Centros públicos y concertados valoran la orden de pago del Consell pero dicen que "solo es un primer paso"

VALENCIA.- Responsables de centros públicos y concertados de la Comunitat Valenciana han valorado el anuncio realizado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que se les va abonar parte de los gastos de funcionamiento pendientes pero, al mismo tiempo, han hecho notar que éste es "solo un primer paso" y que la situación en los colegios e institutos "no estará normalizada hasta que se regularicen todos los pagos". 

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que los centros educativos "hoy van a cobrar las deudas pendientes" de la Administración valenciana. "Hoy vamos a hacer frente a esos pagos", ha remarcado.

   En concreto, el Consell ha dado la orden de pago del segundo cuatrimestre de los gastos de los centros públicos de Secundaria, Primaria y Régimen Especial, así como el tercer trimestre de la concertada. En total, la cantidad que se va a satisfacer supera los 35 millones de euros.

   Al respecto, el presidente de la asociación de directores de Secundaria de la Comunitat Valenciana, Vicent Baguetto, ha manifestado hoy que los centros "saludan" la noticia pero son conscientes de que esto "no deja de ser un primer paso, ya que queda pendiente otro cuatrimestre". Igualmente, ha vuelto a reivindicar la elaboración de un calendario de pagos con el fin de que los directores puedan elaborar con antelación los planes de actuación en sus centros.

   Baguetto ha advertido además de que "la normalidad plena no llegará hasta que se regularicen los pagos" y ha recordado que hay institutos que no ingresaban nada desde el pasado verano. Por ello, ha apuntado que el dinero que ahora aportará el Gobierno valenciano servirá fundamentalmente para "tapar agujeros y saldar alguna deuda con proveedores".

   Precisamente, un centenar de directores de IES se han concentrado este martes ante la sede de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo para pedir que el Ejecutivo autonómico cumpla sus obligaciones con el centro. Debido al anuncio de este primer pago, el colectivo ha decidido suspender otro acto de protesta que había programado para el martes que viene y reemplazarlo por una asamblea que se llevará a cabo en el Instituto Luis Vives de la capital, ha adelantado Baguetto.

   En términos similares se ha pronunciado la presidenta de Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), Vicenta Rodríguez, quien ha dado "la bienvenida" a la orden de abono pero ha resaltado que el Consell "no descubre nada nuevo, puesto que ya la semana pasada había prometido este pago".    

   Rodríguez ha agregado que, aunque se "alegran" de que la consellera de Educación, María José Catalá, haya hecho efectiva su palabra, el dinero que ahora van a recibir las escuelas concertadas "ya se había gastado".

   De hecho, ha puntualizado que en algunos centros, como los que imparten Formación Profesional, la situación continuará siendo "de cierta gravedad" por lo que ha aseverado que será cada institución la que estudie si tiene necesidad de solicitar pagos a los padres.

   Finalmente, esta portavoz ha expresado su deseo de que la situación "se vaya regularizando en las próximas semanas" y los docentes "puedan dedicarse a la enseñanza y no a la economía".

La Unió pide a los eurodiputados españoles que se posicionen en contra del acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos

VALENCIA.- La Unió de Llauradors ha reclamado a los eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo que suscriban este miércoles el informe contrario al protocolo agrícola del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.

   El secretario general de la Unió, Ramón Mampel, en un comunicado, ha asegurado que confía en que todos los eurodiputados españoles se posicionen este miércoles y en siguientes ocasiones "en contra de un acuerdo que ocasionaría graves pérdidas al sector hortofrutícola de la Comunitat Valenciana y que también perjudicará a la economía y el empleo de nuestra comunidad autónoma en unos momentos donde el paro sigue creciendo de forma alarmante y además con unas perspectivas aún si cabe peores".

   Mampel ha indicado que "entramos ya en una fase decisiva y nuestros eurodiputados con sus votos a favor del acuerdo serán cómplices del abandono de numerosas explotaciones agrarias con la consiguiente pérdida del tejido familiar agrario, que en la Comunitat Valenciana vive directa o indirectamente de la producción y comercialización hortofrutícola".

   La Unió considera que el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos "puede acabar de hundir a los productores de frutas y de hortalizadas de la Comunitat Valenciana, ya muy afectados por los bajos precios que perciben que se han visto agravados este año desde la crisis de la bacteria E-coli".

   El eurodiputado francés José Bové será el responsable del informe que este miércoles estudiará en Bruselas la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, que es la encargada de emitir el dictamen o informe sobre el acuerdo agrícola de Asociación UE-Marruecos.

   Este dictamen incluirá también las opiniones de las Comisiones de Agricultura y de Pesca del Parlamento Europeo que ya se han mostrado contrarias al mismo y en base a este el pleno del Parlamento Europeo emitirá su opinión posteriormente sobre el acuerdo, probablemente el 12 de febrero.

   "Marruecos vulnera continuamente los contingentes de importación, tal y como ha reconocido la Oficina Europea de Lucha contra el Fraudes", ha asegurado La Unió, quien ha añadido que este nuevo acuerdo "no supondrá un mayor desarrollo económico para los agricultores marroquíes, sino más bien ventajas para las grandes empresas de allí o de otros países europeos como España que han invertido mucho dinero para lograr enriquecerse aún más si cabe con las exportaciones".

   Del mismo modo, entiende que este acuerdo "crea una fuerte distorsión de la competencia en cuanto a las normativas de producción en materia de seguridad alimentaria, de protección de la salud de los agricultores o de impacto ambiental que se exigen en uno u otro sitio, con un claro diferencial de costes".

   "Los consumidores europeos deben saber que en Marruecos existen unas condiciones de producción laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarias mucho menos exigentes que las que son demandadas por la Unión Europea a sus productores", ha subrayado la entidad agraria.

Concluye sin veredicto la segunda jornada de deliberación del jurado en la causa de los trajes

VALENCIA.- La segunda jornada en la que los miembros del jurado del juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por el conocido como 'caso de los trajes', ha concluido sin acuerdo y, por tanto, sin veredicto sobre la culpabilidad o no de los dos acusados de un delito de cohecho pasivo impropio.

   Los seis hombres y las tres mujeres que forman parte del tribunal del jurado han estado reunidos todo el día, desde las 9.30 horas, y a las 19.45 horas, tras no alcanzar un acuerdo, se han retirado hasta el hotel en el que se alojan custodiados por la policía. Ayer por la tarde tuvieron su primer encuentro para deliberar, y tampoco hubo resultados.

   El jurado recibió este lunes el objeto del veredicto, es decir, el cuestionario sobre hechos probados al que debe responder, después de que el magistrado presidente, Juan Climent, lo debatiera durante cinco horas --más tiempo del que se suele destinar a este asunto-- junto a las demás partes del procedimiento --ministerio fiscal, acusación popular (PSPV), y las defensas--.

   Climent entregó al jurado el objeto del veredicto y le dio instrucciones sobre cómo emitir un veredicto en el que se declaren probados o no los hechos justiciables. Lo primero que les dijo fue que debían actuar con arreglo a los principios de "independencia, responsabilidad y sumisión a la ley".

   Tras pronunciar esta frase y dar más instrucciones sobre la deliberación, Climent les recordó que sobre lo que deben debatir es sobre si Camps y Costa recibieron regalos en consideración a su cargo de presidente de la Generalitat y de diputado de las Corts, todo ello de acuerdo con el tipo penal del artículo 426 del Código Penal.

   Para condenar a los acusados, se necesitan siete votos de los nueve del jurado; mientras que para declararles no culpables, se requieren un mínimo de cinco votos de nueve. De no llegar a un acuerdo tras tres votaciones, el magistrado disolverá el jurado, convocará a uno nuevo y se repetiría el juicio.

   Asimismo, transcurridos dos días desde el inicio de la deliberación --que en este caso sería este miércoles a mediodía--, si el jurado no ha entregado el acta de la votación, el magistrado podrá convocarle a una comparecencia para ver si necesita ayuda o tiene algún tipo de ayuda.

   La votación del jurado será nominal, en voz alta y por orden alfabético. Y ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar. No obstante, si alguno insistiera en abstenerse, será sancionado por el magistrado con 450 euros de multa. En todo caso, la abstención se entenderá como voto a favor.

La Audiencia de Castellón confirma el sobreseimiento de la causa respecto de cuatro implicados en el 'caso Fabra' y revoca el de Prim

CASTELLÓN.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en el 'caso Fabra' respecto de la ex directora general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Pilar Máñez, el exdirector general de Producción y Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricultura Rafael Millán; el exsecretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria Rubén Moreno; y la exdirectora general de Salud Pública y Consumo María Dolores Flores.

   Asimismo, revoca el sobreseimiento en relación con el exsenador 'popular' Miguel Prim, dejándolo sin efecto, y acuerda la continuación de las actuaciones en relación con éste al considerar que existen indicios de un delito de tráfico de influencias. Además, acuerda que el sobreseimiento respecto de Pilar Máñez sea definitivo, según ha informado en un auto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

   Así, la Sala ha resuelto los recursos de apelación presentados por la Unión de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana y Pilar Máñez contra el auto dictado por el juzgado de instrucción nº 1 de Nules en el que se sobreseía provisionalmente a varios de los inicialmente considerados implicados, concretamente a ocho.

   Se interpusieron recursos por parte de la UCE contra esa decisión respecto de Miguel Prim, Rafael Millán, Pilar Máñez, María Dolores Flores y Rubén Moreno, y por parte de Pilar Máñez, en el que solicitaba el sobreseimiento libre respecto de ella.

   El auto dictado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón indica, respecto al sobresimiento definitivo de Máñez, que ésta fue llevada al procedimiento en su condición de titular de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y que en los hechos objeto de la imputación, recogidos en la resolución recurrida, no sólo no se la menciona, sino que tampoco se menciona el organismo administrativo en el que desempeñaba sus funciones.

   En estas circunstancias, según el auto, y después del tiempo de instrucción transcurrido, la Sala entiende que, no habiéndose recogido imputación concreta alguna, no se puede mantener por más tiempo una imputación "puramente formal, carente de la mínima precisión necesaria".

   Respecto a la solicitud de la UCE de que se amplíe la imputación y que prosigan las actuaciones contra Miguel Prim, Rafael Millán, María Dolores Flores y Rubén Moreno, la Sala señala que la parte recurrente no resulta "clara ni precisa" a la hora de determinar la imputación que pretende realizar a las otras personas mencionadas.

   Se apunta que en la vista celebrada el 5 de diciembre de 2011 la letrada de la parte recurrente tan sólo apuntó la calificación de tráfico de influencias, o, en relación con alguna de las personas a las que se refiere el recurso, la calificación de delito continuado de tráfico de influencias, no aludiendo al delito de prevaricación, al que sí se aludía, "de forma un tanto sorprendente", en el escrito del recurso.

   La Sala afirma que será en el juicio oral cuando deba dilucidarse tal cuestión tan sólo cuando la misma forme parte del objeto procesal enjuiciado, pues en el actual trámite la parte recurrente no precisa los hechos sobre los que pudiera sustentar la calificación apuntada de prevaricación y, en todo caso, en la vista del 5 de diciembre de 2011 se abandonó también el apunte de la prevaricación.  

   Por lo que se refiere a Rafael Milán, la Sala considera que tiene razón su letrado cuando dice que toda la imputación a él referida se centra en la reunión del 12 de julio de 1999, en la que aquel, en su condición de director general competente, se limitó a comparecer, a requerimiento del ministro, para informar sobre las cuestiones objeto de la reunión, y, en particular, sobre los retrasos en la tramitación de los expedientes de productos fitosanitarios, algunos de ellos afectantes a las empresas gerenciadas por el señor Vilar.

   Con independencia de las explicaciones detalladas y precisas que Millán dio sobre toda la evolución que siguió el proceso sobre las solicitudes de productos fitosanitarios de Naranjax, no se precisa sobre quien pudo influir aquel, en medio de la pluralidad de ministerios y de la multiplicidad de técnicos y organismos interministeriales que tenían intervención en el proceso indicado.

   "Más bien parece que el señor Millán habría podido ser víctima del acoso o presiones que el señor Vilar venía personalmente ocasionando desde hacía tiempo con sus reiteradas quejas y del que a través de otras personas pudiera aquel haber podido desplegar", apunta el auto.

   Otro tanto cabe decir con respecto al Rubén Moreno y con respecto a María Dolores Flores, "sobre los que también se lanza el apunte de imputación pura y simplemente en función de los cargos directivos que ostentaban".

   El auto analiza de forma especial el caso del exsenador del PP por Castellón, Miguel Prim, sobre el que la parte recurrente funda su pretensión en las comunicaciones remitidas por éste a los ministros de Agricultura, singularmente en la carta de 2 de septiembre de 1999 remitida al entonces ministro Jesús Posadas Moreno.

   La Sala estima que existen indicios de que Miguel Prim pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa, pues en dicha carta no se pide que se siga la tramitación administrativa que corresponda, sino que, "a la mayor brevedad posible", "se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que te he mencionado en este escrito".

   La Sala dice que ciertamente hay aspectos dudosos en la imputación del Miguel Prim, pues es difusa la frontera que puede existir entre el tráfico de influencias y el legítimo desempeño de determinadas funciones públicas, como pueden ser la defensa, por parte de un senador, de los intereses de la provincia por la que ha sido elegido.

   Según el auto,  no está claro si las pretensiones realizadas por el exnador del PP en la carta de referencia en relación con la "abamectina" fueron finalmente atendidas en una resolución ilícita o lícita y no está claro si pudo ser la presión ejercida desde el entorno Naranjax lo que determinó o precipitó en alguna medida el cambio de criterio general.

   En definitiva, la Sala cree que los indicios existentes contra Miguel Prim son suficientes como para justificar la continuación de las actuaciones en relación con él.

El Ivvsa presentará un ERE para garantizar su "futura viabilidad"

VALENCIA.- El Instituto Valenciano de Vivenda (Ivvsa) presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que le permita garantizar su "futura viabilidad" y "adecuar el personal laboral a la nueva organización de la empresa". Este expediente se aplicará como consecuencia del Plan de Viabilidad que el centro está redactando, según ha informado la Generalitat en un comunicado. 

   La gerente del Ivvsa, Inmaculada García, se ha reunido esta tarde con el Comité de Empresa de este instituto para comunicarle que la empresa pública "va a impulsar una reestructuración organizativa encaminada a reorientar su labor a su objeto más social".

   De esta manera, "pasan a un segundo plano las actuaciones de urbanización de suelo, que en estos momentos no tienen una demanda adecuada en el mercado, y las de edificación de nuevas viviendas protegidas por el mismo motivo", ha señalado.

   García ha explicado que el alcance exacto del ERE no está determinado a día de hoy, y las cifras definitivas del mismo variarán en función del cierre del Plan de Viabilidad que el propio IVVSA está finalizando en estos momentos.

   Los datos que aporten los estudios que incluye este Plan de Viabilidad, junto con la redefinición de la organización, estructura y actuaciones prioritarias con las que continuará operando este Instituto, serán los que marquen el alcance final del ERE, que se comunicará también al Comité de Empresa del Ivvsa en el momento en que se cierren definitivamente los datos, han asegurado desde el Consell.

   En este sentido, el Gobierno valenciano considera que la aplicación de esta medida "permitirá mejorar la situación de la empresa pública, mediante una adecuada organización de sus recursos que favorezca una posición más competitiva en el mercado y dar una mejor respuesta a las exigencias de la demanda social que actualmente se da".

   La política de vivienda del Ivvsa se centrará en la mejora y gestión de los cerca de 16.000 inmuebles que componen el parque público de la Generalitat y que están destinados a familias con riesgo de excusión social y que apenas presentan recursos económicos.

   El trabajo e inversión económica del Ivvsa en esta materia es "notoria", ya que actualmente más de 14.000 familias se encuentran residiendo en una de estas viviendas a un coste de alquiler mensual muy por debajo del precio del mercado. De la misma forma, centenares de familias están trabajando en alguno de los comercios ubicados en bajos comerciales de este parque público de viviendas.

   La empresa pública lleva más de dos años aplicando una política de "restricción de gastos", ya que "la crisis económica y la crisis en el sector de la construcción especialmente han afectado de manera notable las expectativas de ventas de parcelas de suelo destinadas a nuevas viviendas protegidas así como a la propia venta de viviendas protegidas propias del Ivvsa", han resaltado desde la Generalitat.

Clemente afirma que el PP "no va a tomar ninguna medida" contra Crespo por el caso Emarsa "de momento"

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha afirmado este martes que "de momento" el partido "no a tomar ninguna medida" contra el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, por su imputación en el caso Emarsa hasta que, al menos, se produzca su declaración ante el titular del juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia. 

   Clemente, en rueda de prensa para analizar las medidas del Gobierno, ha aclarado no obstante que en política "cada momento es cada momento" y "hay que valorar la situación según vayan ocurriendo las cosas".

   En cualquier caso, ha recordado que en su momento se tomaron unas medidas sobre el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, aunque sobre Crespo "de momento no se va a tomar ninguna medida".

   Así, ha apuntado que "defiende la presunción de inocencia como no puede ser de otra manera" y ha esgrimido que están esperando a que se produzca la declaración del que fuera presidente del extinto consejo de administración de Emarsa.

Bastidas (FVMP) advierte de que unos 80 ayuntamientos de la Comunitat "podrían entrar este año en quiebra"

VALENCIA.- La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, ha advertido este martes de que unos 80 ayuntamientos de la Comunitat "podrían estar este año en quiebra" ya que la mala situación económica ha puesto a los consistorios "en una situación desoladora".

   Así lo ha indicado en una entrevista en el programa Bon Matí de Ràdio Nou, de la que la radio autonómica ha informado en un comunicado. La también alcaldesa de Alzira ha pedido la creación de una ley de Gobierno Local "que pueda clarificar las competencias de los diferentes niveles de la Administración, porque se podría ahorrar mucho".

   Según Elena Bastidas, en estos momentos el 30 por ciento de los recursos de los ayuntamientos van destinados a solucionar competencias que no son propias de los consistorios. Paralelamente, también ha pedido con "carácter urgente" una reforma del sistema de financiación local "porque está prácticamente intacto desde la Constitución del 78, y un cambio en este punto nos permitiría poder cumplir los compromisos con los proveedores".

   La presidenta de la FVMP ha alertado de que el plazo de pago ha pasado de un máximo de tres meses a estar entre los seis meses y tres años. "Eso está perjudicando gravemente a muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas", ha advertido.

   En cuanto al debate abierto sobre la conveniencia o no de las diputaciones provinciales, Elena Bastidas ha señalado que se trata de una reflexión "de futuro".

"Ahora es necesario tenerlas al lado, porque nos ayudan a desarrollar proyectos, programas e iniciativas que de otra manera no podrían llevar adelante", ha manifestado. 

La alcaldesa de Alzira también ha apuntado la posibilidad de mancomunar servicios entre ayuntamientos, cosa que ya hacen algunas localidades de la Comunitat.

El Gobierno valenciano, a la espera de que Ecclestone acepte renegociar el GP

VALENCIA.- El Gobierno valenciano está a la espera de que el magnate de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, acepte renegociar el contrato para la celebración del Gran Premio de Europa en el circuito urbano de Valencia, cuya vigencia concluye en 2014.

El president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha realizado estas manifestaciones al ser preguntado por las declaraciones de Ecclestone sobre el desacuerdo entre Valencia y Cataluña para alternar la celebración de sus Grandes Premios.

Preguntado por si se descartaba definitivamente esta opción, Fabra ha explicado que estuvo la semana pasada con el patrón de la Fórmula Uno para trasladarle la situación económica del Gobierno valenciano y "la necesidad de renegociar" el contrato.

Fabra ha explicado que Ecclestone ha contactado con los organizadores de Grandes Premios, incluido el de Cataluña, para valorar qué alternativas hay y que la Generalitat está "a la espera de que diga cuál es su propuesta".

"Es conocedor de las dificultades que tenemos y cuál es nuestra situación económica", ha señalado, y ha agregado que buscan "una solución que permita la posibilidad de seguir manteniendo el Gran Premio".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha descartado un incumplimiento de contrato porque ello supondría una penalización de "dos años del pago del canon", además de tener que someterse a los tribunales ingleses para determinar una posible indemnización.

"Eso no se puede hacer y la única solución viable es renegociar y a eso fui a entrevistarme con Ecclestone", ha afirmado Fabra.

Holcim reduce a 141 los trabajadores afectados por el ERE, pero mantiene el cierre de 23 plantas

MADRID.- Holcim España ha reducido desde 151 hasta 140 el número de empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en España, que representarán así al 40% de la plantilla total, en virtud del acuerdo alcanzado con los represantes de los trabajadores.

   El ajuste diseñado por el grupo para su actividad en España mantiene, no obstante, el cierre de 23 plantas de hormigón, del total de 56 con que cuenta en el país, según informaron fuentes sindicales.

   Holcim indemnizará a los afectados por el ERE con treinta días por año trabajado (frente a los veinte días que inicialmente ofreció la empresa), con un máximo de 22 mensualidades. Además, lo complementará con una paga lineal de 2.000 euros para formación y reciclaje de estos empleados.

   El ajuste de la filial española del grupo suizo queda ahora pendiente del pertinente examen de la autoridad laboral correspondiente.

   El grupo suizo Holcim atribuye su decisión al descenso de la demanda de hormigón en España como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.

   No obstante, el ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).

Bankia y las cajas nacionalizadas tardarían más de 5 años en cubrir la exigencia de provisión con ingresos

MADRID.- Bankia y las cajas de ahorros que han sido nacionalizadas por el Banco de España, Novagalicia, Catalunya Caixa y Unnim, tardarían entre cinco y quince años en generar ingresos suficientes para cubrir las nuevas exigencias de provisión del Gobierno destinadas a afrontar las pérdidas del 'ladrillo', según un informe de N+1.

   El banco de inversión independiente calcula que la entidad que preside Rodrigo Rato registra un déficit de provisiones de 9.199 millones de euros y que su maquinaria de generación de ingresos necesitaría cinco años y algo más de dos meses para cubrir dicha cantidad (concretamente, 5,2 años).

   Bankia ocupa el puesto 20 en el ranking de N+1 que mide la capacidad de generación de ingresos en relación a la exigencia de provisiones prevista, solo por delante de las cajas nacionalizadas con recursos públicos por sus problemas de solvencia.

   Asimismo el banco fruto de la fusión de siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja acumula el mayor importe de necesidad de provisión individual de todas las entidades del sistema financiero español en el informe.

   Según N+1, Novagalicia necesita 10,2 años para cubrir con sus ingresos los 3.049 millones de provisión adicional necesaria, lo que la relega al puesto 21 de eficiencia en generación de ingresos. A continuación, en los puestos de cola se encuentran Catalunya Caixa, con 11,1 años para afrontar 3.940 millones de euros, y Unnim, con 15 años para cubrir 1.294 millones.

   En polo opuesto, Santander lidera el ranking de velocidad de generación de ingresos, con 2,4 meses para cubrir 4.011 millones de provisión extra, seguido de cerca por Bankinter y BBVA, ambos con 3,6 meses para afrontar 93 millones y 3.255 millones, respectivamente.

   Caixabank tardaría 9,6 meses para cubrir con ingresos los 2.326 millones de provisión adicional para afrontar quebrantos en el sector inmobiliario, mientras que el Grupo Popular requeriría de 15,6 meses para ingresar los 2.152 millones de provisión extra.    

   El conjunto del sistema financiero español tiene, según N+1, un déficit de provisiones de 43.352 millones de euros, de los que 29.019 millones corresponden al sector de las cajas de ahorros, y 14.333 millones de euros al de los bancos.

   La reforma financiera que presentará el Gobierno de Mariano Rajoy en las próximas dos o tres semanas incluirá la exigencia de elevar las provisiones al sector por importe conjunto de 50.000 millones de euros para afrontar las pérdidas relacionadas con el 'ladrillo'.

Antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

   Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha precisado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.

   "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha defendido la 'número dos' del Gobierno.

   En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".

   Según ha dicho, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente" respondan ante los ciudadanos y "si es necesario, ante la justicia".

   Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones".

   En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que ha fijado en la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de "sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley".

   La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".

   Por ello, ha defendido que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que ya se ha comenzado a trabajar sobre el texto y han comenzado las consultas con la sociedad civil. En concreto, ha asegurado que ha habido reuniones "con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno".

   La vicepresidenta ha adelantado que con esta ley y otras medidas que abundarán en el mismo camino el Gobierno quiere que España forme "parte activa" de la propuesta que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Brasil, Dilma Rousseff, impulsaron en julio de 2010 en Nueva York, conocida como 'Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto'.

   Para ello, ha explicado que España deberá suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento del proyecto, además de cumplir con "estándares mínimos" en asuntos como transparencia fiscal, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos y participación de los ciudadanos.

   Sáenz de Santamaría también ha avanzado otros cambios que el Gobierno quiere impulsar en aras de la transparencia, a través de la Ley en la que ya trabaja. En concreto, ha anunciado que se creará un 'Portal Digital de la Transparencia' al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información.

   Según ha dicho, será "una verdadera ventanilla de información de la Administración General", que sólo tendrá como limitaciones de acceso una "lista cerrada" de asuntos relacionados con cuestiones como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.

   A través de este portal, ha dicho, los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos".

   En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno quiere "armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos", de manera que sean "las máximas" para todos.

   Además, ha avanzado cambios en el Boletín Oficial del Estado y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia.

   Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados".

   Respecto al CIS, ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social" y ha precisado que, para ello, se ampliarán las bases de datos del centro y se incorporarán "estudios de otros centros o institutos.

Rosa Díez: al Gobierno le interesa más "evitar tensiones" que controlar el déficit

MADRID.- La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que parece que al Gobierno "le interesa más evitar tensiones con sus barones territoriales" que controlar el déficit en las comunidades autónomas porque lo "primero" que debería de haber hecho es pedirles "sus presupuestos".

   "En la legislatura pasada no se tomaron las decisiones que se debían de tomar pero es que en esta tampoco. El primer Consejo de Ministros que se celebró lo primero que tenía que haber decidido es pedir a las comunidades que desviaran los presupuestos. Parece que le importa mas evitar tensiones con sus barones territoriales que responder a la necesidad de 47 millones de ciudadanos", ha denunciado hoy en una entrevista en TVE.

   En este sentido, Díez se ha preguntado por qué el Gobierno no hace lo mismo que hace la Unión Europa con sus Estados miembros, es decir, "controlar el presupuesto antes de que se apruebe y pedir permanentemente un control y un cumplimiento".

"Parece absurdo y es completamente necesario. La primera decisión debía haber sido pedir a las autonomías los presupuestos", ha señalado.

   Según Díez, el Gobierno actual es igual de responsable que el anterior de no abordar el cumplimiento del déficit de manera efectiva, ya que aunque fue Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que, a su juicio, no tomó decisiones y no alertó a los ciudadanos de la situación, "a sabiendas de lo que se estaba produciendo", el de Mariano Rajoy tampoco está tomando decisiones "para enfrentarse de verdad con el problema".

   No obstante, ha aclarado que aunque los ciudadanos tienen interés en saber "quién tiene la culpa" y que "está bien hacer el diagnóstico para evitarlo y que no se vuelva a producir", lo importante , a su parecer, es "tomar medidas" para solucionar el problema, algo que, ha apuntado, no está haciendo el PP.

   Asimismo, ha señalado que aunque son las comunidades autónomas "las que más déficit han generado", esto se ha debido a que "no se les ha impedido que lo generaran". 

"Si desde el Gobierno se hubieran controlado los presupuestos antes de que se aprobaran y si no se les hubiera dado más dinero en anticipos que lo que se sabía que iban a recaudar, no hubiéramos llegado a esta situación", ha afirmado.

   Preguntada sobre si hay que rebajar el cumplimiento del objetivo de déficit, Díez ha asegurado que "si se revisan las expectativas de crecimiento, también hay que revisar el déficit y el plazo para cumplirlo", al tiempo que ha advertido de los costes que puede suponer cumplir con dichas exigencias, algo que, tal y como ha recordado, el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que tiene previsto hacer.

   "La pregunta es cuánto nos va a costar cumplir en términos de más destrucción de empleo y de más recesión. El Gobierno ha dicho que se va a cumplir sí o sí, el problema es a qué precio. Gobernar es decidir, y va a haber que decidir", ha aseverado.

   Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso ha matizado que para atajar esta situación, además de controlar el techo de gasto en las comunidades autónomas, es preciso "garantizar una cierta redistribución", porque están haciendo recortes "sin ningún tipo de control", lo que lleva, ha alertado, "a que se profundice cada vez más en la desigualdad"

. "Además del techo hay que garantizar una cohesión para que los derechos fundamentales estén garantizados para todos los españoles", ha defendido.

   Por ello, Díez ha abogado por "repensar el modelo territorial del Estado, con un criterio nacional y general, y pensando en el interés de todos los ciudadanos", ya que, aunque "ha servido para mucho durante todos estos años", hoy ha demostrado ser, a su juicio, "inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico".

   "Eso hay que repensarlo. Por eso nosotros venimos sosteniendo que España necesita reformar su modelo territorial. No creo que se trate de que las Comunidades que no tienen dinero para gestionar competencias las devuelvan. Hay que caminar hacia un modelo Federal Cooperativo en el que el Gobierno tenga competencias que hoy no tiene como la Educación y la Sanidad, como competencias exclusivas e indelegables", ha explicado.

   En esta misma línea, ha manifestado que es necesario llevar a cabo un proceso de "fusión de municipios" porque muchos de ellos son pequeños y al no tener capacidad para prestar servicios, obligan a mantener las Diputaciones provinciales, las cuales, según su criterio, "hay que suprimirlas todas".

   Dicho esto, ha subrayado que es "urgente" iniciar un debate sobre esta cuestión, ya que si se abordara podría conseguirse un ahorro que ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, "que podrían dedicarse al déficit, además de a prestar mejores servicios a los ciudadanos".