Desde
el Ministerio del Interior
se descargan de toda titularidad al precisar que, acorde a la
legislación vigente, son las comunidades autónomas las que gozan de
“competencia exclusiva” a la hora de activar y aplicar los protocolos
territoriales de protección civil.
El departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska
sale así al paso de acusaciones e informaciones vertidas desde la
Generalitat Valenciana, que señalaban a la Administración central como
responsable última de la demora en la activación de los planes de Protección Civil.
Por
ello, a la luz de “determinadas informaciones erróneas”, Interior
emitió un comunicado en la madrugada de este miércoles al jueves para
precisar que tanto la “activación como la posterior gestión” de estos
planes es “responsabilidad exclusiva de las autoridades autonómicas”,
quienes, según la legislación vigente, son las “competentes en la
materia”.
En
su nota, Interior precisa que hay diversos “organismos competentes”
para la detección de “posibles riesgos naturales que pueden afectar a
población, bienes, infraestructuras, patrimonio cultural y similares”.
Así,
recuerdan, estas instituciones, efectivamente, pueden estar
sujetas a diferentes administraciones; pero todas ellas están obligadas a
emitir “avisos a los organismos autonómicos de Protección Civil”,
quienes a la postre reciben estas alertas y son los responsables de
elaborar un “análisis de riesgos” y escudriñar sus “posibles
consecuencias”.
Ámbito autonómico
Así,
en relación a los análisis posteriores, según prosigue la nota emitida
por Interior, las autoridades autonómicas de Protección Civil
son siempre las encargadas de activar las alertas pertinentes, que
pueden abarcar desde la puesta en marcha de los diferentes planes en
función del tipo de amenaza; ya sean incendios forestales, terremotos,
inundaciones o actividad meteorológica adversa como ha ocurrido en esta
situación.
Insisten, por tanto, en que dependiendo de la envergadura de la
amenaza, siempre serán las administraciones regionales las que decreten
la “situación operativa 1” – de ámbito municipal y/o de
la comunidad en cuestión-, que puede afectar a una localidad o a varias
simultáneamente.
En este sentido, en virtud de la legislación vigente,
la responsabilidad recae sobre el gobierno autonómico. No obstante, en
el caso de la “situación operativa 2” -ya de ámbito
autonómico-, se decreta cuando la emergencia puede afectar a más de un
municipio o provincia dentro de un mismo territorio autonómico.
Así las
cosas, en este segundo caso, la dirección operativa la tienen la
autoridad autonómica en Protección Civil, que es la encargada última de
“activar los medios personales y materiales necesarios”.
Dentro del marco de este segundo escenario operativo, “corresponde a
las autoridades autonómicas de Protección Civil la gestión del protocolo
Es-Alert para enviar alertas a la población que se encuentre en una
zona afectada por emergencias o catástrofes inminentes”.
De hecho,
Interior recuerda en su nota que otros territorios como Madrid y
Andalucía, en pretéritas emergencias “de similares características”,
enviaron la notificación masiva a la población. Es más, la Comunidad de
Madrid estrenó este sistema en 2023 para alertar de unas fuertes
lluvias que a la postre no ocurrieron.
Asimismo,
dentro de este mismo espectro, se precisa que la autoridad
competente en Protección Civil puede, en virtud de la gravedad de la
emergencia y la disponibilidad de medios, requerir a la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias de Interior, la activación de
medios del Estado como la Unidad Militar de Emergencias.
Por último, en este sentido, Interior hace un llamamiento a todas las
administraciones autonómicas y locales para aunar esfuerzos de cara a la
protección a la “población afectada” y “encarar una rápida
reconstrucción de las comarcas dañadas”.
