lunes, 17 de octubre de 2011

Bellver afirma que no sabía que los Jardines de Monforte estaban protegidos

VALENCIA.- El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico en las Corts, Jorge Bellver, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el 'caso de Monforte', ha declarado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no sabía que los Jardines de Monforte estaban protegidos cuando aprobaron la construcción de un aparcamiento contiguo, y que él se limitaba a firmar los informes favorables de los técnicos.

   Bellver ha llegado al tribunal valenciano pasadas las 9.30 horas junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En esta sede se juzga desde este lunes a este edil y a cuatro funcionarios de su misma área por la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte.
   El concejal, que ha prestado declaración durante unos 20 minutos, ha indicado que el expediente para construir este aparcamiento se debatió y aprobó en el año 2004 en una Comisión de Urbanismo en la que nadie se opuso. También ha explicado que no recuerda exactamente otros expedientes anteriores en los que se obligaba a pedir un informe favorable a la Dirección de Patrimonio para hacer modificaciones en los entornos del jardín, puesto que estaban protegidos.
   Así, ante la pregunta realizada por el fiscal de si sabía en el año 2004 que los Jardines de Monforte estaban protegidos y necesitaban de una autorización especial por parte de la Dirección de Patrimonio, ha contestado que no.

El síndic insta al ayuntamiento de Cullera y al Consell a acabar la urbanización de 72 VPP

ALICANTE.-  El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Cullera y a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para recomendarle que en el ámbito de sus respectivas competencias, "extremen sus esfuerzos para lograr la rápida terminación de las obras de urbanización" que permitan la ocupación de las 72 viviendas de protección pública construidas en el Bulevar del Xúquer, en Cullera. 

   Esta es la respuesta del defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana a la queja presentada por una persona afectada que denunciaba que, tras dos años y medio de espera para las viviendas, "resulta que una vez terminadas, no podemos acceder porque no hay luz".
   En la resolución que Cholbi dirige a las respectivas administraciones les recuerda que según el art. 143 de la LUV "la demora injustificada durante la realización y terminación de las obras, salvo las prórrogas que procedan, será objeto de análogas penalidades a las previstas en la legislación general de contratación administrativa relativa al contrato de obras".
   Asimismo, Cholbi añade que el art. 165.2 de la citada Ley (LUV) señala que "el propietario que contribuya a las cargas de la urbanización podrá exigir que el urbanizador la ejecute con la diligencia de un buen empresario y que la administración actuante tutele la actuación"
   Según el síndic y teniendo en cuenta los citados artículos de la LUV, el Ayuntamiento de Cullera debería adoptar todas las medidas a su alcance para conseguir que las obras de urbanización concluyan cuanto antes. Por su parte, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente "también debería impulsar la solución de los problemas técnicos referidos al suministro eléctrico y adoptar las medidas oportunas para evitar que los retrasos en la finalización y entrega de las viviendas pueda seguir perjudicando a sus legítimos adquirientes, quienes temen perder las ayudas y la financiación recibida".
   El síndic es "plenamente consciente de los problemas que la crisis económica está generando en la actividad urbanística de los municipios valencianos". No obstante, en el caso concreto que nos ocupa, Cholbi está convencido de que "la peor parte de esta crisis la soportan las familias y personas que injustamente están sufriendo el retraso en la entrega de las viviendas que les fue adjudicadas".
    Por todo ello, el defensor confía que tanto el Ayuntamiento como la Conselleria "sean sensibles a estas dificultades y que finalmente dichas personas puedan entrar a vivir en sus casas lo antes posible".

Compromís-Equo presenta 25.000 avales ciudadanos para las elecciones generales

VALENCIA.- La coalición Compromís-Equo ha presentado este lunes ante las juntas electorales de las tres circunscripciones de la Comunitat Valenciana unos 25.000 avales firmados por los ciudadanos para dar apoyo a su candidatura a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.

   La reforma de la Ley Electoral pactada por PSOE, PP, CiU y PNV el pasado mes de enero decretó que los partidos que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán para poder presentarse la firma, al menos, del 0,1 por ciento de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección.
   De este modo, Compromís-Equo necesitaba recoger un mínimo de 3.400 avales en todo el territorio valenciano y, finalmente, ha septuplicado esta cifra con 18.000 avales por la circunscripción de Valencia, 5.000 a la de Alicante y 2.000 a la de Castellón.
   Asimismo, junto a los avales, la coalición ha registrado sus candidaturas en unas listas que encabezan Joan Baldoví por Valencia, Aitana Masía por Alicante y Roger Mira por Castellón.    
   A la presentación de los avales y la candidatura por la circunscripción de Valencia que se ha realizado en la Ciudad de la Justicia han acudido el cabeza de lista, Joan Baldoví, y la número dos, Cristina Domingo, quienes han estado acompañados por el portavoz de Compromís y secretario general del Bloc, Enric Morera; el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó; el portavoz de Iniciativa Paco Garcia; y Giuseppe Grezzi de Els Verds Esquerra Ecologista.
   Según ha señalado Baldoví "lo que hemos hecho hoy es un acto de democracia real y participativa". "Nos han querido ahogar con esa norma que pactaron PP y PSOE y que otros partidos con representación en el Congreso como UPyD e Izquierda Unida no enmendaron en su momento para que formaciones como la nuestra no nos pudiéramos presentar", ha criticado.
   "Pero hemos demostrado que la democracia real, cuando la gente quiere, es posible y con este gran número de avales estamos aún más seguros que el día 20 seremos la sorpresa", ha subrayado Joan Baldoví.

El CGPJ designa un juez de refuerzo para el juzgado encargado de investigar el agujero en Emarsa

MADRID.- La Sala de Gobierno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado designar un juez de refuerzo para el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

   El Consejo ha adoptado esta medida ante la cantidad de declaraciones previstas para este mes en el juzgado, algunas de ellas de mañana y tarde, han indicado las mismas fuentes.
   Las declaraciones comenzaron el pasado día 7 de octubre con el exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), Esteban Cuesta. Todavía está pendiente citar al resto de imputados y de testigos, con lo que se prevé que las declaraciones se prolonguen todo el mes.
   La causa, abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios, tiene su origen en una denuncia del PSPV en la Emshi en octubre de 2010, quien denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones.

La banca española podría tardar 45 años en deshacerse de su 'stock' de suelo

MADRID.- Las entidades financieras españolas podrían tardar hasta 45 años en deshacerse de su cartera de suelo, cuyo valor asciende a unos 49.000 millones de euros, si se mantiene el actual ritmo de transacciones, y hasta cinco años en drenar su 'stock' de pisos, que supone otros 21.000 millones, según el consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Ángel Berges.

El suelo copa el 70% de los activos inmobiliarios que actualmente acumulan bancos y cajas en sus balances, mientras que las viviendas representan el 30% restante.

Según AFI, el valor total de los activos 'atascados' en los balances del sistema financiero español ascienden así a unos 70.000 millones de euros, con datos al cierre del mes de junio.

Durante su intervención en el XXX Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Berges afirmó que, a la vista de estas cifras, "el sector de la construcción y el financiero se han convertido en hermanos de sangre", puesto que su destino a día de hoy va aparejado. En su opinión, el gran reto al que se enfrentan es a la "movilización" de estos 'stocks'.

Asimismo, señaló que existe una "absoluta necesidad de plantear la creación de vehículos", en forma de "aparcamientos" o "bancos malos", para atajar el problema.
 
Según dijo, en España se ha producido una "sistemática oposición" a este tipo de soluciones, 
 si bien aseguró que "hay que volver a plantearlas con cierta urgencia" e incluso que, tras los "enormes problemas" en los que se ha visto envuelta la banca francesa, esta posibilidad "está más cerca que en junio".

Standard & Poor's rebaja de A a A- el rating del Instituto Valenciano de Finanzas

VALENCIA.-   La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha decidido rebajar el rating del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), desde A a A-, con perspectiva de calificación negativa. Asimismo, el corto plazo pasa de A-1 a A-2, según ha informado en un comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).    

Ambas rebajas vienen motivadas por las bajadas en la calificación crediticia de la Comunitat Valenciana, desde A a A- para el largo plazo y desde A-1 a A-2, para el corto plazo, debido a la garantía explícita que por parte de la Comunidad tiene reconocida en su Ley de creación, el Instituto Valenciano de Finanzas.

El 25% de niños españoles sufre malnutrición agudizada por la crisis

MADRID.- El 25 por ciento de los niños españoles menores de 16 años sufre malnutrición, según han explicado a hoy diversas entidades del tercer sector social, que atribuyen este dato a la crisis económica, que hace que muchas familias no puedan comprar carne, pescado y fruta para alimentar a los más pequeños. 

   Según ha destacado la vicepresidenta de Fedaia, Conxi Martínez, esta malnutrición infantil se da en familias castigadas por el paro y con graves problemas económicos que les impiden ofrecer una dieta equilibrada a los más pequeños.
   Entidades como Fedaia, que aglutina 78 entidades que atienden a más de 35.000 niños y jóvenes, han visto incrementada su demanda en los últimos meses y, según ha avanzado Martínez, estas cifras de malnutrición y pobreza infantil "aumentarán considerablemente cuando se actualicen los datos".
   Por ello, entidades del tercer sector como la citada federación, Cáritas y la Cruz Roja han pedido al Govern que refuerce las becas comedor puesto que seguir la dieta diaria en la escuela es "la única garantía para muchas familias para alimentar de forma equilibrada a sus hijos", según destaca un informe de Cáritas Diocesana de Barcelona.
   De hecho, el 17% de los niños que vive bajo el umbral de la pobreza sufre obesidad infantil, el doble que los menores sin dificultades económicas, enfermedad que se deriva de una alimentación que carece de frutas y verduras, según ha destacado Martínez.
   El representante de ECAS en el grupo 'Pobreza y exclusión social de la infancia y la adolescencia' de la Conselleria de Bienestar Social y Familia, Jordi Collado, ha explicado que las familias españolas acechadas por la crisis se ven obligadas a privarse de lo más básico, como la alimentación y la higiene.
   También ha remarcado que los que más sufren en este proceso son los niños, que "no son responsables de su sufrimiento y no disponen de suficientes mecanismos para defender sus intereses y necesidades".
   El perfil de la pobreza infantil en España corresponde a niños que no disponen de ropa adecuada, no comen correctamente, no gozan de espacio para hacer los deberes ni jugar en sus casas, ya que sus padres se ven obligados a compartir piso, y no acuden a actividades extra escolares ni de ocio por la falta de recursos de sus padres, según ha avanzado Martínez.
   "Esta situación desencadena problemas psicológicos, que a su vez repercuten en el fracaso escolar y, por lo tanto, genera una espiral de exclusión social que se debe parar", ha asegurado Martínez.
    El 30 por ciento de los hijos de familias que subsisten con menos de 640 euros al mes no consigue el graduado escolar, según destaca el informe de UNICEF y la Fundación Pere Tarrés.
    Las entidades del tercer sector han reclamado al Govern que los recortes no afecten a las ONG y que elabore "un proyecto claro y conciso entre todas las partes", según ha asegurado Collado, coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este lunes.  
    En este sentido, Fedaia inició una campaña el pasado mes de junio para concienciar a todos los agentes políticos, económicos y sociales, de que la crisis agudiza la pobreza más extrema en aquellos colectivos más frágiles y vulnerables, especialmente los niños, y para potenciar la apertura de centros abiertos, dónde las familias puedan llevar a sus hijos en caso que no los puedan atender.

Los ayuntamientos resucitan el 'catastrazo'

MADRID.- Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han caído hasta más de un 50% los ingentes ingresos que cosechaban los ayuntamientos españoles con los impuestos que provenían del ladrillo, como el de obras o el de la plusvalía. Muchos municipios rozan la quiebra técnica y han decidido que la única vía para superar el bache es cargárselo a los ciudadanos. Van a empezar a recaudar más en 2012 con otro tributo ligado a la vivienda: el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI. ¿Cómo? Recuperando el catastrazo, revela hoy 'Público'.

Lo están haciendo muchos consistorios para poder arañar más ingresos y la tendencia será creciente en años venideros, apuntan fuentes solventes, que conocen las peticiones de centenares de gobiernos locales.
Si sube el valor catastral de un piso, que es la base que se tiene en cuenta para calcular el IBI, automáticamente aumenta también este impuesto en la misma proporción. Salvo que el alcalde de turno decida bajar el tipo aplicado en el tributo y, aun así, es difícil amortiguar mucho la subida. Al basarse el alza del IBI en un aumento del valor catastral, los ayuntamientos suelen echar la culpa política al Ministerio de Economía y Hacienda, del que depende la Dirección General del Catastro, porque, en general, no están subiendo el tipo de gravamen. Pero lo que los consistorios no cuentan es que son ellos los que solicitan que se actualice el valor y provocan el aumento.
El Catastro revisa el valor catastral según lo que ha crecido el valor de mercado, muy en síntesis. Y el saldo de los últimos diez años da una espectacular subida, porque, aunque durante el boom inmobiliario (de 1999 a 2007) más que se duplicó el valor de los pisos, las caídas registradas desde 2008 (del 24%, sin contar la inflación) sólo han servido para amortiguarlo relativamente.
Cuando pasan diez años desde la última revisión del valor catastral de los pisos, la ley dice que se puede actualizar siempre que lo pidan los alcaldes. Ahora, la necesidad obliga y este año ya son 210 municipios los que han pedido y estrenarán en 2012 una revisión del valor catastral de todas sus viviendas.
Entre ellos, sólo hay siete de gran tamaño, todos del Partido Popular, entre los que figura la capital, Madrid. Le siguen el también madrileño Móstoles, los turísticos Castellón de la Plana, Marbella e Ibiza, además de Ciudad Real. Como resultado de estas revisiones, el valor catastral medio sube entre el 57 y el 162%.
Esto se traduce en que el IBI aumentará en esos municipios en los próximos diez años en una proporción prácticamente igual, que va del 55 al 162%, tras considerar que Ibiza y Ciudad Real han introducido una ligera rebaja en el tipo que aplican al impuesto sólo para 2012.
Mención aparte merece Leganés, donde hay familias que llevan desde 2007 soportando subidas del IBI por la revisión del valor catastral. Tanto es así que el Ayuntamiento acaba de rebajar el tipo del gravamen un 20% para evitar que en 2014 el alza del IBI llegue al 125% con otra revisión catastral.
En el primer año de aplicación para el resto de ayuntamientos, que será 2012, se pondrá en marcha una reducción para que los contribuyentes no tengan que pagar de golpe hasta más del doble de IBI de un año para otro. Pero esto no impide que haya subidas desde el primer año. Además, las reducciones van menguando ejercicio tras ejercicio, lo que supone que este impuesto aumentará a buen ritmo hasta que en 2021 llegue a su aplicación plena.
Los marbellíes serán los más afectados por la subida del IBI provocada por el catastrazo. Como este valor no se revisa en Marbella desde 1987, aumenta para 2012 nada menos que un 162%. Esto paliará los excesos del pasado.
Mientras, en Ibiza, la subida del IBI será de más del doble, pese a que el Ayuntamiento ha bajado un 5% el tipo de gravamen. Y en Ciudad Real, que también ha reducido el tipo un 2%, el aumento será de entorno al 55%.
Pero los madrileños son, sin duda, los más afectados en número. Dos millones de hogares de la capital pasarán a pagar una media de un 74% más en diez años, porque es lo que sube el valor catastral, según admite el propio equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Aunque el dato del valor catastral medio deja el alza en el 70%.
Gallardón abandonará previsiblemente el Ayuntamiento de Madrid para ir al Gobierno, si el PP gana las elecciones, pero deja de regalo a sus contribuyentes una subida media del IBI que en 2012 se limitará al 5,7%, asegura el consistorio. Aunque esto es sólo un promedio y, en la práctica, a muchos hogares les sube la cuota hasta un 20%, como están comprobando en las notificaciones que reciben. Además, la subida irá in crescendo, muy por encima del coste de la vida, a partir de 2013 y tendrán que ir pagando más y más.
En concepto de IBI, el consistorio madrileño había calculado que en 2011 ingresará 1.020 millones, según el presupuesto para este año. Con la subida del 5,7% del próximo año, la recaudación aumentará al menos en 50 millones. (tributarán nuevas viviendas que no están contabilizadas en este ejercicio). El IBI supone casi la mitad de lo que el Ayuntamiento percibe por impuestos y en torno a una cuarta parte de los ingresos totales.
Hay que matizar que si la subida es tan alta en Madrid es porque no se actualizaba el valor catastral desde 2002 y tampoco se ha revisado año a año, como manda la Ley de Presupuestos para el resto de municipios, por una exención legal que se decidió en 2002.
Pero, en todo caso, penaliza a los madrileños. "Además, la subida del valor catastral incide también en la tasa de basuras que ha creado el Ayuntamiento. Al final, un pensionista o un mileurista puede pagar de IBI y de tasa de basuras casi 300 euros", señala Noelia Martínez, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Hay casos en que más.
En Móstoles, un gran municipio del extrarradio de Madrid, el catastrazo hará que 119.000 familias tengan que pagar más del doble de IBI en diez años, en concreto, un 124% más. Aunque, tras las elecciones de mayo, el Ayuntamiento, del PP, decidió rebajar el impuesto.
Resulta curioso el ejemplo del municipio madrileño de Tres Cantos, cuyo alcalde, José Folgado, fue secretario de Estado de Presupuestos en el Gobierno de José María Aznar. El PP nacional clama contra la idea de subir impuestos. Sin embargo, cuando gobierna, no siempre hace lo que predica. Y el ejemplo es que Folgado avala esta subida del IBI tras solicitar la revisión del valor catastral, que eleva la cuota que tienen que pagar las familias entre un 150 y un 160%, como denuncia IU. Esta formación pide a Folgado que modifique el tipo impositivo para que las familias "puedan hacer frente al impuesto sin dificultades", señaló su portavoz, Federico Mas, en un comunicado. Si no se hace, "el IBI subirá de nuevo en 2012 entre un 10 y 15%".

La CAM no auditó las cuentas que cuestiona el Banco de España

ALICANTE.- Cuando comenzaba a arreciar la tormenta sobre Caja Mediterráneo (CAM), tras la ruptura de la «fusión fría» que había pactado con Cajastur, la entidad financiera con sede en Alicante declaró, en el primer trimestre de 2011, unos beneficios de 39,8 millones de euros.

Un balance que no hacía presagiar que, apenas tres meses después, el Banco de España intervendría la caja y destituiría a los miembros de su consejo de administración, para sanear sus cuentas y evitar su quiebra.Una vez los nuevos administradores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tomaron las riendas de la entidad, desvelaron que durante el primer semestre del año CAM había perdido 1.136 millones de euros.
¿Cómo pudo pasar Caja Mediterráneo de ganar 39,8 millones a perder más de 1.100 en apenas tres meses? La respuesta puede estar en la decisión del FROB de despedir a la hasta ahora directora general de la caja, María Dolores Amorós, bajo la acusación de falsear las cuentas y actuar en beneficio propio
Una acusación que la propia Amorós ha negado categóricamente.
Lo cierto es que, según han confirmado a 'Abc' fuentes de la entidad, las cuentas del primer trimestre cuya validez pone en duda ahora el Banco de España no habían sido avaladas por la empresa auditora que habitualmente fiscaliza el balance de la entidad. Dicha firma se encarga de auditar las cuentas anuales de la CAM, pero no los resultados que da a conocer trimestralmente a la CNMV.
Los miembros del consejo de administración de Caja Mediterráneo y los altos directivos de la entidad se repartieron en 2010 más de 4,5 millones de euros en sueldos y dietas. Del total, el grueso de las remuneraciones se refiere al sueldo del personal de dirección y los consejeros en su calidad de directivos: casi 2,87 millones de euros.
Mientras, las nuevas exigencias de capital a los bancos por parte de la Unión Europea y las elecciones generales del 20-N complican aún más la subasta de la entidad, inicialmente prevista para final de octubre. Las ofertas de Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell han sido escogidas como las mejores por el FROB. Sin embargo, ninguna ha accedido a la auditoria de la caja para conocer el estado de sus cuentas y poder presentar oferta en firme.

Insultos tras el pelotazo

Los responsables de Caja Mediterráneo (CAM) antes de la intervención, el expresidente del consejo de administración, Modesto Crespo, y el exdirector general, Roberto López Abad, afrontan de manera diferente su vida tras desvincularse de la entidad. Pero en su actual rutina hay una constante que les mantiene en alerta: el creciente cabreo de sus convecinos, que los consideran responsables directos del saqueo de la caja, recuerda hoy 'El País'.
Crespo reparte su tiempo entre su negocio de automoción en Elche y la presidencia del Patronato del Misteri d'Elx. Este emblemático cargo es el único que conserva, después de una década en la que escaló hasta la cúspide empresarial y financiera de la provincia de la mano del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. 
El tiempo libre lo ocupa en las partidas de dominó en un club social de Santa Pola. Tanto en la presidencia del Misteri como en ese club social ya lo miran de reojo.
López Abad, tras embolsarse los 5,8 millones de indemnización, se dedica exclusivamente a su familia. Los hábitos laborales han dado paso a la rutina doméstica. Es habitual verlo a primeras horas de la mañana, vestido con ropa deportiva, comprando el pan y el periódico. 
Pero la vuelta al anonimato de López Abad no es un remanso de paz. Ya ha experimentado en carne propia el calado social del lamentable estado al que abocó la CAM: un grupo de extrabajadores de la CAM insultó al exdirectivo en un club de tenis.