La decisión responde a una reflexión colectiva y a la «preocupación»
ante un orden del día que, a su entender, «no responde a las necesidades
reales y urgentes» de la ciudadanía afectada por la riada del 29 de
octubre de 2024.
«Consideramos especialmente grave que, año y medio después de la
tragedia, la reunión continúe centrada principalmente en cuestiones
organizativas, de presentación institucional y de imagen, sin incorporar
asuntos fundamentales que afectan directamente a la vida cotidiana de
las personas damnificadas», señalan en un comunicado.
El orden del día planteado, aseveran, no incluye cuestiones
«prioritarias y urgentes» como la situación de las ayudas al alquiler
dana y la «incertidumbre de muchas familias» de cara a los próximos
meses; la actualización del estado de las ayudas al comercio y a las
personas autónomas afectadas; el estado de las infraestructuras
educativas y la situación de los centros afectados.
Tampoco aparece en el orden del día la situación de los ascensores y
aparcamientos; la «planificación real» ante futuras emergencias; la
revisión de los protocolos de emergencia y alerta; la situación de los
servicios públicos y de salud mental comunitaria o las políticas de
adaptación al cambio climático y protección de la población.
Por el contrario, uno de los puntos centrales de la convocatoria es
la presentación de las 'I Jornadas Internacionales de Atención a las
Víctimas de Catástrofes', una propuesta que, «sin cuestionar el valor
académico o institucional que pueda tener», consideran «absolutamente
alejada» de las necesidades «inmediatas y reales» de la población
afectada.
Por ello, entienden que, en estos momentos, la ciudadanía necesita
«respuestas concretas, información útil, seguridad, recursos y
compromisos efectivos, y no espacios orientados principalmente a la
proyección institucional o a una posible estrategia de comunicación e
imagen».
«Las víctimas y las personas afectadas no necesitan ser utilizadas
como escenografía institucional mientras continúan sin resolverse
cuestiones básicas de reconstrucción, vivienda, prevención y
protección», remarcan.
Además, recuerdan, en el planteamiento inicial trasladado a las
entidades participantes se indicó que la Mesa Permanente de Trabajo
tendría un carácter «estrictamente técnico, sin participación política
directa y con reuniones de trabajo privadas, sin comunicación previa a
los medios ni presencia mediática, hasta que existieran conclusiones
importantes que comunicar públicamente».
A su juicio, el formato final
planteado «se aleja claramente» de aquel espíritu inicial de trabajo
«discreto, útil y centrado en las necesidades reales de las personas
afectadas».
A esta situación, abundan, se suma un elemento de fondo que «no se
puede obviar: desde la administración autonómica todavía no se han
asumido las responsabilidades políticas derivadas de la negligente
gestión del 29 de octubre de 2024».
«Año y medio después, continúan
formando parte del Consell las mismas personas responsables políticas
que no estuvieron a la altura de la situación que el pueblo valenciano
requería en un momento de emergencia extrema», afirman.
Para estas asociaciones, resulta también «inadmisible» que el
'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, «continúe sin
pedir el acta» a su antecesor Carlos Mazón «y mantenga una protección
política que la ciudadanía entiende cada vez menos».
«Mientras las
víctimas seguimos exigiendo explicaciones y responsabilidades, Mazón
continúa actuando con una absoluta falta de respeto institucional,
acumulando salidas de tono, burlas y ausencias, amparado
irresponsablemente en una situación de aforamiento que Pérez Llorca ha
decidido sostener políticamente», subrayan.
Por ello, «el problema ya no es solo jurídico, sino profundamente
político y democrático»: «Mantener a Carlos Mazón como diputado es
mantener vivo el mensaje de que, después de 230 víctimas mortales, no
hace falta asumir responsabilidades ni dar ejemplo ante la ciudadanía.
Por ello, las asociaciones de Víctimas de la Dana están ultimando una
moción para que los ayuntamientos valencianos insten a Les Corts
Valencianes a retirarle el acta y, con ella, el aforamiento a Carlos
Mazón».
Y agregan: «Será, una vez más, el momento en el que los partidos
políticos que continúan sosteniendo y protegiendo a Carlos Mazón se
retraten públicamente ante la sociedad valenciana. Esperamos que todos
los diputados y diputadas sean consecuentes con el sentido de su voto y
con la necesidad de recuperar la confianza democrática de la sociedad
valenciana».
Dicho esto, prometen que las entidades continuarán trabajando «desde
los pueblos, desde el apoyo mutuo y desde la defensa de la verdad, la
justicia, la reparación y la seguridad de la ciudadanía ante futuras
emergencias».
