El escrito, firmado por el abogado oriolano José Luis Mazón Costa y presentado por el procurador José Julio Navarro Fuentes, fue remitido al registro penal del Supremo el 9 de noviembre de 2026, a las 14:30 horas, según el justificante de LexNET. La presentación no supone su admisión a trámite.
La asociación ejercita la acción popular y atribuye provisionalmente a los magistrados delitos de prevaricación judicial y encubrimiento con abuso de funciones públicas.
La querella se dirige también contra el miembro del Ministerio Fiscal que informó en contra de investigar al entonces aforado y, si fuera otra persona, contra quien se opuso posteriormente a los recursos de súplica. Solicita que sus identidades y respectivas intervenciones se determinen mediante la incorporación de los informes originales.
Los magistrados contra los que se dirige el escrito son los firmantes del auto de no investigacion de Mazón, Manuel José Baeza Díaz-Portales, Antonio Ferrer Gutiérrez, José Francisco Ceres Montes, María Pía Calderón Cuadrado y Vicente Torres Cervera. La propia querella pide comprobar documentalmente la intervención y firma de cada uno en las decisiones cuestionadas.
La controversia: responsabilidad por el cargo o por la conducta personal
La iniciativa se centra en el rechazo de la exposición razonada que la instructora de Catarroja elevó el 24 de febrero de 2026 para que se investigara a Carlos Mazón.
Según los antecedentes recogidos en la querella, el TSJ rechazó asumir la competencia mediante un auto de 16 de marzo y confirmó esa decisión el 27 de abril, al resolver los recursos de súplica.
El argumento principal de la asociación es que la propuesta de la instructora no pretendía responsabilizar penalmente a Mazón por el mero hecho de presidir la Generalitat.
Sostiene que planteaba examinar su conducta personal: la información que recibió sobre el peligro, las actuaciones de coordinación que pudo realizar, la ausencia de instrucciones y su posible intervención en decisiones de protección de la población.
La querella reconoce que las resoluciones del TSJ invocaron el principio de responsabilidad por el hecho propio y la insuficiencia de los indicios.
Sin embargo, considera que esos argumentos no respondieron adecuadamente a las conductas concretas descritas por la instructora y que habrían excluido prematuramente una línea de investigación.
Esta es la tesis de la parte querellante, pendiente de valoración por el Supremo.
Los mensajes y las decisiones que pide esclarecer
Entre los elementos que la asociación considera relevantes figuran los mensajes que, según la exposición razonada citada en el escrito, Salomé Pradas remitió a Carlos Mazón durante la mañana y las primeras horas de la tarde del día de la catástrofe.
En ellos se trasladaba información sobre alertas, rescates, inundaciones y riesgos en zonas como la Ribera Alta, el barranco del Poyo y el río Magro.
Para la querellante, esas comunicaciones justificaban comprobar el conocimiento personal del riesgo que tenía el presidente y las medidas que estaban a su alcance.
El escrito insiste en que no se trata de atribuir relevancia penal a una comida por sí misma, sino de investigar qué actuaciones se omitieron mientras evolucionaba una emergencia de la que recibía información.
También reclama esclarecer las comunicaciones del entonces jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, con Pradas, entre ellas el mensaje «De confinar nada por favor. Calma».
La asociación admite que la relación jerárquica no demuestra por sí sola que Cuenca transmitiera una orden de Mazón, pero sostiene que era necesario comprobar si actuó por iniciativa propia o siguiendo instrucciones.
El derecho a la vida como fundamento de la investigación
La querella invoca asimismo el deber de investigación efectiva vinculado al artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para fundamentarlo cita las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos Öneryıldız contra Turquía y Budayeva y otros contra Rusia, relativos a catástrofes y a la posible responsabilidad de las autoridades por deficiencias de prevención y protección.
La asociación argumenta que investigar la causa física de las muertes no basta para esclarecer si determinadas decisiones u omisiones oficiales contribuyeron a sus consecuencias.
También reconoce expresamente que el TSJ no archivó toda la investigación de la DANA y que la causa continuó en Catarroja respecto de otras personas. Su reproche se concentra en la exclusión de Carlos Mazón de esa investigación.
Qué solicita al Tribunal Supremo
El escrito pide su admisión a trámite, la designación de un magistrado instructor y la incorporación de las resoluciones del TSJ, la exposición razonada de la instructora, los informes fiscales y los documentos que sustentaban los indicios.
También solicita que, una vez examinada esa documentación, se reciba declaración a los querellados en calidad de investigados. No reclama por ahora medidas cautelares personales.
Respecto del fiscal, la asociación añade la posible comisión de un delito de omisión intencionada de promover la persecución de delitos. Pide al Supremo que determine si resulta competente para investigarlo junto con los magistrados o si debe remitir esa parte del asunto al órgano correspondiente.
El justificante aportado acredita la presentación telemática de la querella y sus anexos ante la oficina de registro y reparto penal del Tribunal Supremo. No acredita todavía una decisión sobre su admisión, la apertura de una investigación ni la atribución judicial de responsabilidad penal a las personas contra las que se dirige.
La querella deja caer que hay indicios de que tanto Feijóo con su apoyo a Mazon como Sánchez con su apoyo al fiscal del cual la Fiscalía depende, estuvieron de acuerdo en exculpar a Mazón, lo que denotaría un pacto satánico entre ambos secretarios generales para encubrir otras responsabilidades de más alto nivel que se darían si Mazón hubiera ejecutado la voluntad de Feijóo escondiéndose durante la Dana para justificar una masacre "ritualista" y Sánchez apoyara la impunidad dejando que el fiscal apoye la no investigacion, lo que es una perversidad escandalosa.
El querellante añade al final de la querella: Tiene la judicatura de este tiempo independencia para aplicar el Estado de derecho a este lado mefistofélico de la política?
El autor de este escrito lo duda pero ha de quedar memoria colectiva como se hizo con la querella por la destruccion de pruebas del 11M que acabó demonizando al denunciador, al final “la verdad emerge” y la historia pone a cada uno en su sitio.
