jueves, 19 de abril de 2012

Puig dice que el Consell está "intervenido por el PP de Génova" y tilda los recortes de inaceptables

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha considerado este jueves que el Consell "está intervenido por el PP de Génova" --sede nacional de los 'populares'--, lo que a su juicio, ha ocasionado que el Ejecutivo autonómico haya "asumido recortes imposibles de aceptar para la Comunitat Valenciana", como el copago farmacéutico o los ajustes en Educación.

   Puig ha realizado estas declaraciones a los periodistas antes de participar en la tradicional romería a la Santa Faz, en Alicante, al ser requerido para que hiciera una valoración de la actualidad regional y de su participación en la jornada festiva alicantina.
   Así, el secretario general de los socialistas valencianos ha afirmado que la Comunitat "vive una grave crisis económica, social y moral", de la que ha responsabilizado al actual equipo de gobierno autonómico, del PP, al que ha calificado de "muy negativo" para la región.
   Igualmente, ha mostrado su esperanza para poder, "entre todos, salir de la crisis con cohesión social", y evitar "que las personas con más dificultades tengan que pagar" por la actual coyuntura económica. "Hay que buscar espacios de acuerdo, y los socialistas vamos a estar ahí", ha añadido.
   Además, ha subrayado que, a su juicio, el Gobierno de la Generalitat valenciana "está desnortado, no tiene opinión propia", y ha apuntado que está "intervenido por el PP de Génova". "Eso tiene un coste para la Comunitat, y es asumir recortes imposibles de aceptar. Forma parte de esa falta de dirección", ha enfatizado al respecto.
   Puig también ha resaltado la necesidad de "buscar más lo que une que lo que separa", y ha destacado que la Comunitat Valenciana, "durante muchas décadas, ha sido solidaria con España, y ahora España tiene que ser solidaria con la Comunitat".
   El líder del PSPV ha afirmado que desde el ejecutivo valenciano "no puede haber sumisión a Madrid", y ha apostillado que "ni el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ni el PP autonómico, ni el Consell tienen capacidad de reacción".

El PSPV seguirá personado en la causa de presunta financiación ilegal del PPCV

VALENCIA.- La nueva dirección nacional del PSPV ha decidido mantenerse en la causa por presunta financiación ilegal del PPCV derivada del 'caso Gürtel' que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, según han informado hoy fuentes socialistas. 

   Así, la formación socialista permanecerá como acusación en esta causa, aunque se apuntó la posibilidad de que podría retirarse del procedimiento ya que el nuevo secretario general, Ximo Puig, es más partidario de denunciar la corrupción desde el ámbito político que desde el judicial.
   El PSPV irá viendo "caso a caso" para elegir la vía más adecuada en cada momento, pero en la causa por presunta financiación irregular del PPCV "se mantiene toda la acción jurídica y el partido no da un paso atrás", según han indicado las mismas fuentes.
   El vicepresidente segundo de la Mesa de las Corts y diputado socialista, Ángel Luna, --uno de los firmantes de la querella-- ha valorado que el partido siga adelante en esta causa, ya que "ahora viene lo importante", ha señalado.
   "Éste el grueso del caso Gürtel", ha destacado Luna, para quien la conocida como 'causa de los trajes' "nunca se debía haber separado del resto, porque todo forma parte de una trama corrupta y de las relaciones que ha tenido con la Generalitat y con la cúpula del PPCV".

La valenciana será de las CCAA más beneficiadas por compensar el gasto sanitario a desplazados

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana será una de las comunidades autónomas que obtendrá mayores beneficios por la compensación del gasto que realiza en atender a los desplazados, tanto nacionales como extranjeros, según ha asegurado en un comunicado la Generalitat, quien ha explicado que la Comunitat Valenciana recibió el pasado año 21.7 millones de turistas, tras Andalucía y Cataluña. 

   El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió este miércoles crear el Fondo de Garantía Asistencial, con el que se reembolsará a las autonomías parte del gasto generado por la asistencia de personas sin cobertura en su sistema sanitario.
   Este fondo tiene un doble objetivo, por un lado, garantizar la atención a los pacientes de zonas limítrofes o desplazados temporales y, por otro, compensar a las comunidades autónomas que prestan este servicio y responder a sus necesidades financieras tras prestar asistencia.
   Este fondo permitirá a la Comunitat recuperar en torno a 100 millones del gasto de la asistencia a desplazados, lo que supone que la Comunitat podrá recuperar el 48 por ciento del total del gasto. El conseller de Sanitat, Luis Rosado, ha calificado de "relevante" para la Comunitat la creación de este fondo, que "responde a una reclamación de casi todas las autonomías en las que hay una presión asistencial importante por la llegada de habitantes de otras comunidades".
   Rosado ha indicado que "desde hace tiempo el Consell reclamaba la formación de un fondo específico para que los sistemas sanitarios regionales sean compensados por todas las asistencias que prestan a los desplazados y que dicha compensación alcance la totalidad de las prestaciones sanitarias y farmacéuticas, tanto en el caso de asistencia programada como urgente y por todo tipo de proceso".
   La Comunitat es una autonomía eminentemente receptora de turismo, lo que supone una gran fuente de ingresos, pero supone que en ocasiones se requiera una asistencia sanitaria y farmacéutica con carácter de urgencia que puede conllevar o no un ingreso hospitalario.
   Desde el Consell han señalado que la asistencia a desplazados genera un gasto en la sanidad valenciana que hasta ahora, en su mayoría, no era compensada por el Gobierno central dada la legislación actual. También es frecuente prestar asistencia programada a pacientes de otras Comunidades Autónomas que, no estando empadronados en la Comunitat Valenciana, pasan largas temporadas en ésta.
   La normativa estatal vigente hasta ahora establece que el Fondo de Cohesión Sanitaria será la herramienta cuyo objeto es garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español, así como la atención a ciudadanos desplazados procedentes de países terceros.
   El problema de este fondo es que sólo reconoce una pequeña parte de la totalidad de las asistencias, ya que establece que sólo son objeto de compensación económica determinados tipos de asistencias que hayan sido derivadas previamente entre comunidades autónomas con carácter programado. Aún en el caso de que reúna las indicaciones anteriores, el Fondo sólo compensa el 80 por ciento del coste de las asistencias prestadas.
   Durante el año 2011 la asistencia a desplazados generó un gasto de 210 millones de euros, de los cuales 165 correspondían a nacionales y 45 a extranjeros. La atención especializada supuso 101,5 millones de euros, la atención primaria 57,5 y la farmacia 51 millones.

Medio centenar de trabajadores de RTVV se concentran ante el despacho de Garrigues para exigir alternativas al ERE

VALENCIA.- Alrededor de medio centenar de trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) se han concentrado este jueves ante el despacho de Garrigues en Valencia --que se encargará de la gestión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto en el ente público-- para exigir alternativas a los despidos y la negociación de un pacto de futuro y productividad con los trabajadores.

   Los empleados concentrados han portado una pancarta en la que se podía leer 'Els treballadors no som els culpables. RTVV pública, en valencià i de qualitat'. Asimismo, seis de ellos han logrado subir al despacho de Garrigues, donde han entregado unos escritos en los que señalan que esta consultora "no puede contribuir al desmantelamiento de RTVV".
   El presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, ha denunciado que la empresa "quiere hacer pagar a los trabajadores la responsabilidad de la mala gestión y del saqueo que ha sufrido RTVV". Así, ha asegurado que los "auténticos responsables" de la situación que vive el ente son "los malos gestores" que ha tenido.
   Al respecto, ha destacado que una "prueba clarísima" de ello es que el próximo 8 de mayo está citado a declarar como imputado en la trama Gürtel el ex director general de RTVV Pedro García "por haber desviado al menos siete millones de euros de los que se gastaron durante la visita del Papa a la trama Gürtel, e incluso por haber desviado a una cuenta de un familiar suyo que también esta imputado 500.000 euros".
   Mifsud ha indicado que el equipo directivo que puso García y Vicente Sanz, "procesado por abuso sexual de tres compañeras", es "el que ha contratado a esta empresa --en referencia a Garrigues-- para que nos tire a los trabajadores que hacemos la radio y la tele públicas".
   Los trabajadores consideran que antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro laboral se deben tener en cuenta "todas las circunstancias económicas que han rodeado la gestión de estas personas" y, además, hay que "analizar alternativas para hacer viables nuestras empresas".
   El presidente del comité de empresa ha hecho hincapié en que existen "alternativas" que pasan por la producción propia. En esta línea, ha apuntado que RTVV "no tiene un coste excesivo", menos de 25 euros anuales por valenciano, y "ofrece un servicio público fundamental para la promoción de la cultura y la lengua valencianas".
   "Actualmente, en todo el espectro audiovisual y radiofónico, RTVV es garante de la información y de la difusión y promoción del valenciano", ha destacado Mifsud, quien ha advertido de que "si acaban con nosotros y con nuestras empresas, esto se acaba".
   Para el representantes sindical, "poner en peligro este modelo es poner en peligro un servicio básico para los valencianos", por lo que considera que esto es algo que la Generalitat "debería defender". En esta línea, cree que no solo se deben tener en cuenta criterios "economicistas", sino también los referentes al "servicio social" que ofrece el ente.
   Vicente Mifsud ha criticado que "no puede ser que en una empresa donde se ha saqueado como en Emarsa --que está siendo investigada judicialmente por un agujero de 25 millones en la gestión de la depuradora de Pinedo-- resulte que los que lo tenemos que pagar seamos los trabajadores".

EUPV critica la tardanza del Consell en responder a una pregunta sobre el pago de la defensa de Camps y Costa

VALENCIA.- El diputado y portavoz adjunto de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, ha alertado que, a día de hoy, el Consell no ha respondido a una pregunta escrita registrada el pasado 10 de febrero que interpelaba sobre si el Ejecutivo autonómico "ha asumido, directamente a través de la Abogacía de la Generalitat o mediante la contratación de servicios externos, algún gasto relacionado con la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps o del diputado 'popular' Ricardo Costa en el caso de los trajes, juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)". 

   Blanco, en un comunicado, ha relacionado este "silencio" con el "coste de las defensas de tres altos cargos autonómicos imputados en el caso Gürtel que, según se ha conocido, asumió la Generalitat". Así, ha destacado que "son ya 70 días esperando" y ha anunciado que exigirán una explicación porque "incluso se ha vulnerado el Reglamento de las Corts en relación al plazo de publicación de nuestra pregunta".
   En este sentido, ha explicado que la pregunta escrita sobre la defensa de Camps y Costa en el caso de los trajes fue registrada el pasado 10 de febrero y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas el 28 de marzo.
   El diputado de EUPV ha indicado que, según el artículo 157 del Reglamento de la cámara autonómica, "la contestación escrita a las preguntas tendrá que realizarse dentro de los quince días siguientes a su publicación, que tendrá lugar en el plazo máximo de diez días desde su presentación, pudiendo prorrogarse este plazo, a petición motivada del Consell y por acuerdo de Mesa de las Corts, por otro plazo de hasta quince días más".
   "Por lo tanto, queda claro que se incumplió el Reglamento de Les Corts en el plazo de publicación de la pregunta, pues en vez de 10 días, transcurrieron 57", denuncia el diputado de EUPV, quien espera la respuesta del Consell sobre "un tema sumamente importante, como es el pago de gastos de la defensa jurídica de personas imputadas a cargo de las arcas de la Generalitat".
   Blanco ha considerado que "este hecho es injustificable, tanto si se trata de altos cargos en activo, como Jorge Guarro y Dora Ibars, como si son personas que ya no tienen ninguna relación de servicio a la administración, como Isaac Vidal".
 "Exigimos que cada uno se pague su propia defensa", ha agregado.

Air Berlin no operará en Castellón porque los alemanes ignoran dónde está

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha calificado de una "falta de respeto" hacia la provincia de Castellón las declaraciones del director general de Air Berlin para España y Portugal, Álvaro Middelmann, en las que aseguraba que la compañía no operará en Castellón porque los alemanes "no saben dónde está".

   "Creo que este señor no conoce la realidad de nuestra provincia, no conoce la realidad que conocen 5.000 alemanes que residen habitualmente en esta provincia o los 28.000 que todos los años visitan nuestra provincia por motivos turísticos", ha explicado Moliner.
   El presidente de la corporación provincial también ha lanzado una invitación a Middelmann "para que venga a Castellón a conocer los recursos de esta provincia y los potenciales que esta tierra sigue teniendo como un destino potente y que seguro que, en el momento en el que el aeropuerto esté funcionando, tendrá un gran atractivo para que su compañía, al igual que las demás, puedan traer viajeros a Castellón".

EUPV exige la retirada "inmediata" del ERE en el IVVSA "por injusto y carísimo"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha exigido este jueves la retirada "inmediata" del Expediente de Regulación de Empleo en el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) por "injusto y carísimo" y ha anunciado que pedirá el expediente de contratación de la consultora que gestiona el ERE "para conocer qué negocio se está haciendo con el despido de los trabajadores de la empresa pública".

   Según ha dicho Blanco en un comunicado, "el coste de casi siete millones de euros de despedir a 252 trabajadores, es el despropósito que faltaba en el proceso de dinamitar el IVVSA, y con esto provocar la desaparición de cualquier política pública de vivienda".
   Blanco ha señalado que estos despidos "son injustos y perjudiciales para la sociedad valenciana. Muchos de los 252 trabajadores que se irán a la calle son profesionales de altísima cualificación y que llevaban 20 años trabajando al instituto".
   EUPV ha mostrado "desde ya hace semanas" su oposición "frontal" al ERE y ha exigido su "retirada inmediata" y que el Consell inicie un proceso de negociación "real" con el comité de empresa para encontrar "alternativas".
   La formación, además, ha advertido de que la desaparición del IVVSA "deja desamparada a una parte de la población con menos recursos y que también tiene derecho a una vivienda, y por lo tanto, el PP está vulnerando el artículo 47 de la Constitución y está dejando totalmente en manos de bancos y empresas constructoras e inmobiliarias el mercado de la vivienda".
   Para el diputado de izquierdas, "el PP ha convertido el IVVSA en un agujero negro donde ha dilapidado el dinero con numerosos megaproyectos urbanísticos, símbolos del modelo especulador que ha impulsado".
   "El Consell debe más de 1.000 millones de euros al instituto y los gastos financieros de éste son muy superiores a los de personal. Ahora es lamentable ver como son los trabajadores quienes pagan esta gestión, y lo más triste es que sus despidos pueden suponer otra cantidad desorbitada de millones de euros para las arcas públicas. Es otro motivo más para parar el ERE", ha apuntado Blanco.

Morenilla rechaza comparecer en la comisión de investigación de Emarsa por su imputación

VALENCIA.- El exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, ha rechazado comparecer en la comisión de investigación sobre Emarsa en las Corts, por su imputación en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia por el agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo.

   Juan José Morenilla estaba citado a comparecer en el parlamento valenciano este viernes a las 18.30 horas, pero se opone a hacerlo debido a los "últimos acontecimientos judiciales", en concreto, por su imputación.
   "En tanto en cuanto no se solvente mi relación con dichos hechos, considero más oportuno y prudente mantenerme ajeno a cualquier comparecencia de esta índole", señala en el escrito remitido al presidente de las Corts, Juan Cotino.
   Morenilla, quien destaca su "máximo respeto" a la cámara valenciana, señala que su ausencia en la comisión de investigación de Emarsa "no debe ser entendida como un acto de desobediencia hacia la misma", sino que está motivada "únicamente por el cambio sufrido" en su "status personal".
   No obstante, asegura: "llegado el caso de verme librado de las obligaciones antes referidas, no tendré inconveniente alguno en comparecer ante la comisión y cumplir con mis obligaciones como ciudadano".
 "Espero que comprendan y respeten mi decisión", concluye en su escrito.
   El titular del juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, encargado de investigar el agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, acordó el pasado día 9 imputar en el procedimiento a Morenilla, así como al jefe de explotaciones de la entidad, Ignacio Bernácer, al hallar indicios de criminalidad.
   El magistrado ordenó llamar a declarar como imputados a Morenilla y a Bernácer tras solicitarlo todas las partes acusadoras personadas en estas diligencias --ministerio fiscal, Emshi, abogado del Estado, abogado de la Generalitat y la acusación popular (PSPV)-- y, asimismo, el juez pidió que se investigue el patrimonio de ambos.
   Juan José Morenilla ostentó durante todo el periodo objeto de investigación (2004 a 2008) uno de los cargos de máxima responsabilidad dentro del organigrama funcional de la Epsar.
   El vicepresidente de Emarsa y alcalde de Albal, Ramón Marí, y el consejero de la empresa y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mislata, Manuel Corredera, abrieron este miércoles las comparecencias de la comisión de investigación sobre Emarsa en las Corts.
   Marí aseguró que el expresidente de la entidad y exvicepresidente 'popular' de la Diputación provincial, Enrique Crespo, es quien tiene "toda" la responsabilidad en el "saqueo" de la empresa gestora de la depuradora de Pinedo, mientras que Corredera aseguró que ningún consejero de Emarsa detectó el agujero económico que se estaba produciendo en la empresa.

Rajoy dice que "no hay dinero en España para los servicios públicos"

BOGOTÁ.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió el jueves un esfuerzo a los españoles ante los recortes de Sanidad y Educación anunciados en los últimos días, en un contexto de fuerte crisis económica que ha dejado a casi cinco millones de españoles en el paro.

"Se trata de pedir un esfuerzo (...) es necesario, es imprescindible porque en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos", dijo a la prensa en Colombia, donde se encuentra en visita oficial.
"Vamos a seguir haciendo reformas en el futuro, no queda más remedio, son el pasaporte para superar esta difícil situación", añadió.
España se encuentra bajo presión de la Unión Europea y los mercados financieros para reducir el gasto público con la intención de alcanzar en 2013 el compromiso pactado con Bruselas de un déficit del 3 por ciento.
El Gobierno ha anunciado en los últimos días reformas en los sensibles departamentos de Educación y Sanidad, añadiendo un ahorro de 10.000 millones a los sobrios presupuestos generales del Estado presentados este mes.
Esas reformas elevan el precio que los españoles tendrán que pagar por los medicamentos con receta o por la universidad, además de aumentar las horas lectivas de los profesores o reforzar la coordinación en la gestión sanitaria en las diferentes comunidades autónomas.

Felipe González no lo ve así

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho hoy que "hay una salida a la crisis pero no por la senda que vamos", en un acto de homenaje organizado por Radio Sevilla con motivo del 20 aniversario de la Expo 92, que se cumple mañana.
La salida de la crisis no pasa "por la destrucción de una sociedad cohesionada, ni por el liberalismo que nos llevó a esta crisis", según González, quien ha añadido que "hay que ayudar a este gobierno aunque no se deje ayudar, porque lo importante es salir de la crisis".
"Hay que cambiar la política europea", ha insistido González, que ha acusado a la canciller alemana, Angela Merkel, de que "no comprende que una Europa alemana siempre fue un desastre para Europa y para Alemania, y que Alemania funciona con perspectiva de futuro cuando es una Alemania europea".
González ha calificado de "caótica" la actual situación europea en la que "los que se sienten coyunturalmente más perjudicados critican a los más próximos", y ha insistido en que "el problema es Merkel" y en que por sus políticas se prolongará la crisis, porque "la austeridad es necesaria, pero no para que baje la economía de dos puntos en dos puntos".
González ha confesado que está "irritado con el uso electoral que Sarkozy hace de España, cuando lo que hace falta es un presidente que le diga a Merkel que no lleva razón", a la vez que ha advertido de que "los mercados serios no van a invertir hasta que no vean posibilidad de crecimiento".
El expresidente ha recordado que la deuda del Reino Unido es superior a la de España y paga intereses del 1 % en vez del 6 %, porque tanto el banco central británico como la reserva federal estadounidense propician la liquidez e impiden que los especuladores les marquen el ritmo.
Al mismo tiempo ha lamentado que Merkel se acompañe de "talibanes que no permiten que el Banco Central Europeo cumpla su función" y ha calificado de "dogma estúpido" el déficit cero.
González ha pedido "acompasar la deuda para reducir el déficit con tiempo" y se ha preguntado "¿el imperativo categórico del déficit en el 3 % a costa de qué?, para responderse: "Mientras más caiga la economía menos valen los activos, más capital se necesita y menos liquidez y más paro" y volver a preguntarse: "¿A cambio de qué se están produciendo los sacrificios?"
En el plano nacional, González ha señalado que España "necesita una política de austeridad, pero que impuesta será un error dramático porque acabará con la economía", por lo que ha señalado que al acometer las reformas estructurales precisas "es mejor que haya consenso y diálogo, sin destruir lo que ya se ha hecho".
"Si acertamos el 20 % para salir de la crisis -ha dicho- el 80 % restante dependerá de que seamos capaces de encontrar el camino como europeos".

Cayo Lara insta al Gobierno a hacer campaña contra el fraude

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha instado al Gobierno a hacer campaña contra el fraude, que ha cifrado en 90.000 millones de euros anuales entre los 60.000 millones por empresas que eluden el pago de impuestos y los 30.000 millones a los que se eleva la economía sumergida, señalando que, según un informe de Tax Justice Network de noviembre de 2011, España ocupa la décima peor posición del mundo en la materia.

   En rueda de prensa en el Congreso y en la semana en que han comenzado los debates parlamentarios sobre los presupuestos de 2012, Lara ha insistido en que "hay alternativas a los recortes", que no considera la vía ni para salir de la crisis ni para resolver el problema del déficit y cumplir con los objetivos pactados con la UE.
   Así, ha recordado que el Gobierno podría "hacer campañas publicitarias" y "una reforma fiscal progresiva" para luchar contra la evasión fiscal en lugar de acometer "amnistías fiscales" y "rebajar impuestos".
   "Defraudar a la hacienda pública no puede ser un deporte nacional, sino que tiene que ser una obligación. Es una obligación social de todos los ciudadanos con el Estado de Bienestar y con la educación pública", ha zanjado.
   En este punto, Lara ha hecho referencia al informe 'El coste del abuso fiscal' de la organización Tax Justice Network sobre el nivel de fraude fiscal de 145 países, basado en datos oficiales sobre PIB de cada gobierno así como las estimaciones del Banco Mundial sobre economía sumergida.
   Este documento sitúa a España, con un 22,5% de economía sumergida, como el décimo país donde más fraude se registra, con 107.350 millones de dólares menos de recaudación. El ranking lo encabeza Estados Unidos que, con una tasa de economía sumergida del 8,6%, deja de recaudar 337.349 millones de dólares.
   Ocupan los siguientes puestos Brasil (280.111 millones), Italia (238.723 millones), Rusia (221.023 millones), Alemania (214.996 millones), Francia (171.264 millones), Japón (171.147 millones), China (134.385 millones) y Reino Unido (109.216 millones); si bien el porcentaje de economía sumergida con respecto al PIB nacional sólo Rusia (43,8%) y Brasil (39%) tienen porcentajes superiores al de España.
   Así, la evasión fiscal en el total de los países analizados (que suman el 98,2% del PIB mundial y el 92,4% de la población del planeta) se estima en 3,1 trillones de dólares, equivalente al 5,1% del PIB global. Una cifra equivalente al 54,9% de lo que los estados analizados invierten anualmente en sus departamentos de Sanidad pública, cifrado en 5,7 trillones de dólares.
   Por continentes, la economía sumergida registra sus cotas más altas en África (34,8% del PIB) y Sudamérica (36,8%), mientras que Europa (20,5%) supera las cifras tanto de Asia (17,7%) como de Oceanía (14,1%) y Norte América (10,8%). Sin embargo, las mayores consecuencias económicas recaen en el Viejo Continente, que deja de recaudar 1,5 billones de dólares al año, más del doble de lo defraudado en Asia (665.000 millones) y muy por encima de los 452.000 millones de Norte América.
   Esto supone, concluye el informe, que uno de cada seis dólares que circulan en el mundo no paga impuestos, una ratio que baja a uno de cada cinco dólares en Europa, con picos en países como Italia o Grecia.

Casi 100.000 inmigrantes abandonaron España en 2011

MADRID.- Un total de 85.941 inmigrantes salieron del Padrón el año pasado, cuando la población extranjera se redujo un 0,7 por ciento pese a que se produjeron 45.494 altas de personas procedentes de países europeos, según el avance de resultados a 1 de enero de 2012 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. 

   En concreto, el número de residentes en España al iniciarse el año era de 47.212.990 habitantes, lo que supone un aumento de 22.497 respecto a las mismas fechas de un año antes. De ellos, 5.711.040 son extranjeros, el 12,1% del total de inscritos.
   Durante el año 2011, el número de españoles empadronados aumentó en 62.944 personas (un 0,2%), mientras que el de extranjeros descendió en 40.447 (un 0,7% menos). De ellos, los oriundos de países de la Unión Europea se incrementaron en 45.494 (hasta 2,4 millones de personas), mientras que los nacidos fuera de la UE se redujeron en 85.941 personas, hasta los 3,2 millones.
   Según la estadística del INE, las bajas más numerosas se produjeron entre los ciudadanos de Ecuador, que perdieron 54.330 habitantes, los de Colombia, con 28.506; los bolivianos, de los que figuran 14.374 menos; los de Argentina, que se han reducido en 12.348; los peruanos, que restan 10.701 y los brasileños, que en enero de este año eran 8.553 menos.
   En términos relativos, las comunidades que experimentaron una mayor reducción poblacional fueron la de Ecuador (-15,1%), la de Colombia (-10,4%) y la Argentina (-10,2%), conforme el avance del Padrón Municipal.
   En cuanto al aumento del número de residentes procedentes de la UE se debió al impulso de los ciudadanos rumanos, la comunidad que más creció el año pasado, con 30.263 nuevas personas empadronadas pese a que desde el mes de julio y por Real Decreto, estos ciudadanos ya no tienen derecho a trabajar libremente en España, sino que necesitan un permiso laboral como el resto de inmigrantes de fuera del continente europeo.
   Entre enero de 2011 y enero de 2012 también creció la comunidad pakistaní en 9.461 personas, los marroquíes sumaron 9.142 nuevos ciudadanos y los chinos vieron crecer su comunidad en 8.681 personas.
   Por lugar de residencia, los mayores descensos de población extranjera se produjeron en la Comunidad de Madrid, que perdió 57.656 extranjeros; la Región de Murcia, con un descenso de 3.796; la Comunidad Foral de Navarra, donde la reducción fue de 2.452 habitantes foráneos; Cataluña, con 1.945 menos y la Comunidad Valenciana, donde fueron 1.616 bajas. En términos relativos, las mayores pérdidas fueron las de Madrid (5,5%) y Navarra (3,4%).
   Con todo, también se produjeron incrementos de población extranjera en algunas zonas de España. En términos absolutos, Andalucía (13.465), País Vasco (5.906), Canarias (2.665) y Melilla (1.228) son las que vivieron el año pasado un mayor aumento de habitantes foráneos.
   En total, la población extranjera supone el 12,1 por ciento de los residentes en España, pero sigue teniendo mayores porcentajes de presencia en en Baleares (21,6%), la Comunidad Valenciana, (17,2%) y Región de Murcia (16,1%). Mientras, en Extremadura (3,8%), Galicia (4,0%) y Principado de Asturias (4,7%) es donde menos peso tienen los inmigrantes respecto del conjunto de habitantes.
   El 49,3% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 50,7% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (51,9%). Además, el 15,8% de la población tiene menos de 16 años, el 41,1% tiene entre 16 y 44 años y el 43,1% tiene 45 o más años, conforme los datos del INE.
   La estadística destaca que mientras los empadronados españoles de entre 16 y 44 años son el 38,4% del total, entre los extranjeros la población de esta edad supone el 59,9 por ciento.

Correos recortará su plantilla en 2.000 personas

MADRID.- Correos reducirá en 2.000 empleos su plantilla este año mediante bajas incentivadas y el traspaso de funcionarios a la Administración General del Estado, con el fin de adecuarla al descenso de la actividad postal, según indicó el presidente de la sociedad, Javier Cuesta.

   La compañía postal pública, que actualmente suma 58.000 empleados, de los que 22.000 son funcionarios, también suspenderá este año las aportaciones al plan de pensiones.
   Con estas dos medidas Correos reducirá en un 5,3%, hasta 1.434 millones de euros, los gastos de personal correspondientes a 2012. Según detalló Cuesta, este capítulo de gastos supone el 73,1% del total de gastos de explotación la compañía, que se rebajarán en un 3,6%, hasta los 1.961 millones.
   La sociedad postal, actualmente integrada en SEPI, busca adecuar sus gastos al descenso del 5% que prevé en su actividad en el presente ejercicio, que cerrará con una pérdida antes de impuestos de 164,4 millones.
   Correos prevé que los ingresos de explotación todo el grupo Grupo Correos (empresa matriz y las filiales Chronoexprés, Nexea y Correos Telecom) caigan un 11,2% este año, hasta 1.933,4 millones de euros, y que su cifra de negocio se reduzca un 8,9%, hasta 1.903 millones de euros, según detalló el presidente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
   De su lado, los gastos de explotación se reducirán un 3,5%, hasta 2.107,7 millones, y los resultados financieros caerán un 15,4%, hasta 9,9 millones, de forma que el resultado antes de impuestos arroje un saldo negativo de 164,4 millones.
   Según el presidente de la entidad, estas cifras son resultado de la situación económica general, pero también de la liberalización del mercado postal, que ha elevado la competencia, especialmente en los segmentos "más rentables, aprovechándose de las inversiones ya realizadas por Correos y aplicando políticas de bajo coste".
 "Falta el desarrollo normativo de la liberalización para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio postal universal", reclamó.
   Asimismo, indicó que desde 2007 los envíos postales han caído un 24,8% (un 7,9% sólo en 2011), mientras que los costes del servicio postal universal se mantienen como consecuencia de la alta dispersión y baja densidad poblacional del país.
   Según Cuesta, Correos también sufre una pérdida de actividad como consecuencia de la generalización de la comunicación electrónica, por las políticas de recortes en las empresas y el desarrollo de la administración telemática.
   Correos como empresa matriz (excluyendo las tres filiales), registrará un descenso del 12% en sus ingresos de explotación, que se situarán en 1.788,9 millones, como consecuencia del menor número de procesos electorales y por la vuelta a la tarificación bimensual de las compañías eléctricas.
   A estos dos factores es preciso sumar la subvención pública que finalmente se apruebe en los presupuestos generales del Estado, cifrada actualmente en medio millón de euros.
   Así, el resultado neto de explotación de la matriz será de 173 millones de pérdidas, con 6,5 millones de beneficios en los resultados financieros, por lo que el balance final (sin contar impuestos) será de 166,5 millones de euros de pérdidas.
   Respecto a las inversiones, Cuesta ha precisado que se mantendrán en un nivel "moderado" de 74,3 millones de euros, destinados fundamentalmente a infraestructuras, mecanización, transporte y sistemas informáticos para lograr más ahorros y potenciar nuevas áreas de actividad.
   El presidente de Correos ha aprovechado su comparecencia para avanzar también los datos de liquidación del pasado ejercicio, que elevan a 1.946 millones el importe neto de actividad, a 1.515 millones los gastos de personal y a 384 millones el servicio exterior. Así, el año se cerró con un saldo positivo de 3 millones de euros, antes de impuestos.
   También ha precisado que las subvenciones consignadas en el pasado presupuesto para el servicio postal universal se fijaron en 43 millones de euros, si bien al cierre del ejercicio el coste real se elevó a 200 millones de euros, por lo que "habrá un déficit de 160 millones" que el Estado deberá validar y compensar.
   En este sentido, ha recordado que aún están pendiente de pago por parte del Estado 318 millones de los 562,7 millones de euros devengados por las liquidaciones de 2008, 2009 y 2010.
   Si esta cantidad se suma a la que se deberá cuando se apruebe la liquidación del pasado ejercicio, la cifra de la que Correos será acreedor ante el Estado será de 476,1 millones de euros, junto a los 205 millones de Tesorería que están consignados ante la Dirección General del Tesoro por orden gubernamental y a los que puede acceder en cualquier momento que lo necesite, cosa que ocurrirá previsiblemente este año.
   Por todo ello, el presidente del grupo ha expresado su firme apuesta por "explotar nuevos mercados" como el del marketing multicanal, la paquetería o los servicios financieros, así como de fomentar una mayor eficiencia operativa y económica, ofreciendo más calidad y soluciones que demandan los clientes tales como mejoras en el uso de tecnologías o la tecnificación de la gestión.
   En concreto, Cuesta ha hecho referencia al convenio entre Correos y Deutsche Bank para la prestación de servicios financieros, un acuerdo "mejorable" y con el que no está "contento". Además, también ha apostado por aprovechar al máximo la "red capital de oficinas y recursos humanos" para construir nuevos negocios.
   Estas iniciativas se concretarán en el nuevo Plan Empresa 2011-14, en el que la dirección de Correos ya está trabajando y que servirá para trasladar las ideas contenidas en el plan anterior a medidas "de acción rápidas y concretas". La integración del grupo en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) favorecerá también a estos objetivos.
   El portavoz socialista en la materia, Román Ruiz, ha recordado que Correos es "la primera empresa pública del país", con 4.500 millones de envíos al año y 19 millones de clientes particulares y dos millones de empresas. Por eso, ha instado al presidente a usar los instrumentos con los que cuenta para "adecuarse a la nueva situación de más competitividad", ofreciendo además la colaboración del PSOE en este objetivo.
   Su homólogo en el PP, Carlos Muñoz Obón, ha aprovechado para desear "mucha suerte" a Cuesta en la nueva tarea que acomete, que ha reconocido es "difícil por la coyuntura de austeridad y por el cambio regulatorio" en el sector.