MADRID.- Los ayuntamientos siempre han pagado mal, pero ahora, con la caída de los ingresos procedentes del boom del ladrillo, muchas corporaciones locales están estirando indefinidamente los plazos de mora y otras han cerrado sin más el grifo de los pagos.Los efectos los están sufriendo todo tipo de empresas: grandes, como FCC, Endesa y Telefónica, y sobre todo, pequeñas, donde se concentra el 95% del empleo en España.
Prácticamente en cada uno de los 8.200 ayuntamientos de España hay problemas de pago, independientemente del partido que gobierne.El consistorio de Benidorm, por ejemplo, adeuda 30 millones de euros a la constructora FCC, concesionaria del servicio de recogida de basuras.
Pero lo peor es que, acuciado por una deuda total de 130 millones, también ha dejado de pagar a sus proveedores más pequeños, que no pueden aguantar un estrangulamiento financiero de esas características, según "El Mundo".
La mayoría de las pymes apenas gozan de capital circulante para hacer frente a las nóminas y a los pagos diarios. Es la peor crisis crediticia conocida nunca, a la que se suma ahora la morosidad de los ayuntamientos.
Si a principios de año los municipios tardaban seis meses de media en abonar sus facturas a las empresas privadas, ahora superan los ocho meses, según una gran empresa que prefiere ocultar su nombre.Muy lejos queda la ley de morosidad, que fija un máximo de 60 días.
Durante los cinco últimos años, cuando la recaudación de los impuestos procedentes de la construcción iban como un tiro, las corporaciones se pulieron en gasto corriente el espectacular aumento de sus ingresos (un 50%). Entre 2002 y 2007, el pago de las nóminas de estas entidades aumentó también un 50%. Ahora, los ayuntamientos se han convertido en las primeras empresas de cada localidad por número de empleados y por volumen de gasto. En muchas corporaciones, el gasto de personal supone casi la mitad del presupuesto anual. También subieron los gastos en bienes corrientes y servicios (la compra de material y suministros), un 68%. En este periodo los gastos financieros sólo crecieron un 2,8%, ya que los ayuntamientos han preferido financiarse por la vía de las deudas a particulares que acudir a líneas de crédito de los bancos. Según el Banco de España, las corporaciones locales tienen hasta junio de 2008 facturas sin pagar por valor de 30.559 millones (incluyendo a diputaciones, consejos y cabildos) frente a los 24.153 millones de hace cuatro años. La mitad de la deuda corresponde a capitales de provincia. A esta cifra hay que sumarle los 5.164 millones de déficit extrapresupuestario que han configurado, creando un parque empresarial para ocultar en muchos casos el volumen de la deuda y dar empleo a familiares y compromisos políticos. La Administración Central, la que depende directamente del Gobierno, es de las que mejor pagan. Es decir, suele cumplir los plazos de 60 días de demora en general. Entre otras cosas, porque sus clientes y proveedores, sobre todo los de obra pública, suelen ser grandes empresas que necesitan liquidez para mantener su músculo financiero. El gran escollo está en los ayuntamientos: el incumplimiento en el pago se ha disparado desde que estalló la burbuja inmobiliaria y acabó con las expectativas de los gobiernos locales de seguir recaudando espectacularmente y de gastar aún más. Lo normal en una economía, incluso en la doméstica, es reducir gastos cuando merman los ingresos. Este no es el caso de los municipios (tampoco del resto de las Administraciones Públicas) que han engordado sus partidas de gasto corriente y que no se atreven a meter la tijera en épocas de vacas flacas. Por ejemplo, en cinco años el presupuesto de personal de todos los Ayuntamiento ha pasado de 10.419 millones a 15.549 millones y el de los suministros de 9.154 a 15.439 millones. En lugar de reducir el gasto, los municipios están aumentando el plazo de demora con los acreedores (en algunos casos renegociando a largo plazo con los principales proveedores), mientras otros están optando por subir impuestos para recaudar más. Ante la falta de pago en el plazo legal, la mayoría de la facturas corren con un 11,20% de interés de demora, aunque no saben cuándo van a cobrar. Es decir, los municipios se financian el gasto aplazando el pago de la deuda en lugar de acudir al banco a pedir un crédito para pagar estos servicios, que seguramente se lo darían con buenas condiciones. En este deterioro en el pago han entrado también las grandes compañías suministradoras de la luz y el teléfono. Según fuentes de estas compañías, «cada vez cuesta más cobrar y firmar acuerdos de aplazamiento de pago creíbles». Ya se han producido algunos cortes de suministro por parte de Telefónica. La mora afecta aún más a las pymes, a las subcontratas de servicios y a los autónomos. Otras pymes, que saben que van a tardar mucho tiempo en cobrar, incrementan, con el consentimiento del Ayuntamiento, la cantidad de cada factura por encima del interés de demora para no salir muy perjudicadas. El problema es cuando el banco le cierra la línea crediticia y no puede pagar las nóminas a corto plazo. Los ayuntamientos se quejan de que no reciben los fondos suficientes del Estado y de las autonomías. Pero, en realidad, no deberían tener deudas porque la Ley de Estabilidad les impide tener déficit.Es decir, los ingresos deben ser superiores a los gastos. La picaresca ha consistido en no pagar y demorar facturas asumiendo a la vez mayores compromisos de gasto.
No han reducido este agujero negro en los años de bonanza recaudatoria del ladrillo. Quizá algunos esperan, como ocurrió por primera vez a finales de los años 80, que el Estado se haga cargo de todas ellas y ponga el contador a cero.
