sábado, 29 de diciembre de 2012

Morera lamenta que Fabra distribuya "folletos propagandísticos" de su gestión sin dar cuenta en sede parlamentaria

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha criticado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, distribuya "folletos propagandísticos" sobre su gestión en 2012 a los medios de comunicación sin dar cuenta de la misma en sede parlamentaria. 

   En un comunicado, Morera ha señalado que esta acción "demuestra la falta de respeto del PP a las Corts Valencianes, porque ese balance también lo debería hacer en sede parlamentaria, lugar que cada vez visita menos el jefe del Consell, siguiendo la tradición de su antecesor".
   Además, ha indicado que el documento remitido por la Generalitat "no aporta datos objetivos y no habla de la realidad valenciana porque el PP tiene pánico a abordarla porque no sabe encontrar soluciones". A su juicio, se trata de "un folleto propagandístico de mal gusto, ideado para difundir en un periodo vacacional en el que ya no tiene nada que inaugurar".
   En relación al "trabajo silencioso" realizado por el jefe del Consell al que alude el balance y a las reuniones con el Gobierno central, el síndic de Compromís ha apuntado que "habrán sido reuniones de partido, porque en cuanto a los resultados, Fabra ha demostrado que es un presidente ninguneado por su partido en Madrid".
   "Nos han discriminado de una manera insultante con los Presupuestos Generales de 2013 y también en la financiación autonómica, esa que nos castiga a los valencianos y valencianas legislatura tras legislatura, esté el PSOE o esté el PP en el gobierno", ha resaltado Morera.
   El portavoz de Compromís ha resaltado que Alberto Fabra "no ha hecho nada con los numerosos casos de corrupción que afectan al PP valenciano" durante 2012 y, además, "demuestra mucha fidelidad a sus antecesores, que nos han llevado al desastre, porque no ha sido capaz de exigir responsabilidades a los gestores que han llevado a nuestra Generalitat a una situación de quiebra económica y de credibilidad".
   Según Morera, en este informe "que ha negado a los grupos parlamentarios, Fabra no habla de los impagos, de los recortes brutales, ni de sus silencios ante los ERE injustificados o ante casos de brutalidad policial contra jóvenes estudiantes, como pasó con la dura represión contra la primavera valenciana".
   Tampoco se habla, ha lamentado, de los desahucios, "drama del cual somos líderes, ni del paro que no sabe cómo controlar, ni de los recortes en sanidad y educación, ni del ataque brutal a los trabajadores del sector público o del PIB, que sigue bajando".
   Por todo ello, ha resaltado que lo que está haciendo Fabra con la Generalitat, "no es refundación", sino que el president "es el encargado de la liquidación de nuestra Generalitat, una administración saqueada por el gobierno de (Francisco) Camps".

FGV y comité cierran un preacuerdo sobre el ERE con 310 afectados, el 76% prejubilaciones, y una bajada salarial del 10%

VALENCIA.-   Dirección y comité de empresa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han alcanzado un preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que finalmente afectará a 310 empleados, el 76 por ciento a través de prejubilaciones, e incluirá una reducción salarial del 10 por ciento para todo el personal desde el 1 de enero.

   Según han señalado fuentes de la empresa y del comité de empresa, ese preacuerdo deberá ser ratificado en referéndum por la asamblea de trabajadores de la empresa pública. Los sindicatos celebrarán una asamblea informativa el miércoles día 2 de enero, en turnos de mañana y de tarde, y el referéndum al día siguiente, el 3.
   El acuerdo se alcanzó en torno a la medianoche del viernes, pero la firma se prolongó hasta la madrugada porque finalmente dos sindicatos --SIF y SF-- optaron por no suscribirlo. En cualquier caso, el pacto "cuenta con respaldo mayoritario de los sindicatos", subrayan.
   Según explican las mismas fuentes, durante la reunión --que dio comienzo a las 12.00 horas del viernes--, la representación de los trabajadores consultó con un importante número de agentes que se habían concentrado en las instalaciones de Valencia Sud y éstos validaron la posibilidad de que se estableciera ese acuerdo.
   El texto final recoge los avances producidos en las dos últimas reuniones, tanto el plan de prejubilaciones para los trabajadores mayores de 56 años, con una garantía del 80 por ciento del salario regulador, como las salidas del personal de 61 o más años.
   En cuanto a las 74 salidas restantes, señala que se realizarán con el personal que decida acogerse voluntariamente al ERE y con los trabajadores que tienen contratos temporales, excepto los relevistas de los jubilados parciales. En caso de no alcanzar la cifra fijada, la dirección determinará los afectados, con un criterio de prioridad por el que los agentes que hubieran accedido a FGV en los términos fijados en su normativa laboral tendrían preferencia para quedarse, grupo en el que se incluye el personal procedente de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) y del Consorcio Valenciano de Transportes (CVT).
   Al respecto, los sindicatos calculan que habrá 16 salidas de trabajadores temporales y "entre nueve y 14 voluntariedades" y valoran haber logrado que el primer criterio para los más de 40 despidos restantes, sea que "permanezcan quienes hayan accedido a la empresa a través de concurso de méritos u oposición o de FEVE y de CVT".
   El preacuerdo alcanzado recoge también la incentivación para las salidas voluntarias de 800 euros mensuales durante seis meses o de 400 euros al mes hasta llegar a los 55 años, en el caso de trabajadores que hubieran reingresado en FGV tras declarárseles una Incapacidad Permanente Total por el INSS.
   Desde el comité de empresa subrayan que "pese a que sigue habiendo despidos, los 236 prejubilados se van en mejores condiciones que como lo harían si se la empresa simplemente aplicase el criterio de edad o si no se ratifica el preacuerdo, cuando recibirían el 70 por ciento".
   Valoran igualmente que se haya ampliado de tres a cuatro los años de acompañamiento para trabajadores de 57 años hasta llegar a la edad mínima de jubilación de 61 años.

Educación pone en marcha un 'Club de deberes' para que profesores jubilados y universitarios den clases de repaso

VALENCIA.- La Conselleria de Educación, Formación y Empleo pondrá en marcha un programa denominado el 'Club de deberes', que se implantará en su fase piloto en la provincia de Castellón, para que profesores jubilados de la provincia y estudiantes universitarios impartan clases de repaso a estudiantes de Primaria y Secundaria de forma desinteresada.

   Según informa la Generalitat en un comunicado, esta medida se enmarca en su política de lucha contra el fracaso escolar y tiene el objetivo de "ayudar a los escolares que deseen mejorar sus resultados académicos" a través de estas clases de repaso.
   A los alumnos que deseen inscribirse en el 'Club de deberes' se les asignará un centro al que acudir, fuera de las horas de actividad escolar, donde recibirán apoyo por parte de estos dos colectivos.
   Esta iniciativa se une al Plan de Atención Extraordinaria y Refuerzo (Plan Exit) que convoca la Conselleria anualmente para centros de Secundaria de la Comunitat Valenciana que quieran impartir clases de refuerzo en el mes de julio.
   De este modo, Educación posibilita que los centros "puedan atender las necesidades de sus alumnos y ofrecerles el apoyo del profesorado para superar las dificultades en su aprendizaje", así como "mejorar las tasas de éxito escolar y reducir el abandono escolar prematuro a través de estrategias de motivación, individualización y secuenciación de los aprendizajes en el marco de un programa a desarrollar fuera del periodo lectivo ordinario".
   En el curso académico 2012-2013, la Conselleria puso en marcha un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar con novedades estructurales, didácticas y metodológicas en las aulas de la Comunitat, orientadas a generalizar el éxito escolar y a reducir el fracaso escolar.
   Según las mismas fuentes, a lo largo del curso ha puesto en marcha el plan estratégico para luchar contra el abandono escolar en todos los centros, a través de una treintena de medidas dirigidas a los tres pilares de la comunidad educativa: alumno, profesor y familia.
   Entre los retos fundamentales de ese programa, figuran mejorar la tasa de graduados en Educación Secundaria Obligatoria, la tasa de idoneidad, prevenir el absentismo escolar y el abandono prematuro de los estudios.

EUPV denuncia que el Consell "esconde" el coste del dispositivo de seguridad de los expresidentes

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha denunciado este sábado que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, "esconde los datos y sólo responde vaguedades" ante la intención de la formación de izquierdas de conocer el coste del dispositivo de seguridad personal que la Generalitat destina a cada uno de los expresidentes.

   En un comunicado, el diputado ha indicado que en su respuesta parlamentaria Castellano "únicamente desvela que la Generalitat abona "el coste de las dietas, incentivos y gastos para el desplazamiento de los policías que prestan estos servicios", que son dos escoltas en un dispositivo de seguridad dinámica y un número de efectivos sin determinar en otro dispositivo de seguridad estática y de contravigilancia.
   "Tenemos que suponer que esto funciona 24 horas, 365 días al año e incluso fuera del territorio valenciano, como es el caso de Eduardo Zaplana, alto directivo de Telefónica de Europa que vive en Madrid. No es poca cosa, y quizás Castellano no da las cifras porque escandalizarían a cualquiera", ha aseverado Blanco.
   A su juicio, se trata de "un nuevo episodio de opacidad por parte del PP" que impide "conocer qué expresidentes se acogen y cuáles no a este privilegio que les proporciona la Generalitat y que, en definitiva, pagamos todos los valencianos".
   El diputado ha insistido en que "en cualquier democracia avanzada este gasto estaría perfectamente desglosado en el presupuesto o, incluso, no existiría, porque los expresidentes no tienen asignada ninguna función pública y, por lo tanto, no tiene sentido que disponen de recursos públicos sin ninguna transparencia".
   El portavoz adjunto de Esquerra Unida ya defendió el mes pasado en las Corts una proposición de Ley de derogación del Estatuto de los Expresidentes, al considerar que "no tiene sentido mantener privilegios pagados con el dinero de todos para personas que ya no ocupan ninguna responsabilidad pública", y frente a la que el PP se opuso y el PSPV se abstuvo.

El Gobierno dice que no promocionar a familiares de altos cargos en la Administración puede ser discriminatorio

MADRID.- El Gobierno español justifica la promoción de familiares de altos cargos en la Administración y alega que vetar a personas que cumplan los requisitos para un puesto sólo por tener parentesco con alguien que ocupe un cargo de responsabilidad en el sector público puede ser "discriminatorio".

   Así lo ha explicado el Gobierno a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien registró una batería de preguntas en la Cámara Baja pidiendo cuentas por sobre el fichaje de diversos familiares de altos cargos del PP para los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo.
   En su respuesta, el Ejecutivo detalla que "la designación de altos cargos se realiza de acuerdo con criterios de idoneidad y de los principios de mérito y capacidad" que rige en la selección de todo el personal que presta servicios en la Administración Pública.
   Además, deja claro que a un candidato que "cumpla todos los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico no le se puede impedir la promoción porque tenga familiares que ocupen puestos de responsabilidad en el sector público", ya que, "podría resultar discriminatorio".
   El Gobierno también recalca a Rosa Díez que en el Registro de Altos Cargos se recogen datos relevantes para el desempeño de las funciones del alto cargo, "siempre con respeto a la normativa sobre protección de datos", pero que ninguno de ellos tiene que ver "con sus relaciones de parentesco".
   Díez preguntaba, en concreto, sobre los criterios profesionales que se siguen para seleccionar a altos cargos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y es que, según argumentaba en su escrito, la sobrina del ministro de Economía, Luis de Guidos, Leticia de Guindos Talavera, ha sido fichada por el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. Según algunos medios, ocupa una agregaduría en la embajada española en Washington.
   También indicaba que a Manuel Pablos López --hermano de la actual secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos López-- se le encargó el pasado mes de mayo ocuparse de la jefatura de sección de seguros agrarios en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y ahora ha sido seleccionado como Consejero de Agricultura en la Organización de Naciones Unidas (ONU), un puesto reservado hasta ahora para directores generales con más de veinte años en la Administración Pública.
   Además, Díez apuntaba que un hijo de la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Andrés Porras Soriano, fue seleccionado también como cargo de libre designación para asesorar en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
   El Gobierno le ha respondido que ninguna de estas tres personas "ostenta la condición de titular de órgano superior o órgano directivo.
   En el caso de Manuel Pablos López, el Ejecutivo señala que, tal y como fija el Real Decreto que regula los nombramientos en el Ministerio de Agricultura, se le nombró consejero teniendo en cuenta la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata, aduce el Ejecutivo, de un puesto de "libre designación, previa convocatoria  pública".
   También fueron nombrados por el procedimiento de libre designación, reseña el Gobierno, Leticia de Guindos Talavera y Andrés Porras Soriano. Para tener más detalles sobre la regulación que rige para estos nombramientos, remite a UPyD al Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
   En su pregunta Díez también aludía al fichaje de un hijo de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, que se ha sumado al equipo del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (ex secretario general de FAES), en el que también ha sido reclutada la hija del exministro Zaplana, María Zaplana Barceló. Los dos como cargos de libre designación.
   UPyD también reclamaba al Ejecutivo que se pronunciase sobre si la contratación de personas, como altos cargos, que poseen una relación de parentesco familiar con importantes directivos de un partido político contribuye a dar "una imagen positiva" de la clase política, una pregunta a la que el Gobierno no ha dado respuesta.
   De la misma manera, el Ejecutivo ha 'obviado' otra de las cuestiones que le planteaba Díez sobre la existencia de otras contrataciones de personas con parentesco familiar de algún otro partido como altos cargos o cargos de libre designación en otros departamentos ministeriales o entidad dependiente de éstos.