El Consell destaca que ha reducido el déficit pese al "desfase entre ingresos y gastos" del anterior Gobierno

VALENCIA.- La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha destacado este martes que el actual Gobierno valenciano consiguió en noviembre pasado reducir la cifra del déficit de 2015 con respecto al mismo periodo de 2014.

La minoración, sin tener en cuenta los anticipos otorgados por el Ministerio, es del 0,08 por ciento del PIB y se produce "pese a que los anteriores responsables dejaron el Consell con un desfase entre los ingresos y gastos hasta junio del 1,38 por ciento, 1.391 millones de euros, cuando el límite anual para ese ejercicio era del 0,7 por ciento".
Así lo ha indicado Ferrando en un comunicado tras conocer la información hecha pública este martes por el Ministerio de Hacienda, según la cual el déficit de la Comunitat Valenciana hasta noviembre se situó en el 1,92 por ciento del PIB, con lo que se situó como la tercera región con mayor porcentaje, superada sólo por Cataluña y Murcia.
Clara Ferrando ha subrayado "los esfuerzos que se están haciendo desde la Generalitat para poner en orden las cuentas autonómicas, tras el desbarajuste de los anteriores gestores".
En concreto, las cifras difundidas por el Ministerio señalan que el Consell, a 30 de noviembre de 2015, registró un déficit del 1,92 por ciento del PIB --1.938 millones de euros--. Esta cifra es inferior a la certificada para el mismo periodo de 2014, tal como muestra el informe completo del ministerio, en el que se distinguen los datos con anticipos y sin anticipos.
Sin los adelantos que el Gobierno concedió al anterior Consell y que seguían vigentes en noviembre de 2014, el déficit entonces alcanzó el 2,00 por ciento (1.948 millones). Si no se incluyen los anticipos (93 millones), el déficit de noviembre de 2014 se situaría en el 1,90 por ciento (1.855 millones).
La secretaria autonómica de Hacienda ha subrayado que estos datos han sido posibles, "a pesar de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, pese a que los anteriores gestores son responsables de casi las tres cuartas partes del déficit alcanzado en noviembre, toda vez que el 1,38 por ciento de desfase existente en junio concentraba el 72 por ciento de todo el déficit en los once primeros meses del ejercicio".
Ferrando ha recalcado que "las comunidades de diferente signo político estamos por el principio de estabilidad de las administraciones, pero nosotros no tenemos por qué asumir el ritmo que se nos quiere imponer y que comporta un sufrimiento adicional para una inmensa mayoría de familias".
"Hemos demostrado que estamos por cumplir pero no con estos ritmos", ha insistido, para reiterar su exigencia de "una reforma del sistema de financiación autonómica con el fin de garantizar unos recursos que cubran los servicios públicos fundamentales de los valencianos en condiciones de igualdad con el resto de españoles".
"El Gobierno reconoce que estamos infrafinanciados pero luego no hace nada para paliarlo, nos condena a los préstamos del FLA y encima ahora pretende cobrarnos intereses por esos préstamos", ha aseverado Ferrando.

Dirigentes del PP, ex altos cargos de la Diputación y dos personas de confianza de Rita Barberá, los detenidos en Valencia

VALENCIA.- La operación anticorrupción bautizada como "Operación Taula" que hoy se está desarrollando en Valencia contra altos cargos del PP se ha saldado, de momento, con varios detenidos entre los que se encuentran destacados dirigentes del partido en la provincia.

Entre los arrestados del "caso Imelsa" está el expresidente de la Diputación de Valencia (2007-2015) y del PP provincial (2004-2015), Alfonso Rus, que ha sido detenido en la empresa familiar que tiene en el Polígono Industrial de Xátiva, su localidad natal y de la que fue alcalde desde 1995 hasta 2015. Durante la mañana, la Guardia Civil seguía registrando el domicilio del otrora presidente del PPCV en presencia suya y en compañía del Fiscal Anticorrupción. Fue quien nombró a Marcos Benavent como gerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa.

Otro de los capturados en la redada es Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exsecretario autonómico de Educación. El sospechoso también fue delegado de la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), dependiente de la Generalitat. Caturla, que estaba considerado como "mano derecha" de Rus, renunció a todos sus cargos (también era miembro del consejo de Administración en las empresas públicas Girsa, Egevasa e Imelsa) el pasado mes de mayo, después de que el PP aceptara su solicitud de suspensión cautelar de militancia y funciones. Entonces, se incorporó a la empresa privada. En unas grabaciones aparecería dialogando con Benavent sobre el cobro de comisiones por adjudicación de contratos.

Entre los arrestados en la redada de hoy también se encuentra el exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina. Éste formaba parte del núcleo duro de Rus, tanto en la entidad provincial como en el partido, donde hasta hoy mismo aún era responsable de Organización. En la actualidad era asesor del grupo popular en la Diputación. También estaba considerado, como Caturla, "mano derecha" del expresidente del PPCV.

Emilio Llopis, exalcalde de Genovés, exjefe de gabinete de Alfonso Rus y actual asesor del grupo municipal en la Diputación de Valencia, también figura entre los detenidos de hoy en la "Operación Taula". Sobre él se difundió una supuesta conversación suya con Benavent en la que se hablaría de obtener dinero de un proyecto urbanístico.

María José Alcón, exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia junto a Rita Barberá y que en los últimos tiempos, antes del relevo en el gobierno municipal, también fue asesora de ésta en la Alcaldía, es otra de las arrestadas en la redada de hoy. Fue suspendida de militancia en mayo, tras conocerse unas grabaciones según las cuales cobró supuestamente comisiones en 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia. Alcón también es la esposa del que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.

Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia desde 1991, es otra de las arrestadas hoy. Se trata de una persona de confianza de la exalcaldesa Rita Barberá. Durante la redada, la Guardia Civil ha registrado las instalaciones del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano desde media mañana.

El exdiputado del PP en las Cortes valencianas y exsecretario autonómico de Educación David Serra está, asimismo, entre los detenidos de hoy. El exdiputado está también imputado en el 'caso Gürtel', en concreto en la pieza que investiga la supuesta financiación irregular del PP valenciano.      

Sánchez busca en su grupo parlamentario el apoyo que le niegan los barones / José Hervás *

Otra nueva semana llena de incertidumbres de cara a dilucidar si algún partido del arco parlamentario nacional contará con los apoyos suficientes para formar Gobierno, o si por el contrario, aparecerá más claro que la solución al impasse actual pasa porque Mariano Rajoy ceda el puesto para que lo intente Pedro Sánchez o por convocar nuevas elecciones generales.

Con mucha pro­ba­bi­li­dad, las in­cer­ti­dum­bres no que­darán re­sueltas en los pró­ximos siete días, pues el Rey no podrá to­davía pro­poner un can­di­dato para que se so­meta a la se­sión de in­ves­ti­dura hasta que haya re­ci­bido de nuevo a todos los re­pre­sen­tantes que de­signen los par­tidos po­lí­ti­cos, y no los habrá oído ni co­no­cerá la res­puesta del primer can­di­dato al de­bate, el pre­si­dente del Partido Popular, hasta que lo vea de nuevo el viernes por la tarde.

La in­cer­ti­dumbre no es buena para la eco­no­mía. Como alerta el mi­nistro de Economía en fun­cio­nes, Luis De Guindos, los in­ver­sores temen un go­bierno que re­vierta las re­for­mas. La úl­tima subasta de deuda, en la que no se pudo co­locar todo el papel ini­cial­mente pre­visto, le es­taría dando la razón de lo que po­dría su­ceder si no lo­grá­ramos un go­bierno que tran­qui­lice a los mer­ca­dos.

Ante la cada vez más po­sible al­ter­na­tiva de que Pedro Sánchez sea quien se pre­sente a la se­sión de in­ves­ti­dura, éste está tra­tando de ob­tener el apoyo ex­plí­cito y uná­nime del grupo par­la­men­ta­rio, para vencer la re­sis­tencia de al­gunos de los ba­rones a la po­si­bi­lidad de que cuente con el apoyo en­ve­ne­nado de Podemos y de al­gunos par­tidos na­cio­na­lis­tas. Así, el mar­tes, a me­dio­día, ha con­vo­cado al Grupo Parlamentario Socialista del que es­pera su apoyo sin fi­su­ras. Pese a ello, no se es­pera que haya un solo día sin so­bre­saltos antes de que llegue el fin de se­mana.

Por otra parte, ni las en­cuestas ni las de­cla­ra­ciones de los lí­deres pa­recen ayudar a aclarar el fu­turo. Si nos ate­nemos a los son­deos, el úl­timo de ellos, el del diario El País, pu­bli­cado este do­mingo, pa­rece que es­tamos abo­cados a que se ce­le­bren nuevas elec­cio­nes.

Según este dia­rio, el 49% de los es­pañoles pre­fe­riría un Gobierno pre­si­dido por el PP con apoyo del PSOE y Ciudadanos, mien­tras que el 44% lo re­cha­za­ría. Cuando se pre­gunta en el sondeo por un go­bierno de pro­greso pre­si­dido por Pedro Sánchez, el apoyo al mismo cae al 36%, mien­tras que un 58% lo re­chaza.

Y añade el sondeo otro dato re­ve­la­dor: el 62 % de los es­pañoles con­si­dera que la si­tua­ción de la crisis po­lí­tica ac­tual ten­dría más fácil sa­lida sin Rajoy y el 50 % sin Pedro Sánchez. Esto ha lle­vado el diario del Grupo Prisa a pedir en dos edi­to­riales con­se­cu­tivos que tanto Rajoy como Sánchez den un paso al lado para fa­ci­litar la go­ber­na­bi­lidad del país y dejen a otros lí­deres de sus par­tidos que al­cancen los acuerdos que ga­ran­ticen la go­ber­na­bi­lidad de España.

No pa­rece que ni uno ni otro vaya a ha­cerlo en las pró­ximas ho­ras. Los nú­mero dos de los res­pec­tivos par­ti­dos, Cospedal y Luena, han vuelto a ha­blar este do­mingo para man­te­nerse en sus ideas ini­cia­les. El PP pro­pone un go­bierno de gran coa­li­ción: PP, PSOE y Ciudadanos. Y el PSOE, lo re­chaza, pero las alianzas po­si­bles ten­drían muy di­fícil con­se­guir las re­formas cons­ti­tu­cio­nales que han anun­ciado si no cuenta con el apoyo del PP, cuyos 123 dipu­tados po­drían vetar esas re­for­mas.

Por ello, los po­pu­lares han ha­blado a través de su se­cre­taria ge­ne­ral, María Dolores de Cospedal, quien ha de­fen­dido en Guadalajara la idea de una “necesaria se­gunda Transición”, fruto del acuerdo entre los ‘partidos cons­ti­tu­cio­na­listas mo­de­ra­dos’.

La ne­ga­tiva ha ve­nido de nuevo del lado de los so­cia­listas por parte de su se­cre­tario de Organización, César Luena, para quien “ahora es el mo­mento de Rajoy, le toca a Rajoy, no puede es­con­der­se”. Si llega el mo­mento “Pedro Sánchez va a estar dis­puesto para que haya un cambio pro­gre­sista y re­for­mista, que sirva a la ma­yoría de los es­paño­les". Es de­cir: sin Mariano Rajoy, a quien volvió a re­cordar que se trata del pre­si­dente del primer par­tido impu­tado en España por co­rrup­ción.

(*) Periodista

'Caso Acuamed': el mayor 'pelotazo' de la trama acumula 227 millones en sobrecostes

MADRID.- Un documento incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' desglosa las millonarias pérdidas que provocaron a "la cuenta de resultados" de la sociedad estatal las numerosas irregularidades en la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante) por parte de Acciona, según adelanta http://vozpopuli.com

No sólo fue el mayor 'pelotazo' de la trama, sino también el que mayor perjuicio económico ha provocado al erario. Un documento elaborado por los trabajadores de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) que denunciaron en 2014 las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura detalla que la desaladora de Torrevieja (Alicante) ha terminado provocando un 'agujero' de más de 227 millones de euros entre sobrecostes de inversión "por mala gestión" y los causados por la explotación ineficiente de la misma. 

El informe, que se ha incorporado al sumario y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que la construcción de la instalación también se salió de lo presupuestado y el precio final se vio incrementado en más de un 18% hasta los 219 millones de euros, sin IVA. El contrato, ganado por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua, es uno de los seis que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha incluido en la investigación de la 'Operación Frontino' que se saldó con 13 detenidos la semana pasada.

El propio magistrado destacaba en el auto del pasado miércoles por el que envió a prisión a cinco de los arrestados que esta instalación, que entró finalmente en servicio en 2015, estaba llamada a ser "la mayor de Europa" por su capacidad de producción de 240.000 metros cúbicos al día. El valor de su adjudicación en agosto de 2006 así lo corroboraba: más de 185 millones de euros, sin IVA, que iban a ser financiados en parte por la Unión Europea (UE). 

Sin embargo, ese precio se quedó pronto corto. Según refleja un informe elaborado por los trabajadores de Acuamed en 2013, siete años después de que se fallara el concurso, ya hubo en 2011 un modificado del precio final de más de 34 millones de euros, un 18,38% del valor inicial. De este modo, el valor final de la instalación se situaba en 219,4 millones que los técnicos consideraban "debería ser ya el precio final de una instalación eficiente". Se equivocaban.

De hecho, aquel fue sólo el primer varapalo económico que, como se encargaba de recalcar un documento que fue remitido al Consejo de Administración de Acuamed en abril de 2014 por Francisco Valiente, el directivo que denunció los amaños y fue despedido, tuvo consecuencias económicas mucho más graves para la "cuenta de resultados" de la propia sociedad estatal. Así, el informe detallaba que cuando éste se redactó ya había millonarios "sobrecostes en la inversión por mala gestión". 

En primer lugar, la pérdida de 55 millones de fondos europeos que debían haber servido para financiar parte de la obra. En segundo lugar, otros 27,4 millones por lo que se calificaba de "inversión con defectos o inoperativa". A ellos, sumaba otros 17 millones que reclamaba en un primer momento Acciona en concepto de "liquidación". Y, finalmente, otros 24,3 millones en "reclamaciones sobrecostes".

En total, 123,8 millones de euros, a la que los autores del estudio añadían una última partida: "Sobrecostes en la explotación provocados por la mala gestión". Se refierían al gasto energético necesario para el funcionamiento de la planta desaladora que no tuvo ninguna utilidad y que se elevó a 103,5 millones, según sus cálculos. Una cuantía que elevaba el cúmulo de pérdidas por encima de los 227 millones de euros. Un millonario 'agujero' que vino acompañado de graves irregularidades en el desarrollo de las obras, según destacaba el auto del juez Eloy Velasco del pasado 20 de enero. En el mismo, el magistrado señalaba que fue, precisamente, "la presión de pretender cobrar fondos europeos" lo que llevó a la dirección de Acuamed a dejar "libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos conniventes que ésta estaba acabada cuando no era así". Faltaban "ajustes, remates, había bombas con fisuras...".

Todo ello llevó a Acciona a reclamar una liquidación que "implicaba causar a la Administración 3 millones de euros de perjuicio". De hecho, el juez afirmaba que para ello, la empresa adjudicataria planteó "discrepancias en mediciones que eran mentira" y que se referían a diques y emisarios. El objetivo de la compañía, dos de cuyos altos directivos fueron detenidos por la Guardia Civil, era alcanzar esa cifra "mediante liquidaciones y reclamaciones basadas en partidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones irreales". 

Pretendían facturar a la sociedad estatal 17 millones de euros de más (cifra que el informe de los trabajadores de Acuamed recogen en la partida "reclamaciones liquidación") aunque al final lo dejaron en 10 millones. Unas cifras infladas que provocaron que los técnicos de Typsa, la empresa que se encargó de la supervisión técnica de las obras, se negaran a firmar la liquidación final de los trabajos presentada por Acciona. Uno de ellos así lo declaró la semana pasada en la Audiencia Nacional.

Sin referéndum no hay salida / Ramón Cotarelo *

Por enésima vez: no hay una "cuestión catalana"; hay una "cuestión española".

Como sabíamos desde el inicio de 2015, un año con cuatro consultas electorales, lo decisivo en todas ellas sería Cataluña. Así ha sido y sigue siendo. Y agravado. Sin resolver el problema en Cataluña, España no es gobernable. Y ahora, para mayor claridad, desde las elecciones del 20D, el gobierno del país depende de los partidos independentistas catalanes, ERC y DiL.  

Hace cuatro o seis años, esta situación no hubiera sido un problema grave porque los nacionalistas  no eran entonces tan claramente soberanistas. Los últimos cuatro años del infame desgobierno de una partido corrupto, dirigido por una persona a todas luces indigna de ocupar el cargo, han convertido a los nacionalistas en independentistas y aumentado la cantidad de estos en Cataluña hasta la mitad del electorado. Antes los catalanistas solían achantarse. Ahora, no; ahora no se achantan; ni se callan. Piden un referéndum de autodeterminación. Y van a hacerlo.

Sin en ese referéndum, España es ingobernable.

¿Cómo hemos llegado aquí? Por la fabulosa incompetencia de una clase política que, una vez más, está a la bajura de la tradición histórica de la oligarquía española, cuya estupidez, egoísmo y ceguera son proverbiales. Todo este vodevil de los pactos y las coaliciones; todas las triquiñuelas de registrador de Rajoy, las ansias de niñato de Iglesias, los titubeos de burócrata de Sánchez, sirven para que los periodistas se las den de enterados sin que sepan de la misa la media, como los mismos protagonistas ya que, si los 17 diputados de Junts pel Si, votan en contra, en España no puede haber gobierno de izquierda alguno, pues no da la aritmética y solo unos gobiernos de derecha que llevarían al sistema al colapso.

Con el voto en contra del independentismo catalán solo hay cuatro fórmulas posibles y todas de derechas: un gobierno de gran coalición (PP y PSOE), uno de "concentración nacional" (PP, PSOE y C's) y dos minoritarios de la derecha (uno del PP y otro del PP y C's) y estos dos últimos, solo contando con la abstención del PSOE. Los cuatro simbolizarían el colapso de la segunda restauración por la desnaturalización de la política parlamentaraia, la falta de perspectivas y la incapacidad de evitar el choque con Cataluña que España no puede reprimir porque la UE no la dejará.

Mientras PP, PSOE y C's sigan aferrados al "no" al referéndum catalán, la única alternativa al escenario anterior serían nuevas elecciones. Según los gurús al uso estas serían desaconsejables porque su resultado no diferiría de la situación actual. No sé de dónde sacan esa conclusión. El resultado puede ser mucho peor que el actual. El partido de Iglesias puede estallar. Los andaluces no quieren ser menos que los catalanes de En Comú Podem y también piden "voz propia" en el grupo parlamentario de Podemos. O estos entran pronto en el gobierno (de ahí sus prisas frenéticas por pillar ministerios) o, al final, a Iglesias le va a quedar un grupo de cuatro incondicionales.

La pregunta obligada es: ¿por qué se empecina el PSOE en negar el referéndum catalán que, sin embargo, es compatible con sus antiguos documentos programáticos de la época anterior a Suresnes? A estas alturas del debate, vistos todos los argumentos doctrinales, políticos, jurídicos, históricos, etc, está claro que la única razón por la que el PP, C's y el PSOE se oponen al dicho referéndum es la razón de la fuerza. No porque no.

Debiera darles vergüenza, al menos a los socialistas. ¿No creen estos que España es una nación y, probablemente, muchos  ellos coincidan con el de los sobresueldos en que es una "gran nación"? Pruébenlo. Una gran nación, como el Canadá o la Gran Bretaña, no tiene miedo a reconocer el derecho de autodeterminación de sus naciones integrantes. Y estas, pudiendo decidir, no se separan. ¿Por qué no puede ser igual en España? Porque los nacionalistas españoles, en el fondo, desconfían de la nación que predican, no creen en ella y se malician que perderían el referéndum. Son falsos e hipócritas. Por ello prefieren mentir y obligar a las naciones del Estado español a permanecer en él en contra de su voluntad antes que correr el riesgo de que se descubra su superchería, que dura siglos.

Esa desconfianza, ese miedo cerval a quedarse sin un país heredado, tradicionalmente maltratado y administrado como un cortijo, los lleva a creer que, si se presentan a las elecciones en España con el referéndum catalán en el programa, las perderán. Tienen miedo. No se atreven. 

Las naciones no se han hecho nunca con cobardes. Confíen en el electorado español que es mayor de edad, demócrata e ilustrado. Incluyan el referéndum catalán en sus programas. Pruebe Podemos y haga pedagogía de la necesidad del referéndum. Ojalá el PSOE se liberara del peso muerto de sus dirigentes más reaccionarios y tuviera el valor de incluirlo igualmente, con la misma pedagogía. De ser eso así, esas elecciones serían tan plebiscitarias como fueron las del 27 de septiembre de 2015 en Cataluña; serían ese referéndum a nivel de toda España sobre la autodeterminación de Cataluña que los nacionalistas españoles (esos que dicen no ser nacionalistas) usan siempre para boicotear una salida civilizada y democrática a la cuestión catalana  que, repito, es la cuestión española. 

De esta forma también se desbloquearía la situación y se abriría la posibilidad de un referéndum vinculante catalán con una pregunta negociada con el Estado. Dicho sea, de paso, en memoria del recientemente fallecido jurista Francisco Rubio Llorente, quien aconsejaba asimismo la celebración de ese referéndum.

Y esto no sería una "segunda transición", esa tontería que repiten los políticos españoles incapaces de ver un palmo más allá de sus intereses personales. Sería algo mucho más profundo y duradero. El comienzo de la solución del viejo contencioso territorial que tiene al país postrado hace 300 años.

 IIª transición: el carcunda, el petulante y la cínica

La transición, la famosa transición, como todos los empeños humanos, no fue modélica, pero acabará reconociéndosele tal condición si siguen los desaforados ataques que sufre y se continúa propugnando su superación no a base de enterrarla bajo el manto de la crítica y el olvido sino, paradójicamente de propugnar una reedición en forma de IIª transición. No sé si quienes la postulan tienen base lógica para criticar la primera cuando quieren repetirla.

He oído invocar la necesidad de la IIª transición a tres personas muy significativas: Aznar, Pablo Iglesias y María Dolores Cospedal.

Aznar, desde su espíritu de carcunda, falangista independiente y franquista por convicción y destino, estuvo siempre en contra de la primera transición. El Estado autonómico le parecía una charlotada y, para mostrar su apego al franquismo se afilió a Alianza Popular, luego PP, un partido fundado por el ministro de propaganda de Franco, Fraga Iribarne. Para acabar con la democracia de la Iª transición se inventó una IIª que solo existía en su cabeza y en la de su aliado en los años noventa, Anguita, con quien fraguó una pinza que trataba ante todo de destruir a Felipe González y al PSOE, al que ambos odiaban. Como sé que quedan algunas gentes aún convencidas de que no hubo aquella más que evidente pinza, les aconsejo escuchar la entrevista de 2012 de Periodista Digital a Cristina Almeida, por aquel entonces afiliada al PCE y a IU que lo explica con toda claridad en el minuto 28:20.

Dispuesto a tomar el relevo de Anguita (no en la pinza pero sí en el deseo de aniquilar al PSOE por sorpasso), Iglesias habla de otra IIª transición. Es imposible saber si es la de Aznar porque ninguna es real sino un mero flatus vocis demagógico, pero sí apunta a su objetivo: la Iª transición, que ahora es el régimen turnista. Las propuestas del líder de Podemos rebosan petulancia, pedantería, bisoñez y afán por desplazar al PSOE. Algunos dirigentes de este se han sentido molestos y hablan de "humillación" y "chantaje". Son vagidos de impotencia. En la política no hay sensiblería (salvo si da votos) y los de Podemos hacen bien en apretar. Es su derecho. Y el PSOE, en lugar de quejarse, debe responder ganando a su adversario, cosa que se consigue con relativa facilidad. Basta con decirle que respete los tiempos antes de aplicar su receta de un descarnado "quítate tú para que me ponga yo".

Recientemente, Cospedal ha enarbolado la misma bandera de Aznar e Iglesias de la IIª transición. Por supuesto, es un ejercicio de cinismo que supera el que la señora se ha gastado en estos atroces cuatro años que ha infligido a los castellano-manchegos. IIª transición, en realidad como recuperación de la primera, con su espíritu de diálogo, consenso y acuerdo. Es imposible imaginar cara más dura cuando se recuerda cómo ha tratado a patadas a todo el mundo en la región, ha menospreciado a la oposición, dejado sin servicios sociales a los más necesitados, amparado todo tipo de chanchullos y presuntas corrupciones, protegido una pandilla de auténticos facinerosos que pasaban por periodistas, regiamente pagados con el dinero de todo pero a su exclusivo servicio.

Ninguna de las tres peticiones de una IIª transición pasa de ser una consigna para fieles pero las dos últimas, la del petulante y la cínica tienen un elemento en común: las dos tratan de forzar la mano al PSOE que, guste o no al heredero de Anguita y la heredera de Aznar, es el partido de la centralidad política y el que, a pesar de su desastroso resultado electoral del 20D es imprescindible en cualquier fórmula de gobierno. Y ninguno de los dos atina ni de lejos con el tono que debería utilizar para convencer a quien necesita de que se avenga a ir a su lado: el petulante menosprecia, insulta y provoca y la otra, adula, miente y amenaza. Los dos dicen querer gobernar con el PSOE, pero lo que en el fondo quieren los dos es destruirlo.

Ignoro si el PSOE "estará a la altura" (que no es la que Iglesias le señala con aviesa intención) porque en él proliferan los barones y gerifaltes de antaño, todos con más conchas que los galápagos, empeñados en batallas internas, sin proyecto, sin ideas, sin respuestas y que pueden hacer mucho daño. Sobre todo a una estructura de dirección que ha improvisado bastantes soluciones pero arrastra un complejo agudo por su falta de audacia en los cuatro años pasados en una oposición subalterna y que se hacen notar hoy en su carencia de originalidad e iniciativa.

No habrá IIª transición pero sí es posible que haya nuevas elecciones para resolver una disfunción temporal de la Iª.

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El actual alcalde socialista de Xàtiva espera que "se llegue al fondo" del caso

VALENCIA.- El actual alcalde de Xàtiva, el socialista Roger Cerdà, ha manifestado este martes su esperanza en que "se llegue al fondo" del caso Imelsa, en el marco del cual se está realizando una operación anticorrupción en Valencia y que afecta a cargos del PP, entre ellos el exalcalde y expresidente de la Diputación, Alfonso Rus. Asimismo, ha ofrecido la "máxima colaboración con la justicia".

Cerdà ha apuntado que lo ocurrido hoy era algo que "todos presuponíamos escuchando las grabaciones de Rus contando billetes" y ha confiado en que "caiga todo el peso de la justicia contra aquellos que sean considerados culpables".

Ha lamentado la imagen que se traslada de Xàtiva, pero ha destacado que en las pasadas elecciones autonómicas "se limpió el buen nombre de la localidad" porque el PP "perdió la mitad de los votos y la ciudadanía dijo no a la corrupción".

Por su parte, la teniente de alcalde de Xàtiva (Valencia), Cristina Sunyer, se ha pronunciado a las puertas de la casa de Rus, donde se han concentrado numerosos medios de comunicación: "No nos sorprendieron las investigaciones, pero es verdad que con este secreto de sumario tan largo se intuye que lo que se está investigando es mucho más amplio de lo que hemos llegado a conocer".

Rosa Pérez (EU) muestra su "satisfacción" por las detenciones a partir de la denuncia presentada por su grupo

VALENCIA.- La diputada Rosa Pérez, representante de Esquerra Unida (EU) en la Diputación de Valencia y titular de las delegaciones de Inclusión Social y Teatros en esta corporación, ha expresado este martes su "satisfacción" por las detenciones que se están produciendo como consecuencia de la operación de la Guardia Civil que afecta al PP de Valencia, entre ellas, la del expresidente de la corporación provincial, Alfonso Rus.

Pérez ha recordado que fue su formación, EU, la que presentó el 30 de julio de 2014 la denuncia por la que se inició la investigación de la empresa pública Imelsa y la que ha llevado a la detención de Rus y de otros miembros del PP. "Fui la que denunció, la que presentó la denuncia el 30 de julio de 2014 por la que se inició la investigación que hoy no culmina pero que ha tenido un punto relevante con algunas detenciones", ha expuesto Pérez, que ha apuntado que pueden producirse más.

La representante de EU ha indicado que han sido "muchos años de trabajo" y de "trabajo en solitario" en la Diputación de Valencia para criticar casos como el que se investiga y formalizar la citada denuncia. "Yo tuve que soportar que Rus me dijera que de un golpe me tiraba a la calle por llamarle corrupto. En este momento está detenido y declarando", ha señalado.

Rosa Pérez ha valorado que este martes "tras año y medio de investigación" a partir de su denuncia "se han producido las primeras detenciones" y ha apuntado que "espera que no sean las últimas". Tras las "consecuencias políticas", ha indicado que "hoy se están viendo las consecuencias penales".

En esta línea, ha comentado que su denuncia "no es el caso Imelsa, ni el caso Diputación sino que va mucho más allá" y que puede afectar a "ayuntamientos importantes, como el de Valencia o el Xàtiva (Valencia) --y del que Rus es exalcalde-- y a responsables del gobierno de la Generalitat".

Pérez ha agregado que "el objetivo no era sólo sacar de las instituciones" a los corruptos "sino llevarlos a la prisión, que es donde tienen que estar". Asimismo, ha considerado que "las pruebas" que presentó junto a su denuncia eran "bastante contundentes para ver que esto no eran casos aislados de determinados cargos públicos del PP sino un modus operandi de la cúpula del PP y de muchos responsables de muchas instituciones importantes de la Comunitat Valenciana".

Preguntada por si podrían producirse más detenciones que las realizadas hasta el momento y por si éstas podrían afectar a otros responsables del Partido Popular y del Ayuntamiento de Valencia, la diputada provincial ha respondido que "podría" ser, a la vez que ha afirmado que "hay pruebas muy contundentes".

"Nosotros creemos que hay pruebas muy contundentes, pero pensamos que tras un año y medio de investigación las pruebas habrán llegado mucho más allá de lo que nosotros presentamos. El alcance de los responsables será mucho más elevado de lo que nosotros en un principio contemplábamos en nuestra denuncia", ha argumentado al respecto.

Por otro lado, ha preguntado al PP en la Diputación de Valencia, ahora en la oposición, si tiene previsto cesar como asesor de este grupo al exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus en la Diputación de Valencia, Emilio Llopis, que también ha sido detenido este martes. "Creemos que no tiene que seguir ni un minuto más en esta casa", ha dicho.

Una nueva trama de corrupción sacude al PP y se salda con el arresto de Rus, Alcón, Serra y Caturla

VALENCIA.- Una nueva operación anticorrupción desplegada este martes en la Comunitat Valenciana, relacionada con la empresa pública Imelsa, ha sacudido de lleno al PP y ha culminado con 24 personas detenidas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus; la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento María José Alcón; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

Junto a ellos, los agentes de la Guardia Civil también han detenido al exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; al ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la corporación provincial Salvador Deusa; el exalcalde de Genovés Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano María del Carmen García Fuster; y el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos --exmarido de Alcón--.
Además, han arrestado a 13 empresarios, a dos arquitectos y a un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia --personal de confianza del grupo 'popular'--, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Los detenidos comenzarán a pasar a disposición del juzgado en próximas horas.
Así mismo, en esta operación --que la Guardia Civil ha bautizado como 'Operación Taula'-- hay 29 investigados --imputados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)--, entre ellos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y el asesor municipal de este partido Luis Salom. Ambos han sido citados a declarar mañana en el juzgado.
Esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en coordinación con dos de los tres fiscales Anticorrupción de Valencia, Vicente Torres y Pablo Ponce, ha contado además con 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat.
Del total, se han practicado 14 registros en domicilios particulares, entre ellos, el de Rus; y otros 19 en sedes sociales como en la empresa pública de construcción de infraestructuras escolares Ciegsa y fundaciones --la Fundación Jaume II, que en su día estuvo presidida por Vicente Burgos, la sede de un equipo de fútbol --Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente--, la sede del grupo municipal del PP en Valencia, y la agencia de comunicación Engloba.
En concreto, los agentes han acudido al domicilio de Rus, en Xàtiva, sobre las ocho de la mañana, y han permanecido allí durante más de siete horas, hasta pasadas las 15 horas. A su salida, Rus ha sido recibido entre los gritos de "corrupto" y "ladrón" de ciudadanos que se han concentrado a las puertas de su inmueble.
El exdirigente 'popular' ha salido en un vehículo blanco del garaje del edificio en el que reside en la capital setabense ocultando su rostro con un portafolios. Rus fue alcalde de Xàtiva desde 1995 y hasta las elecciones municipales de 2015 y presidió el Club Deportivo Olímpic de la ciudad.
La operación afecta a varias administraciones valencianas --Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de Valencia-- cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta por EUPV ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo gerente era Marcos Benavent.
Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy. El pasado mes de mayo, cuando tuvo que acudir al juzgado a declarar como imputado, se describió como un "yonqui del dinero" que se había llevado "de todo" durante su etapa en la Diputación de Valencia. En ese momento ya avisó públicamente de que iba a salir "mierda a punta pala" en este procedimiento.
La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del fiscal del caso, concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción nº 18 el pasado mes de marzo.
El juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La operación sigue abierta y la causa continúa secreta.

EU aportó a Fiscalía información sobre relaciones de la trama con empresas en el extranjero

VALENCIA.- La diputada de EUPV en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, ha asegurado este martes que su formación ha investigado la rama internacional del caso Imelsa y aportó a Fiscalía Anticorrupción la información que encontró sobre relaciones de la trama con empresas del extranjero en septiembre de 2014.

Pérez ha recordado que fue su formación la que presentó el 30 de julio de 2014 la denuncia por la que se inició la investigación, en el marco de la cual se ha desarrollado una operación de la Guardia Civil que afecta al PP de Valencia, con detenciones como la del expresidente de la corporación provincial, Alfonso Rus.

Según ha dicho, si en mayo salía a la luz la grabación en la que se oía contar "mil, dos mil, tres mil" este martes hay "otra manera de contar que es uno, dos, tres, cuatro y así hasta 24, que son los detenidos que ha habido", aunque espera que haya "muchos más".

Pérez ha indicado que, como apuntó en su momento, este no es el caso Imelsa o el caso Diputación, sino "la punta del iceberg de un caso mucho más grande" y ha recalcado su voluntad de que "más que los titulares e incluso la caída política de estos señores, haya unas responsabilidades penales" y que "estos delincuentes cumplan las penas que tienen que cumplir".

Ha indicado que aunque la denuncia la presentaron en julio de 2014, después presentaron anexos con sus averiguaciones sobre las relaciones con directivos de la CAM o la rama internacional, tras investigar las empresas de la trama, sus socios y enlazarlas con compañías de otros países. "En algún sitio tiene que estar ese dinero", ha dicho, para apuntar que no darán más información para no entorpecer la investigación.

Tras recordar que desde que presentó la denuncia ha tenido que afrontar cinco querellas por injurias y calumnias, ha puesto en valor que "hoy se demuestra que todo era cierto" y ha negado que este sea un "caso aislado" en el PP.

Rosa Pérez ha criticado que el partido haya mantenido como asesores en la corporación a los ahora detenidos Emilio Llopis y Juan José Medina "cuando se sabía que era una cuestión a punto de estallar" y ha afirmado que "es muy difícil creer que Rita Barberá estaba al margen" de lo que las personas implicadas hacían.

Precisamente preguntada sobre si prevé nuevas detenciones de relevancia, ha dicho no saber "el alcance final" de la operación pero sí espera "más detenciones y más sorpresas".

"A Rita Barberá no se le ha detenido; la cuestión sería si a Rita Barberá se le pudiera detener si se le habría detenido" porque "por su condición de aforada no se le puede detener", ha dicho. "¿Que se le hubiera detenido o no de no estarlo? Pues bueno, podría ser", ha indicado.

La diputada provincial se ha preguntado "cuánto dinero nos han robado a los valencianos" y ha cuestionado, a la vista de todos los casos, si el PP "podría ser una presunta organización criminal".

La diputada provincial ha estado acompañada por el primer teniente alcalde de Xàtiva, Miquel Lorente, quien ha señalado que lo ocurrido es "una lección de lo que no se debe hacer nunca más en política" y ha afirmado que en la localidad hoy la gente "está bastante contrariada" porque esto "no es plato de buen gusto".

El Stepv reclama una reunión con la Conselleria de Educación para analizar el mapa de infraestructuras escolares

VALENCIA.- El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv) ha reclamado una reunión con la Conselleria de Educación para analizar el mapa de infraestructuras escolares. El sindicato, en un comunicado, ha recordado que la Conselleria de Educación ha presentado este martes a los medios de comunicación el mapa de infraestructuras escolares para esta legislatura.

Stepv ha recordado que ésta es una demanda que lleva años reclamando y que le trasladó al conseller de Educación, Vicent Marzà, en la reunión bilateral que tuvo lugar el pasado más de octubre, es decir, "la revisión del mapa escolar de todas las etapas educativas, la rehabilitación inmediata de los centros que presentan deficiencias en las instalaciones y la eliminación de todos los barracones".
El sindicato ha valorado "positivamente" este paso que ha dado la Conselleria, pero ha lamentado que "no haya sido tratado previamente con la comunidad educativa en los ámbitos de participación y negociación". Por eso, Stepv ya ha solicitado una reunión para analizar esta propuesta y hacer las aportaciones oportunas.
Finalmente, ha instado los centros educativos de la Comunitat Valenciana a analizar la propuesta de la Conselleria para comprobar si las necesidades de los centros están bien recogidas y hacer llegar al sindicato sus propuestas.

Rus abandona su domicilio de Jàtiva tras más de siete horas de registro

JÁTIVA.- El expresidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputación Alfonso Rus --que ha sido detenido en el marco de la operación Taula contra la corrupción-- ha abandonado su domicilio en la localidad valenciana de Jàtiva tras más de siete horas de registro.

A las 15.17 horas de este martes, Rus, montado en un vehículo, ha dejado el inmueble donde agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y funcionarios judiciales han trabajado desde las ocho de esta mañana.
Rus ha abandonado su domicilio en la localidad valenciana de Xàtiva tras más de siete horas de registro y entre los gritos de "corrupto" y "ladrón" de ciudadanos que se han concentrado a las puertas del inmueble.
A las 15.17 horas de este martes, Rus, montado en un vehículo, ha dejado la casa donde agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y funcionarios judiciales han trabajado desde las ocho de esta mañana.
El exdirigente 'popular' ha salido en un vehículo blanco del garaje del edificio en el que reside en la capital setabense ocultando su rostro con un portafolios. La salida del político y empresario ha estado rodeada de una gran expectación tanto de medios de comunicación como de vecinos, que han proferido gritos de "corrupto", "ladrón" y "chorizo". También se han oído insultos.
Hay que recordar que Alfonso Rus fue alcalde de Xàtiva desde 1995 y hasta las elecciones municipales de 2015 y presidió el Club Deportivo Olímpic de la ciudad.
La Guardia Civil ha llevado a cabo varios arrestos durante la jornada a raíz de la investigación de una supuesta trama de cobro de comisiones a través de la empresa pública Imelsa.
En la redada se han practicado un total de 24 detenciones y entre los arrestos destacan nombres significativos de la antigua cúpula de los 'populares' de Valencia, entre ellos el del propio Rus o la exconcejala de Cultura María José Alcón, entre otros.

El Consell eliminará los barracones y construirá 124 centros educativos esta legislatura

VALENCIA.- El Gobierno valenciano construirá 124 centros educativos nuevos y eliminarán las aulas prefabricadas que existen en otros 116 colegios e institutos con el objetivo de acabar esta legislatura con los barracones y devolver "la dignidad" a las aulas ya que más del 50% de los 1.391 centros públicos necesita de alguna actuación con unos 270.000 alumnos afectados.

Así, lo ha anunciado este martes el presidente del Consell, Ximo Puig, junto al conseller de Educación, Vicent Marzà, en la presentación del Plan de Infraestructuras Educativas en un acto celebrado en el Palau de Generalitat, para demostrar, ha recalcado, que se trata de "un proyecto fundamental" para el Gobierno valenciano.

Marzà ha explicado que "se ha acabado la época en la que se prometía por encima de sus posibilidades, mentían y hacían una planificación de los centros clientelar" para "favorecer a Ayuntamientos amigos en los que sacar más votos".

Al respecto, ha puesto cifras concretas del resultado de la "vergüenza" que fue Ciegsa y su "nefasta" gestión: de los 1.391 centros educativos públicos, 24 están íntegramente en barracones, 69 necesitaban ser reconstruídos por su situación "deplorable", 139 están parcialmente en barracones, 463 tienen carencias puntuales y la planificación escolar exigía que ocho más estuvieran ya construidos.

Así, 37.378 alumnos necesitan de nueva construcción, 7.080 están íntegramente en barracones, 30.298 estudian en centros antiguos que necesitan de una reforma y 13.549 en centros que tienen algún barracón.

Sin embargo, el anterior gobierno del PP sólo construyó 22 centros de 2012 a junio de 2015, mientras que ha destacado que el nuevo gobierno iniciará las obras de siete centros de julio a diciembre de 2015 y sólo en 2016 se prevé construir 31 centros nuevos.

De este modo, el Gobierno invertirá 423 millones en la construcción de estos 124 nuevos colegios durante toda la legislatura: 60 en Valencia y 32 en Castellón y Alicante respectivamente. "Con la mitad de los sobrecoste de Ciegsa no habrían barracones, lo que demuestra que la derecha gestiona muy el interés general, la economía y gestiona en beneficio de unos cuantos", ha recalcado Puig.

Marzà ha destacado que la construcción de estos centros se hará con criterios "objetivos" y que cualquier ciudadano podrá consultar "las listas organizadas y baremadas con rigor por orden de actuaciones". 

"Algún alcalde de izquierdas nos dirá que su centro no está pero nosotros valoramos si de verdad es necesario y no como hacía el PP por si era amigo", ha apuntado.

De este modo, el Mapa de las Infraestructuras Escolares detalla el comienzo de las obras de cada centro y los criterios de prioridad para aquellos centros que estén íntegramente en barracones o en más del 50%, por las "lamentables" condiciones en que se encuentran y los nuevos centros que hay que construir porque lo requiere el volumen de alumnado de una población.

De forma paralela, se realizarán actuaciones en los 116 centros que tienen algún barracón por orden de prioridad en aquellos centros que cuentan con tres o más módulos y otra prioridad de actuación en centros que tienen hasta dos módulos prefabricados. Para no discriminar a los centros más pequeños se sacará el porcentaje de barracones sobre el total. El presupuesto estimado para abordar estas actuaciones es de 60 millones de euros.

Además, irán haciendo las reformas, en coordinación con los ayuntamientos afectados, en los 463 centros que las necesitan "a medida que se tengan suficientes recursos debido a la infrafinanciación" que sufre la Comunitat Valenciana.

La operación por 'Imelsa' engorda la lista de casos de corrupción que salpican al PP valenciano

VALENCIA.- La operación desplegada este martes por la Guardia Civil a raíz de la investigación de una supuesta trama de cobro de comisiones a través de la empresa pública Imelsa pasa a engordar la lista de casos de corrupción que en los últimos años han salpicado al PP valenciano.

En la redada llevada a cabo hoy hay cursadas un total de 24 órdenes de detención y entre los arrestos destacan nombres significativos de la antigua cúpula de los 'populares' de Valencia, entre ellos el expresidente provincial y de la Diputación, Alfonso Rus, o la exconcejala de Cultura María José Alcón, entre otros.
La Valenciana es una de las comunidades autónomas en los que se han destapado más tramas, como la del caso Gürtel, una red con ramificaciones nacionales que ha puesto en el punto de mira a varios exdirigentes del PP valenciano. La expresidenta de las Corts Valencianes Milagrosa Martínez; las exconselleras Angélica Such y Alicia de Miguel, el exvicepresidente del gobierno autonómico Vicente Rambla y el exdiputado David Serra son algunos de ellos.
Hay que recordar que por una pieza relacionada con Gürtel, la del caso de los trajes, llegaron a ser juzgados el exjefe del Consell Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV Ricardo Serra por un delito de cohecho impropio, del que finalmente fueron declarados por un jurado popular no culpables.
En la actualidad, Camps está siendo investigado por otro asunto de posible corrupción, el llamado caso Valmor, relacionado con las irregularidades en la contratación y gestión del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia y la compra de la empresa Valmor.
Otro asunto que marcó durante años al PPCV, esta vez en Castellón, fue el caso Naranjax, por el que el expresidente del PP en esta provincia y de la Diputación Carlos Fabra cumple condena en prisión por delito fiscal.
Alicante también ha sido escenario de sonadas investigaciones, como la del denominado caso Brugal --donde se investigan presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana-- que aún se está instruyendo y en la que está imputada la que fuera primera edil de la capital, Sonia Castedo.
Otro caso con repercusión nacional es Nóos, que se juzgará en Palma de Mallorca. Este asunto llegó a Valencia a raíz de la contratación de varias ediciones de los Valencia Summit con el instituto que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Este proceso llevará al banquillo de los acusados al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau --actual esposo de María José Alcón, una de la s detenidas por Imelsa-- y al ex secretario autonómico de Turismo con el PP Luis Lobón.
Entre los asuntos que implican una mayor cuantía económica destaca el caso Emarsa, donde se investiga un posible agujero de 25 millones de euros en la gestión de agua de al depuradora de Pinedo (Valencia). Por este asunto, ya está acusado formalmente el que fuera vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises Enrique Crespo.
Ya en la cárcel se encuentra el exconseller de Solidaridad y exparlamentario valenciano Rafael Blasco por la pieza principal del caso Cooperación, por la que fue condenado al desviar dinero público que iba destinado a diferentes proyectos de ayuda humanitaria en el Tercer Mundo. Todavía quedan por instruirse dos piezas en las que está imputado.
Precisamente, su mujer, la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, ha sido recientemente imputada por sobrecostes en la compra de obras de arte y publicaciones durante su etapa al frente del museo. Se da la circunstancia de que esta causa está en manos del mismo juzgado y fiscal que se encargó de la de Rafael Blasco.
Otro de los últimos casos destapados, también con repercusión nacional, es por el que resultó detenido el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller durante varios gobiernos 'populares', Serafín Castellano. Aquí se trata de dirimir si benefició a una empresa con contratos de extinción de incendios con cuyo jefe coincidía en cacerías.
Ayer mismo, la presidente del PPCV, Isabel Bonig, decía a preguntas de los medios que no le "preocupaba" que nuevos casos judiciales afectaran a dirigentes del partido y subrayaba que los miembros de esta formación política son "los primeros interesados en que se esclarezca absolutamente todo".

El PSPV pedirá que todas las administraciones afectadas se personen en las causas de corrupción vinculadas al PP

VALENCIA.- El PSPV va a pedir a todos sus grupos tanto municipales como provinciales y autonómicos a que insten a sus respectivas administraciones a personarse en las causas de corrupción vinculadas al PPCV y en las que éstas se hayan visto afectadas.

Así lo ha anunciado el vicesecretario general y de Organización del PSPV, Alfred Boix, en un comunicado tras conocer la operación contra la corrupción que está desplegando la Guardia Civil, en la que ha sido detenido, entre otros, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

De esta forma, y tras las últimas informaciones sobre el caso Imelsa que vuelven a implicar a la cúpula del PP valenciano en una trama de corrupción, Boix ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones recurran a sus gabinetes jurídicos para que se personen en las causas abiertas si se han visto afectadas "y puedan llegar hasta el final no sólo en la depuración de responsabilidades, sino también en la recuperación del dinero robado por los exmandatarios de las mismas para beneficiar a amigos, enriquecerse personalmente y financiar de forma irregular a su propio partido".

En este sentido, Boix ha calificado de "inadmisible" que "mientras los valencianos sufríamos una situación de emergencia social y con graves deficiencias y recortes en la prestación de servicios básicos como Educación, Sanidad o Servicios Sociales, el PP y sus dirigentes estuviesen únicamente preocupados por cerrar y negociar el cobro de comisiones con la adjudicación de contratos públicos millonarios", y ha señalado la necesidad de que "no sólo se juzgue a los culpables, sino que también se les exija que devuelvan todo el dinero que han robado a los valencianos".

Por ello, el dirigente socialista ha puesto en valor la "lucha implacable contra la corrupción que siempre hemos llevado a cabo los socialistas" y ha incidido en que es fundamental que "las administraciones afectadas defiendan los derechos de los valencianos y exijan recuperar sus recursos públicos personándose como acusación".

Así, Boix ha incidido en que todos los grupos socialistas presentarán la iniciativa para que las instituciones puedan personarse en los casos abiertos.

Por su parte, el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, ha calificado de "lamentable" la imagen de la Comunitat como una autonomía "totalmente corrupta que de nuevo han vuelto a trasladar al resto de España los dirigentes del PP", y ha asegurado que "aunque la fiesta del PPCV en las administraciones públicas valencianas acabó hace seis meses, la resaca está siendo terrible para los ciudadanos, que tenemos que asumir cada día y hacer frente a los desmanes de su juerga de corrupción, de saqueo de dinero público y de malversación de fondos".

"No hace falta ninguna declaración policial más para que sepamos que el PP es un partido totalmente corrupto que está saqueando a los ciudadanos", ha señalado el dirigente socialista, antes de incidir en que "los valencianos y valencianas no podemos seguir siendo testigos de cómo la Guardia Civil y la Fiscalía detiene una vez más a exdirigentes populares y registran sus sedes y las de las administraciones públicas en busca de documentación".

Por ello, ha hecho un llamamiento "urgente" a la presidenta del PPCV para que se pronuncie "de forma contundente y de una vez por todas y se enfrente a los dirigentes de su partido a los que siempre ha defendido, puesto que ya no son posibles más evidencias de la implicación reiterada de su partido en casos corruptos" y le ha recordado que su tarea es la de "sanear, limpiar, desestructurar y refundar una casa que está podrida desde sus cimientos y que nos ha arruinado a todos los valencianos".

"Si va a seguir callada ante la corrupción que afecta al PP como hizo la pasada semana ante la imputación de Consuelo Císcar igual es que Bonig no está tan dispuesta como quiere vendernos a limpiar una casa de cuyas fiestas fue testigo directo" ha apuntado Mata antes de apuntar que "igual Bonig no debería de estar tan tranquila en relación al caso Rus después de su detención y la posible implicación de la ex alcaldesa Rita Barberá a la que ella misma aupó como parte de su equipo de dirección".

En cualquier caso, desde el grupo socialista han recordado que muchos de los casos que hoy se investigan "ya fueron denunciados en su día por los socialistas como el caso Ciegsa, en cuyas dependencias la Guardia Civil se ha personado para recabar información y que tiene pendiente la creación de una comisión de investigación en las Corts tras la denuncia por sobrecostes millonarios y la deuda de más de 2.400 millones desvelados por el grupo socialista".

"La gestión del PP en cualquier nivel de la administración es un campo minado y cualquiera que pase por él queda claro que tiene el riesgo de implosión", ha sentenciado Mata antes de mostrarse convencido de que "no podemos seguir soportando ni aquí ni en Madrid a un partido cuya actuación al frente de las administraciones pública roza lo criminal y que puede acabar siendo imputado directamente por su implicación en los hechos que hoy se investigan.

Las Corts constituyen la comisión para "dar luz" a las "dudas" sobre la adjudicación de plazas residenciales

VALENCIA.- Las Corts Valencianes han constituido este martes la comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad a personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figuran Lubasa o Sedesa --propiedad de la familia Cotino--, además del empresario Enrique Ortiz.

En la sesión constitutiva ha sido elegido como presidente el socialista Ignacio Subías, que ha mostrado su voluntad de que esta comisión "dé luz a las múltiples dudas" sobre la adjudicación de más de 6.000 plazas residenciales, dado que pese a las peticiones de información, algunos datos "nunca se obtuvieron", siempre con "la serenidad que se necesita en una investigación de estas características".

Como vicepresidenta ha sido designada la diputada de Compromís Mireia Mollà y como secretario el parlamentario de Ciudadanos, Alberto García.

El déficit de la Comunitat en noviembre se situó en el 1,92%

MADRID.- El déficit de la Comunitat Valenciana hasta noviembre se situó en el 1,92 por ciento del PIB, con lo que se situó como la tercera región con mayor porcentaje, superada por Cataluña y Murcia, según los datos ofrecidos por Hacienda.

La Región de Murcia registra junto a Cataluña los mayores desvíos del déficit público en noviembre, con un saldo negativo del 2,21 por ciento, seguidas de la Comunidad Valenciana (-1,92%), Extremadura (-1,88%), Aragón (-1,61%), Andalucía (-1,31%), Castilla-La Mancha (-1,17%), Madrid (-1,11%) y Castilla León (-1,03%).

Por debajo del 1% pero con un déficit superior al objetivo anual se quedaron La Rioja (-0,97%) y Cantabria (-0,81%) mientras que Baleares es junto a País Vasco (-0,27%), Canarias (-0,31%), Galicia (-0,50%) y Asturias (-0,58%) las únicas que cumplen con el objetivo anual (-0,7%). Por su lado, Navarra se anotó un déficit del 0,72% y el resto sobrepasaron el 0,7%.

Carolina Punset dice que "lo más parecido a una mafia calabresa" en la Comunitat "es el PP"

VALENCIA.- La portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Carolina Punset, ha señalado este martes que, "lamentablemente, lo más parecido a una mafia calabresa que hay en la Comunitat Valenciana es el PP", en relación a la operación contra la corrupción que está desplegando la Guardia Civil, en la que ha sido detenido, entre otros, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

Punset ha lamentado que "la cúpula del PP, incluida Isabel Bonig, mantuvo a Rus hasta el último momento en su puesto" y "costó mucho que dimitiera antes de elecciones, después de muchas bravuconerías y después de muchas chulerías en las que presuntamente andaba contando presunto dinero público de los valencianos".
Por ello, ha considerado ante los últimos acontecimientos que "ya es hora de que el PP no sólo se disculpe en público, que lo debe hacer, sino que haga las cosas de tal manera que podamos garantizar que se devuelva el dinero que algunos o muchos de sus miembros han robado a todos los valencianos".
"Es esencial que ocurra, porque ya está bien de casos de corrupción, ya está bien de no dar solución a los problemas de los valencianos y de salir a la palestra aquí a dar explicaciones de presunta financiación, como en este caso, ilegal de un partido al que ha ido a parar muchísimo dinero público de los valencianos que debería haber sido invertido en lo que realmente necesitamos", ha agregado.

El senador Carles Mulet (Compromís) pide al PP que retire a Rita Barberá del Senado

MADRID.- El senador de Compromís Carles Mulet ha pedido al PP que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá deje de ser senadora y que la aparte de la política y ha asegurado que para él "es una vergüenza compartir hemiciclo con una persona como esta, que en todos los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana aparece su sombra o su presencia". 

"Es la jefa de la corrupción".

Mulet ha hecho estas declaraciones tras conocerse la operación de la Guardia Civil desarrollada contra la corrupción en el marco del llamado 'caso Imelsa', en la que se anuncian 24 detenciones. "Ya basta, no sabemos cómo rogarle al PP", ha insistido, y ha calificado de insulto a los valencianos y a los españoles que Barberá sea senadora autonómica, nombrada por las Cortes Valencianas.
"Si hablamos de 'Ritaleaks', si hablamos de Gürtel, del caso Imelsa, del caso Nóos, cualquier caso de corrupción que pase en Valencia aparece salpicada Rita Barberá, en este caso con grabaciones en las que concejales suyos la denominan la jefa, la jefa de esta trama", ha añadido el senador, para remachar: "La jefa de la corrupción".
Ha dicho que la exalcaldesa ha tenido "la santa suerte" de no haber sido imputada en ningún caso hasta ahora, pero que eso cambiará, y ha insistido en pedirle al PP que la retire la política y de la Cámara Alta, en la que Barberá está, a su juicio, por el aforamiento. "Ha hecho demasiado daño a Valencia y al País Valencià como para que continué viviendo de la cosa pública", ha concluido.

La trama desarticulada en Valencia afecta a la Generalitat, Diputación y Ayuntamientos

VALENCIA.- La macrooperación desarrollada este martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas --Ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat-- que se descubrió a raíz de la denuncia por el caso Imelsa, según han informado fuentes de la investigación.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos --se prevén un total de 24-- están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejal en la capital María José Alcón.

Según las fuentes consultadas, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.

Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la administración pública --entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales--.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.

En total, están previstos 33 registros, incluidos los del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, los domicilios particulares de los investigados y también en empresas como Ciegsa --empresa pública dedicada a la construcción de colegios-- y otras entidades como la Fundación Jaume II y la se del Club Deportivo Olímpic de Xátiva.

Los agentes de la Guardia Civil también han embargado un total de 150 vehículos de alta gama de las personas implicadas y han bloqueado 252 cuentas corrientes.

La Guardia Civil registra las dependencias del PP en el Ayuntamiento de Valencia

VALENCIA.-La Guardia Civil está registrando el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y el Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Alfonso Rus fue presidente hasta junio de este año, según han informado fuentes conocedoras de la operación.

Estos registros se enmarcan en la macrooperación contra la corrupción desplegada este martes en Valencia dentro del conocido como caso Imelsa que el juzgado lleva investigando desde hace casi un año en colaboración con el exgerente de esta sociedad Marcos Benavent. La operación lleva acarreada varias detenciones, entre ellas, la del expresidente del PP de Valencia y expresidente de la Diputación, Alfonso Rus.

Los registros en el Ayuntamiento podrían deberse a la posible implicación en el caso de la que fuera concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón, investigada por el supuesto cobro de comisiones entre los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia.

Así mismo, los registros en el Olímpic de Xàtiva se deben a que Rus presidía el equipo desde el año 2006 y se investiga si durante su mandato en la Diputación la entidad trabajó con empresas de la presunta trama dirigida desde Imelsa. Cuando los agentes se han personado en el club no había nadie, lo que ha obligado a algún responsable a desplazarse y a abrirles las puertas para que efectuaran el registro.

Además, hasta el club se ha desplazado un teniente de alcalde de Xàtiva como representante del ayuntamiento porque esta entidad es titular del campo de fútbol.

El caso se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

El PP suspende cautelarmente de militancia a los detenidos

VALENCIA.-El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha instado al Comité de Derechos y Garantías regional a abrir expediente a todos los militantes detenidos en el curso de la investigación policial desarrollada durante la jornada de hoy, así como la suspensión cautelar de militancia de todos ellos.

Asimismo, la dirección del PPCV ha acordado su destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñan y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con nuestra formación política.

El PPCV va a ser "contundente ante cualquier atisbo de corrupción, sin menoscabo al derecho de presunción de inocencia de todas las personas investigadas", ha afirmado en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El final de un político populista en un partido conservador

VALENCIA.- El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha pasado de asegurar que había un "complot" contra él y de negar que fuera quien contara dinero de supuestas comisiones en unas grabaciones, a ser detenido hoy en el marco de una operación relacionada supuestamente con el "caso Imelsa".

Después de 32 años en política -veinte de ellos al frente de responsabilidades orgánicas e institucionales-, Rus fue suspendido de militancia y apartado de la presidencia del PP de la provincia de Valencia el pasado mayo, a tan solo 22 días de unas elecciones municipales en las que el PP perdió su alcaldía, la de Xàtiva.

El "caso Imelsa", en el que desde julio de 2014 se investigaba una supuesta trama corrupta de cobro de comisiones en esta empresa pública de la Diputación de Valencia encargada de gestionar actividades forestales o medioambientales, fue el detonante que llevó a Rus a ser apartado de la política.

Unas grabaciones conocidas en el marco de esa investigación, en las que supuestamente contaba dinero de comisiones -los ya famosos "dos millons de peles" (dos millones de 'pelas')- llevaron al PP a suspenderle de militancia por el "deterioro público" de la imagen del partido, y pocos días después abandonó temporalmente la presidencia de la Diputación, a la que ya no volvió.

En sus pocas declaraciones públicas desde entonces, Rus aseguró que esa grabación era "mentira total", que había un "complot" contra él, que en su vida se había dedicado a ser "honrado y trabajador" y que era "incapaz de meter la mano en ningún sitio", además de anunciar una rueda de prensa para contarlo todo tras las elecciones, que nunca ofreció.

Hasta llegar aquí, Rus, nacido en Xátiva hace 65 años, acumulaba un bagaje político de veinte años al frente de la alcaldía de su ciudad natal, gracias a cinco mayorías absolutas que intentó revalidar en los comicios locales del pasado mes de mayo, que el PP perdió en esa localidad de 30.000 habitantes.

A esa responsabilidad municipal había sumado en 2004 la presidencia del Partido Popular de la provincia de Valencia y en 2007 la presidencia de la Diputación de Valencia, mientras que la pasada legislatura ocupó un escaño en Les Corts Valencianes.

Este empresario valenciano, que en un principio se dedicó a la música, luego se hizo promotor de conciertos, pasó al comercio de electrodomésticos y finalmente presidió una mercantil del mueble, comenzó con 33 años en política, en la que fue progresando con un discurso populista y en ocasiones alejado de la línea oficial del PP.

Para la posteridad han quedado frases suyas, como cuando llamó "gilipollas" a los profesores que decían expresiones valencianas "aleshores" y "gairebé" -por las que fue juzgado y absuelto de un delito de injurias-, o como cuando prometió a los vecinos de Xátiva que si le votaban haría llegar la playa hasta esa localidad y luego les llamó "burros" por creérselo.

También llegó a prometer que si le votaban tendrían un Ferrari, como el que él se compró antes de entrar en política, y su estilo desenvuelto le llevaba a reirse de su propia estatura, hasta el punto de que en algún mitin electoral no dudó en pedir un cajón al que subirse para llegar bien a los micrófonos.

En paralelo, nunca se alejó del deporte, pues presidió el club de fútbol de su ciudad natal, el Olímpic de Xátiva, e incluso intentó presidir el Valencia CF, algo que intentó sin éxito tanto en 1997 como el año pasado.

Una denuncia de Esquerra Unida sobre presuntas irregularidades en Imelsa presentada ante la Fiscalía, que a su vez la llevó a un juzgado de Valencia, desencadenó que finalmente este "verso suelto" del PPCV fuera apartado de sus responsabilidades en el partido, y que hoy haya sido detenido.

Detenido Alfonso Rus, expresidente del PP en Valencia, en una operación contra la corrupción

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción y los Cuerpos de Seguridad del Estado llevan a cabo una macrorredada desde primera hora de la mañana que afecta directamente a ex altos cargos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, entre ellos Alfonso Rus, Rita Barberá y María José Alcón. Hasta el momento hay diez detenidos, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia, y se han llevado a cabo quince registros.

La Policía ha detenido al expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP en la provincia, Alfonso Rus, por una presunta trama de corrupción en la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa) que el juzgado lleva investigando desde hace casi un año en colaboración con el exgerente de esta sociedad Marcos Benavent, según han informado fuentes conocedoras de la operación. También está detenido el expresidente de la corporación provincial, Máximo Caturla.

La Guardia Civil está registrando esta mañana el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y el Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Alfonso Rus fue presidente hasta junio de este año.

Los registros en el Ayuntamiento podrían deberse a la posible implicación en el caso de la que fuera concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón, investigada por el supuesto cobro de comisiones entre los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia.

Asimismo, los registros en el Olímpic de Xàtiva se deben a que Rus presidía el equipo desde el año 2006 y se investiga si durante su mandato en la Diputación la entidad trabajó con empresas de la presunta trama dirigida desde Imelsa. Cuando los agentes se han personado en el club no había nadie, lo que ha obligado a algún responsable a desplazarse y a abrirles las puertas para que efectuaran el registro.

Además, hasta el club se ha desplazado un teniente de alcalde de Xàtiva como representante del ayuntamiento porque esta entidad es titular del campo de fútbol.

El caso Imel se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

El diario Levante-EMV ya avanzó el domingo que la Fiscalía y el juez preparaban decenas de detenciones, tras meses de colaboración de Benavent para descifrar la trama empresarial, seguir la pista internacional del dinero saqueado e intentar recuperarlo.

El caso se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.

A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus --nacido en 1950-- contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".

Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.

También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación --estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015-- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia --fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat--.