jueves, 11 de junio de 2009

El PSOE federal nombra director de comunicación al periodista valenciano Juan Antonio Blay

MADRID.- El periodista valenciano Juan Antonio Blay, de 54 años, ha sido nombrado director de Comunicación de la Ejecutiva Federal del PSOE, y se incorporará a este puesto en los próximos días porque pasaría a encargarse de todas las acciones de comunicación del partido.

Blay nació en 1954 en Riola, fue delegado de Canal 9 en Madrid entre los años 1989 y 1997 y, durante los últimos doce años, fue corresponsal del diario Levante en la capital española, y también ha estado vinculado a La Estrella Digital y La Información.

En los últimos meses desempeñaba la labor de responsable de información parlamentaria en el diario El Economista y era colaborador de Radio Nacional de España. Lleva 16 años trabajando en el Congreso de los Diputados.

Casado y padre de tres hijos, cursó Periodismo con la segunda promoción de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, de Madrid. Nunca ha perdido sus orígenes valencianos pues conserva el acento muy marcado. Su conversación es ágil, amena y entretenida.

El nuevo responsable de Comunicación, que estará a las órdenes directas de Leire Pajín, tendrá como número dos al periodista Antonio Barba, coordinador de la Oficina de Prensa del PSOE en los últimos años.

Sustituye en el cargo a Javier Manzano, periodista de la Cadena SER, quien había desempeñado esta responsabilidad desde septiembre del año pasado. El relevo de Manzano se conoció durante la campaña de las elecciones europeas tras haber abandonado Ferraz inesperadamente.

El periodista José Luis Masiá fué enterrado esta tarde en Valencia

VALENCIA.- El periodista y ex Jefe de Publicaciones de las Cortes Valencianas, José Luis Masiá Alonso, fallecido ayer en Valencia a los 73 años de edad después de una larga y complicada enfermedad, fué enterrado esta tarde.

Sus restos mortales fueron inhumados hoy en Valencia y, previamente, a las 15.30 horas, se celebró una misa de corpore insepulto en la capilla del Tanatorio Municipal.

Masiá Alonso desarrolló gran parte de su carrera como profesional de los medios de comunicación antes de su ingreso en la administración autonómica y tras ganar la plaza de Jefe de Publicaciones durante la etapa de Antonio García Miralles como presidente de las Cortes Valencianas.

Se mantuvo en su puesto durante cerca tres legislaturas, hasta su jubilación, que coincidió con la etapa de Julio de España como máximo representante de la cámara autonómica.

El periodista destacaba por su predisposición a colaborar, su formación y, sobre todo, su profesionalidad. Desarrolló casi toda su carrera como periodista en el diario La Verdad, edición de Alicante.

En este medio ocupó cargos de responsabilidad como delegado de la publicación en Elche o redactor jefe.

Durante la segunda mitad de la década de los ochenta fue nombrado delegado en Valencia de La Verdad. Fue uno de los primeros cronistas parlamentarios que tuvo la cámara autonómica, donde desarrolló su trabajo hasta los primeros años noventa.

Desde 1970, y por espacio de doce años, José Luis Masiá fue redactor jefe delegado de La Verdad de Alicante. En 1982 fue corresponsal del periódico en el Consell, para siete años más tarde hacerse cargo de la redacción de Elche. En 1991, ganaría por oposición la plaza de director del Boletín de las Cortes Valencianas y de las publicaciones del Consell, hasta su reciente jubilación.

José Luis Masiá Alonso nació en Valencia en 1935 e ingresó en la Escuela Oficial de Periodismo, donde realizó la carrera. Fue precisamente el periodismo regional el tema de su tesina de graduación.

Más del 40% de los estibadores de los puertos españoles están afectados por ERE temporales

BARCELONA.- Entre el 40 y el 45% de los trabajadores de carga y descarga de los puertos españoles están afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales debido a la disminución del tráfico de mercancías, según afirmó hoy el coordinador general del sindicato Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, La Coordinadora, Antolín Goya.

Goya fue reelegido en el cargo para los próximos cuatro años en el segundo congreso de La Coordinadora, que se celebró en Barcelona y coincidió con el 30 aniversario de la organización.

Según Goya, la crisis "pasa factura" a los estibadores, que han visto cómo disminuía su actividad y su sueldo porque hay menos ocupación en las terminales portuarias. "No sólo aportamos con ERE, sino en el resultado de nuestras nóminas mes a mes", agregó. Por ello, confiaron en recuperar pronto los niveles de actividad para garantizar la estabilidad del sector.

Con este objetivo, una delegación de La Coordinadora se reunirá el lunes con el presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe. Con voluntad de "diálogo y entendimiento", explicó Goya, pedirán políticas "valientes" para racionalizar el trabajo de la estiva, con una ley estable que regule mínimamente el sector. Por su parte, los estibadores se comprometen a potenciar la formación y a rebajar costes.

Desde La Coordinadora, abogaron por iniciar la negociación de un convenio colectivo de ámbito estatal, así como lograr el V Acuerdo Sectorial Estatal y el I Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la Estiba Portuaria.

En esta misma línea, La Coordinadora recurrirá la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que niega su representatividad en las sociedades de estiba. La organización argumenta que representa a más del 80% de los estibadores de los puertos españoles.

Salgado: "Menos entidades financieras, pero más sólidas en el futuro"

LONDRES.- La ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta segunda, Elena Salgado, reiteró hoy su confianza en el sistema financiero español, que está preparado para los cambios y afirmó que en el futuro tendrá menos entidades, "pero más sólidas".

En declaraciones realizadas al diario británico 'Financial Times', Salgado reconoció que algunas de las 45 cajas de ahorros españolas están empezando a sufrir el rápido deterioro de su negocio inmobiliario y del estrechamiento de sus márgenes.

Salgado, no obstante, aseguró que el sistema español está posicionado para los cambios y agregó que es un buen momento para comenzar la reestructuración "en anticipación de posibles problemas".

El rotativo recuerda que las cajas de ahorros y bancos españoles han probado mayor "robustez" que muchas de las entidades de Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental.

No obstante, rememora que en marzo el Gobierno tuvo que intervenir en Caja Castilla la Mancha (CCM) ofreciéndole fondos de emergencia por valor de 9.000 millones de euros de los que sólo se han utilizado unos 3.000 millones.

Además, explica que los analistas prevén que se duplique a finales de año el ratio de créditos impagados de las cajas de ahorros, hasta alcanzar el 8% de sus activos.

El diario recuerda además que el Gobierno prevé crear un fondo de reestructuración del sector financiero, que estará dotado con 9.000 millones de euros, este mismo mes de junio.

Cierran la panificadora de Gandía en la que un trabajador 'sin papeles' perdió el brazo

VALENCIA.- El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, destacó que la empresa de Real de Gandía en la que trabajaba el inmigrante boliviano que perdió el brazo y que fue abandonado por su jefe en las proximidades de un hospital, se encuentra "paralizada" porque "las cuestiones técnicas eran muy deficientes".

Camps, que realizó estas declaraciones en los pasillos de las Cortes Valencianas al ser preguntado por este siniestro, precisó que las cuestiones técnicas que planteaban problemas en esta empresa eran "especialmente, las eléctricas, probablemente causa del accidente que sufrió el trabajador", apuntó.

Manifestó que "el día siguiente" al del suceso "ya se había personado la Inspección de Trabajo" en las instalaciones de esta firma, una panificadora del polígono de Real de Gandía.

Asimismo, el responsable autonómico consideró "absolutamente reprobable y condenable" la actitud del empresario, que no tenía dado de alta a este trabajador en la Seguridad Social y que lo dejó sólo en las proximidades del Hospital de Gandía. Actualmente se recupera en un centro hospitalario de Valencia.

Gerardo Camps criticó la actitud de "un empresario que tenía a una persona no dada de alta, que además sufrió un accidente laboral y que en vez de cumplir con la ley, lo que intentó fue evadir sus responsabilidades".

Destacó que "en estos momentos, esa empresa está paralizada porque las cuestiones técnicas eran muy deficientes, especialmente, las eléctricas, probablemente causa del accidente que sufrió el trabajador".

El conseller destacó que además de la Inspección de Trabajo, la "Fiscalía también está actuando" porque, según explicó, "aquí no estamos sólo ante una falta de medidas de seguridad sino también ante un probable delito que haya podido cometer el empresario". Indicó que "al menos", el delito de "auxilio y socorro y, probablemente también, un delito contra la seguridad y salud en el trabajo".

Indicó, al ser preguntado por si su departamento tenía constancia de la existencia de alguna denuncia por la situación de la firma en la que se produjo este accidente, Gerardo Camps sostuvo que no le consta "que hubiera ninguna denuncia". Tras ello, subrayó que "si la hubiera habido, la inspección se hubiera personado inmediatamente" en sus instalaciones.

Por otro lado, respecto a si la administración valenciana tiene algún dato sobre las personas que podrían estar trabajando en empresas sin estar dados de alta, el titular de Economía, Hacienda y Empleo, comentó que "la economía sumergida es sumergida" porque "no se tiene constancia".

"Nunca se sabe si hay o no porque si se supiera, se perseguiría, con lo cual no hay constancia de que haya determinadas empresas que tengan trabajadores irregulares", señaló, al tiempo que resaltó que si se tuviera información de ello "inmediatamente se personaría la inspección de trabajo".

Agregó que "la competencia en cuanto a afiliación de trabajadores y alta --en la Seguridad Social-- es de la Inspección de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este caso" y que "no es de la Generalitat". Dijo que el Consell si que tiene competencia en materia de salud y seguridad laboral.

El juez condena a Fernando García a una multa de 14.634€ y una indemnización de 270.000€ por el 'Juí d'Alcàsser'

VALENCIA.- El titular del juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha condenado a Fernando García, padre de una de las tres adolescentes asesinadas en Alcàsser en 1992, a pagar una multa de 14.634 euros y una indemnización de 270.000 euros, por afirmaciones injuriosas contra Guardia Civil, forenses y el fiscal Enrique Beltrán durante la celebración del juicio contra Miquel Ricart, condenado a 170 años de cárcel por el triple crimen de las menores, en el programa del 'Juí d'Alcàsser', que emitía diariamente la televisión autonómica Canal 9, según consta en la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en un plazo de 10 días.

En concreto, el magistrado le condena a 27 meses y tres días de multa con una cuota diaria de 18 euros por tres delitos continuados de injurias graves con publicidad, con el atenuante de estado pasional, y a pagar 30.000 euros a cuatro guardias civiles --120.000 en total--; otros 30.000 euros al fiscal Enrique Beltrán; y 30.000 euros más a cuatro médicos forenses --120.000 en global--.

El magistrado estima la concurrencia de la circunstancia atenuante de estado pasional para Fernando García, al entender que "no cabe cerrar los ojos" a la realidad de que su capacidad se veía parcialmente disminuida en el momento de perpetrar la acción "a consecuencia de la brutal agresión y asesinato que previamente había sufrido su hija Miriam, menor de edad, con una instrucción en la que queda absolutamente claro que el principal encausado no es el único autor de la salvaje acción".

Agrega que "nadie le puede pedir a un padre, que quiera seguir buscando la verdad de lo sucedido, que con todas las armas que tenga a su alcance siga buscando la verdad, y que vea fantasmas donde a lo mejor no los haya".

Que, continua, "moralmente se vea obligado en su interior a criticar las actuaciones que no llegan a decirle a él lo que verdaderamente sucedió, lo que no le dicen a la cara, lo que realmente quiere oír un padre al que le han quitado una de las cosas más importantes de su vida, por no decir la más importante, cual es la presencia diaria de su querida hija, movida por la sinrazón de unos determinados salvajes, que deciden sin el menor sonrojo ni recato moral acabar brutalmente con la vida de tres adolescentes".

Indica que no se puede decir que esta situación justifique plenamente las acciones de García, pero es "indudable" que sí influyen "de manera decisiva" en las acciones cometidas.

Asimismo, el juez condena a la pena de dos años de prisión al criminólogo Juan Ignacio Blanco por dos delitos de calumnias con publicidad; a pagar una multa de 7.920 euros por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad; y a pagar una indemnización de 350.000 euros.

Por su parte, absuelve a los periodistas de Canal 9, Ferran Pérez Escrivá y Amalia Garrigos Hernández, de los cuatro delitos continuados de injurias, los 10 delitos de calumnias, cuatro delitos de injurias y dos delitos continuados de calumnias de los que les acusaba la Fiscalía.

El juez considera probado que en algunas de las intervenciones de Fernando García en el programa denominado 'El Juí d'Alcàsser' de RTVV, dirigido por Ferran Pérez y presentado por Amalia Garrigos, al que asistía como invitado, durante los meses de mayo, junio y julio de 1997, profirió expresiones injuriosas contra los guardias civiles, forenses y el ministerio público.

Entre algunos ejemplos, el magistrado reprodujo frases, en referencia a los guardias civiles que realizaron tareas de auxilio en el levantamiento del cadáver de las menores asesinadas, como 'van allí, no sé a qué, a pintar la mona...'; 'hay fotos trucadas, fotos que están hechas de una forma...; hay fotos que se han hecho con mala baba para que parezca otra cosa...'.

El magistrado estima que estas frases "evidencian" la "trascendencia difamatoria", de modo que son "insultantes", y que el ánimo de injuriar "se encuentra ínsito en ellas", al intentar desacreditar a alguien, de palabra, manifestando algo contra su buena opinión y fama, y colocando a los agentes en bajo concepto y estima por parte de la sociedad.

También encuentra delito de injurias contra los agentes por parte de Blanco, y pone, entre otros ejemplos, alguna frase como 'no han perdido una pieza de convicción, han perdido 17 piezas de convicción... otra de las pruebas que han perdido que dicen que no tiene importancia es la navaja con la que apuñalaron a una de las niñas...".

Además, estima que tanto García como Blanco incurrieron en un claro delito continuado de injurias graves contra el fiscal Enrique Beltrán, ya que García profirió frases como 'el fiscal chochea'; 'lo que el fiscal debería hacer es trabajar o mandar a trabajar a otros fiscales que tampoco lo hacen'; mientras que Blanco indicó 'hay confabulación para esconder cosas...el fiscal colabora en ello' o que 'el fiscal no haya abierto diligencias por falsedad es aberrante también..'.

Esta actitud, continúa el juez, la mantuvieron con respecto a los forenses que actuaron en el juicio, ya que García manifestó, por ejemplo, 'los forenses han mentido' o 'los forenses son unos ineptos, son personajes de tebeo..'; y considera que Blanco cometió un delito de calumnias por la imputación clara de un delito de falso testimonio, cometido por el doctor Verdú. En concreto, dijo, 'que el forense Fernando Verdú ha cometido perjurio...'.

Respecto a los periodistas Ferran y Garrigós, indica que, aunque lo que pretenden es conseguir situaciones personales de combate, lucha y pelea entre las personas que acudían a su programa, resulta "imposible" sostener que indujeses a los querellados para que calumniasen a los querellantes o denunciantes.

La Unió alerta de que la crisis citrícola supondrá el abandono del 40% de los campos y la pérdida de 120.000 empleos

VALENCIA.- El secretario general de La Unió, Josep Botella, alertó hoy de que la crisis que sufre el sector citrícola supondrá el abandono de entre "un 30 y un 40 por ciento" de las explotaciones en un periodo de "cuatro o cinco años", con la consiguiente pérdida de hasta 120.000 empleos, 65.000 dedicados a la recolección y almacenamiento, y el resto, puestos indirectos en sectores como el transporte.

Botella presentó hoy en rueda de prensa los resultados económicos para los productores en la campaña que está ya prácticamente acabada, y en la que los citricultores valencianos verán reducidos sus ingresos en cerca de 481 millones de euros respecto a la pasada campaña, por el descenso de precios, según recoge un estudio elaborado por La Unió basado en los datos oficiales de la campaña con la variedad Valencia Late.

Durante la campaña 2007-2008, los citricultores percibieron ingresos por valor de 1.379 millones mientras que el valor de la actual es de 899 millones de euros, lo que en términos porcentuales supone un descenso de casi el 35 por ciento, subrayó.

Por especies varietales, las pérdidas de ingresos en naranjas sobre la campaña pasada ascienden a 311 millones de euros y a 169 millones de euros en mandarinas. Por provincias, Valencia encabeza la lista de bajada de ingresos con 350 millones de euros, seguida por la de Castellón, con 79, y por Alicante con 59 millones menos.

Destacó que los precios oficiales en campo "han sido malos" en las variedades de mandarinas donde la clementina se cotizó un 6 por ciento más baja que en la pasada, "muy malos" en las variedades de naranjas con un descenso medio del 25 por ciento y "catastróficos" en el limón donde son un 64 por ciento inferiores.

No obstante, precisó que "si se analizan las liquidaciones reales de los operadores comerciales la cosa es para ponerse a temblar", puesto que, según una encuesta realizada por La Unió, las liquidaciones "en mandarinas son un 57 por ciento más bajas que los precios oficiales de Conselleria y en naranjas, se eleva la cifra negativa a un 149 por ciento".

Respecto a las pérdidas de 481 millones de euros, apuntó que representan "115 millones de euros más que el presupuesto anual de la Conselleria de Agricultura, que para este año es de 366 millones de euros", al tiempo que hizo hincapié en que "traerá consecuencias negativas en forma de una clara pérdida del tejido económico que afecta ya a la industria auxiliar citrícola o el abandono de bastantes explotaciones ante la falta de rentabilidad".

Por todo ello, Botella reclamó "un plan de salvamento de la citricultura valenciana consensuado entre la Conselleria de Agricultura y el Ministerio de Medio Rural", puesto que, para la organización agraria, "no se entiende que se salve a un sector como el de las entidades financieras o las empresas del automóvil y se deje perder un sector estratégico económicamente y socialmente imprescindible para buena parte de nuestras localidades".

Reivindicó además que "hay que actuar contra el abuso de los precios" y avanzó que pedirá a las administraciones central y autonómica que "retiren las ayudas y subvenciones" a las firmas comerciales que liquiden los cítricos por debajo de los costes de producción.

"Hay liquidaciones que son verdaderamente aberrantes", recalcó Botella, quien aseguró que efectuarán "una denuncia pública" de aquellos agentes que cometan "abusos", y arbitrarán mecanismos para que "los agricultores puedan denunciar de forma pública los precios de todos aquellos operadores comerciales que liquiden por debajo de los costes de producción, e incluso si se da el caso, se estudiará entablar algún tipo de acción judicial", dijo.

PSPV y Compromís critican el "juego sucio" y las "trampas" del PP para evitar que prosperen sus propuestas en las Corts

VALENCIA.- El PSPV y Compromís en las Corts Valencianes criticaron hoy el "juego sucio" y las "trampas" que usa el PP para evitar que salgan adelante las iniciativas plantadas por sus parlamentarios. Así lo indicaron el portavoz socialista, Ángel Luna, y la diputada de Compromís Mireia Mollà en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento valenciano.

Ambos se pronunciaron de este modo después de que esta mañana los parlamentarios de la oposición --PSPV, Compromís y No Adscritos-- abandonaran durante el pleno el hemiciclo tras impedir la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, que una moción subsiguiente de Compromís pasara a votación sin utilizar los turnos de intervención como pedía la coalición.

Esto se produjo cuando varios diputados del PP habían salido del hemiciclo y la oposición se quedaba en mayoría después de que al concluir la sesión de control al jefe del Consell, Francisco Camps, la mayoría de diputados abandonara la sala, entre ellos, muchos del grupo popular.

Mireia Mollà fue la única representante de la oposición que permaneció dentro del hemiciclo para explicar el planteamiento de Compromís. Al salir de él, los diputados de la oposición, que se encontraban en los pasillos de la Cámara, la recibieron con aplausos y con muestras de apoyo.

A continuación, la parlamentaria comentó a los periodistas que su grupo no había renunciado a su turno de palabra en el pleno sino que había decidido pasar directamente a la votación que presentaba, referida al audiovisual valenciano, por abordar un tema que ya había sido debatido ayer, por medio de una moción del PSPV.

Agregó que "uno de los puntos que contemplaba" esta propuesta "venía a ser el resumen de todo" lo que hoy pedía Compromís.

Mireia Mollà consideró que lo sucedido esta mañana es "de nuevo, otra muestra de que el juego es sucio por parte del PP", dado que "ni tan sólo se respeta el Reglamento --de las Corts--, que da derecho a mi grupo parlamentario a pasar directamente a votación cualquier iniciativa que presentemos", aseveró.

En este sentido, censuró "el nivel al que está llegando el PP, que lo que hace es poner a la oposición obstáculos constantemente y de forma sistemática". Señaló que no es cumpla de Compromís que cuando acaba la sesión de control al jefe del Consell los diputados del PP salgan corriendo detrás de Camps" para hacerle "corrillo" y que hoy no hubiera "suficiente número de diputados" populares "para ganar la votación".

Mollà criticó que la presidenta de la Cámara, "a propósito", esperara a dar paso a la votación y estimo que se hizo así para "vulnerar" su "derecho" y "la posibilidad de aprobar una moción para proteger era el audiovisual valenciano".

Por su parte, el portavoz del PSPV manifestó que con lo ocurrido se ha podido comprobar "que en este parlamento no solamente miente el presiente -del Consell--, que miente con absoluta impunidad cuando dice que tenemos acceso a todos los contratos", sino que "además -los populares pretenden hacer trampas" para "evitar perder la votación".

Ángel Luna aseguró que el Reglamento de la Cámara valenciana "permite" lo planteado hoy por Compromís, y acusó al PP de "manipular el funcionamiento de la Cámara para no perder", algo que estimó "inaceptable".

Señaló que el PSPV seguirá "denunciando el atropello a la democracia, la deriva autoritaria de Camps y el grave peligro que está corriendo lo más esencial de las libertades democráticas en la Comunitat Valenciana".

Advirtió de que en esta autonomía "hoy en día no hay más programa político planteable en serio que recuperar las esencias de la vida democrática" para evitar ir "hacia un autoritarismo que acaba con todo tipo de pensamiento libre diferente al del PP".

En respuesta a los representantes de la oposición, el portavoz popular, Ricardo Costa, consideró una "pataleta de patio de colegio" la actitud mostrada por el PSPV y Compromís. Dijo que "llega al absurdo más absoluto que un grupo parlamentario no ejerza su defensa de una iniciativa suya" y lamentó que Compromís, "impida, en cumplimiento del Reglamento, que otro ejerza su posición, en referencia al PP.

Costa pidió a los diputados de la oposición que "se calmen". Aseguró que las diputadas de Compromís, Mònica Oltra y Mireia Mollà, están "francamente enfadadas" después de ver que tras "reiterados insultos a los diputados del PP, al Gobierno valenciano y al presidente de la Generalitat", los populares no les contesten.

Respecto al grupo socialista, comentó que "desde el 7 de junio -día de las elecciones europeas_"lleva un mal día y se siente con resaca electoral y con un fuerte dolor de cabeza político".

"Quien quiere seguir con sus querellas a sus querellas -en referencia al PSPV-- y quien quiera seguir con sus camisetas -en alusión a Compromís--" que lo haga, dijo Costa, que destacó que el PP estará "a los de siempre, defender los intereses de la Comunitat.

La Oposición abandona el pleno de las Corts al impedirse que una moción de Compromís se vote sin varios diputados del PP

VALENCIA.- Los grupos de la oposición en las Corts Valencianes abandonaron este jueves el pleno después de que la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, impidiera que una moción subsiguiente presentada por Compromís pasara a votación sin utilizar los turnos de intervención, a petición de la coalición, cuando varios diputados del PP habían salido del hemiciclo y la oposición se quedaba en mayoría.

Tras la sesión de control al jefe del Consell, la mayoría de diputados abandonaron la sala, entre ellos, muchos del PP, por lo que la oposición se quedaba en mayoría. Por ello, la diputada de Compromís Mireia Mollà, a quien --según explicó la propia parlamentaria-- Martínez pidió que esperara "un poco" hasta que los parlamentarios terminaran de salir del hemiciclo, demandó que su iniciativa pasara directamente a votación.

En ese momento, la presidenta pulsó la señal de llamada a votación, que activa un sonido que se puede escuchar por toda la Cámara, y los diputados del PP que habían abandonado el hemiciclo iniciaron carreras por los pasillos de las Corts para poder llegar a la votación, ya que, una vez iniciada ésta, no puede entrar ningún diputado en la sala.

Martínez desestimó la petición de la diputada de Compromís y, ante las protestas de la oposición, dio la palabra al diputado 'popular' Rafael Maluenda, quien aseveró que el hecho de que la parlamentaria que presenta la iniciativa "renuncie a su palabra" no puede ir "en perjuicio del resto de grupos", que pueden --aseguró-- ejercer su derecho a fijar su posición respecto de la propia iniciativa.

Ante esta acción, PSPV, Compromís y No Adscritos, abandonaron el hemiciclo, excepto Mireia Mollà, que esperó a que Maluenda finalizara su intervención para explicar por qué había pasado directamente a votación y reprochar que no se le hubiera permitido ejercer este derecho.

Maluenda explicó, ante los diputados de la oposición que procedieron a abandonar la sala y los continuados aplausos de la bancada 'popular' --que volvió a tener sus escaños ocupados--, que Compromís está "en su derecho de que pase a votación pero sin perjuicio de la intervención de los demás grupos parlamentarios" que tienen "derecho a opinar".

A su juicio, los miembros de la oposición "deben ser más demócratas y entender que, porque un diputado renuncie a su turno, no obliga a los demás grupos a renunciar al suyo". "Los mal perdedores, los que no saben asumir la realidad de los votos que emitió el pueblo valenciano el domingo pasado, siempre abandonan en lugar de dar su opinión" y "justificar y analizar el por qué de su debacle", manifestó.

Al finalizar, Mireia Mollà, que era la única diputada que permanecía en los escaños de la oposición, dijo creer que desde el PP "están equivocados" porque no había renunciado a su turno de palabra, sino que había pedido que pasara directamente a votación, puesto que, según explicó más tarde, ayer ya se debatió una iniciativa similar presentada por el PSPV. "Háganselo mirar", aseveró la parlamentaria, quien aseguró que "se ha vulnerado aquí el reglamento de las Corts y el derecho de la diputada".

"Yo me he esperado, porque usted, señora presidenta, no podrá decir que no me ha hecho esperar a que todos salieran de esta cámara", apostilló la parlamentaria de Compromís, quien comentó que Martínez se lo pidió "personalmente y yo me he esperado a que salieran".

Asimismo, resaltó que tenía "igual derecho a pedir que pasara directamente a votación y, si no, que se hubieran quedado los parlamentarios a ejercer el derecho que tienen en esta cámara a votar". Finalmente, insistió en que no pidió renunciar a su turno de palabra y "usted --en referencia a la presidenta-- me ha hecho esperar a que saliera el grupo parlamentario, usted, usted me ha hecho esperar", tras lo que abandonó el hemiciclo y se reunió con sus compañeros, que la recibieron con aplausos en los pasillos.

Por su parte, Milagrosa Martinez recordó que "quien tiene potestad para ordenar los debates, este jueves, es esta presidenta", y señaló que dado el "interés" que la diputada de Compromís tenía por la moción presentada por su grupo, al abandonar la Cámara, la iniciativa se sometía a votación, que fue rechazada por los 51 diptados del PP que se encontraban en el pleno y ningún voto más, puesto que todos los miembros de la oposición ya no se encontraban en el hemiciclo.

Las Corts rechazan la documentación para elegir a Pajín senadora y Luna afirma que estudiará presentar una querella

VALENCIA.- La comisión del Estatuto del Diputado de las Corts rechazó hoy la documentación presentada por el PSPV para la designación de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, como senadora por la Comunitat Valenciana porque la declaración de Pajín sólo se hace referencia a la Ley Orgánica del Régimen Electoral Estatal y no a la norma autonómica de designación de senadores, según explicó el portavoz socialista en la Cámara autonómica, Ángel Luna, quien acusó a algunos 'populares' de estar "delinquinedo" y no descartó presentar una querella por prevaricación.

La razón para denegar la documentación es que el primer párrafo del artículo cuarto de la ley autonómica de designación de senadores ya remite a la ley estatal mencionada, pero añade dos párrafos más sobre la necesidad de "gozar de la condición política de valencianos, cumplir los requisitos para ser diputados de las Corts valencianas y aceptar el cargo caso de ser designados" además de que "será causa incompatibilidad ser miembro del Consell y de la Mesa de las Corts".

Según criticó Luna, "el mismo escrito" sí sirvió para la elección de los ex presidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Joan Lerma, así como el diputado socialista Andrés Perelló, como representantes en la Cámara Alta, por lo que pondrán la situación en conocimiento del Senado y están "estudiando seriamente" la posibilidad de presentar una querella por prevaricación porque le parece que "hay miembros de la Mesa y algún diputado del PP que están delinquiendo".

"No están emitiendo un voto como diputado, están aplicando el reglamento de la Cámara y, en eso, tienen la obligación de ser imparciales y no lo están siendo", aseveró Luna en declaraciones a los medios tras la celebración de la Comisión a puerta cerrada.

También argumentó que, además de la declaración responsable de la secretaria de Organización del PSOE que hace referencia a la Ley de Régimen Electoral Estatal, el escrito presentado por el PSPV en el que propone la designación de Leire Pajín y José María Ángel como senadora titular y suplente, respectivamente, de Andrés Perelló y María Ángeles Rochel, sí se refiere específicamente al artículo cuatro de la norma autonómica de designación de senadores.

En concreto, el texto reza que "en representación de la Comunitat Valenciana 3/1998, de 23 de mayo, de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana, propone a los siguientes candidatos titular y suplente (adjuntando la documentación necesaria, de acuerdo con el capítul III, artículo 4 de la citada ley)".

Para Ángel Luna, se trata de un "atropello" que se hace "para retrasar deliberadamente" la designación de Leire Pajín como senadora y "cumplir con la voluntad del presidente de la Generalitat Francisco Camps, que pretende castigar a los socialistas por los problemas que él tiene con la administración de justicia y que se ha buscado por sus malas compañías", además de para echarles "la culpa" a los socialistas de que no haya una senadora valenciana.

Asimismo, criticó que no existe un informe jurídico que diga que "falta ese requisito" sino que "lo ha dichoel diputado del PP Rafael Maluenda exclusivamente".

No obstante, comentó que tendrán que "rehacer el escrito", aunque no sabe "exactamente cómo" para evitar un nuevo rechazo, por lo que harán "referencia a todos los artículos".

Camps alega el respaldo de los valencianos ante la petición de la oposición de "transparencia" en los contratos públicos

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, destacó hoy que su labor al frente del Gobierno valenciano se apoya en el "respaldo mayoritario de los ciudadanos" mientras el portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, le pedía "transparencia" respecto a los contratos públicos.

El jefe del Consell insistió en que la Generalitat cumple con la legalidad y lo que marca el regalmento en esta materia.

Camps se pronunció de esta manera en la sesión de control de hoy en las Corts, donde el portavoz socialista, Ángel Luna, le preguntó si considera que la transparencia en un sistema democrático le obliga a informar sobre los contratos y subvenciones con recursos públicos a empresas y fundaciones privadas y sobre las circunstancias que rodean a las mismas.

Al respecto, Camps contestó en la primera respuesta que "un día más le vuelvo a reiterar que es lo que ha sido la costumbre de los últimos años de Gobiernos del PP". La contestación no satisfizo al síndic socialista, quien opinó que "miente" porque "no podemos ver los contratos".

Además, le advirtió de que no se piense que la victoria electoral en los comicios europeos "le permite hacer más todavía lo que quieren, despreciando las normas", ni va a hacer que el PSPV "cambie de táctica" porque esto "no es una cuestión de táctica" sino de "respeto a las reglas del juego democrático".

Así, Luna señaló que "lo que se ha hecho --Camps-- no se borra, no van a desparecer ni se va a tragar la tierra a Correa, a Álvaro Pérez, ni los contratos que han hecho, ni las razones por las cuales está imputado. No se van a borrar con el resultado de las elecciones", apuntó en referencia al 'caso Gürtel'. Asimismo, añadió que hay una diferencia entre antes y después de los comicios: "que conozco el sumario", dijo. Y, aunque "no lo voy a contar, tarde o temprano saldrá", advirtió.

El jefe del Consell insistió en que tal y como han dicho a lo largo de los últimos meses, "se aplica la ley, se aplica el reglamento y se aplica la norma de la transparencia y la fiscalización" en las actuaciones de la Generalitat. Frente a esto, acusó a los socialistas de intentar "crear un nuevo telón de acero entre su incompetencia y nuestra manera de gobernar".

"Ese telón de acero basado en la mentira y la insidia, los ciudadanos saben mirarlo por encima y saben perfectamente que hay un Gobierno y un partido que está todos los días trabajando por el presente y el futuro de nuestra tierra. Es el PP", apostilló.

En este sentido, Luna criticó la "deriva autoritaria" de Camps al "amenazar a los que cumplimos con nuestra obligación de oposición, es inaceptable" pero, aseguró que les "sobra entereza moral para seguir defendiendo la esencia de una sociedad democrática. Y no se trata de ganar las siguientes elecciones sino de ganar un modelo de sociedad útil para nosotros y nuestros hijos", manifestó.

Así, le dijo a Camps que tras el domingo, "le quedan dos años como presidente de la Generalitat".

El jefe del Consell, por su parte, criticó el tono en el que Luna realizó su intervención. "No nos gustan sus maneras y sus gestos", dijo y señaló que, por contra, ellos se apoyan "en el trabajo" y en el "respaldo mayoritario de nuestros conciudadanos que elección tras elección piensan justo lo contrario a usted".

"La única deriva es la que ustedes llevan", les dijo a los socialistas, que son "libres de decidir qué tipo de oposición quieren seguir haciendo".

"Nosotros seguiremos tendiendo la mano" para "juntos reivindicar lo que necesita nuestra tierra", como la financiación o el agua, y las políticas para recuperarse de la situación de crisis.

Del mismo modo, advirtió al portavoz socialista de que su forma de hablar y de actuar lleva al PSPV a un "camino sin salida" y es "lo más alejado de lo que pueda significar representar legítimamente a cientos de miles de valencianos que votan al PSPV, que están alucinados de su forma de actuar" en las Corts. "Va a conseguir ser el peor portavoz de la historia de la democracia autonómica", le espetó.

Por su parte, Luna, le contestó que "no es personal, a mí usted personalmente me da exactamente igual". Pero, sí contra "sus comportamiento" porque "trajeron a una tropa de delincuentes a los que les dieron contratos", porque "no contestan" en las Corts y porque "preguntamos", "somos objeto de persecución por su parte y por parte de los medios que controlan".

El portavoz adjunto del PSPV, Ximo Puig, recordó al PP que hay que "respetar las reglas del juego" y recordó que esto era una sesión de control al Gobierno "y no a la oposición". Además, advirtió de que el PP quiere llevar a los valencianos a una "sociedad 'berlusconiana'" por tratar de que de que "dé igual que un político sea corrupto que honrado".

En este sentido, el vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, instó a los socialistas a que, "en lugar de "llevar la política a la justicia, traigan la justicia a la política" y les pidió que "hagan un esfuerzo" para que las actuaciones del Gobierno central "sean justas con esta tierra".

Trabajo espera que recaiga "todo el peso de le ley" sobre el empresario que abandonó a Franns Rilles

ALICANTE.- La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a estudiar la posibilidad de regularizar al inmigrante que perdió el brazo izquierdo en una máquina de amasar en una panificadora de Gandía y que fue abandonado por su jefe a 50 metros de llegar al hospital. Rumí ha señalado que el caso puede encajar en los supuestos de regularización por razones humanitarias.

La secretaria de Estado destacó que "la ley contempla actualmente situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de la documentación en función de razones humanitarias".

Atendiendo a ese supuesto, "si se solicita" la regularización, "se va a estudiar", puesto que "es evidente que es uno de los casos que pueden" acogerse en él. "Esto llevará sus trámites por parte de la Subdelegación del Gobierno correspondiente", añadió.

Según Comisiones Obreras, otra de las condiciones que reúne Rilles es carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen, así como poder demostrar la existencia de relaciones laborales "cuya duración no sea inferior a un año".

El sindicato estudiará además la posibilidad de solicitar una pensión de invalidez si se reconoce la relación laboral entre el empleado, que estaba contratatado en situación irregular, y la panficadora.

Asimismo, la secretaria de Estado ha afirmado que su departamento ha requerido al Observatorio del Racismo y la Xenofobia un análisis del caso para estudiar qué medidas se pueden adoptar si se constatan los hechos.

Rumí calificó de "repugnante" la conducta del empresario y manifestó que si los hechos se constatan, "puesto que está abierta una investigación, se tomarán todas las medidas que ya hoy tenemos en nuestro alcance en el ámbito legal".

No obstante, añadió que prefiere "esperar a tener todos los resultados de esa investigación", para adoptar una decisión.

En este sentido, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que "debe recaer todo el peso de la ley" sobre el empresario que, presuntamente, no asistió al inmigrante boliviano.

Corbacho ha comentado que en época de crisis muchas personas "aceptan cualquier puesto de trabajo y alguien puede tener poco escrúpulo para obtener un beneficio económico" sin respetar derechos de los trabajadores.

Por ello, añadió se ha incrementado en lo que va de año un 30% la labor de la Inspección de Trabajo contra "la economía irregular". "Quienes contratan tienen que saber que la Inspección será contundente", ha advertido.

Corbacho ha reiterado que espera que "recaiga todo el peso de la ley" sobre un empresario que "no le prestó la atención necesaria" al trabajador herido, al que supuestamente abandonó en las cercanías de un centro sanitario antes de arrojar el brazo amputado a un contenedor.

Investigación de la Guardia Civil

En este sentido, la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia ha pedido informes a la Guardia Civil y a la Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido. Según fuentes próximas a la investigación, el fiscal de Siniestralidad de Valencia, Jaime Gil, ha requerido al fiscal de Gandía que oficie a la Guardia Civil y a la Inspección informes "en la mayor brevedad posible", para determinar en qué delitos pudieron incurrir los jefes de este joven, de 33 años.

Con los informes, la Fiscalía decidirá qué actuaciones adoptará para esclarecer este asunto y determinar las posibles responsabilidades, indicaron las mismas fuentes, que aseguraron que por este caso se ha interesado también el fiscal de Sala de Siniestralidad, que ha pedido un seguimento puntual por parte del ministerio público.

La Guardia Civil ya detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían empleados a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven de que uno de los jefes lo abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida. Por el momento, ha clausurado el establecimiento.

El brazo, en la basura

El joven, de origen boliviano, que se encuentra "bien" e ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, llevaba trabajando en esa empresa de Gandia algo más de un año y medio, sin contrato de trabajo, al igual que el resto de los compañeros, según denunció su hermana, Silvia.

En el momento del accidente se encontraba amasando 40 kilogramos de harina y, cuando se le cayó un plástico, se le quedó enganchado el brazo izquierdo en la máquina. Según su hermana, "perdió el brazo, pero la máquina podía haberlo tragado si no la hubiera apagado".

Tras el incidente, el jefe del joven lo subió a su vehículo y dijo que iba a llevarlo al hospital San Francisco de Borja de Gandia, aunque unos 50 metros antes de llegar lo obligó a bajar y lo abandonó en plena calle, "mientras perdía mucha sangre". La hermana afirma que el empresario se comportó de esta manera porque "no tenía permisos ni licencias" y, además, "tenía a sus trabajadores sin contrato, sin papeles".

Un viandante ayudó al joven a llegar al servicio de Urgencias del hospital de Gandia, donde los médicos se pusieron en contacto con el cirujano Pedro Cavadas y su equipo para ver si le podían reimplantarle el brazo.

Por este motivo, los facultativos trasladaron al joven hasta el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, donde el doctor Cavadas no pudo hacer nada por reimplantarse el brazo, puesto que éste "se encontraba en muy mal estado, ya que los empresarios, tras lo ocurrido, lo tiraron a un contenedor", denunció Silvia, quien también recordó que "limpiaron todo para no dejar restos de nada".

Resultados electorales y política regional española / Josep Miró i Ardèvol

El PSOE ha ganado básicamente en las comunidades autónomas que reciben más subsidios de las administraciones públicas. Allí donde además –caso de Andalucía- el paro es todavía más grande que la ya de por sí astronómica media española. Se trata de 6 de las 8 provincias andaluzas, y de Asturias.

En el sur, que es el territorio del PER, de las continuas aportaciones de fondos tanto del Estado como de la UE, y en el norte, donde se han producido grandes y necesarias ayudas para paliar lo que ha significado el desmantelamiento de su base minera e industrial. Donde el Estado se torna un agente paternalista, ese es territorio PSOE.

Este mismo miércoles ForumLibertas publica una información inédita de cómo se distribuye la inversión e infraestructuras en los cinco grandes ejes económicos españoles: el Mediterráneo, el del Sur, el del Ebro, el Central y el del Norte, con interesantes datos sobre lo que se deduce de esa distribución (ver artículo más abajo).

Ha ganado, asimismo, el PSOE en Barcelona y Tarragona, pero con un resultado mucho más ajustado, ya nada galáctico, a diferencia de los anteriores comicios. También lo ha hecho en dos de las tres circunscripciones vascas, Guipúzcoa y Álava, todavía con resultados más ajustados que en el caso anterior. Un notable éxito se apunta en dos provincias aragonesas en este caso, Zaragoza y Huesca, donde triunfan con más del 40% de los votos.

Esa es la radiografía exacta: el PSOE vive sobre todo a expensas de la España subsidiada. En el caso de Andalucía y Extremadura esto es todavía más evidente si se coteja el resultado de las grandes ciudades con la importante población rural. En las primeras la tendencia es favorable al PP, en las segundas al PSOE.

¿Qué casuística podemos deducir de todo esto? Primera, una política regional española que prima de manera extraordinaria a determinadas comunidades sin atender excesivamente a criterios de justicia y, sobre todo, de racionalidad económica ha permitido un nuevo caciquismo basado precisamente en la distribución de estas ayudas que convierte en prisioneros políticos a las familias que dependen de ellas.

También, el reciente escándalo que afecta al hasta hace poco presidente Chaves ha puesto de relieve algo por otra parte bien conocido: la existencia de filtros de contratación también en empresas privadas a cargo de responsables socialistas. Y es que la subvención lo condiciona todo. Naturalmente, todo esto no es bueno para nadie, aunque pueda parecer para muchos que viven esa situación lo contrario. No se trata de ayudar más o menos sino que la forma que se canalizan las ayudas no determine un condicionamiento partidista insuperable.

En el caso de las dos circunscripciones catalanas y vascas, la causa es muy distinta. Estas comunidades son las únicas donde el eje del voto, España-Cataluña o España-País Vasco, rompe lo que sociológicamente es el voto del PP en el resto de España (y ahora seria necesario añadir a la lista el caso de Navarra y la UPN).

Naturalmente todo esto es muy matizable, las formaciones de centroderecha específicas de estas CCAA tienen matices propios que también les diferencian del PP, pero si nos atenemos a la estructura pura y dura, la explicación fundamental es la división en dos bloques enfrentados.

Las circunscripciones aragonesas quedan, en este sentido, como una gran singularidad en las que quizás exista al menos en Zaragoza un “efecto Belloch,” el de una socialdemocracia mucho más centrada y dialogante que la que pueda encarnar Zapatero, Chaves o Montilla.

Esta situación hace que se admitan cosas a los portavoces de unas comunidades que no serían admitidas a otros. Por ejemplo, hace pocos días un portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía afirmó que no les gustaba la fusión entre Caja Murcia y CajaSur, y que por consiguiente dirán No “a que venga una caja de fuera por legítimo que sea” ¿Pero fuera de donde?

En un tiempo en que empresas de otros países europeos participan en grandes empresas españolas de manera mayoritaria, ¿es sensato decir que son de “fuera” los de Murcia en relación a Andalucía? Esto es cantonalismo del más viejo estilo, pero nadie ha elevado la voz. ¿Qué hubiera sucedido si esta misma declaración la hubiera hecho la Generalitat de Cataluña? Este ejemplo ilustra bien la subjetividad con que se contempla la política regional española.

La crisis económica presenta la necesidad y la ocasión de replantear esta política regional, para eliminar lo que ahora son flujos desmesurados de recursos dirigidos al clientelismo político. Ese y no otro es el problema en esta vertiente.

Eso y una determinada ideología que permite aceptar como normal que el eje que registra el mayor tráfico de toda España con Europa, el que une Alicante con Valencia, Barcelona y la frontera, tenga un tramo de ferrocarril con solo una vía, no exista ni tan siquiera proyecto de AVE y la carretera nacional sea prácticamente la única de toda España que no se ha convertido en autovía.

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