miércoles, 11 de abril de 2018

El puerto de Valencia amplía su brecha con el de Barcelona en pleno pulso secesionista

VALENCIA.- «Si podemos parar el puerto de Barcelona sería brutal: los chinos se cabrearían». La consigna de la líder de los Comités de Defensa de la República -difundida a través de redes sociales y grupos de mensajería- ponía en el punto de mira de los sabotajes alentados por los independentistas a una infraestructura clave para el tejido económico catalán pero que en la última década ha perdido su supremacía como principal puerto de España.

En el año 2006, el puerto de Barcelona cerró el ejercicio con un tráfico 47,6 millones de toneladas. Fue la última vez que superó a Valencia, su principal competidor históricamente, que en 2007 le arrebató el liderazgo del comercio marítimo español (53,5 millones de toneladas frente a las 51 de Barcelona).
Diez años más tarde, la brecha a favor de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se ha disparado hasta los doce millones de toneladas. De acuerdo con las estadísticas oficiales de Puertos del Estado, Valencia alcanzó en 2017 un tráfico de 73,5 millones de toneladas frente a las 61,4 de Barcelona.
Aunque en cifras absolutas Algeciras es el puerto que más toneladas mueve en España (101,4 millones el pasado año), el grueso de su tráfico son mercancías en tránsito (buques que hacen escala pero no cargan y descargan en sus instalaciones).
Por ello, la pugna por la supremacía del comercio marítimo se dirime entre Valencia y Barcelona, donde el primero de los enclaves también ha disparado la distancia en el tráfico de contenedores, considerado uno de los parámetros básicos para medir la actividad portuaria. Así, Valencia mueve al año 4,8 millones de contenedores (el objetivo a corto plazo pasa por alcanzar los cinco), mientras Barcelona ha quedado con tres millones rezagada. Hace diez años ambos puertos alcanzaban registros similares.
Los audios de los CDR hacían referencia al «enfado de los chinos» y a la posibilidad de «dejar sin avituallamiento a las islas Baleares». En estos segmento, Valencia también le ha ganado la batalla comercial a Barcelona y se sitúa como principal puerto referencia para las mercancías asiáticas que llegan a España, al igual que el tráfico regular con el archipiélado, excepto con la isla de Menorca.
De hecho, China se ha convertido en el principal socio comercial del puerto de Valencia con 6,97 millones de toneladas y un crecimiento del tres por ciento el pasado año. Solo España, con 8,66 millones de toneladas, supera al gigante asiático en la canalización de mercancías a través de las instalaciones valencianas.
En el acumulado de los dos primeros meses del año en curso (última estadística oficial disponible), la tendencia se mantiene. Así, Valencia suma un tráfico de 11,2 millones de toneladas frente a las 10,7 del puerto de Barcelona.
El puerto de Valencia constituye uno de los principales exponentes del despege económico de la región, en contraste con Cataluña, y es uno de los principales asideros para que la ciudad del Turia dispute a Barcelona la «capitalidad» del Mediterráneo español.
De hecho, la Comunidad Valenciana ha rentabilizado con creces los efectos perniciosos del desafío soberanista sobre la economía de Cataluña. El pulso independentista se ha solapado con el resurgimiento de una región que resultó especialmente damnificada por la crisis pero que ha logrado recuperar los niveles anteriores a 2008.
La inversión productiva extranjera experimentó en 2017 un ascenso del 585% respecto al ejercicio anterior, hasta los 1.158 millones, lo que supone el mejor dato de la última década. En el mismo periodo, la inversión en Cataluña retrocedió un 40%. 

Colegios del Opus Dei segregados por sexo en Valencia y Castellón se benefician de las subvenciones avaladas por el TC

MADRID.- Cerca de cien colegios siguen actualmente en España el modelo de educación diferenciada o segregada por sexos, la mayoría de ellos de inspiración cristiana o directamente pertenecientes a entidades vinculadas a la Iglesia católica, especialmente el Opus Dei.

La decisión del Tribunal Constitucional de avalar que los colegios que segregan por sexo a sus alumnos puedan percibir subvenciones públicas vuelve a poner de actualidad la controversia sobre este tipo de educación.
Además, pone fin a una polémica judicial que comenzó cuando la Junta de Andalucía decidió retirar las ayudas a varios centros concertados que segregaban por sexo, al entender que este modelo va en contra del principio constitucional de igualdad y no discriminación.
Los datos no oficiales apuntan a que, del centenar de colegios que apuestan por este modelo educativo en España, 67 mantienen conciertos con las administraciones.
Un tercio de los colegios que imparten educación diferenciada pertenecen a Fomento de Centros de Enseñanza, una institución educativa vinculada al Opus Dei, que tiene centros sobre todo en Madrid (7), Comunidad Valenciana (6), además de en Galicia y Andalucía (con 4 en cada una de estas comunidades); Aragón, Navarra, Asturias, Murcia y Castilla y León (2 en cada una) y uno en Cataluña y Cantabria.
También están vinculadas al Opus Dei el grupo Attendis, que cuenta con 21 centros escolares en Andalucía y Extremadura, así como la Institución Familiar de Educación, que tiene 13 colegios en Cataluña y Baleares; Camp Joliu de Tarragona; o el Grupo Educativo COAS, con nueve colegios concertados en el País Vasco y La Rioja.
Los defensores de la educación diferenciada (no usan el término segregada) esgrimen que el modelo está ampliamente extendido en países como Estados Unidos o Reino Unido, y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos de unos y otras, ya que se personaliza su educación en función de sus diferentes ritmos madurativos y de aprendizaje.
Además, consideran que, lejos de lo que consideran prejuicios de sus detractores, este tipo de educación redunda en una mayor igualdad entre sexos, ya que garantiza la igualdad de oportunidades entre niños y niñas partiendo de que las diferencias entre sexos son enriquecedoras y que lo que hay que eliminar son las discriminaciones.
Sin embargo, no todos piensan así y no hay consenso científico sobre la mejora de los resultados académicos, como ha constatado la propia OCDE.
Comunidades como Cantabria, Asturias y, sobre todo Andalucía, fueron las que llevaron más lejos sus objeciones a que este tipo de centros recibieran subvenciones públicas, y en 2012 el Tribunal Supremo se pronunció a su favor, avalando la decisión de la Junta de retirar las ayudas a varios centros andaluces.
No obstante, con la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el Tribunal Supremo tuvo que volver a pronunciarse ante nuevos recursos de los colegios y en esta ocasión sostuvo, sin esperar a que resolviera el Tribunal Constitucional que, de acuerdo a la ley, los centros tienen derecho a percibir las subvenciones.
El Constitucional ha ratificado esa doctrina al rechazar el recurso del PSOE contra la LOMCE, al avalar que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma, como la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión.

La televisión valenciana 'À Punt' comenzará las emisiones en pruebas el 25 de abril

VALENCIA.- La nueva televisión valenciana À Punt comenzará sus emisiones en pruebas el próximo 25 de abril. Se tratará de pruebas técnicas para testar el funcionamiento de los sistemas que se están implantando y que servirán para que “los valencianos se reencuentren con la sintonía de su televisión y para que todo el mundo la vuelva a tener situada en su comando y la resintonice”.

Así lo ha señalado la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, en una comparecencia en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts a la que ha asistido para explicar su posición sobre la emisión de los ‘Bous al Carrer’ Y donde ha explicado que el objetivo es iniciar las emisiones definitivas “antes del verano”.
Marco ha explicado que estas emisiones servirán también para programar ‘promos’ de la cadena y, para ello, se utilizará material reciclado de la antigua Canal Nou, aunque también habrá algún directo para “probar la estabilidad del sistema”.
Tras insistir en que se trata de pruebas técnicas, ha puntualizado que la señal puede que caiga o la emisión se vea “de forma irregular”, pero “es la forma que tendremos de saber qué hemos de reparar y dónde”, ha puntualizado.
De esta forma, ha subrayado que esas emisiones serán en alta definición, pero no serán “la parrilla de A Punt”. De hecho, ha detallado que habrá una banda que anunciará “constantemente” que son en pruebas.
“Desde el primer día hemos dicho que trabajamos con el concepto de ventanas y que las vamos abriendo a medida que podemos asumirlo y ahora probaremos la televisión para poder iniciar las emisiones definitivas antes del verano”, ha subrayado para remarcar que À Punt está consiguiendo que “resucite” el sector audiovisual valenciano.
En su intervención, Marco ha explicado las acciones puestas en marcha los medios de comunicación públicos valencianos y, en este sentido, ha admitido que el camino “no está siendo fácil” porque el trámite de los pliegos administrativos es “muy lento” y la incorporación de la plantilla se está haciendo “con cuenta gotas”.
Así, ha indicado que a À Punt se han incorporado ya 229 personas y se está en un proceso de implantación de los sistemas tecnológicos que requieren de “tiempo y una estabilización”. Sin embargo, ha destacado que la web funciona con un rendimiento “óptimo” y en las últimas horas se ha renovado completamente y este es el “primer paso” para la configuración de la plataforma multimedia de À Punt. En los próximos días, estará la aplicación móvil.
Respecto a la radio, ha indicado que hay una primera parrilla “ya consolidada” con programas de música, concurso, literatura y un magacín y se trabaja por comenzar el informativo de la mañana y para ampliar la parrilla de programas.
Además, ha puesto en valor la vocación interactiva de À Punt Media y, en este punto, ha destacado la “buena acogida” que ha tenido en las redes sociales, ya que, pese a llevar “poco tiempo”, ha recibido 125.000 usuarios únicos y la cuenta de Twitter ha generado 9 millones de impactos en esta red.

La regulación de los precios de los alquileres llega este jueves al Congreso

MADRID.- El Pleno del Congreso debate este jueves una moción a propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la que exige la regulación de los precios de los alquileres con el fin de asegurar unas rentas asequibles.

La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por la portavoz de En Comú, Lucía Martín, al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado mes de marzo, y se produce justo una semana después de que la formación catalana llevara al Congreso una ley para abordar esta cuestión.
De esta forma, el debate servirá al grupo confederal para medir las fuerzas en el Pleno del Congreso de cara al debate de admisión a trámite de su proposición de ley. En todo caso, aún está pendiente si el Gobierno, como en otras ocasiones, presenta un veto a la iniciativa, aunque tal y como aseguraba Martín en su presentación, la ley no modifica los Presupuestos de modo alguno.
En el texto de la iniciativa que se someterá a votación este jueves, la formación catalana demanda al Gobierno regular los precios de los alquileres “como medida revisable en áreas urbanas con incrementos de precios abusivos contrastables” con el fin de “asegurar unas rentas asequibles”.
Asimismo, pide impulsar las reformas legislativas para volver a los cinco años de duración mínima de los contratos del alquiler y mejorar la protección de las personas inquilinas.
En Comú también se refiere al contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, exigiendo al Gobierno aumentar su dotación en los próximos Presupuestos Generales del Estado “para que ninguna persona con necesidad residencial quede excluida de los programas de ayudas públicas”.
Durante la exposición de motivos de su moción, Martín reclama líneas de financiación en el citado plan para que las comunidades autónomas pudieran ampliar su parque público de alquiler mediante la compra de vivienda ya construida o la cesión de edificios por parte de grandes propietarios.
“Ambas medidas pueden llegar a ser más económicas que el fomento de la nueva construcción, y a la vez permitirían hacer frente a las operaciones especulativas en las que fondos de inversión compran edificios enteros a la espera de la rápida finalización de los contratos de los inquilinos”, asevera.

Ricardo Costa ratifica la financiación ilegal del PP

MADRID.- El ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa ha reiterado hoy ante el Congreso su "arrepentimiento y solicitud de perdón" por no haber denunciado la financiación ilegal del PP valenciano, que hoy ha ratificado ante los diputados.

Costa ha declarado hoy en la comisión de investigación de la supuesta financiación irregular del PP, en la que también ha comparecido el exgerente de la empresa Imelsa Marcos Benavent, conocido como "el yonqui del dinero", aunque este último se ha negado a contestar ninguna pregunta.
"Actué mal y estoy dispuesto a asumir las consecuencias", han sido algunas de las palabras de disculpa de Costa a lo largo de su declaración, en la que ha pedido perdón y ha manifestado su arrepentimiento en varias ocasiones, tal y como ya hizo en la Audiencia Nacional en enero, durante el juicio a la rama valenciana de la trama Gürtel.
Allí afirmó que el expresidente valenciano Francisco Camps encargó financiar gastos electorales del PP valenciano en 2007 y 2008 con dinero negro de empresarios, una práctica que, según ha declarado hoy, parece que "venía con anterioridad".
"Ratifico -ha afirmado- mi declaración en la Audiencia Nacional desde la línea hasta la cruz, absolutamente todo, como también ratifico mi arrepentimiento y solicitud de perdón por alguna actuación que no fui capaz ni de detener ni de denunciar en lo que respecta a mi ámbito de actuación y a mi estricto conocimiento".
"No quiero dar lecciones de nada a nadie, ya tengo bastante con intentar aprenderlas yo mismo", ha explicado Costa, si bien ha asegurado que, "cuando hay responsabilidad política de por medio, hay que pedir perdón".
Como ya apuntó en el juicio, Costa ha dicho que el exvicepresidente valenciano Víctor Campos le dijo que Francisco Camps ordenó los pagos de gastos electorales del PP por parte de empresarios.
Ha indicado que puso las irregularidades en conocimiento del entonces gerente del PP Luis Bárcenas, quien le dijo que eso era una práctica prohibida y que se lo diría al tesorero Álvaro Lapuerta para que se lo comunicara a los responsables en la Comunidad Valenciana y que supuso que entre ellos estaría Camps. "Es cierto que podía haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia", ha reconocido.
Costa, que ha dicho que no quiere ser "el faro ni la luz de ninguna actuación futura", ha negado que haya dado un giro a su versión, si bien ha admitido que desde 2012, cuando fue absuelto de la causa de los trajes, se sometió a un "proceso de reflexión marcado claramente por las consecuencias que podría tener el conocimiento de determinadas actuaciones" y la "asunción de responsabilidades", tanto para él como para su familia.
"Sé que mi actuación no ha sido la correcta y, obviamente, no espero grandes aplausos ni grandes favores ni grandes palmadas en la espalda. Me conformo con intentar llevar una vida normal con mi mujer y mi hija, tener un trabajo profesional, un trabajo privado y ganarme la vida", ha añadido.
En cuanto al autodenominado "el yonqui del dinero", cuya colaboración con la justicia ha supuesto la apertura de nuevas investigaciones a la cúpula del PP valenciano, ha comenzado su declaración anunciando que no hablaría ante los diputados.
"No voy a contestar a ninguna pregunta; lo digo por si quieren realizar las preguntas que quieran, pero no voy a contestar a ninguna", ha sido la primera y única frase que ha pronunciado hoy Benavent en la Cámara baja, una decisión que ha generado cierta sorpresa entre los presentes.
Solo el grupo parlamentario popular ha apoyado esta decisión, ya que, según el diputado Francisco Molinero, lo que diga hoy pueda afectar a su derecho de defensa y ha anunciado que no va a formularle ninguna pregunta.

Macron invita a los católicos a reforzar su presencia en la política y la sociedad francesas


PARÍS.- Para los obispos, fue un discurso que marcará un antes y un después en las relaciones entre el poder terrenal y el espiritual, un mensaje de respeto, admiración y comprensión hacia la religión católica poco habitual en boca de un presidente de la República laica. Para una parte de la izquierda, las palabras que Emmanuel Macron pronunció el lunes por la noche ante la conferencia episcopal, en París, son un torpedo contra la laicidad, el principio de separación entre las Iglesias y el Estado, consagrado en la venerada ley de 1905, que forma el núcleo de la identidad de la Francia moderna, tal como recoge El País.

El discurso puede leerse como una operación de seducción hacia los católicos, atrapados, dijo el presidente, entre quienes les "instrumentalizaban" y quienes "les ignoraban". Es decir, entre una derecha que les intentó movilizar contra iniciativas del antiguo presidente, el socialista François Hollande, como la legalización del matrimonio homosexual; y una izquierda laica y a veces anticlerical que se negaba a escucharles.
El presidente quiere reconstruir "el vínculo roto". Sin ceder en ningún punto en cuestiones como la inmigración o la bioética, animó a los católicos a contribuir al debate, pero con "cuestionamientos" más que "conminaciones". Y sin que la Iglesia renuncie a resultar incómoda, a ser "uno de estos puntos de referencia que no ceden al humor del tiempo".
Macron elogió la dedicación de los católicos franceses a la ayuda a los más necesitados y les animó a "hacer más todavía" implicándose en la política. “Por muy decepcionante que pueda ser para algunos, por muy árida que a veces sea para otros, necesita la energía de los comprometidos, vuestra energía". 
Al mismo tiempo, esbozó una teoría de laicidad que sirve para otras religiones, no sólo la católica, chocó con las lecturas más estrictas de la ley de 1905, y convocó para algunos el fantasma de una apertura de la República al islam.
Macron defendió que lo laico y lo sagrado no se oponen. Al contrario. "Considero que la laicidad ciertamente no tiene como función negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni desenraizar de nuestras sociedades la parte sagrada que nutre tanto a nuestros conciudadanos", dijo. 
Y puso el ejemplo del teniente coronel Arnaud Beltrame, un gendarme profundamente católico —pero también francmasón— que el 23 de marzo pasado sacrificó su vida al intercambiarse por una rehén durante un ataque terrorista en el sur de Francia.
Las palabras de Macron no sorprendieron a quienes le habían escuchado en septiembre ante las autoridades protestantes, o a quienes habían leído, en sus textos y entrevistas, su idea de la laicidad, o prestado atención a su iniciativa para remodelar el islam en Francia. Pero nunca las había articulado de manera tan clara como ante los obispos católicos. 
El portavoz de la Conferencia Espiscopal, Olivier Ribadeau Dumas, celebró el discurso como "un hito en las relaciones entre la Iglesia y el Estado". Para otros, socava en su esencia la laicidad y abre la puerta a mensajes similares hacia otras religiones.
"Esperamos a un presidente, escuchamos a un sub-cura", dijo Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda La Francia Insumisa. El ex primer ministro Manuel Valls, y hoy aliado de Macron, avisó: "La laicidad es Francia, y sólo tiene un fundamento: la ley de 1905, la de la separación de las Iglesias y el Estado. La ley de 1905, toda la ley, nada más que la ley". La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, ve en las palabras de Macron un intento de "anestesiar" a los católicos para "atacar mañana la ley de 1905".
La laicidad de Macron se inspira en la de uno de sus maestros, el filósofo protestante Paul Ricoeur. Ricoeur abogaba por una "laicidad de apertura", en la que la neutralidad religiosa del Estado no fuese un obstáculo para la expresión, en convivencia o tensión, de la espiritualidad de sus ciudadanos. Lo contrario de esta laicidad abierta sería lo que Macron llamaba, en una entrevista en 2016, el laicismo, "una versión radical y extrema de la laicidad que se nutre de los miedos contemporáneos". 
"Hay que preservar como un tesoro la concepción liberal de la laicidad que ha permitido en este país que cada uno tenga derecho a creer o a no creer...", añadía. Todo estaba dicho.

La Comunidad Valenciana prohibirá las cápsulas de café y los cubiertos de plástico en 2020

VALENCIA.- La consellera de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha avanzado este miércoles que el Plan Intregral de Residuos (PIR) --que inicia ahora su tramitación-- incide en el sellado de vertederos e incluye una disposición, que emula a las que ya se han puesto en marcha en Francia o en Baleares, para prohibir la comercialización de plásticos de un solo uso cuando se puedan sustituir por otro material alternativo, por ejemplo en los bastoncillos de los oídos o chupa chups, pajitas, cubiertos de plástico o cápsulas de café.

Así lo ha dado a conocer en un desayuno informativo en el que ha adelantado que confía en que este plan pueda aprobarse a lo largo de 2018, con el objetivo de ir "reduciendo la generación de residuos", sobre todo de plásticos, en línea con las directivas europeas, que en estos momentos se encuentran renegociando sus objetivos que establecen unos mínimos de reciclaje y un máximo de rechazos que finalmente irán a parar al vertedero.
Este martes, el Congreso de los Diputados acordó un texto, con los votos de todos los grupos menos el PP, para plantear las modificaciones legislativas necesarias para prohibir esos utensilios de plástico.
Para Cebrián, el sellado de vertederos es unas de las prioridades de su departamento, y una "necesidad a largo plazo" puesto que las emisiones de estos emplazamientos tienen un "claro efecto en el cambio climático", ha advertido. Esto requiere una "inversión sustancial", por lo que cada año en los presupuestos de la Generalitat se destina una partida de un millón de euros que antes no existía, ha subrayado.
Su intención es abordar el "ciclo completo desde las fases iniciales" del producto, antes de que lleguen a las plantas de tratamiento de residuos, desde su creación, consumo y separado. Se trata de "generar menos residuos" y que lleguen "lo más separados posible". En todo caso, ha asegurado que se va a invertir en tecnología en las plantas de tratamiento para "que se pueda reaprovechar más y de mejor calidad".
En cuanto a la disposición que regulará la comercialización de plásticos de un solo uso ha querido dejar claro que la prohibición se limita a los productos que en los que este material se pueda reemplazar. En caso de que no haya alternativa podrán continuar.
En cuanto a la incineración de residuos, la consellera ha señalado que "en todo caso esta es una de las últimas opciones dentro de la jerarquía". "Ya no es el momento de las grandes incineradoras. De hecho, también Europa y la normativa estatal están abogando porque, aunque sigan existiendo "sean cada vez menores" puesto que "la combustión libera productos muy peligrosos para la salud humana".
Además, ha comentado que la Comisión Europea ya está trabajando en la reducción del uso intencionado de 'microplásticos' en productos como envases alimentarios que impiden su reutilización ante la dificultad de separar materiales, aunque el PIR no se adentra en este aspecto.
Según ha explicado la consellera, gran parte de la materia orgánica que llega a las plantas de tratamiento de residuos de la Comunitat Valenciana "no era reutilizable porque no procedía de una gestión separada del residuo y estaba contaminado", cuando precisamente la agricultura valenciana "necesita" de compostaje.
"Si desde el principio, antes de la planta de tratamiento, somos capaces de separar lo orgánico, va más limpio para el proceso de compostaje orgánico para poder ser utilizado en la agricultura y es importante que ese compost también pueda ser utilizado en la agricultura ecológica", ha subrayado Cebrián.
De hecho, a modo "experimental" se están probando algunos contenedores marrones específicos para residuos orgánicos en algunos consorcios y dos barrios de la ciudad de València. Por el momento son pruebas piloto, "queda mucho por hacer en la recogida separada de residuos", ha admitido la consellera, pero están permitiendo obtener información sobre la forma más eficaz de recoger residuos.
En cuanto al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), Elena Cebrián ha apuntado que, tras hacer todo el trabajo técnico, de estudio, de participación y diálogo, "de momento no había ni el consenso, ni las soluciones técnicas, ni económicas, ni logísticas para montar un sistema como este, que es un cambio de paradigma muy fuerte con las garantías de que funcionara".
"Reconociendo todas las virtudes en materia concienciación consumidores, vimos ese sistema generaba unas complicaciones técnicas de aplicación que ahora mismo hacían imposible, dentro de esta legislatura, su aplicación", ha explicado la consellera.
En cualquier caso, "su estudio o la posibilidad sigue contemplada en el PIR junto con muchas otras líneas de trabajo y esto debe integrarse en visión del ciclo de los residuos desde el principio", ha agregado.

Los españoles prefieren los productos frescos en tienda

MADRID.- El 50 % de los consumidores españoles que compran a través de Internet cualquier tipo de producto también ha adquirido alguna vez alimentos vía "online", lo que supone un crecimiento de 10 puntos respecto al año anterior, según un estudio sobre comercio electrónico publicado hoy.

El informe anual elaborado por el Observatorio para la evolución del comercio electrónico de alimentación, en el que participan la Universidad Complutense y la patronal de supermercados Asedas, apunta a que los frescos -carne, fruta, pan, pescado y verdura- siguen siendo un freno al aumento de este tipo de ventas.
De hecho, sólo un 2 % de los usuarios afirma utilizar únicamente Internet para realizar sus compras de alimentación, frente al 48 % que siempre acude a establecimientos físicos. "Se observa que hay más compra 'online', pero sin dejar de acudir físicamente a las tiendas, sobre todo para los frescos", ha defendido la directora del proyecto y profesora de la Universidad Complutense, María Puelles.
Su trabajo -en base a una encuesta realizada a medio millar de personas que afirman hacer compras por Internet- apunta a que los productos voluminosos y de carga son los más demandados por esta vía.
De hecho, de acuerdo con los autores del informe, apenas el 1 % de los encuestados utiliza únicamente plataformas puramente digitales -como Ulabox, Tudespensa, Lola Market o Deliberry- para hacer sus pedidos, y la mayoría recurre a las web de las cadenas físicas o compatibiliza ambas opciones.
El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha destacado la amplia red de mercados, tiendas de barrio, supermercados e hipermercados que presenta España y ha recordado que el 85 % de sus compradores acude a estos establecimientos a pie.
Puelles, por su parte, ha augurado que la venta a través de la red seguirá incrementando su peso, y ha destacado la importancia que pueden tener en su desarrollo nuevas tecnologías como la realidad virtual para mejorar la experiencia.

Así crece el comercio 'online'

  • El perfil de quien compra productos de gran consumo -categoría que engloba alimentación, higiene personal y limpieza del hogar- por Internet es de una persona de entre 30 y 50 años, mayormente mujer, con ingresos mensuales de entre mil y 3.000 euros, con educación universitaria y un cargo medio en su empresa.
  • Según el estudio, la mayoría de los consumidores dedica entre 15 y 30 minutos a completar su cesta "online" frente a los 20-45 minutos de media que uno tarda en la tienda física, lo que supone un ahorro de hasta media hora que puede ser superior si se incluye el traslado hasta el punto de venta.
  • Los pedidos se suelen realizar durante la jornada laboral para "tener más tiempo de ocio" y tres de cada cuatro se completan desde el ordenador, aunque las tablets (16 %) y los móviles (8 %) crecen con fuerza. La confianza en el pago y en la cadena donde se realiza la compra, así como la rapidez en la entrega, son los criterios más valorados por el consumidor.

Del tomate comunista al marxismo neoliberal


BRUSELAS.- Un fantasma rojo recorre Europa, el fantasma del kétchup de origen desconocido, de padre con nombre italiano y madre comunista china. Me despierto aterrado, acabo de leer un excelente ensayo escrito por el periodista francés Jean-Baptiste Malet titulado El Imperio del oro rojo y tengo pesadillas cada noche, barriles de tomate concentrado explotan y dejan todo rojo, pringoso y pestilente. Necesito tocar y comer un tomate de aquí, fresco, maduro, real. Voy a ello antes de narrar el rojo apocalipsis de mi sueño:

Plano uno. Almería. No somos ceniza ni polvo sino agua. El agua que vino de los confines del Universo en millones de meteoritos de hielo cuando la tierra era un erial caliente y vacío. Eso eres tú y yo y ese cesto de tomates tan rojos que acabas de coger. Agua fósil que llegó de muy lejos y luego se filtró por las entrañas de la tierra hasta acabar salobre en el mar, luego en la nube, después en el río, más tarde en este tomate y dentro de ti. Trituro un kilo de tomates maduros junto a dos buenas ramas de albahaca y cuelo muy despacio el puré resultante con dos trapos finos de muselina de seda. 

Aliño luego este agua casi transparente con tres gotas de vinagre de Jerez, un chorro de aceite de oliva y un poco de sal marina. Al fondo de ese agua dejo caer tres berberechos recién abiertos al vapor, dos dados de tomate limpio y unos brotes de corujas picantes. Todo aquello apenas es agua, pero en el corazón de su sabor esta todo lo bueno de la tierra y del mar de aquí al lado.

Plano dos. La pesadilla tomatera. El tomate chino es recogido a destajo en los campos de Sichuán, dos toneladas al día por persona, diez horas de trabajo, 20 € de salario medio al día. Tomates cultivados sin muchos miramientos en cuanto a polvitos venenosos. Los tomates en China se cultivan en miles de pequeñas parcelas y los agricultores pulverizan generosamente el pesticida que también utilizan para el algodón, el arroz o el girasol que cultivan al lado. Después todos esos tomates se mezclan en la gran fábrica de procesado así que su trazabilidad es complicada. La empresa transformadora que convierte la fruta en concentrado se llama Cofco Tunhe (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), es la principal compañía procesadora y pertenece al Estado. Transforma 8 millones de toneladas y produce 250.000 toneladas / año de concentrado de tomate que luego vende a Kraft, Unilever, Heinz, Nestlé, Campbell, DelMonte, Pepsico, Ducros

La segundona es la compañía Chalkis, que produce 160.000 toneladas de tomate concentrado. Este grupo agroalimentario pertenece al Bingtuan, que es el conglomerado empresarial del ejército chino, y ha comprado empresas procesadoras de tomate francesas para luego cerrarlas y vender con esa marca tomate concentrado chino. Por ejemplo la antes prestigiosa marca francesa de tomates provenzal Le Cabanon o la prestigiosa y tradicional marca italiana Giaguaro reciben los barriles de triple concentrado de tomate chino, añaden agua y las reenvasan en latitas en las que pone made in Italy para un montón de marcas distintas. Además esas exportaciones de triple concentrado chino no pagan aranceles.

La cosa o el truco es así: si tú compras materia prima fuera orientada a su reexportación una vez procesada, la Unión Europea te perdona los impuestos porque se supone que eso mejora la competitividad de las industrias transformadoras europeas. El concepto legal se llama “régimen de perfeccionamiento activo”. Aunque esa práctica también está fastidiando a quienes producen esas materias primas dentro de la UE. ¡Tomateros de Badajoz, meleros de La Alcarria, a joderse, esto se llama globalización!. Se supone que ese producto cuya materia prima procede de China y es procesado en Europa, tiene como destino venderse fuera, pero: ¿de verdad no se vende dentro de la UE? 

Lo cierto es que sale de las fábricas europeas con un made in Italy o made in France ¿o made in Spain?, China no aparece por ningún lado pero la banderita italiana o francesa sí está en la lata. Lo alucinante es que esta práctica tramposa no es ilegal porque ha habido un “procesamiento de la materia prima”; tú coges un barril de triple concentrado de tomate, añades agua, lo envasas con tu marca y ya has “procesado” el producto originario. Además, los grandes procesadores-envasadores fabrican para las marcas más famosas de la gran distribución europea. Aparentemente, los consumidores podemos elegir entre una enorme variedad de marcas pero en realidad, dentro de la lata, lo que hay es el mismo producto; eso sí, las etiquetas de fuera son de lo más variado y colorista. Viva el capitalismo canalla.

¿Te gusta el kétchup? Dentro de un rato dejará de gustarte. La salsa kétchup se hace a base de tomate procesado y concentrado. Los principales fabricantes de concentrado son Estados Unidos, China e Italia (y muy por detrás van España y Turquía). Con el concentrado se comercia, se trafica, se especula en todo el mundo: va envasado en unos barriles azules de tamaño similar a los barriles de petróleo. El tomate concentrado está en toda nuestra comida: pizza, kétchup, salsas, platos preparados, platos congelados, sopas, conservas de todo tipo… de la paella a los garbanzos, de las albóndigas de lata al zumo de todos los aviones. El concentrado de tomate es uno de los ingredientes culinarios que puede decirse que es universal y se consume en todos los países y continentes sin excepción. Claro que los barriles de concentrado no son como el petróleo y caducan, el tomate se pone “viejo” o se estropea o se pudre y… lo ha adivinado Usted, entonces ese tomate se procesa y se envía a África donde nadie suele quejarse de que sea producto caducado o que apenas haya en la lata un 30% de tomate y que el resto sean féculas, soja, fibra u otras sustancias baratas. 

A este tomate de la peor calidad se le denomina Black Ink, tinta negra, porque hasta ha perdido su color rojo y es marrón oscuro tirando a pardo, así que se le añade colorante sintético rojo en cantidad y listo. Además en África la venta de salsa de tomate se suele hacer a granel, a cucharadas, la mayoría de la gente es pobre y no tiene ni para comprarse una latita. En Túnez, Libia, Ghana o Nigeria se han detectado partidas de miles de toneladas de este tomate adulterado, tomate basura. Y el que no se ha detectado se vende por ahí, en todos los mercados.

El neoliberalismo era esto. La mitad del kétchup de este mundo procede de triple concentrado de tomate chino, pero no puedes saber cuál sí y cuál no, para elegir con libertad soberana. Mucho del tomate que se vende como made in U.E no lo es y no lo pone en la etiqueta, ni tiene porqué, debido a esas fantasmagóricas leyes de la U.E. que convierten una materia prima exógena en otra cosa super autóctona con el sólo milagro de añadir agua del grifo. El oro rojo es una estupenda metáfora de la economía global en el siglo XXI. 

Por otra parte, y en paralelo, las más avanzadas escuelas de pensamiento neoliberal plagian las recetas marxistas y neomarxistas de la economía china como soluciones para flexibilizar o precarizar el mercado laboral o retrasar el apocalipsis ecológico y económico, y para evitar que la especie de los consumidores se extingan de la faz de la tierra, ya que la subespecie de los trabajadores se está extinguiendo sin remedio.

De nuevo la comida es política, el tomate de lata y sus circunstancias nos puede llevar a los gulag chinos en los que trabajan gratis cuatro millones de personas. Cada vez que hagas una pizza, unos espagueti o eches un chorro de kétchup en tu hamburguesa se muere un gatito. Cada vez que leas aquel capítulo de El Capital que habla de la plusvalía, un robot de la industria estará quitando el curro a uno de los tuyos, o a mil. Es lo que hay. 

La alimentación es negocio, la industria agroalimentaria mueve 3,2 billones de euros, y los que fabrican alimentos ya no son los míticos empresarios que comenzaron a hacer kétchup en 1890 como Henry John Heinz. Su compañía, ahora, fusionada con Kraft, pertenece a grises grupos de inversión especulativa como 3G Capital y Belkshire Hathaway pertenecientes a Warren Baffett, que es el segundo hombre más rico del mundo y que ahora fabrica el 59% de todo el kétchup del mundo. Su objetivo es ganar más pasta, no fabricar mejor kétchup.

Plano tres. Badajoz. Extremadura es una de las zonas de cultivo de tomate para industria más importante de España y suministra tomates cultivados según normativa de seguridad alimentaria europea con una trazabilidad total. Las marcas españolas que fabrican concentrado de tomate y salsas de tomate a partir de esa materia prima ofrecen a los consumidores productos seguros y de calidad. No se trata de decir que todos los alimentos cultivados y procesados en China son “malos” sino de tener la libertad como consumidores informados de elegir realmente un kétchup fabricado aquí con tomates de aquí o elegir cualquier otro. ¿No era la libertad de elección la base del capitalismo? 

Salto en el tiempo. Mediados de agosto, con diez o doce años, siesta obligada de la que siempre nos escapamos para ir al río a pescar y a bañarnos hasta casi las nueve. Somos niños salvajes requemados por el sol que volvemos con un hambre caníbal. Olor a tierra caliente y mojada bajo la parra. Avispas peleando contra niños, chicharras enloquecidas, brisa con olor a tabaco en flor. Una rebanada de pan y un tomate maduro y perfecto cortado por la mitad por mi abuelo, un chorro de aceite y sal. Nada más. Una delicia. Tal vez de verdad el sabor del paraíso, el maná, el fruto aquel del árbol de la ciencia, el origen de todos los pecados deliciosos de este mundo. Para los otros pecados, los amargos, vuelva al plano dos.

Merece la pena meterse en el rojo y pestilente universo alimentario mundial del estupendo trabajo de investigación de Jean-Baptiste Malet El imperio del oro rojo. Ed. Península 2018.


BBVA alimenta el optimismo: España rozará los 20 millones de ocupados en 2019

MADRID.- España vuelve a repetir el escenario de los últimos años: llega abril y las casas de análisis reconocen que la desaceleración de la economía va mucho más lento de lo que esperaban. Ahora es el turno del BBVA Research, que ha revisado en cuatro décimas al alza su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,9%, publica El Confidencial

De este modo, la entidad se sitúa entre las firmas más optimistas respecto al ritmo de crecimiento de España este año. Para 2019 también ha revisado al alza su estimación hasta el 2,5%, dos décimas más. La relajación de la incertidumbre en Cataluña, el crecimiento de la demanda externa, el impulso fiscal de los Presupuestos y la caída de los tipos de interés de largo plazo están alentando un crecimiento económico más rápido de lo esperado.
Estos indicadores permiten a BBVA anticipar que la economía española mantendrá el ritmo alto de creación de empleo. La entidad anticipa que se incrementará el número de ocupados en 940.000 trabajadores en términos de EPA, lo que permitirá a España superar los 19,9 millones de trabajadores al final de 2019. 
Si se cumple esta previsión significará que España alcanzará el objetivo de los 20 millones de ocupados un año antes de lo esperado por el Gobierno. Las ganancias de productividad unidas a los estímulos cíclicos que benefician a España sostienen este buen desempeño del mercado laboral. En cualquier caso, todavía no se alcanzarían los niveles de empleo logrados antes de la crisis, ya que en el año 2007 se superaron los 20,7 millones de ocupados.
En concreto, el número de ocupados aumentará un 2,6% en 2018, la misma tasa que en 2017, y que en 2019 se moderará hasta el 2,3%, lo que supone una revisión al alza de la previsión en cuatro décimas. Este incremento del empleo permitirá rebajar la tasa de paro en el país hasta el 13,7% en 2019, su nivel más bajo desde el año 2008. 
Esto significa que en apenas dos años el desempleo caerá en tres puntos y medio, un proceso de corrección del paro muy intenso que llevará a la economía española por debajo de su tasa estructural histórica de desempleo, que tradicionalmente se ha situado en el entorno del 15%.
BBVA Research advierte que para mantener este ritmo de crecimiento del empleo será fundamental que los salarios no se disparen en los próximos trimestres. Hasta el momento, la subida salarial pactada por convenio se mantiene por encima del IPC pero muy lejos del crecimiento real del PIB (en el entorno del 1,5%), lo que permite anticipar un comportamiento moderado de los salarios. 
Para Rafael Doménech, responsable de Economías Desarrolladas de la entidad, "el incremento de la remuneración por asalariado no debería superar el entorno del 2% anual para que la tasa de paro se modere en línea con las previsiones presentadas".
Hace apenas siete meses, la mayor parte de las casas de análisis estimaba una ralentización inminente del crecimiento de la economía española, sin embargo, los datos publicados han contradicho este escenario. El PIB avanzó un 0,7% en el primer trimestre del año, la misma tasa que en el anterior. Ahora BBVA estima que el ritmo de avance en el segundo trimestre podría alcanzar el 0,8%, una décima más.
Este optimismo se sustenta principalmente en tres factores. El primero es la solidez de la demanda externa, que tira de las exportaciones y que contribuye a minimizar cualquier posible desaceleración de la demanda interna. El segundo es la caída de los tipos de interés de largo plazo en el mercado, que permite elevar la inversión y el consumo de las empresas y las familias. 
Y, por último, la política fiscal expansiva adoptada por el Gobierno, que eleva su contribución al PIB en detrimento de una corrección más rápida del PIB y la deuda. A falta del desarrollo definitivo de los Presupuestos Generales del Estado, BBVA Research anticipa que el déficit público cerrará el año en el 2,4%, dos décimas por encima del objetivo pactado con Bruselas. Además, el proyecto de PGE incluye medidas fiscales expansivas, lo que puede dificultar más el objetivo.

La "chapuza Lexnet" ya tiene castigo: España infringió la ley de protección de datos

MADRID.- Fue la mayor crisis a la que se enfrentó el Ministerio de Justicia durante los últimos años. El pasado verano, un fallo informático dejó inoperativo durante días el sistema LexNet. Además, el 27 de julio, un grave fallo de seguridad informática dejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales, parte del código fuente de la plataforma y de la Intranet del propio ministerio, recuerda El Confidencial

La gravedad no era poca cosa, ya que los profesionales del sector jurídico pudieron acceder incluso a documentos de terceras personas: bastaba con cambiar los IDs que identifican a cada usuario en la URL para acceder a la bandeja de entrada privada de otra persona y a los documentos de cada uno de los procesos judiciales que tenía en marcha.
Desde Justicia se intentó minimizar el impacto de aquel fallo, que muchos expertos jurídicos e informáticos calificaron de "chapuza Lexnet", que se prolongó durante varios días y contó con nuevos episodios
Además, el ministro Rafael Catalá aseguró en sede parlamentaria que la plataforma sólo dejó de ser segura un 0,75% del tiempo y que el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales. 
Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no opina lo mismo: la plataforma que costó más de 7 millones de euros de dinero público, que puso en entredicho a las empresas que la desarrollaron y que denunció al propio informático que ayudó a desvelar el fallo acaba de ser sancionada por incumplir la Ley de Protección de Datos.
En el expediente sancionador, la AEPD asegura que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, infringió el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que determina que "el responsable de un fichero (...) deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".
No acaba ahí la cosa. Además, Justicia también infringió el artículo 10 de dicha ley, que le obliga al "secreto profesional respecto de los mismos [los datos personales] y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Según la AEPD, por tanto, durante el grave fallo de seguridad de Lexnet "se difundieron datos personales que tenían unos usuarios y pudieron ser vistos por otros usuarios".
La vulneración de estos dos artículos le ha supuesto al Ministerio de Justicia la ejecución de una infracción grave, aunque no habrá sanción efectiva más allá de la publicación de este expediente, ya que la AEPD considera que Justicia "ha tomado las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir el incidente de seguridad referido".
No es el único 'tirón de orejas' que la AEPD le da al Ministerio de Justicia. En el expediente sancionador también se recoge que "la versión de Lexnet que tenía la brecha de seguridad se puso en producción el 20 de julio a las 21:45h, se detuvo a las 15:15h del 27 de julio y se sustituyó por una nueva versión a las 16:25h", con lo que Lexnet funcionó durante más de una semana con un sistema informático vulnerable.
Además, los responsables de la plataforma no fueron precisamente rápidos, ya que el primer aviso de vulnerabilidad se produjo "mediante un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Lexnet aproximadamente a las 02:00h (madrugada) del jueves 27 de julio de 2017" y luego "la misma persona [el letrado José Muelas] envió un mensaje público por Twitter aproximadamente a las 9:30h del mismo día en el que se manifestaba cómo explotar la vulnerabilidad del incidente".
Sin embargo, "el subdirector de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fue informado de ello "entre las 10:30h y las 11h". A continuación, "entre las 11:30h y las 14h se realizaron verificaciones exhaustivas, para comprobar si el comportamiento era anómalo o un problema puntual de un único usuario". Finalmente, "a las 14h "se detiene el sistema” y “a las 16:20h el error de programación que produjo el incidente de seguridad está solucionado”.
En resumen, pasaron más de 9 horas desde que Lexnet recibió el primer aviso de vulnerabilidad hasta que lo abordó, y más de 14 horas hasta que el error se subsanó... para volver a fallar poco después.
Según la investigación recopilada por la AEPD, 284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían, realizando 1.438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada. De ellos, 74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada.
Pero, ¿a qué tipo de información ajena se pudo acceder durante casi ocho días? Según la AEPD, "a las notificaciones practicadas, traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc., a las notificaciones ya aceptadas, a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario y a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores".
Los tipos de cuenta que quedaron expuestas fueron "las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. Otras cuentas más sensibles", asegura la AEPD, "como las correspondientes a la Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina legal, abogados del estado, servicios jurídicos de las CC.AA y Seguridad Social, no estaban afectadas por el incidente".
En total, durante ese periodo de tiempo se accedió "al 0,1% de los buzones de Lexnet, al 0,02% de los mensajes que se intercambian en un día, al 0,0001% de todos los mensajes que se han intercambiado en la plataforma Lexnet desde el inicio de su operación", aunque no se puede saber hasta qué punto los documentos vulnerados eran más o menos determinantes.
La cuestión, en cualquier caso, es evidente: pese a que el Ministerio de Justicia quitó hierro al asunto y el ministro Rafael Catalá aseguró en el Congreso que "el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales", lo cierto es que, según la AEPD, la cosa fue mucho más allá: el Gobierno infringió la Ley Orgánica de Protección de Datos y, según los expertos, Lexnet volverá a fallar antes o después.

El largo camino de El Corte Inglés: Amazon factura seis veces más en España

BARCELONA.- Los temores de El Corte Inglés en su guerra online contra los gigantes se justifica. El ranking elaborado anualmente por la revista de eShow Barcelona y Netquest revela que la cadena de grandes almacenes factura 683,8 millones a través de las ventas por internet, mientras que Amazon y Aliexpress facturaron 4.241 millones de euros y 1.234 millones de euros millones, respectivamente.  

En el resto de clasificación aparece eBay, en tercer lugar, con 678,3 millones de euros y Pc Componentes, con 314 millones. Completan el top 10 Decathlon, Zalando, Gearbest, Zara y Privalia.
Por número de pedidos, Amazon, Aliexpress y eBay vuelven a copar el podio, mientras que El Corte Inglés queda otra vez en el cuarto lugar.
El gigante de Jeff Bezos recibió en 2017 un total de 53 millones de pedidos, Aliexpress con 16 millones de pedidos y eBay con 13,5 millones de pedidos. La web del gigante de la distribución española, por su parte, se situó cuarta con 3,7 millones de pedidos.
Los datos del estudio contrastan con lo que la compañía americana pagó a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades. Los últimos datos disponibles en el registro mercantil afloran una tributación por valor de 864.000 euros, cifra muy exigua si se compara con el volumen de negocio que revela el estudio.
¿Por qué? Al igual que la mayoría de gigantes digitales o empresas emergentes, su entramado societario le permite implantarse en España con una filial en la que justifica únicamente pagos por marketing y servicios de publicidad. Dicho de otro modo, lo que se compra en la web se factura fuera de España, lo que le permite adelgazar su factura fiscal cada año.
Precisamente, este aspecto fue el que criticó el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, en su última comparecencia. Gimeno abogó por crear un marco normativo europeo que implante "como mínimo la igualdad fiscal" sin "ningún tipo de proteccionismo caduco”.
Además, reiteró que, en ese sentido, busca “únicamente la igualdad normativa para que no se vulnere la libre competencia".

Universidades públicas: ¿las nuevas cajas de ahorros?

MADRID.- ¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió?, se pregunta elconfidencial.com

Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”. Como no han sido pocos los comentarios que en todas las direcciones he recibido, vaya aquí una reflexión algo más elaborada al respecto.
Empecemos por el capítulo de salvedades iniciales. La primera, preguntarse por el papel de la universidad no es una cortina de humo para dejar de hacerlo por Cristina Cifuentes. Creo que el futuro político de la presidenta de Madrid tiene fecha de caducidad. Cuando se acabe su viacrucis, Cifuentes será una expresidenta más. Con el debido respeto, su futuro a partir de entonces me resulta indiferente. Lo verdaderamente importante es cómo quedan nuestras instituciones después de la tormenta. 
La segunda salvedad es una perogrullada: no paso por alto las muchas diferencias entre universidades y cajas de ahorros. Las universidades no representan un riesgo sistémico y sus dirigentes no se embolsan sueldos propios de futbolistas. Cualquier analogía es parcial e imperfecta, y no es necesario estirarla más de lo debido. 
Sin embargo, sí existen en mi opinión inquietantes similitudes, un ecosistema viciado que no provocará un rescate de miles de millones de euros, pero que sin embargo puede estar deteriorando la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Y, si me apuran, tal vez esa factura sea más grave que la de cualquier rescate.
La tercera salvedad es que al hablar de 'universidades públicas' estaremos, como en toda generalización, siendo injustos. Hay muchas excepciones: universidades que funcionan muy bien y profesionales que ponen su mejor empeño en ofrecer una enseñanza de calidad. No lo niego, más bien al contrario. Denunciar lo que funciona mal es la mejor defensa de quienes funcionan bien. También había excelentes profesionales en nuestras cajas de ahorros. Lo importante no son las excepciones sino la regla: si el diseño institucional y los incentivos son los adecuados o es necesario reformarlos.

Hechas las salvedades, vayamos con las semejanzas.
-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo parecido. ¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.
La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario. Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo: esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.
Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008 ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política (dicho sea de paso, tengo la impresión de que las dudas sobre el máster de Casado poco tienen que ver con el caso Cifuentes, y al menos de momento no hay ni engaño ni manipulación de documentos).
No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos: hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.
Tanto les gustan las universidades a los políticos que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos.
Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA (art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA (como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros). 
La más importante de ellas es la financiación: según un informe del Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el 60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe 8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben 4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político es una cuestión de supervivencia.
-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas entre cajas y universidades. En las cajas de ahorros, debido a su finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA, ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los representantes de los impositores? 
Durante mucho tiempo, tuve mis ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo. Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo. Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.
Algo parecido ocurre con el gobierno interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad atienda una pluralidad de intereses. En la práctica, la falta de rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la universidad sean más los intereses privados de los representantes que los intereses difusos de los representados.
-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español. Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores 'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida. 
Mientras tanto, hay un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los contratos temporales en el resto del mercado laboral.
No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder que acumulan algunos catedráticos. Algunas relaciones son casi de vasallaje. 
Producía bastante repulsión que el director del máster de Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio, él no tiene responsabilidad legal alguna.
En definitiva, sí creo que las universidades son, en varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.
Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que, en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles.