Valencia y Castellón Confidencial: 29 ene 2011

sábado, 29 de enero de 2011

El PP lamenta que "Luna se jacta y vanagloria de haber conseguido eludir por una prescripción la acción de la justicia"

VALENCIA.- El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, José Marí Olano, ha criticado hoy que el socialista Ángel Luna "se jacta y vanagloria de haber conseguido eludir por una prescripción la acción de la Justicia".

Marí Olano se ha pronunciado así en relación al último auto sobre el caso de la reforma doméstica de la casa de Luna, del que ha señalado que es "lo suficientemente explícito como para que se avergüence".

Así, el dirigente popular ha afirmado que el tribunal "ha entendido que Luna puede haber delinquido, que existen claros indicios de que puede haber cometido un delito de cohecho, pero cohecho del de verdad, no un sucedáneo, cohecho del de meterse dinero en el bolsillo y la reacción del justiciero Luna, en vez de avergonzarse ha sido la de alegrarse".

En ese sentido, Marí Olano ha señalado que los populares "sabíamos de la poca catadura moral, de la falta de ética y de escrúpulos de Luna, pero ahora sabemos también que es un cínico".

Para el diputado popular el socialista "representa la cumbre del cinismo, ya que después de pasarse condenando a dirigentes populares durante dos años, calla ante la vergüenza que le supone este auto judicial y saber que ha escapado de la Justicia por los plazos de prescripción".

El secretario general adjunto del Grupo Popular cree "irónico" que los socialistas se alegren de recibir un auto "que supone un auténtico varapalo y que lo que le está diciendo a Luna es que se ha librado por los pelos pero que su actitud es recriminatoria".

Así, ha recordado que en el auto se señala que "si se sostuviera que no hay delito, porque no hubo dádiva, no podría hablarse de prescripción", y ha recordado que de ser "pillado a tiempo, Luna hubiera tenido que dejar su escaño en Les Corts y no podría presentarse a concejal ni en el pueblo más pequeño".

El auto recoge también de forma contundente que no puede "afirmarse ni negarse" la existencia de dádivas, y deja claro que las empresas del mismo empresario al que Luna adjudicó contratos millonarios en su etapa de alcalde de Alicante realizaron un favor, directo o indirecto al dirigente socialista con la reforma de la casa.

"Aun con todo esto Luna se muestra feliz y sigue hablando de montaje y de mordaza, cuando lo que debería hacer es una reflexión y dejar de creerse el adalid de la democracia y la transparencia, porque su expediente está manchado".

Blasco afirma que la causa archivada de Luna "no representa ninguna exculpación moral"

VALENCIA.- El conseller de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, ha afirmado que la causa archivada del 'síndic' socialista, Ángel Luna, "no representa ninguna exculpación moral" porque "no ha podido probar que la reforma de su casa fue hecha por una persona --en referencia al empresario Enrique Ortiz-- a la que le adjudicó contratas en su etapa de alcalde de Alicante por un importe de muchos millones de pesetas".

Blasco ha hecho estas declaraciones este sábado al ser preguntado por los medios de comunicación sobre la decisión Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de archivar la causa de la reforma de la casa de Luna al haber prescrito, tras asistir al acto de entrega de los Premios Raquel Payá a tres menores que se encuentran cumpliendo medidas judiciales en centros de reeducación dependientes de la Generalitat.

Preguntado por las declaraciones en las que el síndic socialista asegura estar "tranquilo", Blasco ha señalado que este síntoma "es una percepción personal que debe tenerla y es respetable". No obstante, ha recordado que Luna, "en estos momentos, está imputado por haber exhibido un informe que está bajo secreto de sumario", una actitud, a su juicio, "antidemocrática".

El PSOE propone que el futuro almacén pague la tasa de residuos nucleares

MADRID.- El PSOE ha presentado una enmienda en el Senado a la Ley de Economía Sostenible (LES) para que el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares también pague la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos generados, de igual forma que ya lo hacen las centrales nucleares.

En el texto de la enmienda los socialistas plantean una nueva disposición adicional que modifique la Ley de 1997 del Sector Eléctrico, por la que se pide una nueva redacción de la 'Tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos generados en otras instalaciones', es decir, que todas las instalaciones que manejan residuos nucleares abonen este impuesto con forme al principio de 'quien contamina, paga'.

En la exposición de motivos, el PSOE argumenta que el objetivo de esta propuesta es simplificar los detalles de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos radioactivos, así como modificar la definición de hecho imponible, sujeto pasivo y tipo de gravamen de la tasa para incluir la financiación de nuevos servicios de gestión de residuos radiactivos, que no están precisados en la normativa vigente.

El Almacén Temporal Centralizado es una instalación diseñada para guardar en un único lugar el combustible gastado de las centrales nucleares y los residuos de alta actividad que se producen en España.

Concretamente, la instalación no genera energía, ni es contaminante. Se dispone en superficie y almacenará en seco durante 60 años estos materiales mediante un sistema de espacios modulares. Además, aquí se centralizarán los procesos necesarios para la gestión temporal de todos los residuos radiactivos de alta actividad.

Hasta ahora los residuos permanecen en las piscinas de las centrales, pero por razones estratégicas y económicas, se ha optado por una solución integral. Por el momento, se está a la espera de que el Gobierno determine qué municipio será el candidato definitivo para ubicar esta instalación nuclear.

Tirado dice que "sólo" ha difundido "cierta información" y que si Blasco la denuncia presentará "todas las pruebas"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional del PSPV, Clara Tirado, ha señalado este sábado que hasta el momento ha sido "moderada y prudente" y "sólo" ha hecho pública "cierta información" relacionada con los "tejemanejes" del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. Por eso, ha pedido a Blasco que pase "de las amenazas a los hechos" y la "denuncie" para poder presentar "todas las pruebas" ante el juez.

En un comunicado, Tirado ha reclamado al conseller que la "obligue" a presentarse ante un tribunal, "como tantas veces ha anunciado a bombo y platillo que va a hacer", porque de esa manera volverá a contar todo lo que ha dicho en sesión parlamentaria. "Cuando tenga que repetir lo que tanto le desagrada oír a Blasco en las Corts, se llevará una desagradable sorpresa", ha asegurado.

A este respecto, la dirigente socialista ha destacado que, si se diera el caso, aprovecharía la comparecencia ante el juez para "presentar todas las pruebas" que tiene contra el titular de Solidaridad y Ciudadanía.

"Será una ocasión perfecta para entregar al juez las evidencias que lo implican y demuestran las acusaciones del PSPV", ha apuntado Tirado en referencia "a los tejemanejes de Blasco a través de la Conselleria de Solidaridad y el desvío de fondos públicos". Una medida que, según la parlamentaria, provocará que esa denuncia contra ella se convierta "en una querella contra Blasco".

La dirigente socialista ha recalcado que, hasta ahora, el PSPV, "por responsabilidad política, ha denunciado la actuación del conseller sin acudir a los tribunales, dejando que la justicia, la policía y los fiscales trabajen libremente, porque confiamos en ellos".

No obstante, ha anunciado que "hasta este momento" ha sido "moderada y prudente", haciendo pública "sólo cierta información" con el fin de "no entorpecer las investigaciones de la policía y la fiscalía", pero ha advertido de que si Blasco la acaba situando ante un juez "no habrá la más mínima duda" de que "el criminal" es Blasco.

También se ha referido a la "costumbre" de Blasco "de usar el dinero público para pagar sus batacazos jurídicos".

"Las arcas vacías de la Generalitat lo están un poco más si cabe con cada sentencia por las torpezas de Blasco", ha indicado la dirigente socialista, quien ha añadido que el conseller "persigue a la oposición y a los periodistas, sin importarle las consecuencias", que se traducen en "sentencias perdidas e importantes costas que se pagan con el dinero de todos los valencianos".

La portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional de los Socialistas Valencianos ha dudado finalmente que Blasco le dé "esa oportunidad". "No estamos acostumbrados a que vaya de frente, por lo que es probable que opte por urdir una estratagema más", ha argumentado.

Ha declarado que la actuación de Blasco es "una táctica de denuncias falsas que establecen que es evidente la diferencia que existe entre el PSOE y el PP". "A Blasco le investiga la Fiscalía y la policía española. A mí, si me denuncia, lo hará el protagonista del caso Calpe y el inspirador de las peores y más repugnantes políticas llevadas a cabo por el Consell de Camps", ha apuntado.

De igual modo, ha hecho referencia a otras situaciones similares y le ha recordado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "por más que se empeñe, a él le investiga y le ha puesto ante los tribunales la policía española, la Fiscalía del Estado y jueces de varios tribunales", lo que, en su opinión, es una situación "muy diferente" de la que se encuentran el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, a quienes persigue "el responsable de la atrocidad del YAK-42, Federico Trillo".

JpD critica que el CGPJ no aborde una profunda renovación de las instituciones judiciales valencianas

VALENCIA.- Jueces para la Democracia (JpD) ha lamentado este sábado en un comunicado que tras el nombramiento del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sus vocales no hayan abordado "una profunda renovación de las instituciones judiciales valencianas, desde la perspectiva del mérito y la capacidad, así como desde una apuesta por programas de trabajo transformadores, que pudieran suponer un estímulo para poder afrontar los graves problemas existentes".

Así, ha constatado que en el ámbito valenciano estas estructuras judiciales, a través de las correspondientes audiencias provinciales y del Tribunal Superior de Justicia, se han caracterizado en los últimos años por una situación de "serio estancamiento y, en muchos casos, por una actitud de complacencia institucional hacia el poder político autonómico".

A pesar de ello, ha señalado que los nombramientos realizados desde Madrid por el Consejo General del Poder Judicial suponen "un continuismo en la misma línea institucional anterior, sin que los vocales de dicho organismo hayan sido capaces de explicar las razones por las que han preferido no optar por la imprescindible renovación que necesitan las estructuras judiciales valencianas".

Al respecto, ha señalado que las designaciones efectuadas para la Audiencia Provincial de Castellón, la Audiencia Provincial de Valencia y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, así como el hecho de que haya quedado desierta la presidencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, "nos muestran la falta de voluntad de que se lleven a cabo experiencias verdaderamente transformadoras, después de tantos años de continuismo".

"Esta visión no es exclusiva de Jueces para la Democracia, como lo demuestra el hecho de que candidatos independientes que han optado a dichos cargos hayan denunciado que los mismos no se están cubriendo de acuerdo con el principio de mérito y capacidad, sino en función de determinadas componendas políticas, especialmente vinculadas a los intereses de la administración autonómica", ha añadido.

Todo ello implica que Jueces para la Democracia muestre su "preocupación" por "la falta de sensibilidad" del Consejo General del Poder Judicial "a la hora de afrontar una asignatura que, después de tantos años, vuelve a quedar pendiente en la Comunidad Valenciana".

"Ello debe relacionarse necesariamente con la perplejidad que pueden sentir los ciudadanos al constatar que determinadas causas que afectan a relevantes cargos públicos se dilatan en el tiempo, mientras que la administración autonómica no asigna a los juzgados los recursos necesarios para que puedan llevar adelante su trabajo y, al mismo tiempo, se acostumbra a guardar silencio sobre estas deficiencias desde las instituciones judiciales", ha indicado.

Por ello, desde Jueces para la Democracia han reiterado su "apuesta por unos organismos judiciales que actúen desde los principios de transparencia e independencia". Y pedimos al Consejo General del Poder Judicial que "aborde una profunda reforma en la gestión de los nombramientos judiciales, que incida en los principios de mérito y capacidad, y que deje de lado otros criterios ajenos a las necesidades reales en el ámbito judicial".

Además, ha recordado que "las graves carencias" que afectan a la administración de justicia son "una inversión pública insuficiente, una falta de adecuación de la planta judicial a la litigiosidad real, una alarmante penuria de medios personales y materiales, una insuficiencia de los instrumentos tecnológicos o un modelo obsoleto de organización interna, que no acaba de resolverse con el precario despliegue de la oficina judicial, entre otros problemas".

"De dichas deficiencias son responsables, en función de sus competencias, tanto el gobierno central como la administración autonómica", ha apostillado.

La crisis financiera era "evitable" y sus causas siguen intactas

WASHINGTON.- El comité gubernamental oficial que investiga las causas de la crisis financiera del país ya publicó su informe final. Al dar a conocer las conclusiones, el Presidente de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera Phil Angelides dijo que la crisis era “evitable” y que fue producto más que nada de la falta generalizada de regulación y de los delitos de las grandes empresas.

Angelides dijo: "Se podría haber evitado la crisis financiera. Seamos claros: esta calamidad fue producto de las acciones, inacciones y errores de juicio humanos, no de la madre naturaleza o de un desbarajuste de los modelos informáticos.

Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y, lo que es peor, no cuestionaron, comprendieron ni administraron los riesgos cambiantes en un sistema financiero que es tan esencial al bienestar de nuestro país. Esto no se trató de un traspié, sino de grandes fallas".

La comisión informó que había remitido al Departamento de Justicia y a los fiscales generales de los estados las presuntas violaciones de la ley cometidas por figuras y empresas de la industria financiera. El miembro de la comisión John Thompson responsabilizó de la crisis a la conjunción de la desrregulación y la inacción en los ámbitos federales.

Thompson expresó: "Claramente, la Reserva Federal era la encargada de fijar las pautas de los préstamos en este país. Optaron por no actuar. La Reserva Federal de Nueva York ciertamente podría haber supervisado lo que se estaba haciendo en los grandes bancos establecidos en las principales plazas financieras.

Optaron sistemáticamente por no actuar. Una entidad reguladora tras otra, optaron por no actuar o hacer la vista gorda con respecto a lo que realmente estaba sucediendo. Por lo tanto, se trata menos de personas concretas que de un sentido sistemático de la desrregulación y la inacción de quienes eran responsables de tomar medidas".

Mirando al futuro, el miembro de la comisión Byron Georgiou advirtió que las estructuras básicas del sistema financiero que llevaron al derrumbe siguen firmemente en pie.

Georgiou declaró: "Nuestro sistema financiero no es muy diferente ahora en 2011 de lo que era en el período previo a la crisis de 2006 y 2007. De hecho, la concentración de activos financieros en los bancos comerciales y de inversión más grandes es significativamente mayor ahora que antes de la crisis, como resultado del vaciamiento de algunas de las instituciones y la unión y fusión de otras para conformar entidades más grandes".

http://www.democracynow.org/es/2011/1/28/titulares#5