miércoles, 29 de octubre de 2008

Bancaja y CAM, fusión en el aire

VALENCIA.- La crisis que viven los mercados financieros, ha producido una paralización del mercado interbancario, situación que afecta especialmente a las Cajas de Ahorro Españolas. Según un estudio de la Fundación de Estudios de las Cajas de Ahorros, Funcas, el sistema financiero español es el mas expuesto a la crisis inmobiliaria muy por encima de países con un alto riesgo como Australia, Japón, Reino Unido y EEUU, según recoge "Diario de Valencia".

Esta coyuntura ha suscitado que desde diversos foros y entidades como el Banco de España y CECA, se pida a las 46 cajas de ahorros españolas que busquen soluciones ante la dureza de la crisis financiera y la caída inmobiliaria.

En ese sentido, se apunta la conveniencia de poner en práctica un proceso de fusión entre algunas cajas de ahorro.

Sobre la posible fusión entre Bancaja y CAM desde la CECA, algunos técnicos de la Confederación, estiman contraproducente la misma afirmando que la caja resultante no supondría un ahorro de costes y todavía peor, no se “diversificarían los riesgos”.

Estas opiniones indican que "la fusión lejos de aportar una solución, generaría un problema mayor".

En esta situación, mientras en Andalucía y País Vasco las fusiones entre las cajas son un proceso irreversible, en la Comunidad Valenciana, la fusión sigue estando en el aire.

La patronal de la construcción lamenta que se generalice un "desprecio al ladrillo"

VALENCIA.-El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y vicepresidente de la CEOE, Juan Lazcano, lamentó el "desprecio al ladrillo" que se está generalizando y que no tiene en cuenta "el estado del bienestar" que ha proporcionado el sector en los últimos años.

Lazcano considera que las referencias que se hacen al "urbanismo salvaje" están dando una "idea despectiva del ladrillo" sin "tener en cuenta el estado de bienestar alcanzado" gracias a este sector.

El presidente de la patronal recordó que la construcción constituye el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) y que es un sector generador de empleo, pese a que actualmente "sufra la pérdida" de puestos de trabajo.

En este sentido, Lazcano indicó que el sector ha perdido 30.500 puestos de trabajo al mes en el último año, según datos de las altas en la Seguridad Social.

Ante esta coyuntura, el presidente de CNC solicitó que "se implementen cuanto antes" las medidas diseñadas por el Gobierno, porque, según advirtió, "este año se van a dejar de construir 200.000 viviendas con el consiguiente descenso de la actividad y el empleo".

"Es mejor subvencionar actividad que desempleo", insistió en recordar al Gobierno.

En esta misma línea, reiteró su demanda de crear una vivienda de precio intermedio entre la libre y la protegida. Con ella, pretenden drenar 'stock' de más de 600.000 viviendas sin vender que actualmente existe en España, el primer problema que el sector debe solventar.

También reclamó "sensibilidad para con el comprador".

"Para que tenga garantía de que el tipo de interés no le va a dar sustos y que sea razonable", señaló.

En su opinión, sigue existiendo demanda de vivienda. "Con lo que todas las iniciativas dirigidas a incentivarla o dinamizarla vendrán bien para volver a generar actividad", indicó Lazcano durante la inauguración del IV Congreso Nacional sobre el Mercado Inmobiliario y la Construcción de Valencia.

Además, instó al Ejecutivo a invertir en infraestructuras de obra civil, por considerar que se trata de "un factor de demanda agregado a la vivienda que ayuda a dinamizar la actividad y genera empleo".

Ruralcaja obtiene un beneficio de 27 millones hasta el tercer trimestre de 2008, un 37% menos

VALENCIA.- Ruralcaja ha obtenido un beneficio neto de 27 millones de euros en los primeros nueve meses de 2008, un 37% menos que el pasado año "como consecuencia de unos mayores costes de financiación y unas mayores necesidades de dotaciones para preservar la solvencia y mantener la fortaleza financiera de la entidad en el complejo contexto económico", según informó la entidad.

Así, al término del tercer trimestre, el activo total alcanzó los 8.914 millones de euros, con un aumento del 3,23% respecto al mismo periodo en 2007.

Por su parte, el volumen de negocio se situó en 16.328 millones de euros, lo que supone incremento del 4% respecto al mismo periodo del ejericio anterior, "debido al incremento de clientes particulares y a una mayor actividad con las pymes, comercios y autónomos, una de las principales bases de la línea de negocio de Ruralcaja", señaló la entidad.

La solvencia de Ruralcaja se consolidó con un ratio del 11,56% 3,56 puntos por encima del nivel mínimo regulatorio, y ha alcanzado unos recursos propios computables de 714 millones de euros. Así, los depósitos de la clientela aumentaron un 2,69% interanual hasta alcanzar los 7.155 millones de euros, mientras que los recursos gestionados de clientes se cifraron en 8.058 millones de euros, un 0,44% más.

Por otra parte, la rúbrica de crédito a la clientela, de 8.269 millones de euros, creció un 7,72% en los doce últimos meses, y el ratio de morosidad se situó en el 4,82%.

Respecto a la evolución del crédito a la clientela, desde Ruralcaja indicaron que "la tendencia refleja que este crecimiento se va moderando con respecto a los dos trimestres anteriores y confirma la situación actual de los mercados".

"De esta manera se observa, por una parte, una reducción en la demanda del crédito y, por otra, unas mayores exigencias por parte de las entidades de crédito para cubrir el riesgo de crédito junto con unos altos tipos de interés", añadieron.

La evolución de esta rúbrica en periodo interanual ha sido de un crecimiento del 15,85% en el primer trimestre, al que le siguió un incremento del 11,02% en el segundo hasta alcanzar el 7,72% en el tercero.

"La liquidez supera los 400 millones de euros, lo que sitúa a la entidad en un sólido posicionamiento para afrontar las necesidades del mercado", indicó la entidad.

Asimismo, desde Ruralcaja anunciaron que han emitido pagarés por un importe máximo de 200 millones de euros, ampliable a 400 millones, cuyo valor nominal unitario es de 50.000 euros. "Ello permite a la entidad contar con una vía más de financiación a corto plazo, complementaria a las ya existentes, y refuerza así tanto su capacidad financiera como su liquidez para afrontar las nuevas circunstancias del mercado", indicaron.

El margen de intermediación se situó en 147 millones, con un descenso del 1% respecto al tercer trimestre de 2007 como consecuencia del encarecimiento de los costes de financiación para la entidad. Esta disminución se pone de manifiesto en la evolución de todos los márgenes de la cuenta de resultados hasta el margen de explotación, que se redujo un 12% y que ascendió a 68 millones de euros. El margen ordinario alcanzó los 174 millones de euros con un crecimiento del 0,87%.

Por otro lado, entre algunas de las principales acciones desarrolladas en el último trimestre, el Director General de la Entidad, Juan Antonio Gisbert (en la imagen), ha elaborado un nuevo organigrama con la finalidad de "simplificar y agilizar la toma de decisiones e implantar un nuevo modelo de gestión basado en la calidad, el servicio y la eficiencia".

En este sentido, desde Ruralcaja subrayaron que la calidad del servicio y el trato personalizado "continúa siendo una de las principales líneas estratégicas de la entidad". Según un estudio encargado a la consultora Gfk-Emer, con el objetivo de "medir la satisfacción de sus clientes", la nota obtenida por Ruralcaja ha sido de 8,57, mientras que la media del sector se sitúa en 7,98.

Respecto a la firma de convenios, desde la entidad destacaron el firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) "dirigido a apoyar la financiación de vivienda de protección oficial, mediante la titulización de préstamos concedidos a particulares para la adquisición de vivienda protegida".

El convenio se enmarca en la Línea de Avales a Fondos de Titulización de Activos (ICO-FTVPO) y facilitará la concesión de nuevos préstamos, tanto a particulares como a promotores y constructores, por un importe total de 45 millones de euros.

Boyer defiende más flexibilidad en la compra de activos de bancos y garantía "total" a los depósitos

VALENCIA.- El ex ministro de Economía Miguel Boyer defendió anoche la conveniencia de ofrecer "garantía total" para los depósitos de los clientes de entidades financieras y más flexibilidad por parte del Gobierno a la hora de adquirir activos financieros, de modo que "estudien cada caso" y no se limiten "sólo a los mejores activos".

También abogó por la puesta en marcha del sistema de gasto público, sobre todo para ofrecer ayudas que pongan fin a la "parálisis" del sector de la construcción, que tan "grave" es para el empleo, y "subsidios" que permitan a las personas hacer frente a sus hipotecas.

Así, estimó que las medidas aprobadas por el Ejecutivo estatal para ampliar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta los 100.000 euros y crear un Fondo de Adquisición de Activos Financieros de máxima calidad dotado de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones, son positivas, pero están condicionadas por las "limitaciones" que "vienen fijadas por Bruselas y el Banco Central Europeo", y por la "dispersión entre unas opiniones y otras".

Boyer se pronunció en estos términos en la sesión inaugural del XVII Congreso Nacional de Auditoría, que se celebra desde ayer y hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Valencia, jornada en la que pronunció la conferencia 'Situación actual y perspectivas de la economía'.

Respecto a la ampliación del FGD, consideró que "se podía haber hecho la garantía total para los depósitos", ya que "además de que no va a haber ningún caso de insolvencia en España", algo de lo que dijo estar "casi seguro", incluso en caso de que los hubiese, "el Gobierno español acabaría arreglándolos". "Es más práctico decir que están garantizados todos los depósitos", resumió.

En cuanto a los criterios del Fondo de Adquisición de Activos Financieros a la hora de hacerse con los "malos activos" de las entidades para "reducir el riesgo que asumieron y que puedan volver a dar créditos", estimó que "no debe limitarse a adquirir activos triple 'A' para dar préstamos a los bancos" y ser "tan rígidos" que se limiten únicamente a los "mejores activos", sino "ser más flexibles y estudiar cada situación" por la importancia de "limpiar los activos malos".

Planteó además que para hacer frente a la crisis económica actual, "no es suficiente la política monetaria", que "actúa lentamente", por lo que "sería conveniente poner en funcionamiento el sistema de gasto público", orientado "sobre todo" al sector de la construcción, dado que generó en los últimos diez años el 20 por ciento del total de empleos creados y "el problema del empleo es el más grave que tenemos en este momento", con 806.900 desempleados entre el tercer trimestre de 2008 y el mismo periodo del año anterior.

Abogó en este sentido por "aumentar la licitación", ya que consideró "perfectamente razonable" aumentar el gasto público en infraestructuras dado que "siguen siendo insuficientes" en España, mientras que "en cambio, la teoría económica nos enseña que inyectar renta, bien bajando impuestos o bien haciendo un regalo 'por barba' tiene un multiplicador que no llega ni a la mitad del que tiene el gasto público por ejemplo en construcción".

Preguntado por el déficit de las cuentas públicas estatales, Boyer afirmó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 "es muy austero, probablemente temiéndose que el crecimiento va a ser todavía menor del que está previsto" en esas cuentas, y "sabiendo que va a haber más gasto público y menos ingresos públicos por la propia evolución de la crisis", de modo que "el déficit va a ser mayor".

Recalcó que, en situaciones de crisis, "lo más importante no es presumir de un déficit reducido. La austeridad es para los periodos de auge", subrayó Boyer, quien defendió así que "debería haber inversión pública aumentada en infraestructuras y en ayudar a que las personas que tienen hipotecas y que necesitan sus casas, puedan acabar teniendo sus casas" por las "tremendas" repercusiones que tiene sobre el empleo la actual "parálisis del sector inmobiliario".

En cuanto al futuro de la economía española, el ex ministro expresó su desacuerdo con quienes auguran "un futuro mediocre, con retraso y divergencia respecto al resto de países" por la desaparición de los "estímulos" que conllevaron el auge de la construcción, la gran cantidad de mano de obra inmigrante y las cuantiosas transferencias de la Unión Europea.

En este sentido, incidió en que esa postura "no tiene en cuenta el dinamismo mostrado en los últimos 20 años por la economía española", con unos crecimientos del PIB "extraordinariamente buenos" que le llevaron a recortar la distancia con Francia hasta el 60 por ciento, y con Italia, hasta "solamente un 40 por ciento".

Auguró que España seguirá recibiendo un flujo de inmigrantes "bastante considerable", de modo que si bien "no es verosímil" que se pueda "encajar 700.000 personas al año y encontrar trabajo", "habrá una inmigración que será estimulante" porque ocupará los nuevos puestos "que los españoles no ocupan por las buenas", en sectores como el agrario o de la construcción, con lo que "mantendrá una flexibilización del mercado" y "seguirá sosteniendo el consumo y la construcción de viviendas", aunque "en menor cuantía", matizó.

Asimismo, consideró "esperanzador" que España sea "uno de los países desarrollados que más ha venido invirtiendo", con entre un 28 y un 30 por ciento de su PIB, frente al 22 por ciento de media de los países de la zona euro o el 19 por ciento de Estados Unidos, una tendencia que, según dijo, "ha continuado en el primer semestre" de 2008.

Respecto a posibles críticas por destinar "una parte muy grande" a la construcción residencial, sostuvo que para un país como España "es perfectamente lógico" tener mucha actividad en este campo por el gran crecimiento registrado por el PIB por habitante, y precisó que, en cualquier caso, únicamente el 9 por ciento de la inversión fue destinada a residencial, mientras que el 22 por ciento restante correspondió "a inversión productiva", tanto industrial como para obras de infraestructuras.

Subrayó que de cara al futuro, el sector de la construcción "tendrá que ceder un par de puntos", que deberán ser absorbidos por el sector servicios, pero "no hay razón para que desaparezcan muchos de los impulsos de los últimos años" ni "el dinamismo de los últimos 20 años", insistió Boyer, quien agregó que "hace falta mejorar la educación de los españoles, no sólo en I+D+i", sino para lograr "una educación secundaria razonable y una enseñanza profesional universitaria".

Detenida la alcaldesa socialista de San Fulgencio (Alicante) y 4 ediles de su equipo de gobierno

ALICANTE.- Agentes de la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer mañana a la alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, así como a otros cuatro ediles del Consistorio en relación con una trama urbanística, por la que también fueron detenidos hace unos días el teniente de alcalde, Manuel Barrera, así como el jefe de Policía Local y el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, que ha vuelto a ser arrestado, según señalaron fuentes cercanas al caso.

Las detenciones se produjeron, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al Ayuntamiento de San Fulgencio, leyeron sus derechos a la alcaldesa, los ediles socialistas Juan Antonio Gamuz y Juan Antonio González Palanco, y los concejales de la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (Apsfyu), Mariano Martí y Fina Reme.

A continuación, los agentes clausuraron las dependencias del equipo de Gobierno, de modo que nadie pudo ni entrar ni salir durante la operación, y realizaron un registro de los despachos de los detenidos.

Apsfyu gobierna en coalición con PSOE y con la Agrupación Independiente del Mediterráneo (AIM), cuyo presidente Manuel Barrera fue detenido por un delito de cohecho en la misma operación el pasado 20 de octubre.

La noticia de la detención de la alcaldesa y de parte de su equipo de gobierno se extendió rápidamente entre los vecinos de San Fulgencio, que acudieron a las puertas del Consistorio para presenciar la operación.

Solbes, "sensible" a las dificultades financieras de ayuntamientos, les pide que ellos lo sean con el Estado

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró que el Gobierno es "sensible" con las dificultades financieras actuales de las corporaciones locales, pero puntualizó que éstas, a su vez, "tienen también que ser sensibles" con la situación económica actual.

"Aquellos problemas que están teniendo el Estado y las CCAA los van a tener también las corporaciones locales, y hoy el margen de maniobra del Estado para echar una mano a otras administraciones es menor que en otros momentos de la pasada legislatura", subrayó.

Solbes expuso esto durante una interpelación del senador de CiU Joan María Roig i Grau, quien durante la sesión de control al Gobierno preguntó acerca de las perspectivas y el calendario del proceso de mejora del sistema de financiación local.

Así, aseguró que el Gobierno está "muy encima" de la negociación local y le está "prestando la mayor importancia", al tiempo que señaló que el calendario de la financiación local "va a ir en cierta medida en paralelo con las Comunidades".

Aprovechó también para recalcar que la caída de ingresos del Estado "ha sido muy significativa y eso afecta a CCAA y corporaciones locales". En cualquier caso, puntualizó que si se analiza lo que va a suceder con los ayuntamientos en los Presupuestos para 2009 se ve que "a pesar de la importantísima caída de ingresos del Estado, hay un incremento del 2 por ciento de incremento para las corporaciones locales para 2009".

En este sentido, recordó el pacto firmado en julio de 2005 entre Gobierno y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que motivó que se tomaran diversas medidas en la pasada legislatura, como el reconocimiento de la compensación derivada del IAE, por 120 millones de euros anuales de partida.

También recordó que se puso en marcha un fondo especial para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, dotado con 40 millones de euros, y que también está contemplado en los PGE para 2009. Agregó que las negociaciones van "avanzando" y explicó que esta es una cuestión "de largo plazo y no coyuntural de corto".

Aseguró que la comisión técnica que trabaja por la reforma de la financiación local está debatiendo acerca de las competencias impropias, e insistió en recordar medidas de la pasada legislatura, como los anticipos de liquidaciones a cuenta para los municipios, con un sistema diferente al de las CCAA.

"Esto ya se hizo en 2006 y supuso un adelanto en la percepción de ingresos de 860 millones de euros para los ayuntamientos. En 2007 ha llegado a 957. En 2008 el anticipo ya está en marcha también por 445 millones de euros", indicó.

El senador Roig i Grau, por su parte, recalcó que la situación actual de los ayuntamientos es "preocupante" y puede conlleven el riesgo de que "dejen de prestarse servicios municipales".

Por eso, consideró "insuficiente" la actual financiación municipal y reclamó "medidas que no queden supeditadas a esta reforma estructural que ineludiblemente debe ser abordada". Asimismo, resaltó que históricamente "los municipios han tenido que asumir una parte considerable de su presupuesto para gastos impropios".

Así, planteó una serie de propuestas, como un nuevo marco de financiación local adecuado para los ayuntamientos, para el cual "la mejor guía sería la nueva redacción de la ley de Haciendas Locales". También solicitó al Gobierno que "se abstenga" de promover leyes que impliquen nuevas obligaciones para los ayuntamientos "si no van dotadas de la correspondiente financiación".

En esta línea, reclamó la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria, el retorno del IVA soportado en la obra pública, que se revisen las actuales exenciones del IBI, que se llegue al 98 por cien en los anticipos como entrega a cuenta de las transferencias estatales, una reforma de la legislación sobre modificaciones de créditos, y que el Estado garantice la prestación de unos "servicios mínimos y básicos para los ayuntamientos, a través de un fondo especial para pequeños y medianos municipios".

"Se trata de dar a cada uno lo suyo, de garantizar que los servicios municipales puedan seguir prestándose sin que suponga un factor discriminatorio el tamaño de los mismos. Supone también apelar a la mayoría de edad de los gobiernos locales, que van a cumplir los 30 años de democracia, y que deben afrontar nuevos retos en esta situación económica. Solicitamos un pacto, un gran acuerdo, para solucionar en la medida de lo posible la situación de estos ayuntamientos", finalizó.

Moody´s rebaja las calificaciones de Bancaja y la CAM por su perspectiva negativa

MADRID.- La agencia de calificación de riesgo Moody's informó de que ha rebajado los ratings de la Caja de Ahorros de Valencia (Bancaja), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la Caixa Catalunya a A2/P-1/C.

Moody-s señala que la calificación de Bancaja pasó del A1/P-1/C+ al A2/P-1/C con perspectiva estable, pero agrega que la caja está bajo revisión para una mayor rebaja.

Esta actualización está relacionada con las calificaciones asignadas a los bonos emitidos por ABS y RMBS, cada uno de los cuales es parte de un acuerdo de permuta ("swap agreement") con Bancaja como entidad garante.

En el caso de CAM, la agencia rebajó la calificación A1/P-1/C+ a A2/P-1/C, con perspectiva negativa y está también bajo revisión para una posible rebaja.

Según Moody's, esta actualización está vinculada con los ratings asignados a los bonos emitidos por ABS y RMBS, cada uno de los cuales es parte de un acuerdo de permita con CAM.

En cuanto a Caixa Catalunya, la calificación pasó de A1/P-1/C+ a A2/P-1/C, con perspectiva negativa y bajo revisión por posible rebaja, indicó el comunicado de Moody's.

Al igual que en los casos de Bancaja y CAM, las calificaciones de Caixa Catalunya están vinculadas con los bonos de ABS y RMBS, cada uno de los cuales es parte de una acuerdo de permuta con Caixa Catalunya.