lunes, 30 de abril de 2012

Egea suma apoyos a la oferta de BMN por Banco de Valencia y logra ser postor favorito ante la subasta


VALENCIA.- En plena subasta de Banco de Valencia, los interesados por hacerse con la entidad valenciana empiezan a moverse entre bastidores. Y no sólo se trata de convencer al Banco de España a lo largo de este mes. Los principales favoritos, que ya han presentado las ofertas no vinculantes, también han empezado a cortejar políticos, empresarios y accionistas locales para ganarse su apoyo, para allanar su camino a Valencia.

Es un terreno en el que Carlos Egea, presidente de Banco Mare Nostrum (BMN), ha sido el que más se ha volcado, el que mejor se ha movido, según varias fuentes consultadas, que refleja 'Economía Digital'.

Egea se ha convertido en el gran favorito para llevarse Banco de Valencia por su insistencia, predisposición y guiños a lo largo de los últimos meses. Ha sido el único que ha reconocido públicamente su interés por la entidad, el primero en admitir que ya tenía el cuaderno de venta y uno de los pocos en defender públicamente a los 47.000 accionistas actuales cuando la posibilidad de que vieran reducido a cero el valor de sus títulos era una amenaza real.

Guiños y buenas palabras que se han tenido en cuenta.

De momento, BMN ha sentado las bases con la sociedad valenciana. Egea se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien ha visto desde la primera línea cómo se ha desmoronado todo el poder financiero valenciano tras los sucesos en la CAM, Bancaja y Banco de Valencia. Pero no ha sido el único.

Egea también quiere implicar a empresarios valencianos y a los principales accionistas. En reuniones privadas, se ha mostrado partidario de la continuidad del actual consejo, con presencia de empresarios locales, e incluso la incorporación de algún valenciano en la propia directiva de BMN. Además, ha dejado entrever que mantendrá la marca 'Banco de Valencia', un gesto que le ha creado simpatías.

El gran interés de BMN se debe a que Banco de Valencia le permite completar su presencia en el arco del Mediterráneo, ya que el grupo está liderado por Caja Murcia y también cuenta con la presencia de Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra. “Existe una coherencia territorial”, apuntan desde la entidad.

Además, BMN sólo cuenta con 44 oficinas en Valencia y Castellón de las cerca de 1.500 que tiene el grupo, por lo que sería una integración complementaria. Una opción que agrada a los sindicatos de la entidad valenciana, aunque saben que Alicante y Murcia serían dos puntos de fuerte conflicto. Por otra parte, Banco de Valencia, entidad ya cotizada, le permite salir a Bolsa a BMN sin la necesidad de hacer una oferta pública de venta. Una opción que se valora positivamente.

En definitiva, Egea ha sido el que más se ha entregado a la causa valenciana frente a la distancia que todavía mantienen otros candidatos como Popular, Liberbank, Ibercaja o incluso Santander. Sin embargo, como ya sucedió con Unimm, un trofeo que se llevó a última hora y por sorpresa BBVA, aún nada está escrito. Todos ellos disponen hasta finales de mayo para presentar las ofertas vinculantes antes de su adjudicación en junio. Y, de momento, Popular también se ha consolidado como un seria alternativa.

Las cadenas autonómicas con déficit tendrán que reducirlo proporcionalmente al año siguiente

MADRID.- Las cadenas públicas autonómicas que no cumplan con el objetivo de equilibrio presupuestario marcado por el Gobierno y cierren sus cuentas de ejercicio con déficit tendrán que reducir los gastos al año siguiente "en una cantidad equivalente a la pérdida o déficit generado", según el Programa Nacional de Reformas que ha presentado el Gobierno a la Comisión Europea. Además, tendrán "un límite máximo de gasto anual que no podrá superarse".

El programa recoge el Real Decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros que da la opción a las comunidades autónomas de privatizar la gestión de sus televisiones autonómicas e impone la obligación a las cadenas de cumplir con el equilibrio presupuestario al que están obligados el conjunto de administraciones.
Según explica el Gobierno a Bruselas, "con el fin de garantizar que los prestadores públicos autonómicos adapten su actividad al marco de estabilidad presupuestaria se imponen a las televisiones públicas autonómicas una serie de obligaciones de carácter financiero".
Concretamente, las televisiones autonómicas tendrán "un límite máximo de gasto anual que no podrá superarse", deberán incluir en el informe de gestión anual "una referencia expresa al cumplimiento de equilibrio y sostenibilidad financieros" y deberán compensar cualquier déficit con un recorte en el gasto de la misma cuantía al año siguiente.
Además, las cadenas de televisión autonómicas deberán "presentar ante el órgano competente un informe que ponga de manifiesto que la gestión de la televisión pública se adapta a los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". Mientras, las comunidades autónomas deberán establecer sistemas de control que permitan la supervisión financiera adecuada de sus televisiones.
Todo ello con el objetivo de "mejorar el funcionamiento de las televisiones autonómicas mediante la flexibilización de los modos de gestión en la prestación del servicio de comunicación audiovisual y racionalizar el gasto", según ha explicado el Gobierno en el plan remitido a Bruselas.
Las televisiones autonómicas públicas cerraron el año 2010 con unas pérdidas de 489 millones de euros, frente a los 561 millones de euros que perdieron en 2009, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

Carlos Fabra sobre el aeropuerto de Castellón: "no hay comprador y de momento no se vende"

CASTELLÓN.- El presidente de Aerocas, Carlos Fabra, ha indicado este lunes que el aeropuerto de Castellón "no hay comprador y de momento no se vende". Según ha señalado, "cuando esté totalmente validado y si tenemos alguna oferta, en su momento la estudiaríamos, pero de momento todo son especulaciones que no tienen ningún fundamento".

   Asimsimo, ha destacado que hasta la fecha no ha llegado ninguna oferta de compra, aunque ha asegurado preferir no hablar al respecto, "pues esto es como todo, hay mil que quieren comprar a un jugador y luego no hay nadie que lo compre". En su opinión, "la realidad es que cuando uno compra una cosa viene con una oferta en firme garantizada por algún banco, y si eso viniera, que no ha venido, nos sentaríamos y hablaríamos".
   Fabra se ha manifestado en estos términos durante su visita a la localidad castellonense de Almassora para asistir a la inauguración del nuevo Ayuntamiento y tras ser preguntado al respecto.
   Según ha dicho, Aerocas sigue trabajando "para subsanar aquellos problemas que pudiéramos tener", y ha mostrado su confianza en que "en breve tiempo podamos ir al Ministerio con los deberes hechos y que nos lo validen para poder preparar su operatividad inmediata".
   Del mismo modo, ha apuntado que de momento no se van a buscar gestores del aeropuerto sino que Aerocas se ha valido en el Ministerio de Fomento como gestor, "y como tal vamos a buscar empresas auxiliares que nos permitan encontrar un director de explotación, un director de vuelo y empresas para cualquier cosa que tengamos que atender", ha explicado.
   Respecto a la fecha de apertura, ha señalado que todavía no la hay, aunque ha subrayado que cuando la haya y se ponga en marcha el aeropuerto "habrá una pandilla de inútiles importantes de políticos de esta provincia y de fuera que tendrán que comerse todas las palabras que han dicho" porque "toda esta gentuza lo único que ha hecho es poner en evidencia a la provincia de Castellón y a un espacio económico importante que va a suponer el aeropuerto para Castellón".
   "Su frustración por su inutilidad les lleva a mantener posiciones que hoy no defendería nadie que tuviera el más mínimo amor a esta provincia", ha finalizado Fabra.
   Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha indicado en el mismo acto que se están acabando los proyectos del aeropuerto y se permanece en contacto con AENA y la Dirección General de Aviación "para resolverlos cuanto antes y que pueda estar operativo".
   Así mismo, ha dicho que se está trabajando en cuanto al contenido, "pues yo no quiero sólo que el aeropuerto tenga los permisos y que se pueda abrir, sino que sirva para lo que se ha construido: para atraer gente de fuera para que nuestra provincia tenga la misma actividad turística que otras muchas".
   En este sentido, ha resaltado que se está trabajando en un plan de viabilidad "que permita tener mucho contenido y sean muchas las personas que se puedan acercar a la provincia para no sólo llegar al aeropuerto, sino después a los todos los hoteles de la costa y del interior".
   El jefe del Consell ha afirmado que se está trabajando con operadoras de vuelo, y ha aclarado que el contacto con empresas y compañías es una de las "claves" de ese plan de viabilidad.
   Preguntado cuánto está dispuesta a pagar la Generalitat para romper el contrato con Concesiones Aeroportuarias, ha dicho que continúan las negociaciones "pero al final los contrato se valoran y en esa valoración se tienen que acercar las posturas".
   Alberto Fabra, no obstante, ha destacado que esta cuestión "no tiene mucha más trascendencia, pues lo importante es obtener de la infraestructura la máxima rentabilidad y al menor coste, y en eso estamos".

El Ministerio de Economía aprueba el Plan de Ajustes del Ayuntamiento de Valencia

VALENCIA.- El Ministerio de Economía y Hacienda, ha aprobado el Plan de Ajuste Económico y pago a proveedores del Ayuntamiento de Valencia, resultante del Real Decreto 4/2012 y que es necesario para acogerse al de pago a proveedores, según han informado fuentes municipales.

   El Ayuntamiento de Valencia podrá hacer frente con esta resolución al pago de facturas por un montante de 181 millones de euros. Para atender el pago de esas facturas el consistorio asume un préstamo a diez años, con dos de carencia y un cinco por ciento de interés.
   El Plan de Ajuste, elaborado y avalado por la Intervención General del consistorio, prevé entre otras medidas la reducción de la bonificación por la domiciliación de recibos municipales del 5 al 2 por ciento, la amortización de puestos de trabajo a través de la jubilación de empleados públicos y la asunción con recursos propios de inversiones que estaba previsto financiar de forma externa.

El Consell paga a las farmacias 61 millones de euros correspondientes al segundo plazo de diciembre


VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha hecho efectivo este lunes el pago de 61 millones de euros a los farmacéuticos de la Comunitat Valenciana, que corresponde al segundo plazo de diciembre, según han explicado fuentes el Colegio de Farmaceúticos.   

 De este modo, el Consell adeuda a las farmacias valencianas el importe correspondiente a los meses de enero, febrero y, desde mañana, también a marzo. La Generalitat ingresó la factura del primer plazo de diciembre el pasado 12 de abril.

Roban documentación de una empresa pública de Gandia con información sobre proyectos urbanísticos

GANDIA.- El Ayuntamiento de Gandia ha dado a conocer este lunes el robo, ocurrido el pasado fin de semana, de dos ordenadores portátiles y diferentes documentos de la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), situada en los despachos del edificio que el Consistorio posee en la calle Tossal. 

Además se han llevado 500 euros de la caja fuerte del edificio. El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Reig, ha asegurado que con la información sustraída "se puede hacer daño a la ciudad" ya que corresponden a los proyectos urbanísticos del distrito de Santa Ana y la remodelación del grupo de viviendas Simancas.
   Según han informado desde el Ayuntamiento de Gandia, la vigilante del edificio al llegar a su puesto de trabajo este lunes se ha percatado de que la alarma estaba desconectada y también de la ausencia de estos dos ordenadores.
    Desde el Consistorio han explicado que "el viernes, tras finalizar la jornada laboral, la vigilante conectó la alarma del edificio Tossal y comprobó que las instalaciones estaban cerradas. A primera hora de este lunes, cuando la vigilante ha acudido a su puesto de trabajo, se ha percatado de que el sistema de seguridad estaba desconectado. Nada más acceder al interior del edificio y revisar las instalaciones ha comprobado que se había perpetrado un robo al faltar dos ordenadores, estar la documentación revuelta en varios despachos, y la caja fuerte abierta y totalmente vacía".
   La Policía de Gandia investiga los hechos. Al no haberse forzado ninguna puerta de acceso, "se presume que las personas que accedieron al edificio sabían la combinación de la alarma y la localización concreta de los despachos de donde sustrajeron los ordenadores", han apuntado desde el Ayuntamiento.
   Otro aspecto que se está investigando es la información que poseían los ladrones dado que, con las últimas reformas del edificio, los despachos todavía no tenían asignados los carteles "por lo que resulta muy extraño que los amantes de lo ajeno supieran exactamente los ordenadores que querían sustraer y dónde se encontraban estos. Lo mismo ha ocurrido con la caja fuerte de donde se han apoderado de unos 500 euros y que también estaba oculta en un despacho sin identificar", han hecho hincapié desde el Consistorio.
   El Gobierno de Gandia ha puesto en conocimiento de la Policía estos hechos y espera "que se localice a los autores del robo así como la documentación y los ordenadores robados. Aunque hay copias de seguridad de toda la información sustraída, los ladrones podrían intentar facilitarla a terceros desconociendo con qué finalidad y llevándoles a vulnerar numerosos derechos".
   El consejero de Seguridad Ciudadana, Javier Reig, ha hecho un ruego tanto a los medios de comunicación como a los diferentes Grupos Políticos para que, en el caso de que "les llegue información confidencial, rogaríamos que antes de hacer uso de ella se pusiera en conocimiento del Gobierno de esta ciudad para comprobar si forma parte de la sustraída o no".
   Javier Reig ha recordado que con este robo "no se hace daño a la empresa pública sino a la ciudad" dado que la información que contenían los ordenadores sustraídos hacen referencia a varios proyectos urbanísticos, concretamente al del distrito de Santa Ana y la remodelación del grupo de viviendas Simancas.

El nuevo mapa de titulaciones agrupará carreras y centralizará en una sola universidad enseñanzas con poca demanda

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha señalado que el nuevo mapa de titulaciones universitarias entrará en vigor en el curso 2013/2014 e irá en la línea de "agrupar aquellas titulaciones y carreras universitarias que no tienen demanda" y de estudiar la posibilidad de impartir "solo en una universidad pública" las titulaciones que tengan "muy poca respuesta" en estas instituciones.

   En una entrevista en el programa 'La tertúlia' de Canal 9,  ha señalado que en la actualidad trabajan en la elaboración de ese nuevo mapa de titulaciones universitarias para "racionalizar el sistema" de la Comunitat Valenciana.
   Císcar ha argumentado que van a "racionalizar todo el mapa universitario" para "ahorrar", aunque ha recalcado que lo harán "sin dejar a nadie sin estudiar lo que quiere estudiar".
   Además de agrupar titulaciones sin demanda, estudian otras medidas como que "una titulación que tenga muy poca respuesta en cada una o en algunas de esas cinco universidades públicas", en vez de impartirse "en todas las universidades publicas o en parte de ellas, a lo mejor sólo se da en una universidad pública para agruparlos a todos".
   Preguntado por la posibilidad de extender al ámbito educativo un modelo parecido al sanitario --que extenderá la iniciativa privada en los hospitales de la Comunitat Valenciana--, el también conseller de Presidencia ha sido tajante: "No, en absoluto". 
"En educación están tomándose otro tipo de medidas, pero en educación no se plantea ese sistema", ha zanjado.
   Císcar ha indicado que van "servicio a servicio" y que si bien consideran que "la sanidad funcionará mucho mejor de esta manera y sobre todo se podrá hacer el sistema mucho más sostenible", en educación descartan implantar esas mismas iniciativas.
   Es más, considera que "podríamos decir que lo que ahora se implanta en la sanidad ya existe desde hace muchos años en la educación" puesto que "esa colaboración público-privada que ahora se busca más en el sistema sanitario ya existe a través de los colegios concertados", en los que se presta "un servicio publico esencial como la enseñanza a través de empresas privadas, en un régimen de concierto".
   En cuanto a la subida de las tasas universitarias, ha resaltado que el aumento en un 20 por ciento aprobado por el Consell para la primera matrícula se sitúa "en medio" de la horquilla fijada por el Gobierno  y va acompañada de "una política de becas sin precedentes" en la que "se va a multiplicar por ocho la cantidad" que se destina a estas ayudas, al pasar de dos a 16,5 millones en el próximo curso.
   "Lo que no queremos es que ningún alumno se quede sin estudiar por falta de recursos", ha recalcado Císcar, quien ha señalado que la Comunitat está "en la media española de lo que pagan de matricula los alumnos", que aportaban un 15 por ciento de los "entre 6.000 y 7.000 euros" que cuesta cada curso en función de cada titulación, y ahora aportarán el 20 por ciento, y el resto se financia vía impuestos.
   "Se trata de que en vez de pagar el 15 por ciento paguen el 20 por ciento y que aquellos que no puedan llegar ni siquiera al 20 por ciento, por el sistema de becas puedan estudiar teniendo la matricula gratuita", ha resumido.
   Además, ha aludido al incremento del 35 por ciento que se plantea en la segunda matricula, del 75 por ciento en la tercera y del cien por cien en la cuarta matricula y, en este sentido, ha reivindicado que "hay que premiar la cultura del esfuerzo". 
"Aquel que trabaja y que cumple de una manera más importante, que pague menos", ha dicho.
   Císcar ha argumentado que el alumno dispone de "varias convocatorias" por cada matrícula y que, por tanto, han decidido que "aquel que consume más recursos públicos, pague más, y que el que se matricule por tercera o cuarta vez ya que pague prácticamente todo el coste de la matricula porque ha tenido bastante oportunidades antes que ha desaprovechado, esa es la filosofía".

Las estructuras comarcales del PSPV estarán establecidas antes del 31 de julio

VALENCIA.- El PSPV tendrá establecidas sus estructuras comarcales, provinciales y locales antes del 31 de julio. Así, las comarcas volverán a tener peso en la organización territorial de los socialistas valencianos. 

   Así lo explicado el vicesecretario y portavoz de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, Francesc Romeu, que ha comparecido en rueda de prensa junto al vicesecretario de Educación, Formación, Empleo e Integración Social del PSPV, Miquel Soler, para dar a conocer los acuerdos adoptados en la reunión de la Ejecutiva.
   Romeu ha destacado que está "completamente autorizada" por parte del PSOE la nueva estructura comarcal, y ha subrayado que se trata de una "reivindicación de toda la militancia", así como "de la nueva dirección" que surgió del XII Congreso Nacional del PSPV en el que Ximo Puig resultó elegido secretario general.
   En este sentido, el vicesecretario socialista ha destacado que las comarcas "convivirán" con las provincias. "El PSPV tendrá la capacidad de regularse territorialmente también a través de las estructuras comarcales", ha manifestado.
   Francesc Romeu ha hecho hincapié en que antes del 31 julio todos los procesos orgánicos del partido, desde los provinciales y los comarcales hasta los locales, "deberán estar completamente finalizados, con tal de poner punto y final al proceso de reestructuración orgánica del partido".
   Por otro lado, en la reunión se ha presentado una propuesta de reglamento de funcionamiento de la Ejecutiva, que tendrá tres niveles. El primero de ellos es el Secretariado, que lo configurarán  las Vicesecretarias del partido, la Presidencia, el secretario general, el secretario de Política Institucional y la secretaria de Igualdad.
   También se creará la Comisión Ejecutiva Permanente, formada por los responsables de área; y el Plenario, que se convocará cada dos meses y estará integrado por las 69 personas que forman parte de la Dirección. Además, las Vicesecretarías tendrán un equipo de trabajo que se reunirá, al menos, una vez al mes.
   Preguntado por el peso que tendrán las estructuras provinciales frente a las comarcales, el dirigente socialista ha explicado que "las provincias van a existir y se restablecen las comarcas en la acion y capacidad política y orgánica que tenían antes".
   Romeu ha señalado que el Comité Nacional aprobará un reglamento que determinará "qué ambito y competencias tiene cada una" de las estructuras, aunque ha avanzado que "la prioridad de la Dirección es dotar de competencias políticas y orgánicas a las comarcas".

Ford Almussafes aplica esta semana cuatro jornadas del ERE y también parará los lunes de mayo

VALENCIA.-   La planta de Ford en Almussafes ha interrumpido nuevamente su fabricación durante esta semana al aplicar cuatro días de los 39 previstos dentro del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión temporal aprobado en enero. Además, se han programado otras tres jornadas de paro los lunes 4, 14 y 21 de mayo.

   Según informaron fuentes de la compañía, la dirección comunicó el pasado día 17 al comité de empresa su decisión de unir cuatro jornadas del ERE al festivo de este martes, 1 de mayo, y parar también la producción durante los tres lunes siguientes.
   Durante esos días, el expediente afectará a una media de 2.500 trabajadores de la factoría, que produce actualmente unos mil vehículos al día, unas 750 unidades de CMAX y el resto, de Fiesta.
   La Generalitat valenciana aprobó a principios de enero ese ERE, acordado entre la dirección de la planta y los sindicatos de la factoría, que afectará a un máximo de 4.959 trabajadores de las plantas de fabricación de vehículos y sus departamentos auxiliares durante 39 días en 2012 y que tendrá como periodo de vigencia desde el 16 de enero hasta el 14 de octubre.
   En concreto, el documento aprobado recogía que esos 39 días sin fabricación se distribuyan once en el primer trimestre, nueve en el segundo y los 19 restantes en el tercero, hasta el 11 de octubre, y se agrupen siempre "en torno a los periodos vacacionales".
   La empresa achaca ese ERE, que deja fuera a los trabajadores de la planta de motores, a la "necesidad de readaptar sus instalaciones a la llegada de nuevos modelos" y a la previsión de que la demanda de automóviles en Europa siga "débil" en 2012.

La SGR afronta el futuro con un consejo de 18 miembros y la inyección de 60 millones

VALENCIA.- La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) ha iniciado este lunes una nueva etapa con la reducción de su consejo de administración de 38 a 18 miembros, tras la dimisión de los anteriores y el nombramiento de los entrantes en la junta general, en la que también se ha aprobado la inyección de 60 millones por parte de la Generalitat. De los 18 miembros, ocho repiten y hay diez caras nuevas, cinco han sido propuestos por el Consell y, además, 13 de los 18 son empresarios y ocho cuentan con experiencia financiera.

   En concreto, la operación por la que la administración pasará a controlar el 40 por ciento de la SGR se ha efectuado mediante la aportación de 14 millones al Fondo de Provisiones Técnicas --para evitar una reducción de capital-- y una ampliación de capital por importe de 46 millones suscrita íntegramente por la Generalitat, ambas con fondos obtenidos "de entidades financieras básicamente".
   Así lo han explicado en declaraciones a los periodistas el conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, que ha presidido la sesión, y el ya expresidente de la SGR, José Roca, que sale de la entidad tras 31 años en el cargo.
   El nuevo consejo se reunirá en los próximos 15 días en sesión extraordinaria para elegir entre sus miembros al sucesor de Roca, así como a los vicepresidentes de Alicante, Castellón y Valencia para las comisiones de riesgo que recogen los estatutos.
   Esos nombres saldrán de los 18 aprobados hoy, por la provincia de Castellón, Salvador Lluch en representación de la Cámara de Comercio, Joaquín Farnós, Carlos Cabrera y Rafael Montero --estos dos últimos repiten como consejeros--; por Valencia, Salvador Navarro, Juan Eloy Durá, Isabel Cosme y Manuel García Portillo --nuevo--; por Alicante, Antonio Medina --repite--, Antonio Alonso, Cristóbal Navarro y Jesús Navarro; y a propuesta de la Generalitat, Santiago Santos, Adolfo Porcar y Joaquín Maldonado --los tres nuevos y procedentes del sector bancario-- así como Jorge Vela, Enrique Montes y Fernando Díaz, altos cargos de la Conselleria de Economía y los dos primeros repiten.
   Tanto Buch como Roca han valorado que el nuevo consejo combina de forma equilibrada "experiencia y savia nueva", al tiempo que han destacado el perfil empresarial de sus miembros y la experiencia financiera que podrán aportar ocho de ellos a la gestión de la SGR
   El conseller también ha valorado la labor del consejo saliente y en especial de su presidente, a quien ha agradecido los 31 años en que ha estado al frente de la SGR "desinteresadamente" y los "desvelos" que ha afrontado con "honestidad y trabajo" para "sacarla adelante" y convertirla en "la más importante que hay en España".
   Respecto al futuro, Buch ha resaltado que "hoy se ha iniciado una nueva etapa donde la SGR va a seguir en su trayectoria de apoyo a los empresarios valencianos, especialmente a la pyme", para que obtengan financiación "en estos momentos de dificultad de acceso al crédito".
   Su hoja de ruta, siempre que así lo ratifique el nuevo consejo, estará marcada por el plan estratégico en vigor y por el informe encargado a KPMG por consejo saliente sobre "las prácticas que había que llevar a cabo para asegurar la viabilidad y el desarrollo de la SGR". Según Roca, en breve recibirán las conclusiones de KPMG y podrán decidir si las utilizan y consideran "válido" el plan estratégico actual o prefieren "modificarlo o hacer uno nuevo" que garantice una trayectoria sólida de apoyo al empresariado valenciano.
   Con la entrada de esos 60 millones por parte de la Generalitat,  como primer socio protector de la entidad, la SGR cumple sobradamente con los requisitos marcados por Bruselas y tendrá un coeficiente de solvencia del 10,1 por ciento, mientras que la Generalitat pasa de controlar el 11 al 40 por ciento. En total, los socios protectores --entre ellos la administración-- tendrán el 45 por ciento y los partícipes, las empresas que acuden a la sociedad, el 55 por ciento.

El Gobierno estudia crear un registro público de inquilinos morosos

MADRID.- El Gobierno contempla la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar de este modo el arrendamiento, según contempla el 'Programa Nacional de Reformas 2012' remitido por el Gobierno a la Comisión Europea (CE).

   El Ejecutivo quiere "impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos" por lo que, afirma, está "estudiando la posibilidad" de crear este registro donde figuren los nombres de los arrendatarios conflictivos.
   Para darle un marco legal a este registro y la inclusión de los datos de los inquilinos, el Gobierno plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
   Esta propuesta está incluida en el apartado de medidas de dinamización del mercado de alquiler, que también contempla una flexibilización de la duración del contrato de arrendamiento, sin especificar cuál sería la modificación. Actualmente, a partir del primer año, el inquilino tiene  derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de cinco años.
   Por otro lado, el Gobierno fomentará el alquiler de las viviendas vacías mediante medidas fiscales, como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler.
   Asimismo, el informe propone una reformulación del sistema de valoraciones y una búsqueda de mecanismos para la homogenización del valor del suelo, de forma que no persistan los tres valores diferenciados actuales (fiscal-catastral, expropiatorio y financiero-hipotecario).
   El Gobierno contempla también la posibilidad de unificar las distintas ayudas al alquiler vigentes para que los ciudadanos puedan acudir a una "ventanilla única", dando prioridad a las personas con bajos niveles del renta e incluyéndolas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
   Por último, el Ejecutivo llevará a cabo un Plan estatal para la regeneración urbana y el alquiler (2013-2016) con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, dar salida a las viviendas vacías y fomentar el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis.
   El plan contempla la definición de vivienda protegida destinada al alquiler con opción a compra, el fomento del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos e impulsar la rehabilitación.
   El Gobierno pretende con estas medidas impulsar el mercado del alquiler, ante el parón del mercado de la propiedad. Así, el Gobierno recuerda en el documento remitido en el que se detalla el Plan de Estabilidad para 2012-2015, que la demanda de viviendas ha registrado caídas "muy acusadas" en 2011 y que es previsible "un ajuste lento del mercado".
   Concretamente, prevé que las viviendas iniciadas se reactiven "muy suavemente", sólo compensando la reducción del 'stock' de inmuebles sin vender.
   De esta forma, se pasará de unas 90.000 viviendas iniciadas en 2011 a unas 105.000 viviendas en 2015, lo que implicará, al menos, "leves tasas" de crecimiento interanuales positivas en los indicadores de inversión inmobiliaria residencial durante 2014 y 2015.

Economía promoverá la separación "progresiva y ordenada" de los activos inmobiliarios

MADRID.- El Ministerio de Economía diseñará las líneas para facilitar una salida "progresiva y ordenada" de los activos tóxicos ligados al 'ladrillo' en los balances de las entidades financieras, con el fin de culminar en una "separación clara" entre el riesgo inmobiliario y el financiero. 

   Así se recoge en el Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha remitido a Bruselas, en el que se justifica esta "fase ulterior" de la reforma financiera en la necesidad de despejar "definitivamente" las dudas que se ciernen sobre la solvencia de la banca española.
   "La aproximación de los valores en libros y el precio de mercado facilitarán dicha salida", señala el Gobierno, que aboga por emplear "vehículos especializados" para gestionar estos activos, cuya función se llevará a acabo de forma independiente del negocio bancario y perseguirá la "paulatina" desconsolidación de la actividad inmobiliaria.
   El Gobierno además estima que la reforma financiera, que contempla provisiones de casi 54.000 millones de euros, podría rebajar la prima de riesgo española en 50 puntos básicos en el "corto plazo". Y si se suma esta reforma a las medidas fiscales para reducir el déficit público, el impacto se elevaría a 100 puntos, con lo que la prima descendería al entorno de los 300 puntos.
   "La mejora en la percepción del riesgo asociado al sector financiero permitirá mejorar sus condiciones de financiación y las del conjunto de la economía española, reduciendo la prima de riesgo", explica el Ejecutivo en su programa de reformas.
   Precisamente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido esta mañana la separación de los activos ligados al 'ladrillo' que tiene la banca española en balance, con el fin de liberar capital y que las entidades se dediquen al "negocio bancario", es decir, a la concesión de crédito.
   "La posibilidad de separar activos inmobiliarios tiene sentido y es positiva para las entidades", aseguró el ministro en rueda de prensa junto a su homólogo alemán Wolfgang Schaüble, para después aclarar que primero se deberán valorar de forma "adecuada y correcta" dichos activos inmobiliarios.

Fabra está "convencido" de que Comunidad Valenciana no será intervenida

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, se ha mostrado "convencido" de que la Comunidad no será intervenida por el Gobierno central, pues ha asegurado que la administración valenciana "está trabajando y muy comprometida con la reducción del déficit y no gastar más de lo que ingresa", al tiempo que ha mostrado su confianza en el que el plan de estabilidad financiera del Consell obtendrá el visto bueno. 

   El jefe del Ejecutivo valenciano ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar el nuevo Ayuntamiento de la localidad castellonense de Almassora.
   El 'president' ha augurado que el plan de ahorro de la Generalitat valenciana que se va a remitir este lunes al Gobierno central va a contar con el visto bueno pues "se ha hecho un esfuerzo muy importante, como todas las comunidades".
   "Se ha establecido cuál es nuestro plan de ahorro, con mucho esfuerzo y sacrificio y, desde luego, con el compromiso de ayudar al Gobierno de no excedernos de ese déficit, que en nuestro caso es del 1,5".

El aeropuerto de Manises mejora su cuenta de explotación y ganó casi seis millones en 2011

MADRID.-   La red de Aena Aeropuertos cerró 2011 con unas pérdidas de 220,39 millones de euros, lo que supone una mejora del 19,88% con respecto a los 'números rojos' de un año antes, cuando presentó unas pérdidas de 275,07 millones de euros, informó este lunes el gestor aeroportuario.

   El beneficio bruto de explotación (Ebitda) --antes de impuestos, intereses y amortizaciones-- se incrementó un 49,7%, hasta los 856,75 millones de euros, frente a los 572,03 millones de euros registrados en 2010, según las cuentas provisionales de 2011.
   Los ingresos de explotación alcanzaron los 2.374,82 millones de euros, de los que 1.688,72 millones de euros correspondieron a servicios aeroportuarios y 620,48 millones a servicios comerciales.
   Las reformas emprendidas en Navegación tuvieron su reflejo en los resultados de la nueva sociedad, ya que el déficit de tarifa de aproximación que se imputa a las cuentas de aeropuertos fue de 28,93 millones, un 85% menos con respecto a 2010.
   El resultado de explotación se situó en 26,82 millones de euros, tras experimentar "una notable mejoría", y abandonar los 'números rojos' registrados un año antes, con unas pérdidas de 169,89 millones de euros.
   De los 47 aeropuertos y dos helipuertos que conforman la red, 39 presentan pérdidas después de impuestos, mientras que 10 registran ganancias.
   La deuda acumulada se ha visto reducida ligeramente, en un 0,82%, pasando de los 12.415,47 millones de euros en 2010, hasta los 12.313,44 millones de euros durante el pasado ejercicio.
   En total, 18 aeropuertos mejoraron su resultado después de impuestos con respecto a 2010. Entre ellos los dos principales, Madrid-Barajas, con unas pérdidas de 94,98 millones de euros, un 29,5% menos, y Barcelona-El Prat, con unos 'números rojos' de 21,87 millones de euros durante el ejercicio, que redujo en un 70,4%.
   Otros aeropuertos con pérdidas de dos dígitos son Málaga-Costa del Sol (-20,59 millones), La Palma (-14,67 millones), Menorca (-10,68 millones), Vigo (-10,61 millones) y Vitoria (-10,24 millones).
   Entre la decena de aeropuertos rentables, se encuentran Palma de Mallorca (+44,68 millones), Tenerife Sur (+24,98 millones), Gran Canaria (+22,33 millones), Alicante (+10 millones), Lanzarote (+8,67 millones), Sevilla (+6,05 millones), Valencia (+5,63 millones), Ibiza (+3,45 millones), Fuerteventura (+1,21 millones) y Bilbao (+1,71 millones).
   Durante 2011, lograron mejoras los aeropuertos de Lanzarote (+42,6%), La Gomera (+12,9%), Tenerife Sur (+41,9%), Gran Canaria (+49,7%); Palma de Mallorca (+39,1%), Son Bonet (+5,6%), Ibiza (+19,8%); Santiago (+5,1%); Sevilla, que multiplicó por tres sus ganancias; Melilla (+3,4%) ; el helipuerto de Ceuta (+9,4%); Valencia (+22,4%); Santander (+1,6%); Burgos (+6,2%) y el aeródromo de Cuatro Vientos (+3,7%).

Moody's ve positivos los recortes en sanidad y educación, pero pide más control sobre las CC.AA

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's considera que las medidas de ajuste en sanidad y educación anunciadas por el Gobierno tienen un efecto positivo para el perfil de crédito de España y de las comunidades autónomas, al constatar el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal, aunque para recuperar la confianza de los mercados serán necesarias "evidencias concretas" de que Madrid ha aumentado su control sobre las cuentas regionales.

   "Aparte de la aplicación completa de las medidas anunciadas, restaurar la plena confianza en las cuentas públicas de España necesitará de evidencias concretas de que el Gobierno está endureciendo el control sobre las políticas presupuestarias de las regiones", advierte la agencia.
   En este sentido, Moody's destaca que la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria refuerza la capacidad del Gobierno central para realizar una supervisión y un control más fuerte sobre las finanzas regionales, al poder imponer sanciones e incluso intervenir aquellas comunidades que se desvíen de los objetivos establecidos.
   "Sin embargo, aún falta por ver cómo y cuándo se aplicarán estos principios", cuestiona la calificadora de riesgos, que apunta que, aunque los ajustes en sanidad y educación son positivos para el perfil de crédito del Estado y de las regiones, dado el objetivo de ahorro necesario a nivel autonómico, "serán necesarias más medidas significativas aparte de las recientemente anunciadas".
   "Estimamos que las regiones necesitan colectivamente ahorrar unos 16.000 millones, en torno al 10% de sus presupuestos, para cumplir el objetivo fiscal de 2012, lo que sugiere la necesidad de medidas significativas más allá de las más recientes", explica la agencia de medición de riesgos.
   Asimismo, Moody's señala que, mientras algunas de las medidas anunciadas, como el copago de medicamentos, podrían ofrecer un ahorro fiscal rápidamente, otras serán más complejas de llevar a cabo y probablemente sólo tendrán impacto desde 2013.

La campaña para no pagar peajes se extiende este martes a Algemesí, Sagunto y Castellón

BARCELONA.- La plataforma cívica 'Prou Peatges' ('Basta de peajes') ha llamado a no pagar el importe en las barreras este martes, coincidiendo con el Día del Trabajador, en varias salidas de Cataluña y ha extendido la propuesta a las de Algemesí, Sagunto y Castellón. Se trata de una iniciativa ciudadana que ha ganado adeptos a través de la red social Twitter (#novullpagar).

   Por lo que se refiere al territorio catalán, a partir del mediodía de este martes, la plataforma 'Prou Peatges' realizará concentraciones en los peajes catalanes de Vilassar (c-32), Martorell (AP-7), Mollet (C-33), Manresa (C-16), Girona sur, Figueres sur, Túnels del Garraf, Amposta-Deltebre, Ulldecona-Vinarós, Terrassa-Les Fonts y Reus.
   El Govern, ante estas campañas 'antipeajes', ha alertado a los conductores de que tienen la obligación legal de pagar los peajes y de que la sanción mínima prevista para esta infracción es de 100 euros, si bien ha asegurado entender el malestar ciudadano.
   El conseller de Interior, Felip Puig, ha asegurado que la Generalitat seguirá el "procedimiento normal" ante la campaña de no pagar peajes, cuando les lleguen las notificaciones de Abertis, y ha afirmado que no se activará ningún dispositivo especial por el puente del 1 de mayo más allá del habitual en una operación retorno.
   Ha admitido que ante la operación retorno se pueden producir algunos colapsos ante usuarios que decidan no pagar el peaje, pero que no hay un "refuerzo especial" porque espera que las protestas sean lo más cívicas posibles.

El Gobierno estudia que los funcionarios no cobren todo su sueldo si están de baja

MADRID.- El Gobierno quiere poner en marcha este año un plan para atajar la "elevada" tasa de absentismo entre los funcionarios que prevé que los empleados públicos no cobren la totalidad de su salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal.

   Así lo recoge el 'Programa Nacional de Reformas 2012' enviado por el Ejecutivo a Bruselas que anticipa que a lo largo de este año "se reformarán las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado".  
   Entre las medidas que se prevén está la "modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo".
   Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para "reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".
   Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de los afectados.
   El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es "reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos".
   En su opinión, este absentismo "repercute directamente en la productividad de la Administración Pública no sólo a consecuencia de las ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su competencia".
   Asimismo, el Ejecutivo considera que el absentismo contribuye "a aumentar la interinidad en el empleo público, lo que también puede repercutir en la productividad del trabajo".
   El Gobierno también argumenta que "dado que las situaciones de ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes para el conjunto de la sociedad".
   Por todo ello, afirma que promoverá durante 2012 una reforma del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que actúen en casa uno de estos frentes.
   En concreto, cree que medir la duración de la baja en meses "puede contribuir a no reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".
   También considera que "no existen mecanismos de control adecuados que vinculen efectivamente el pago de subsidios a partir del cuarto mes de baja a la situación real de incapacidad del empleado".
   Y por último, el Gobierno indica que orientará su reforma "a evitar que se produzcan dilaciones indebidas por parte de los organismos intervinientes en la eficacia de las situaciones de incapacidad temporal, que pueden perjudicar injustificadamente a los empleados públicos".

Un total de 2.700 ayuntamientos prevén ahorrar 44.000 millones en 10 años

MADRID.- El incremento de los ingresos y de la reducción de gastos entre 2012 y 2022 que contemplan los 2.700 planes de ajuste presentados por los ayuntamientos que se han sumado al plan de pago a proveedores alcanzarán una cifra de 43.959 millones de euros, según se desprende del Plan Nacional de Reformas enviado por el Gobierno a la Comisión Europea.

   Concretamente, el incremento de los ingresos supondrían 26.608 millones de euros hasta 2022 --1.645,8 millones en 2012 y 1.494,3 millones en 2013--, mientras que la reducción de gastos aportaría 17.351 millones de euros --5.755,1 millones y 1.945,7 millones en estos dos años--.
   En los casos de los 15 ayuntamientos de mayor población, los citados planes prevén medidas que supondrán un ahorro durante la próxima década de 7.452 millones de euros, gracias a un aumento de los ingresos de 3.809 millones de euros y un recorte de los gastos de 3.644 millones.
   Por el lado de los ingresos, las medidas que más recursos aportarán a los ayuntamientos se refieren a incrementos de cuotas tributarias y tipos de gravamen, así como a la supresión de beneficios fiscales en impuestos locales, que totalizarán unos ingresos de 12.809 millones de euros.
   Además, se incrementarán las tasas y precios públicos para la financiación de los servicios públicos en 8.520 millones de euros.
   Por el lado de los gastos, se contemplan una gran diversidad de opción, entre las que destacan por su volumen de ahorro la reducción de costes de personal (5.224 millones), la no ejecución de inversión prevista inicialmente (1.855 millones) y contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser aprestados por el personal municipal actual (1.288 millones).
   Por su parte, el Plan de Estabilidad, también remitido a Bruselas, señala que el conjunto de los 2.700 planes de ajuste presentados por los ayuntamientos genera un ahorro global en el periodo 2012-2022 de 39.245,66 millones de euros, inferior al recogido en el Plan Nacional de Reformas, gracias a un aumento de los ingresos de 22.915 millones y un descenso del gasto de 16.331 millones.
   Para 2012 el ahorro previsto es de 3.059,74 millones y 3.361,40 millones de euros en 2013. El origen del ahorro en 2012 se corresponde con un incremento de 1.584,77 millones de ingresos, mediante aumento de los gravámenes, y una disminución de los gastos por 1.474,96 millones de euros.
   El incremento de los ingresos de las corporaciones locales proviene de aumento de cuotas tributarias y gravámenes y supresión de beneficios fiscales de los tributos locales, por 12.314 millones de euros; y por tasas y precios públicos para la financiación de servicios públicos por 4.449 millones de euros.

Hacienda podrá intervenir las primeras CC.AA. en septiembre

MADRID.- El Ministerio de Hacienda ha precisado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria, aunque cree que no será necesario.

   Según sus cálculos, todas ellas "tienen capacidad real" para cumplir con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar antes una "intervención voluntaria", de la que ninguna de ellas ha hablado hasta el momento.
   Así lo han asegurado fuentes del gabinete que dirige Cristóbal Montoro, que han señalado además que la intervención supondría una merma en la imagen de las comunidades autónomas, que todas ellas tratarán de evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.
   En cualquier caso, cualquier eventual intervención es una posibilidad recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que este lunes ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor mañana.
   Este lunes finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presente sus planes económicos y financieros para reconducir sus desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese momento el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.
   En caso de no presentación del plan o su incumplimiento, la administración debe constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
   Sin embargo, en el caso de que la administración en cuestión obviase incluso la creación de dicho depósito, el plazo de la intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el plazo para las primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.
   Aunque ninguna de las comunidades autónomas han solicitado hasta el momento la intervención voluntaria, todas han pedido ayuda a la Administración central para confeccionar sus planes económico-financieros antes del cierre del plazo esta medianoche.
   Para ello, ha habido reuniones del máximo nivel entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Monotoro, y presidentes autonómicos, por lo que desde Hacienda no se espera "ninguna sorpresa" en los informes presentados. Más aún, este "diálogo" ha sido interpretado como una primera garantía de cumplimiento.
    En el caso de Cataluña, el plan está ya presentado y, según Hacienda, la Generalitat "ha corregido mucho y en la buena dirección", después de que el Gobierno avisara de que los 219 millones que reclaman por la aplicación del Estatut no podían computarse como deuda pendiente de cobro por parte del Estado.
   En cualquier caso, habrá que esperar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de mayo para conocer las comunidades autónomas que 'suspenden'.
   Por otro lado, en un encuentro con los medios, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, han comentado que los planes económico-financieros presentados muestran la capacidad de las comunidades para ahorrar hasta 10.000 millones de euros, a los que habría que añadir otros 10.000 millones a través de los recortes en sanidad y educación.
   A la vista de ello, Beteta ha asegurado que "desde este instante no hay excusa ninguna para incumplir la ley, ninguna", a lo que insistió en que, si alguna comunidad autónoma requiriese "apoyo especial", podría evitar medidas coercitivas, cuyo último recurso sería la intervención y podría solicitar "apoyo voluntario" a la AGE.
   Además, Beteta puso el acento en que las intervenciones no supondrían "eliminar la autonomía de las comunidades autónomas", ya que en la práctica sería una "ayuda" por parte de expertos para que estas administraciones tomarán las medidas necesarias para reequilibrar sus cuentas.
   Por su parte, Fernández Currás puso el acento en la importancia de la Ley y aseguró que marcará el inicio de una senda de recuperación de la confianza, que llevará a un mayor crecimiento y a la creación de empleo. "Hay que arreglar las desgobernanzas internas porque fuera no interesan, porque nos ven como un solo país", añadió.

La FEMP pide "un pacto político" para que Estado y CCAA respeten competencias

MADRID.-   La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha remitido a Administraciones Públicas un documento sobre el modelo competencial local en el que pide "un pacto político" por el que el Estado y las Comunidades Autónomas se comprometan a cumplir la legislación en la que se consagre la autonomía, las competencias y la financiación de los ayuntamientos y entidades locales.

   El Gobierno trabaja desde hace semanas en la reordenación de las administraciones públicas siguiendo el principio de 'una administración, una competencia', un proceso al que la FEMP ha contribuido con un informe entregado este lunes.
   El proyecto del Ejecutivo incluiría una reforma de la ley de bases de régimen local, que es la que rige la vida del sector local español. Además de proponer un catálogo de competencias, fuentes de la Federación han explicado que el documento exige "un pacto político" que comprometa al Estado y a las Comunidades Autónomas a respetar una serie de principios que deben recogerse en esa legislación básica: la autonomía local, el principio de subsidiariedad, la descentralización, la proporcionalidad y la suficiencia financiera.
   Las fuentes de la FEMP han explicado que es necesario un pacto para que esta norma sea respetada en el futuro, algo que ahora no ocurre y que ha derivado, con el tiempo, en que un 26 por ciento de media del gasto municipal se dedique a competencias que no son municipales, las llamadas competencias impropias.
   Por un lado, el Estado deberá comprometerse a respetar estos principios en la legislación sectorial que aprueba, cualquier norma que regule un asunto y de que de algún modo afecte a las entidades locales.
   Pero además, los municipios quieren que los gobiernos autonómicos también se comprometan a respetar la normativa básica local y que se estudien, en los casos necesarios, incluso reformas en las legislaciones autonómicas que contravienen la autonomía municipal o su financiación.

Hacienda cree que todas las CCAA evitarán la intervención

MADRID.- El Ministerio de Hacienda cree que ninguna comunidad autónoma tendrá que ser intervenida ya que ninguna de ellas se ha puesto en contacto aún con dicho departamento para pedir la "intervención voluntaria", pese a que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entra en vigor este lunes, contempla la posibilidad de que las administraciones soliciten "ayuda" en caso de no poder financiarse.

   Así lo indicaron en fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro, que concretaron que las comunidades autónomas son conscientes de que aquella comunidad autónoma que tenga que ser intervenida sufrirá un deterioro en su imagen que será penalizada en los mercados a la hora de seguir financiándose y que antes de ello es mejor pedir voluntariamente ayuda a la Administración General del Estado (AGE).
   En cualquier caso, desde Hacienda se asegura que el Gobierno ha puesto en marcha instrumentos para que las comunidades puedan cumplir sus compromisos, de forma que "ya no hay excusas" y ha avisado de que el Gobierno mantendrá un "diálogo permanente" con las comunidades para que así sea.
   Este lunes a las 00.00 horas finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presente sus planes económicos y financieros. A partir de ese momento, el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.
   Según han señalado las mismas fuentes, la mayor parte de estas administraciones han pedido ayuda para su confección, pero no han concretado cuántos 'suspensos' habrá.

Standard & Poor's pone en revisión a Bankia con perspectiva negativa

MADRID.- Standard & Poor's ha revisado a la baja el 'rating' de 11 entidades financieras españolas, entre ellas BBVA y Santander, al tiempo que ha puesto en revisión con perspectiva negativa a otras cinco. 

   En concreto, además de los dos grandes bancos españoles, la agencia de calificación ha rebajado el 'rating' de Banesto, Sabadell, Ibercaja, Bankinter, Banca Cívica, Barclays, Kutxabank, Santander Consumer y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
   Además, Standard & Poor's ha puesto en revisión con perspectiva negativa a otras cinco entidades financieras: Caixabank y Bankia, a sus respectivas matrices La Caixa y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), así como al Banco Popular.
   En este sentido, la calificadora de riesgos explicó que espera completar a finales de mayo su revisión sobre el impacto de la rebaja del emisor soberano en el sector financiero y apuntó que cualquier potencial impacto negativo sobre las entidades examinadas "se limitaría a uno o dos escalones".
   Esta revisión se produce después de que la agencia de calificación rebajara la pasada semana en dos escalones el rating de España desde A/A-1 a BBB+/A-2 al entender que existen "riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria", algo que podría repercutir negativamente en la calidad crediticia de España.
   De hecho, el pasado viernes la directora de ratings soberanos para Europa y África de S&P, Myriam Fernández de Heredia, ya anticipaba en una conferencia de prensa que la rebaja del 'rating' soberano tendría impacto en las calificaciones del sector financiero "en días o semanas".
   Por su parte, Marko Mrsnik, director de calificaciones soberanas de S&P para Europa, destacaba que las inyecciones de liquidez a tres años por parte del BCE habían sido un gran alivio para las refinanciaciones de la banca española, aunque advirtió de que estas subastas "no pueden sustituir" la necesaria reestructuración del sector, por lo que reclamó una mejora "a nivel europeo" de la eficacia en la gestión de mecanismos de rescate que pudieran aliviar las presiones en los mercados de deuda de España e Iralia.
   "Si se articularan en Europa fórmulas alternativas de apoyo a la banca tendríamos que reevaluar la situación", reconocía Fernández de Heredia.

Aguirre cree que "no se recorta lo suficiente"

MADRID.-   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aplaudido las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para salir de la crisis y ha afirmado que si tiene alguna queja es que "no se recorta lo suficiente y que las reformas van algo lentas".

   Así lo ha asegurado Aguirre en una entrevista concedida a la Cadena Cope, en respuesta a las críticas y propuestas de los socialistas a las medidas del Gobierno.
   Aguirre se pronunciaba de este modo sólo pocas horas después de ser reelegida con un amplísimo respaldo como presidenta del PP de Madrid. "Fue una votación abrumadora que me parece emocionante después de tantos años. A mí las dificultades me sirvan para crecerme", ha destacado.
   La presidenta madrileña ha continuado la entrevista señalando que la única manera que tiene España "de salir de la situación tremenda en la que la ha dejado" el Gobierno socialista es "generar confianza en los mercados, que tienen que dejarnos el dinero para pagar 29.000 millones de euros de intereses que genera la deuda" un pago que, a su juicio, es como "tirar el dinero por la ventana".
 "Los mercados nos prestan ese dinero si generamos confianza y para ello no hay otro camino que la reforma", ha remarcado.
   Aguirre ha defendido que el Gobierno central les obligue por ley a no gastar en cosas que no son esenciales. Calcula que tras esta reforma legislativa el ahorro de todas las comunidades sería entre 2.000 y 3.000 millones de euros, una cantidad que no le parece suficiente. "Hay que profundizar en no gastar más en lo que no es estrictamente necesario", ha apuntado.
   En la misma línea, la líder madrileña ha apostado por "aprestarse el cinturón hasta donde haga falta para sacar a España de la situación en la que está" y por "generar confianza" fuera, pero también dentro del país. "El otro día inauguré un nuevo centro comercial y su propietario nos regaló a todos una camiseta que decía que confío en España y la bandera. Eso es lo que tenemos que proyectar nosotros", ha subrayado.
   La dirigente autonómica ha acusado a los socialistas de entrar al Gobierno central con unas cuentas en superávit y abandonarlo con un gran déficit, por lo que ha criticado que ahora protesten con "la algarada callejera y la quema de contenedores".
 "No podemos proyectar imágenes de contenedores quemados en las calles", ha dicho.
   "¿Cómo pueden creerse moralmente superiores unos políticos que nos han dejado más de cinco millones de parados? Cada vez que hay un Gobierno socialista ocurre lo mismo, y no sólo en España", ha proseguido la presidenta autonómica.
   Aguirre también ha arremetido contra los sindicatos. Así, ha declarado que la manifestación contra los recortes de ayer domingo "fue el fracaso más absoluto y no fueron ni los liberados sindicales". "Los sindicatos no representan a los españoles y hay que decirlo claramente".
 "No tienen razón de ser. Una cosa es que haya representantes de los trabajadores y otra que haya liberados sindicales", ha añadido
   La presidenta regional ha abogado por "dedicar tiempo" a explicar las medidas que pone en marcha el Gobierno, "sobre todo si la medicina es amarga". Aunque se ha mostrado contraria a cualquier subida de impuestos, que ve como "un error y una desgracia de la economía", ha explicado que el Gobierno central ha tenido que subir impuestos como el de la Renta al encontrarse con un déficit público del 8,5 por ciento y no del 6 prometido. No obstante, ha anuncido que el año que viene dejará de aplicarse esta subida.
   Eso sí, Aguirre ha querido dejar muy claro que el transporte público, cuyo precio sube desde mañana, "no es ningún impuesto". En este sentido, ha indicado que ahora el importe de la subvención al transporte público es mayor que la cuota que paga el viajero y que el billete sencillo seguirá valiendo 1,5 euros pero para cinco estaciones, "que es el 60 por ciento de los viajes que se hacen".
   La dirigente autonómica ha señalado que por los mismos trayectos se paga en Londres cinco euros. "Damos mil millones de euros de subvención al transporte público que no nos podemos permitir porque damos 7.000 millones a la sanidad y 5.000 a la Educación. Es el billete más barato del mundo. Hemos bajado alguno de los descuentos, pero estábamos obligados a hacerlo", ha zanjado.
   La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que la región está seis puntos por debajo de la media nacional en cuanto a los datos del paro y 14 puntos por debajo de Andalucía. Ha acusado al secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "mentir" cuando atribuye los nuevos parados a la reforma laboral, puesto que los últimos datos del desempleo se refieren el primer trimestre del año, antes de haberse aprobado dicha reforma.
   Respecto a su idea de contratar profesores nativos para los colegios públicos de enseñanza bilingüe, Aguirre ha indicado que la propuesta de "insumisión" a la decisión contraria del Gobierno de la Nación pronunciada el otro día sólo "fue una expresión" y que ya ha hablado con el ministro de Educación, Ignacio Wert, que le ha prometido estudiar la medida.
   La líder autonómica ha defendido la contratación de profesores nativos ingleses o irlandeses "dentro de una Europa de fronteras abiertas y libre circulación de trabajadores".
   Siguiendo en materia educativa, ha manifestado que los ciudadanos "tienen que saber que el gratis total no existe" en esta materia. "La enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no tenemos por qué pagar los másteres a las familias más pudientes. ¿Por qué tienen que pagarlos los contribuyentes de Aluche?", se ha preguntado.
   En cuanto a Sanidad, Aguirre ha criticado que la Comunidad tenga más tarjetas sanitarias que ciudadanos, por lo que aboga por acabar con el llamado turismo sanitario. "Creo que la sanidad tiene que ser universal, gratuita y de calidad, pero el turismo sanitario no lo tenemos que financiar", ha apostillado.
   Por último, la dirigente autonómica se ha mostrado partidaria de trasladar los días festivos a los lunes o viernes y que toda Europa tenga el mismo calendario festivo. "Yo he disfrutado mucho de los puentes y tengo maravillosos recuerdos pero en Inglaterra se les dice que el martes y miércoles es fiesta en Madrid pero el miércoles no en Barcelona pero que el lunes es puente,  no lo pueden entender".

Basagoiti defiende "sanidad para todos, pero primero para los de casa"

BILBAO.- El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha aplaudido "la valentía" de Mariano Rajoy de "restringir" la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y ha defendido "una sanidad para todos, pero primero para los de casa". En este sentido, ha anunciado que cuestionará al lehendakari si aplicará esta medida en Euskadi porque "es de justicia social priorizar, en este tiempo de dificultades, nuestro estado de bienestar en favor de los vascos que más lo necesitan". 
 
   En un post publicado en su blog, 'Por una sanidad para todos, pero primero para los de casa', Basagoiti reconoce que su artículo abrirá un debate en Euskadi sobre la inmigración irregular que "todavía nadie se ha atrevido a impulsar", pero que plantea "por convencimiento personal" porque es necesario "un ejercicio eficiente de la política y no buenismo hueco".
   En este sentido, reivindica que "es de justicia social priorizar en este tiempo de dificultades nuestro estado de bienestar (becas, pisos, todo tipo de ayudas sociales) en favor de los vascos que más lo necesitan y en detrimento de aquellas personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país".
   Basagoiti defiende "en voz alta y sin complejos" a "la inmensa mayoría de inmigrantes han venido a trabajar y a adaptarse como uno más de nosotros a Euskadi", colectivo que es "víctima de un sistema dominado por los excesos de los inmigrantes irregulares y por la irresponsabilidad de los gobernantes que han dado alas a los que están en situación de ilegalidad durante todos estos años".
   En este contexto, advierte de que, en Euskadi, "no ha habido nunca una política clara sobre inmigración y convivencia" porque la inmigración ilegal "sigue siendo un tema tabú". Por ello, reivindica, "es hora ya de definir esa política entre todos".
   Para el presidente del PP vasco, en esta comunidad autónoma "se impuso un buenismo que hoy está perjudicando a una mayoría de vascos que llevan, no lo olvidemos, muchos años cotizando, pagando sus impuestos y que ahora ven con perplejidad cómo solicitan la solidaridad de todos en un momento de máxima dificultad, y se les dice desde las instituciones que no tienen derecho a nada". 
"Ésta es una realidad que está en la calle", asegura.
   En este sentido, defiende "la valentía" del presidente del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "restringir" la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en toda España. "Creo que la medida equilibra derechos y deberes en Euskadi, prioriza a los de casa, integra a los inmigrantes legales y garantiza en el futuro una sanidad pública de calidad y financiable. La medida afectará a 17.000 inmigrantes ilegales en Euskadi. Casi nada", agrega.
   Basagoiti avanza, además, su intención de cuestionar sobre este asuntos al lehendakari, Patxi López, en el próximo pleno del Parlamento vasco para "saber de primera mano" su posición y conocer "si va a aplicar la medida en Euskadi o no". También señala la necesidad de que se haga pública la opinión del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y del conjunto de los nacionalistas vascos.
   "Éste es un debate que exige claridad y no palabrería, éste es un debate que reclama un ejercicio eficiente de la política y no buenismo hueco", concluye.

domingo, 29 de abril de 2012

Blogs libres para estar verdaderamente informados

Publicación trasatlántica continua en español para el Progreso de la Sociedad Civil y del Conocimiento, con información económica preferente sobre España, Unión Europea, EEUU-Canadá, China-Japón, Australia e Iberoamérica.


Blog para contribuir a la regeneración de la vida pública española con toda aquella información u opinión de interés general que sirva de motor para la inevitable catarsis del sistema tras ser carcomido por la codicia y la impostura.


Este blog está concebido como un espacio de libertad a la vez que como una herramienta digital de comunicación y formación continua al servicio de los intereses profesionales de los 30.000 periodistas españoles sin necesidad de impostura.

Y orientado, igualmente, a la necesidad de todos aquellos colegas de Hispanoamérica para quienes sus contenidos y enlaces puedan resultar de utilidad y progreso en su oficio, dentro de la tan necesaria innovación y puesta al día global, así como de apoyo moral incondicional ante situaciones de riesgo, acoso, amenaza, incomprensión e injusticia.



Digital continuo de pensamiento y cambio con selección de profesores/periodistas universitarios/españoles asociados para suscitar debate.


Blog con una selección personal de contenidos de utilidad para el progreso de la ciencia de la educación, en plena catarsis para la sociedad del conocimiento, y con la libertad de cátedra reconocida en la vigente legislación española y de la Unión Europea.


El marketing es un conocimiento específico y progresivo, asociado al sistema capitalista, como ciencia para provocar el consumo tras detectar demandas potenciales y/o emergentes.
El siglo XXI y la mundialización le aportan renovadas exigencias en todos los campos y el desarrollo de nuevas tecnologías al alcance del ciudadano, entendido como usuario, lleva implícito la conversión de estructuras en un solo mercado global con proyección local.
El factor añadido de la crisis, entendida aquí como catarsis, significa un reto definitivo para el marketing dentro de la selección natural de productos y marcas con vocación de supervivencia en un escenario de recuperación económica.

Noticias médicas, sanitarias y de salud en español, como exponentes del avance científico en el diagnóstico, tratamiento y curación, seleccionadas para el público en general por periodistas profesionales universitarios.


Y para entender mejor el entorno geográfico de influencia, todos nuestros confidenciales, alguno con treinta años de existencia:

Para Rosa Díez, "hay riesgo" de que Bruselas intervenga alguna CC.AA.


MADRID.-   La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, considera que "hay riesgo" de que Bruselas intervenga alguna comunidad autónoma ante la situación cercana a "la quiebra" en la que se encuentra alguna de ellas y ha pedido al Gobierno que asuma su responsabilidad y actúe en aquellas autonomías que no cumplan con sus obligaciones y el déficit exigido.

   "El Gobierno tiene que exigir el cumplimiento del déficit a todas ellas y, si no lo cumplen, intervenir", ha defendido. Según ha asegurado, hay más de una autonomía que se encuentra "en riesgo de quiebra" y con ello su capacidad para prestar los servicios básicos a los ciudadanos, ante lo que Bruselas podría tomar la decisión de intervenir si el Gobierno no lo hace.
   Para la líder de la formación magenta, el Ejecutivo central debe velar por la garantía de estas prestaciones a todos los españoles --"vivan en Valencia, en Madrid, en Andalucía o en Cataluña"--, y "asumir su responsabilidad".
 "Es que si no son capaces de asumir la responsabilidad, lo que tienen que hacer es no presentarse a las elecciones. Para gobernar cuando las cosas van bien vale cualquiera", ha avisado.
   En este contexto, Rosa Díez ha sostenido que la economía española ya está "intervenida" por Bruselas "como todas las economías europeas" y, aunque "no han venido tres señores con traje negro y corbatilla oscura a sentarse en La Moncloa", no ha descartado que aún lo hagan "en cualquier momento".
   "Yo creo que hay riesgo de intervención, no de rescate porque no hay dinero para rescatarnos, pero sí de intervención de una manera más oficial en el sentido de darnos instrucciones concretas. Y concretamente creo que hay riesgo de que intervengan alguna comunidad autónoma", ha indicado.
   Ante esta situación, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que reúna a todos los grupos parlamentarios para analizar la realidad del país y después dé explicaciones a los ciudadanos. "Uno no puede aspirar a que los ciudadanos sean cómplices en los sacrificios si no se les explica", ha advertido pidiendo un mensaje "sincero y crítico", aunque no "alarmista".
   Para la diputada de UPyD, la actitud de Rajoy evitando comparecer ante las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno no se debe a una actitud de "cobardía personal", sino a que el Ejecutivo no cuenta con "un proyecto de país" que le permita explicar las decisiones que toma.
   Y, además, ha avisado al Gobierno de que "ya se le ha acabado" justificar los recortes aludiendo a la herencia recibida del anterior Ejecutivo socialista. "Supongo que la gente les ha votado porque no les gustaba lo otro, pues ya está --ha argumentado--. Ahora a ti te dan la responsabilidad para que hagas algo con ello, no para que sigas quejándote de lo que te han dejado otros".
   Para Rosa Díez, es "un fraude" seguir recurriendo a la herencia de Zapatero, aunque esto tampoco excluye que se pueda "contextualizar" la situación. "Pero eso no te puede llevar a la parálisis o a justificar lo injustificable", ha insistido antes de reprochar que se justifiquen las medidas argumentando que "no queda otro remedio".
   Según ha avisado, otro elemento de "descrédito" del Ejecutivo 'popular' es "el desconcierto" por las veces que "ha dicho una cosa y ha hecho la contraria". Y como ejemplo ha augurado una próxima subida del IVA y una petición de rescate del sistema financiero, dos posibilidades que han sido descartadas por el Gobierno.
   "El desconcierto es malísimo. El riesgo es normal en los negocios, pero la incertidumbre es mortal porque paraliza. Este es el Gobierno de la incertidumbre", ha censurado tras explicar que, además, esta situación hace que la gente no tenga confianza y no esté motivada.
   Esta falta de modelo se extiende hasta la estructura territorial del país, según la líder de UPyD, que ha rechazado el plan del Ejecutivo para eliminar duplicidades y repartir competencias sin "una reflexión de fondo".
   Según ha lamentado, las medidas tomadas por el equipo de Rajoy sólo obedecen a la urgencia económica y la necesidad de "hacer caja", por lo que tampoco ve con buenos ojos la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de devolver competencias. "No se trata de devolver lo que nos sobra o lo que no podemos pagar, se trata de hacer una reflexión sobre el modelo de país que queremos", ha argumentado.
   Y en el mismo contexto ha situado los recortes en educación y sanidad, que fueron tomados un día "en un ataque de pánico" tras "una llamada desde fuera que le pide más medidas y que además afecten a las comunidades autónomas".
   Sin embargo, ha insistido en que no resuelve los problemas "a corto ni a medio plazo" porque "es como empezar la casa por el tejado". Rosa Díez ve al Gobierno capaz de "hacer cualquier cosa" antes que tocar el poder territorial y las autonomías.
   De la misma forma, cree que el Ejecutivo no está dispuesto a abordar asuntos como la eliminación de las diputaciones o la fusión de municipios porque "son chiringuitos que dan mucha estabilidad a los partidos políticos porque tienen cargos que repartir".
   Según ha defendido tradicionalmente UPyD, Rosa Díez ha avisado de que el actual reparto territorial de España es "insostenible" tanto económica como políticamente y ha augurado que, aunque los grandes partidos se oponen a su reforma, finalmente "habrá que cambiarlo" porque "no va a quedar otro remedio".
   "La discusión es cómo lo cambiamos. ¿Lo cambiamos porque nos lo mandan desde Bruselas o lo cambiamos nosotros desde nuestra capacidad?, ¿tomamos nosotros la decisión o dejamos que nos lo organicen otros simplemente desde el punto de vista de la rentabilidad económica?", ha preguntado.
   En este punto, la líder de UPyD también ha censurado la actitud "acomplejada" del Gobierno con los nacionalismos. "¿Se van a seguir sometiendo a un claro chantaje por parte de los nacionalistas catalanes o van a decir representar a todos los españoles? Hay muy poco margen para seguirse sometiendo", considera.
   Esta actitud se debe, a su juicio, a un problema de "prepotencia con los demás y baja autoestima con el nacionalismo", lo que se advierte "claramente" cuando algún miembro del Gobierno responde a partidos como CiU en el Congreso.