera entidad en emitir este tipo de instrumentos financieros, similares a las acciones pero sin derechos políticos, y someterse a la valoración del mercado.

La OPS comenzará el próximo 1 de julio y se prolongará hasta el día 18, ambos inclusive, y de acuerdo con la horquilla de precios indicativa, el valor de mercado total de la emisión se elevaría a entre 3.600 y 4.500 millones de euros. El precio minorista quedará fijado el 21 de julio.

La oferta está dirigida a inversores minoristas, con un tramo del 65,5%; a inversores cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de carteras, entre otros), con el 31%; y a empleados, con el 3,5%.

El consejo de administración de la caja aprobó el pasado mes de mayo la emisión de cuotas para "abrir una ventana" a su expansión, así como para reforzar los recursos propios y la estructura financiera de la entidad para dar cobertura al crecimiento de su negocio.

La CAM promoverá su oferta de cuotas participativas en el mercado nacional, y éstas cotizarán en las bolsas de valores españoles, en las plazas de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, al tiempo que se incorporarán al mercado continuo.

Caja Mediterráneo emitirá inicialmente 50 millones de cuotas participativas de dos euros de valor nominal cada una, por un importe nominal total de 100 millones de euros. Esto representará el 7,5% del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.

De esta forma, el importe de la emisión se elevará previsiblemente a 328 millones de euros, y la prima de emisión ascenderá a 228 millones de euros, de los que 80,9 millones se destinarán al fondo de reserva de los cuotapartícipes y 147,1 millones a las reservas generales de la CAM.

La CAM subraya en el folleto que realiza la mayoría de sus actividades en España, por lo que su evolución futura se podrá ver afectada por la de la economía doméstica, mientras que los mayores costes financieros de la competencia por la captación de recursos se reflejarán en su cuenta de resultados.

Advierte además a los posibles inversores de que el impacto de una tasa de morosidad creciente sobre sus resultados puede ser "muy significativo". Los créditos dudosos representaban en marzo el 0,96% del total de crédito a clientes, con un nivel de cobertura del 108%.

Para el diseño de la operación, la colocación del tramo para inversores cualificados y la asesoría general de la operación se ha contado con los servicios de Lehman Brothers (entidad coordinadora global), Analistas Financieros Internacionales (AFI) como asesores, y como entidades colocadoras Ahorro Corporación y Gestión de Activos del Mediterráneo (Gesamed).

La CNMV aprueba el folleto de emisión de cuotas participativas de la CAM

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuyo volumen de emisión ascenderá a 328 millones de euros si el precio definitivo de las mismas se sitúa en la media de la banda de precios prevista, informó hoy el organismo supervisor.

De este modo, la caja valenciano-murciana se convertirá en la primera entidad en emitir este tipo de instrumentos financieros, similares a las acciones pero sin derechos políticos, y someterse a la valoración del mercado.

El consejo de administración de la caja aprobó en mayo la emisión de cuotas participativas y resaltó entonces que servirá para "abrir una ventana" a su expansión.

La emisión de cuotas participativas de la CAM (acciones sin derechos políticos que cotizan en Bolsa) ha topado con la ambigüedad de la ley de cajas de la Comunidad Valenciana. Un artículo de la norma, el 52, deja en manos de la Generalitat el modo en que deben repartirse los beneficios de las cajas de ahorros, del mismo modo que recae en la Administración autonómica la aprobación definitiva del presupuesto de obra social.

El matiz legal, que hasta ahora había pasado desapercibido, puesto que las ganancias de las cajas se destinan a fondos propios, reservas, inversiones y la propia obra social, ha generado dudas entre los analistas financieros y los inversores por temor a injerencias del poder político, según publicaba hoy el diario "Información".

El artículo 52 de la Ley Valenciana de Cajas de Ahorros establece que "corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas la autorización, en su caso, de los acuerdos adoptados por la asamblea general relativos a la distribución del excedente [beneficios] obtenido y el presupuesto anual para la obra benéfico-social" de estas entidades.

Juristas citados por "Cinco Días" interpretan que el gobierno autonómico puede decidir sobre la remuneración de las cuotas. De modo general, los gobiernos autonómicos no se inmiscuyen en el reparto de los beneficios de las cajas, pero experiencia tiene la CAM sobre la interferencias pasadas del Consell en la proporcionalidad de la obra social.

La sola posibilidad de que el poder político ejerciera la menor influencia en la salida a Bolsa de la CAM se mira de soslayo por muchos inversores, sobre todo los internacionales.

Las garantías ofrecidas por los bancos españoles ponen en entredicho la labor del BCE

LONDRES.- Los colaterales aceptados como garantía por el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de proporcionar liquidez a los bancos españoles, de los que algunos, como las titulizaciones hipotecarias, podrían haber tenido que ser valorados a un precio teórico por su iliquidez en la presente coyuntura del mercado, podrían no haber sido valorados apropiadamente por la entidad presidida por Jean Claude Trichet, lo que implicaría un "subsidio ilegal" a dichos bancos, según afirma el economista Willem Buiter en el diario 'The Financial Times'.

"Existe la creciente sospecha en los mercados de que el BCE esta subsidiando a algunos bancos de la eurozona a través de la ventanilla de descuento o en las operaciones de recompra (repos), mediante la sobrevaloración o el sobreprecio de los colaterales de escasa liquidez que éstos ofrecen al Eurosistema", afirma Buiter, quien actualmente es profesor de Economía Política europea en la prestigiosa 'London School of Economics', tras haber sido economista jefe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD).

En este sentido, el economista señala que en 2007 se produjo el colapso de la burbuja de precios de la vivienda y del sector de la construcción en España, que llegó a representar un 18% del PIB del país. Asimismo, indica que este año los bancos españoles, "muy expuestos" al sector de la construcción e inmobiliario, informaron de que han utilizado unos 46.000 millones de euros de sus activos "a menudo sin liquidez" como garantía en las subastas de liquidez del BCE.

"El sector de la construcción en España es un cadáver flotando en el agua y los precios de la vivienda están bajando, lo que expone a los bancos al riesgo de 'negative equity' para los tenedores de sus hipotecas. Como resultado, algunas de las garantías ofrecidas por los bancos españoles al Eurosistema han resultado ilíquidas y han tenido que ser valoradas a precios teóricos, e incluso algunos de estos activos podrían haber resultado no comercializables, como las hipotecas", señala el economista.

De este modo, Buiter señala que, de acuerdo con el manual del BCE, los activos no comercializables reciben un valor en función de un precio teórico o de la cantidad pendiente, por lo que si los bancos centrales optan por una valoración vinculada a la cantidad pendiente, los activos no comercializables podrían estar sujetos a mayores descuentos.

En este sentido, el economista apunta que los instrumentos de deuda no comercializables respaldados por hipotecas se encuentran sujetos a un descuento del 20% en su valoración.

"En el mercado circulan historias referentes a que el colateral ilíquido o no comercializable ofrecido por los bancos españoles había recibido un precio de no más de un 5% por debajo de su valor nominal. Si fuera cierto, probablemente representaría una sobrevaloración salvaje de los colaterales ofrecidos por los bancos españoles y un subsidio ilegal por parte del Eurosistema a estos bancos españoles", afirma Buiter.

El cumplimiento efectivo de la función de prestamista de último recurso de los bancos centrales requiere que durante una crisis de liquidez la institución emisora preste libremente a cualquier institución que no tenga liquidez, pero no a las insolventes, con una tasa de penalización, lo que resulta fundamental a la hora de frenar el riesgo moral y limitar las imprudencias en el futuro, señala Buiter.

Por esta razón, el economista advierte de que el problema fundamental es que, incluso aunque se conozcan los descuentos aplicables, no se puede precisar si el BCE o los bancos centrales nacionales de la eurozona están subsidiando a las entidades cuando estas ofrecen como garantía activos ilíquidos o no comercializables que requieren la asignación de un precio teórico.

Buiter subraya la importancia de la disponibilidad pública tanto de la metodología empleada por el Eurosistema a la hora de fijar un precio para los colaterales de escasa liquidez ofrecidos por las entidades, como de los precios teóricos actuales asignados a factores específicos con colaterales sin liquidez o no comercializables para evitar la opacidad del proceso.

"Siempre pido lo mismo. Primero, la inmediata publicación del modelo o modelos utilizados para computar los precios teóricos de los instrumentos financieros ilíquidos o no comercializables, y en segundo lugar, la publicación, con un retraso apropiado para garantizar la confidencialidad comercial, de los actuales precios y valoraciones de cada asunto específico de colaterales ilíquidos ofrecidos al Eurosistema. Una información que aún no es de dominio público", señala Buiter, quien considera que no existe justificación alguna para esta ausencia de información pública, puesto que el BCE y los distintos bancos centrales nacionales "juegan con dinero público".

"El comité de de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento europeo debería exigir al BCE la información respecto a estos precios