La medida para "aliviar" esa subida en realidad consiste en alargar el plazo para devolver las cantidades que no se abonaron durante ese periodo, en el que el propio Ximo Puig anunció que se suspendía el canon de saneamiento como medida contra la crisis inflacionista. Así, el nuevo decreto ley contempla alargar el periodo en que se repercutirá en el recibo del agua la parte proporcional de lo aplazado, que pasa de 18 meses al doble de tiempo, 3 años.
Además, la nueva norma contempla que se condonará una parte de esa deuda a los hogares vulnerables para que en su caso el impacto de la subida mensual sea menor. Así las personas beneficiarias del bono social térmico que tengan la condición de consumidor o consumidora vulnerable se aplicarán una bonificación del 30% en la cuota del pago aplazado del canon de saneamiento, mientras que las que tengan la condición de consumidor o consumidora vulnerable severo se les aplicará una bonificación del 50%.
En total, esa rebaja en la subida de la factura del agua beneficiará a unas 174.000 familias, a las que ahora se 'perdonarán' 7,62 millones de euros por ese concepto. Una cifra mínima de los casi 280 millones de euros que se estima que se dejaron de cobrar durante el año en que estuvo en vigor la medida y que, por tanto, prácticamente serán reembolsados en su totalidad en los recibos de los próximos 36 meses.
Aunque el canon de saneamiento depende en parte del consumo, cada hogar valenciano dejó de pagar unos 12 euros al mes de media según los datos de la propia Generalitat cuando anunció la "suspensión" sin aclarar que era un aplazamiento. El prorrateo de la cantidad aplazada en 18 meses suponía 8 euros de subida media al al mes, que al repartirse en el doble de tiempo queda en unos cuatro euros más al mes.
Pero la subida que notarán los valencianos en sus recibos a partir de agosto serán mayores si se comparan con la del año anterior, por la recuperación de ese gravamen. Es decir, la factura reflejara ahora esos 12 euros más de media a los que se añaden 4 euros extra por lo aplazado, siempre en términos de media general. Es decir, que la factura de julio a agosto se aumenta en 16 euros de media.
Hay que tener en cuenta también que en el pago del agua se incluyen otros impuestos y tasas municipales que depende de cada ayuntamiento y que tampoco las tarifas son iguales en todos los municipios.
La portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, lo calificó como "el estropicio de Ximo Puig" y consideró un "engaño" lo que se anunció como una "supresión cuando era una moratoria".
En las últimas semanas ayuntamientos tanto gobernados por populares como socialistas han mostrado su indignación por la subida de las facturas. Sin embargo cuando se publicó el decreto del Botànic que recogía que era una cantidad que se tendría que abonar en los sucesivos recibos, como además apareció reflejado en la letra pequeña de las facturas de los operadores, apenas provocó reacciones.
