VALENCIA.- Los sindicatos UGT y CSIF han criticado la "irrisoria" e "indignante"
subida salarial para los funcionarios de la administración de Justicia
anunciada este lunes por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón,
y han recalcado que las centrales sindicales abandonaron la Mesa
Sectorial al no estar de acuerdo con la propuesta.
El sector
de Justicia de UGT Serveis Públics del País Valencià ha calificado en un
comunicado de "irrisoria" la subida salarial y ha trasladado a Mazón
que este personal "sigue en el furgón de cola de España en cuanto a
percepción del complemento autonómico, por lo que los salarios son los
más bajos del territorio español".
En esta línea, CSIF ha
expresado su "desacuerdo" ante una oferta que "no está a la altura del
sector ni de la media salarial a nivel nacional" ya que "apenas alcanza
los 65 euros" y mantiene a los funcionarios de la Comunitat Valenciana
"muy por debajo de la media nacional, lo que genera una clara
desigualdad retributiva", ha señalado en un comunicado.
Mazón
anunció este lunes que el Ejecutivo valenciano destinará cinco millones
de euros en 2025 para "mejorar" la retribución de los funcionarios de
Justicia de la Comunitat Valenciana y aumentar el complemento autonómico
transitorio (CAT) de los trabajadores de la Administración de Justicia,
un incremento que "beneficiará a los 5.774 empleados públicos de
Justicia en 2025", según señalaba.
Sin embargo, UGT Serveis
Públics ha expresado su "perplejidad" por la manera en la que la
Generalitat "ha 'vendido' un supuesto acuerdo de Mesa sectorial que en
realidad no fue tal, ya que los sindicatos presentes se levantaron en
bloque de la reunión ante la falta de voluntad negociadora de la
Conselleria de Justicia".
Según la propuesta, las subidas
mensuales quedan así: el personal de Gestión Procesal administrativa
cobrará 65.38 euros más; TPA/Ayudantes de Laboratorio, 62,11; Auxilio
Judicial, 58,84 y Personal Médico Forenses/Facultativo, 65,38.
"Estas cantidades se quedan muy por debajo de las expectativas creadas a
raíz del de los acuerdos alcanzados el diciembre de 2023 para impulsar
la dignificación del trabajo de médicos forenses, gestores, tramitadores
y auxiliares judiciales en 2025", denuncia UGT, que añade que la
comparativa con otras comunidades, que a lo largo de los últimos años
han llegado acuerdos para mejorar sus complementos retributivos, "deja
en muy mal lugar al Gobierno valenciano que, a pesar de la palabrería,
no parece tener interés en mejorar sus órganos judidiciales".
En esta línea, ha añadido que Mazón dijo que la última vez que los
funcionarios y funcionarias de Justicia vieron incrementado el concepto
retributivo fue en 2016, "una afirmación incorrecta ya que, aunque las
cantidades no han sido para lanzar campanadas al vuelo, desde el 1 de
enero de 2022, se vienen aplicando sucesivos incrementos del CE/CAT de
los puestos de trabajo del personal funcionario de Justicia de la
Comunitat Valenciana", fruto del Acuerdo de la Mesa General de
Negociación del personal funcionarial, estatutario y laboral de la
Generalitat de 29 de julio de 2021, durante la etapa de Gobierno del
Botànic.
Entre los compromisos incluidos en ese acuerdo se
establecía la creación de un programa temporal de lucha contra la brecha
salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, y
se consignaba en los presupuestos para los años 2022, 2023 y 2024, una
dotación con esta finalidad y "racionalizar" los "desfases" en las
clasificaciones y tablas retributivas sobre los complementos específicos
del personal.
Por su parte, CSIF ha incidido en la idea de
que la subida "mantiene a los funcionarios de la Comunitat Valenciana
muy por debajo de la media nacional, lo que genera una clara desigualdad
retributiva".
"Seguimos estando a la cola retributiva de todo el país.
De hecho, a pesar de la oferta del día de ayer, seguimos a 200 euros por
debajo de la media nacional", ha detallado.
El sindicato ha denunciado "la falta de voluntad política para
abordar esta situación" y que "no existe un compromiso de mejora a largo
plazo".
"Es inaceptable que, mientras el resto de comunidades autónomas
firman acuerdos trianuales con subidas salariales más altas y sin
presupuesto, nosotros sigamos esperando una oferta retributiva que
cumpla con el acuerdo de legislatura que se firmó en diciembre de 2023",
ha cuestionado.
CSIF ha abundado en la situación de los
funcionarios, que están "sobrecargados, quemados y sin incentivos para
afrontar el sobreesfuerzo que supone el suplir las carencias de la nueva
aplicación de gestión procesal justa, unido a la adaptación al nuevo
modelo organizativo que se pretende implantar en este 2025 con los
tribunales de instancia".
El sindicato ha advertido que no
parará "hasta que no haya una propuesta seria que nos equipare a la
media" y ha exigido "un calendario de pagos y un plan de incremento del
complemento específico acorde con las funciones que realizamos".
