jueves, 28 de noviembre de 2024

Científicos europeos reivindican la restauración de las zonas húmedas ante episodios extremos como la dana


VALENCIA.- Grupos de investigación de investigación expertos en biodiversidad y clima de cinco países europeos --dentro del proyecto Wetland4Change, una iniciativa Euro-MED-- han reivindicado la conservación y restauración de las zonas húmedas para hacer frente a los "episodios extremos favorecido por el calentamiento global, como la reciente dana de Valencia".

El proyecto Wetland4Change es una iniciativa Interreg Euro-MED cofinanciada por la Unión Europea. En la Universitat de València (UV), el catedrático de Ecología Antonio Camacho es el investigador principal, según ha indicado la institución académica valenciana en un comunicado.

"Los ecosistemas, sobre todo los acuáticos, ofrecen servicios ecosistémicos a la sociedad sin los cuales el bienestar humano no sería posible", ha explicado Camacho, quien ha destacado "el papel que l'Albufera y su entorno natural han jugado para disipar la inundación provocada por la dana que sufrió Valencia y l'Horta Sur hace un mes".

 "Gracias al humedal, el caudal se pudo desaguar y extenderse en una zona ancha del mismo lago y los arrozales", ha detallado.

A escala más global, el catedrático de Ecología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva ha apuntado que las marjales ecológicamente más sanas "contribuyen a reducir las concentraciones de efecto invernadero a la atmósfera y, por tanto, ayudan a mitigar el cambio climático".

La Universitat de València ha organizado esta semana una reunión técnica sobre la restauración del Parque Natural de l'Albufera de Valencia, una de las cinco zonas húmedas de reconocimiento internacional Ramsar que se estudian en Wetland4Change, junto con marjales de Francia, Italia, Grecia y Bulgaria.

El coordinador general del proyecto, Petar Petrov, profesor a la University of Forestry de Sofía (Bulgaria), ha argumentado que la iniciativa "aglutina experiencias de cinco países de la cuenca mediterránea con el fin de desarrollar nuevas estrategias y metodologías para prevenir las inundaciones e incrementar el secuestro de carbono".

Este workshop, organizado por miembros del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València, concluye este jueves después de tres días de debates científicos y estudio de varios ecosistemas de l'Albufera, algunos de ellos, afectados por la catástrofe de la dana.

Educación convoca 133 plazas para que funcionariado docente de carrera acceda al cuerpo de profesores de Secundaria

  VALENCIA.- La Conselleria de Educación ha publicado este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden por la que se convoca el procedimiento selectivo de acceso a cuerpo docente de subgrupo superior para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. De este modo, pueden presentarse a este procedimiento quienes llevan más de 6 años como personal funcionario docente en otro cuerpo clasificado de A2.

Se convocan un total de 133 plazas, 120 por acceso y 13 por el turno de reserva de discapacidad o diversidad funcional, siendo la primera vez que se realiza dicha reserva en este procedimiento.

La distribución por especialidades es la siguiente: 4 plazas para Filosofía, 12 para Lengua Castellana y Literatura, 11 para Geografía e Historia, 13 para Matemáticas, 7 para Física y Química, 8 para Biología y Geología, 5 para Dibujo, 3 para Francés, 14 para Inglés, 4 para Música, 7 para Educación Física, 9 para Orientación Educativa, 8 Tecnología, 4 Formación y Orientación Laboral, 7 para Informática, 11 para lengua y Literatura, 3 para Economía y 3 para Administración de Empresas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, el sistema selectivo constará de una prueba y un concurso de méritos.

La prueba consta de dos partes. La parte A será una exposición oral de un tema de la especialidad a la que se acceda, elegido por la persona aspirante de entre ocho elegidos al azar por el tribunal de los correspondientes al temario del cuerpo y especialidad.

La parte B consistirá en la realización de un ejercicio de contenido práctico propio de la especialidad que permita comprobar que las personas aspirantes poseen una formación científica y un dominio de las técnicas de trabajo necesarias para impartir las materias o módulos propias de la especialidad a la que optan.

El inicio del proceso, con la realización de la parte A de la prueba de la fase de oposición tendrá lugar a partir del día 1 de junio de 2025. Además, por primera vez se incluye en la convocatoria un anexo con los criterios de evaluación.

AVA-Asaja eleva a 1.379 millones las pérdidas en la agricultura de la Comunitat Valenciana por la dana

 VALENCIA.- La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) eleva a 1.379,4 millones de euros las pérdidas en la agricultura de la Comunitat por los efectos de la dana. Según ha informado la organización en un comunicado, a medida que los agricultores van pudiendo acceder a las explotaciones, el sector agrario de la Comunitat Valenciana está en mejores condiciones de calibrar el devastador impacto de la inundación.

Cuando va a cumplirse un mes del día de la dana, AVA-Asaja ha apuntado que los principales factores que incrementan en 290 millones el primer balance de la organización son el mayor conocimiento de los destrozos en las infraestructuras, especialmente en las entidades de riego, una merma superior a la inicialmente prevista en las cosechas y la inclusión de daños en más hectáreas de cultivo y municipios afectados, sobre todo de Castellón por los dos periodos de lluvias torrenciales los días 30 de octubre y 13 de noviembre en la provincia.

La sucesión de lluvias, inundaciones, pedriscos y tornados provocó daños «catastróficos» en un total de 50.184 hectáreas agropecuarias de 12 comarcas de Valencia (40.223) y tres de Castellón (9.961). Las comarcas «más castigadas» en la provincia de Valencia son la Ribera Alta (15.588), Utiel-Requena (6.012), l'Horta Sud (5.394) y la Ribera Baixa (5.128). En la provincia de Castellón, las comarcas perjudicadas son el Baix Maestrat (7.364), la Plana Alta (1.991) y el Alt Maestrat (605).

Siempre según la evaluación actualizada de AVA-Asaja, los daños en infraestructuras ascienden a 729 millones, el capítulo que más pérdidas concentra dentro del ámbito agrario. Destacan los desperfectos, por valor de 300 millones, en las de riego.

En este caso, decenas de entidades de riego colectivas y particulares están «gravemente dañadas» por inundaciones, roturas, derrumbes u obstrucciones, algunas de las cuales necesitan una reconstrucción «completa», con casetas de pozos anegadas que, al contener las bombas y los transformadores, lo han perdido todo.

Asimismo, 'tancats' de la Albufera quedaron inundados durante semanas. Las motas de los ríos desbordados, azudes, tomas y compuestas de riego, entre otras infraestructuras hídricas, han sido arrastradas por la riada. 

También se encuentran afectados kilómetros de tuberías, canales y redes de distribución, que han quedado «totalmente inutilizadas» e, incluso, en muchas zonas, al transcurrir enterradas bajo las vías o los cauces, han desaparecido junto a la tierra que las cubrían.

Otro apartado que aumenta las pérdidas conforme transcurren los días es la producción pendiente de recolectarse, ya que los daños directos ya sobrepasan los 322 millones. Los cítricos, con 212 millones de pérdidas en 21.993 hectáreas, constituyen el cultivo más perjudicado.

Además de las cosechas que se perdieron el mismo 29 de octubre a causa de las distintas adversidades climáticas, los citricultores detectan un creciente número de naranjas y mandarinas que pierden su valor comercial e incluso caen al suelo por la excesiva humedad.

AVA-Asaja calcula que la dana reducirá en torno al 15 por ciento la producción citrícola de la Comunitat Valenciana (más de 300.000 toneladas), una cantidad que, aun siendo importante, «no impide al sector seguir garantizando un suministro de fruta suficiente para cubrir los mercados europeos, pero que ya se está traduciendo en un repunte de los precios en origen por la menor oferta».

El caqui es otro cultivo que registra pérdidas considerables, las cuales alcanzan los 64 millones. En este caso, al estar concentrado mayoritariamente en la comarca damnificada de La Ribera, la producción autonómica de caqui se ha visto mermada en un 60%, lo que genera «graves dificultades» para atender los mercados y dispara las cotizaciones. Las hortalizas de temporada (38 millones) y el aguacate (8 millones) también sufren las consecuencias del temporal.

Respecto a las producciones que habían sido recolectadas, los daños se centran en las plantaciones que han sido parcial o totalmente arrastradas. Las superficies dañadas en Valencia y Castellón se elevan a 4.739 hectáreas en almendros, 3.876 en viñedos, 3.357 en olivar, 1.328 en frutales de hueso y 947 en cereales.

En la zona arrocera de la Albufera, el arrastre de todo tipo de materiales, vehículos, enseres, etc. afecta a 3.880 hectáreas de arroz, de tal manera que si no se retiran los residuos y el barro, estaría «en riesgo» la próxima cosecha.

El nuevo estudio técnico de AVA-Asaja asimismo amplía los daños en el sector ganadero, que acumula 23,5 millones de pérdidas. Las instalaciones ganaderas padecen unos desperfectos de 20,5 millones, mientras que los animales muertos representan tres millones.

Los daños en parcelas por asfixia radicular, que requieren una replantación, se mantienen en 85,5 millones. Al igual que los daños en parcelas arrastradas, que necesitan trabajos de acondicionamiento y replantación, con 59,4 millones. Los siniestros en maquinaria y vehículos agrarios están cifrados en 10 millones.

En cuanto a los daños referentes al sector ornamental, la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (Asfplant), entidad asociada de AVA-Asaja, calcula 150 millones entre pérdidas de valor de producción e infraestructuras.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, advierte de que «las medidas de apoyo aprobadas hasta ahora por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana son absolutamente insuficientes para compensar las pérdidas reales del sector agrario en la Comunitat Valenciana».

En primer lugar, según ha criticado, «las ayudas tienen una cuantía que no se acerca ni a la tercera parte de los daños que vemos a pie de campo. Pero es que además muchos productores afectados ni siquiera recibirán un euro porque no son autónomos, no alcanzan el 40% de daños en su explotación según las peritaciones de Agroseguro o su municipio no está incluido en el listado de ayudas».

Por ello, el dirigente agrario apremia al ministro Luis Planas a «convocar de una vez la mesa técnica que prometió para atender al sector agrario, coordinar las actuaciones de las distintas administraciones, mejorar las ayudas para que ningún agricultor pase la mano por la pared y agilizar los pagos, porque de momento no ha llegado nada a nuestros bolsillos y no podemos esperar más tiempo para tratar de recuperar nuestras explotaciones».

Más de 2.500 empresas han solicitado un ERTE por fuerza mayor por la DANA

 MADRID.- Un total de 2.539 empresas han solicitado ya un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor en la Comunidad Valenciana para la protección de 27.765 trabajadores ante las inundaciones provocadas por la DANA, según cifras actualizadas este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

«Seguimos salvando empresas y dando seguridad a miles de trabajadores y trabajadoras», ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

Trabajo ha recordado que es obligatorio que las empresas que se acogen a un ERTE por fuerza mayor soliciten la prestación por desempleo para sus trabajadores.

Para ello, las empresas en ERTE deben presentar una solicitud colectiva de prestaciones por desempleo para el personal afectado ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En caso de no hacerlo, deberán hacer frente al pago de los salarios de la plantilla en ERTE.

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán en torno a un 2,8% en 2025

 MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha aprobado este jueves un Real Decreto-ley con medidas en materia laboral y de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y catástrofes.

La norma contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido, el llamado "permiso climático", que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos.

En concreto, los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves que a partir de esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE de fuerza mayor o prorrogar el permiso, contribuyendo a sufragarlo.

 "Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos", ha subrayado Díaz.

La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco de la ley 10/2021 si su actividad lo permite.

La ministra ha precisado que estos permisos que se incorporan a la legislación permitirán a los trabajadores no acudir a su puesto de trabajo por razones de emergencia climática, como se ha hecho provisionalmente con los trabajadores afectados por la DANA de finales de octubre.

"España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la DANA. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país", ha señalado la ministra en un vídeo remitido a la prensa.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que "estos permisos climáticos" serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al trabajo y no se pueda trabajar a distancia.

"Aquí lo que tenemos es una casuística bien recogida de las causas que pueden dar lugar a estos permisos climáticos y que tienen que ver con la imposibilidad de acudir físicamente al trabajo. Se le da también un rol particularmente importante a los representantes de los trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas. Y tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar el trabajo de manera remota", ha apuntado Cuerpo.

Díaz, por su parte, ha subrayado que, con esta norma, los trabajadores quedarán protegidos frente a incumplimientos o la denegación de estos permisos climáticos. "Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo está para ello", ha recordado la ministra.

La norma aprobada este jueves también establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.

"Vamos a darle un mandato a la negociación autónoma colectiva en las empresas, en cada una de las empresas, para que legislen de conformidad con la emergencia climática. Frente al negacionismo climático de las derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas verdes y lo estamos demostrando justamente hoy con estas normas", ha apuntado la ministra.

La representación legal de las personas trabajadoras contará, a partir de ahora, con un nuevo derecho de información de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, en su caso, podrán parar la actividad.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo máximo de 12 meses, un Real Decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.

Las medidas laborales aprobadas este jueves en el Consejo de Ministros contemplan además el derecho de los trabajadores a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.

Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.

Las empresas tendrán un plazo de 12 meses para tener diseñados protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos.

"Ningún lugar mejor que cada una de las empresas en función de la actividad que presten, de las necesidades que tengan para ajustar esos protocolos que ya van a formar parte de nuestras vidas. Por tanto, hoy España es mejor, damos certidumbre y tenemos normas que van de la mano de la emergencia climática", ha remarcado la ministra.

Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas.

"Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de actuación, como tenemos protocolos para la violencia machista, para la prevención de las violencias LGTBI", ha explicado esta mañana la ministra en una entrevista con TVE.

El Gobierno aprueba el nuevo "permiso climático": hasta 4 días de ausencia al trabajo por catástrofes

 MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha aprobado este jueves un Real Decreto-ley con medidas en materia laboral y de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y catástrofes.

La norma contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido, el llamado "permiso climático", que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos.

En concreto, los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves que a partir de esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE de fuerza mayor o prorrogar el permiso, contribuyendo a sufragarlo.

 "Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos", ha subrayado Díaz.

La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco de la ley 10/2021 si su actividad lo permite.

La ministra ha precisado que estos permisos que se incorporan a la legislación permitirán a los trabajadores no acudir a su puesto de trabajo por razones de emergencia climática, como se ha hecho provisionalmente con los trabajadores afectados por la DANA de finales de octubre.

"España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la DANA. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país", ha señalado la ministra en un vídeo remitido a la prensa.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que "estos permisos climáticos" serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al trabajo y no se pueda trabajar a distancia.

"Aquí lo que tenemos es una casuística bien recogida de las causas que pueden dar lugar a estos permisos climáticos y que tienen que ver con la imposibilidad de acudir físicamente al trabajo. Se le da también un rol particularmente importante a los representantes de los trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas. Y tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar el trabajo de manera remota", ha apuntado Cuerpo.

Díaz, por su parte, ha subrayado que, con esta norma, los trabajadores quedarán protegidos frente a incumplimientos o la denegación de estos permisos climáticos. "Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo está para ello", ha recordado la ministra.

La norma aprobada este jueves también establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.

"Vamos a darle un mandato a la negociación autónoma colectiva en las empresas, en cada una de las empresas, para que legislen de conformidad con la emergencia climática. Frente al negacionismo climático de las derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas verdes y lo estamos demostrando justamente hoy con estas normas", ha apuntado la ministra.

La representación legal de las personas trabajadoras contará, a partir de ahora, con un nuevo derecho de información de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, en su caso, podrán parar la actividad.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo máximo de 12 meses, un Real Decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.

Las medidas laborales aprobadas este jueves en el Consejo de Ministros contemplan además el derecho de los trabajadores a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.

Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.

Las empresas tendrán un plazo de 12 meses para tener diseñados protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos.

"Ningún lugar mejor que cada una de las empresas en función de la actividad que presten, de las necesidades que tengan para ajustar esos protocolos que ya van a formar parte de nuestras vidas. Por tanto, hoy España es mejor, damos certidumbre y tenemos normas que van de la mano de la emergencia climática", ha remarcado la ministra.

Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas.

"Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de actuación, como tenemos protocolos para la violencia machista, para la prevención de las violencias LGTBI", ha explicado esta mañana la ministra en una entrevista con TVE.

Los regantes estiman que la Dana dejó más de 70.000 hectáreas inundadas y más de 250 millones en daños

 MADRID.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) han estimado que la dana de finales de octubre dejó más de 70.000 hectáreas inundadas, fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Además, han indicado que las riadas provocaron más de 250 millones de euros de daños en infraestructuras de riego.

En el primer informe que cuantifica los efectos de la dana en el regadío, presentado este miércoles, la organización ha detallado que se han perdido las cosechas de huerta, viñedos, caquis, cítricos, etc., además de arbolado que tardará entre cinco a diez años en ponerse en producción. 

A su vez, ha indicado que se hayan inundado casas de guardas, centros de control, instalaciones eléctricas, automóviles, cabezales e hidrantes de las parcelas; y ha lamentado la rotura de acequias.

Fenacore ha concluido que, de acuerdo con los datos recabados por EPG Salinas a partir del análisis de los daños en 36 comunidades de regantes, apenas el 10% tienen las conducciones y las balsas aseguradas de daños propios. Frente a estos, los daños en algunas comunidades ascienden al 80% del valor de las infraestructuras.

Si bien la organización ha valorado los 444,5 millones que el Gobierno ha aprobado en ayudas al sector agrario, ha pedido que estas sean "ágiles y directas". A su vez, ha solicitado que se amplíen las zonas declaradas como catastróficas y que se apruebe una exención transitoria de tarifas y cánones para todas ellas.

Asimismo, ha reclamado que se exima del pago de la potencia eléctrica contratada a los agricultores afectados y que se revisen las tasas de cobertura de las acequias para impulsar el "a todo riesgo" y prevenir ante este tipo de catástrofes. 

De igual modo, la Federación ha recomendado aprovechar la reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear una partida presupuestaria de 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos con los que reforzar las ayudas al campo.

En este sentido, también ha pedido destinar los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para derribar presas a la ejecución de nuevas obras hidráulicas en los planes hidrográficos. En paralelo, ha insistido en concretar las indemnizaciones de daños que corresponden a la Administración Central, comunidades autónomas y aseguradoras.

En el 'Plan de Acción frente a DANAS', Fenacore ha indicado que un 29,2% de las infraestructuras hidráulicas de interés general aprobadas en los diferentes planes de cuenca no se han construido a pesar de que han contado con sus informes preceptivos y ha pedido construir las 27 aprobadas en los anteriores planes hidrológicos.

De acuerdo con las cifras que manejan, el "agujero" en la inversión en obras de regulación en los anteriores Planes Hidrológicos asciende hasta los 3.000 millones de euros, "lo que agrava el riesgo que suponen los fenómenos climatológicos más extremos".

Entre las actuaciones prioritarias para mitigar las consecuencias de futuras danas, los regantes han destacado la limpieza de cauces, lo que implicaría eliminar obstrucciones, sedimentos acumulados y vegetación excesiva capaz de alterar el flujo natural del agua o aumentar el riesgo de desbordamientos.

Además, han remarcado la importancia del encauzamiento de ríos y barrancos para modificar el cauce natural y así poder controlar y dirigir el flujo del agua. Por esta parte, han aconsejado no construir ni rehabilitar viviendas dañadas en zonas inundables.

Finalmente, Fenacore ha manifestado su preocupación ante el hecho de que en el nuevo ciclo de planificación hidrológica "siga primando el ecologismo y la biodiversidad, la restitución de los ríos a su régimen natural, sin evaluar los efectos".

En este marco, ha pedido tanto a la nueva Comisión Europea como a los Ministerios con competencias en agua y medioambiente que eviten las corrientes ecologistas más radicales e impulsen medidas para armonizar la sostenibilidad medioambiental con la seguridad y el bienestar social y económico. 

A su juicio, sólo así podrán mitigarse las consecuencias climatológicas más adversas, como las sequías e inundaciones como las provocadas por la dana.

PSPV, Compromís y dos partidos locales presentan una moción de censura en Chiva contra Amparo Fort (PP)

 VALENCIA.- El PSPV-PSOE, Compromís, Activa Chiva y Aduc han registrado una moción de censura contra la alcaldesa de Chiva, la popular Amparo Fort, por la "nefasta gestión" del PP y Vox en el Ayuntamiento y para conformar un gobierno progresista que priorice la reconstrucción de los daños causados por las inundaciones en la localidad y que gestione con "transparencia y eficiencia".

La propuesta de moción de censura registrada contempla que la alcaldía pase de Amparo Fort al portavoz municipal del PSPV, Ernesto Navarro, sin alternancia hasta final de legislatura. Se votará en un pleno municipal que se deberá convocar en los próximos diez días, informan los grupos impulsores.

En un comunicado a los afiliados y simpatizantes, el PSPV de Chiva justifica el "paso firme y necesario" tomado "en defensa de la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía" de la localidad, con la presentación de esta moción de censura con el objetivo de formar "un nuevo gobierno que responda con eficacia, sensibilidad y responsabilidad a los problemas de Chiva".

Además, subraya la "nefasta gestión realizada" por el PP y Vox "desde que tomaron posesión en 2023, y especialmente tras los devastadores efectos de la reciente dana".

 "Es hora de asumir las responsabilidades que no han sido asumidas por los partidos que han gobernado hasta ahora, cuya gestión fue reprobada en pleno por toda la oposición", recalca.

En cualquier caso, señala que la moción de censura "no es una herramienta política cualquiera" al estar "amparada en el artículo 197 de la Constitución y en el Estatut d'Autonomia".

 "Se trata de un mecanismo democrático legítimo para garantizar la gobernabilidad y la defensa del interés público, cuando las circunstancias así lo exigen", argumenta.

Así, expone que el PSPV, "como fuerza progresista y comprometida con la justicia social", propone "un gobierno para Chiva que priorice la reconstrucción y reparación de los daños causados por la dana" y que destine "recursos suficientes" y los gestione con "transparencia y eficiencia".

Además, apuesta por reforzar la protección social y promover políticas de prevención, "siendo conscientes del cambio climático que propicia fenómenos meteorológicos extremos", y se compromete a gobernar con "responsabilidad, diálogo y compromiso ético".

"Este es un momento trascendental para nuestro pueblo y necesitamos el apoyo y el respaldo de todos para llevar a cabo esta transformación", añade el PSPV, que apela al "diálogo y la acción" para lograr "un futuro mejor para Chiva con fraternidad y compromiso".

Desde Compromís per Chiva indican que la moción de censura llega tras un acuerdo entre los cuatro grupos impulsores, que llevaban barajando esta maniobra "desde verano" a raíz de la problemática con las fiestas del 'Torico de la Cuerda'.

Esta celebración peligró por la denegación de autorización de la Generalitat al producirse un retraso en la entrega de la documentación por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, la Conselleria de Justicia finalmente la autorizó en su fecha habitual a mediados de agosto tras estudiar el recurso municipal de alzada.

A esta situación, desde Compromís añaden "un cúmulo de fallos de gestión" cuando subrayan que el PP gobierna en Chiva en minoría y la oposición es mayoritaria.

Además, señalan que las consecuencias de la dana del pasado 29 de octubre les hizo dar el paso definitivo.

 "Esta situación nos hace decidir que no podemos dejar en manos de quien no ha gestionado bien Chiva la reconstrucción", manifiestan.

Por su parte, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "vergüenza" la moción de censura impulsada por el PSPV, Compromís, Activa Chiva y Aduc contra la alcaldesa Amparo Fort y ha censurado que estas formaciones saquen "de la tragedia una oportunidad política".

 "Aquí la realidad del PSPV y Compromís", ha criticado, en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.

Vox reclama el cese del secretario autonómico de Emergencias: "Ni estuvo ni se le espera"

 VALENCIA.- Vox ha reclamado el cese "inmediato" del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, y ha cuestionado que el nuevo conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se haya "atrevido a decir que no es una prioridad destituirle".

 "¿Así es como vienen a gestionar los más preparados, manteniendo a quien ni estuvo ni se le espera asumiendo sus responsabilidades en emergencias en esta tragedia?", ha preguntado.

Para el síndic de Vox, José María Llanos, si el Consell pretende "gestionar bien y demostrar que quiere gestionar bien" tras la dana, debe cesar "inmediatamente" a Argüeso.

 "Él ya ha dicho que, por su parte, no se piensa mover del sillón. Así que destitúyanle ya", ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la sesión de control este jueves en Les Corts.

Llanos ha preguntado al jefe del Consell si cree que está actuando con "la diligencia debida" para gestionar la emergencia tras la dana. "Compareció el 15 de noviembre, 17 días después de la catástrofe, y nos anunció una remodelación de su gobierno para las gestiones de construcción que cerró aún una semana más tarde", ha cuestionado.

Y ha advertido a Mazón de que las ayudas a nivel autonómico competencia de la Generalitat "no están llegando con la celeridad y la eficacia que requiere esta catástrofe".

"Habló de que ahora sí tenía el gobierno de los más preparados, pero siguen las deficiencias en la gestión", ha lamentado Llanos, que ha manifestado que espera que el nombramiento del nuevo vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, "cubra de una vez por todas esas carencias en la coordinación de una tragedia que nos desgarra tanto a todos".

Por su parte, el jefe del Consell, Carlos Mazón, ha valorado que la Generalitat está llevando a cabo "el mayor despliegue de sus recursos económicos de toda su historia", aunque, pese a ello, ha reconocido que a él todo le parece "poco y lento".

 "Me gustaría más y más rápido, sin ningún género de dudas", ha admitido.

Al respecto, el jefe del Consell ha destacado que la Generalitat a día de hoy "ha pagado ya 21 millones de euros" en ayudas directas para 3.500 familias afectadas por la dana, "la primera administración en hacerlo". 

No obstante, ha admitido que todavía "queda mucho", pero ha recalcado que están "en marcha sin descanso".

En su réplica, José María Llanos ha avisado a Carlos Mazón de que gestionar "la riada también es exigir donde hace falta", como al Gobierno de España, y le ha afeado que el Consell haya "tardado casi un mes en recomponer un gobierno para la gestión".

Al respecto, ha censurado que el nuevo conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se haya "atrevido a decir que no es una prioridad destituir a Emilio Argüeso", el secretario autonómico de Emergencias, quien trabaja "codo con codo con él".

"¿De verdad, así es como vienen a gestionar los más preparados, manteniendo a quien ni estuvo ni se le espera asumiendo sus responsabilidades en emergencias en esta tragedia? ¿Trabajar codo con codo con quien no estuvo donde tenía que estar?", ha preguntado al presidente valenciano.

Llanos, que ha insistido en que las ayudas son "insuficientes", ha instado a Mazón a poner "toda" la vivienda pública disponible por la Generalitat a disposición de las familias afectadas por la dana y a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, "en lugar de chantajes y de repartir miseria, dedique todas esas viviendas a los afectados".

En este punto, ha avisado a Mazón de que está "perdiendo el relato" frente a una izquierda "famosa por la propaganda, aunque luego todo es hueco y miseria, pero son expertos en vender y el padre de la mentira es Pedro Sánchez".

 "Pero esa mentira tiene las patas muy cortas si se advierte a tiempo", ha recalcado, para seguidamente acusar a la izquierda de pretender "ganar en la calle y los medios lo que no han podido ganar en las urnas".

De hecho, ha acusado al PSPV y Compromís de "instrumentalizar" la emergencia de la dana: 

"En esta misma tribuna llevan los dos días haciendo propaganda para calentar la calle y para aprovecharse del dolor de las buenas personas que quieren resultados rápidos".

Finalmente, Mazón ha asegurado que el Consell ya está entregando las viviendas del parque público valenciano a afectados por la Dana, mientras que el Gobierno de España "aún no ha pagado nada".

 "Nosotros seguimos, y cuanto más seguimos, más poco me parece", ha expresado.

El PP, Compromís y Vox aprueban investigar la gestión de la Dana en Les Corts Valencianes

 VALENCIA.- El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP, Compromís y Vox, la creación de una comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones y las consecuencias de la gestión de la Dana del pasado 29 de octubre.

Los socialistas, por su parte, han votado en contra de esta iniciativa, que había sido presentada por Vox y a la que se ha añadido una enmienda del PP.

Compromís y el PP también habían presentado propuestas para crear una comisión de investigación. La del primero, que sí contaba con el apoyo del PSPV, ha sido rechazada por el PP y Vox, mientras que los populares han retirado su proposición, tras haber apoyado la de Vox, con su enmienda.

La iniciativa que ha salido adelante plantea la creación de una comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana y la gestión realizada por todas las administraciones, así como las consecuencias y posibles actuaciones a realizar para la recuperación social y económica en el territorio afectado.

La composición será la misma que la de las comisiones permanentes legislativas previstas en el artículo 45 del Reglamento de Les Corts Valencianes, y tendrá un plazo máximo de doce meses para elaborar un dictamen que, después de su aprobación, será elevado al pleno para su debate y votación.

La comisión aprobará el calendario y el plan de trabajo a partir de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios y solicitará, en relación con lo establecido en el reglamento de Les Corts, la comparecencia de representantes de las Administraciones Públicas y del Consell, así como expertos en la materia.

También podrá acordar, para facilitar el desarrollo de sus actividades, la incorporación de especialistas en la materia objeto de la comisión a fin de asesorarla.

Asimismo, podrá acordar la solicitud de informes y documentación a las Administraciones Públicas y entidades necesarias, así como a los servicios jurídicos de Les Corts referidos a los asuntos de estudio.

Durante el debate de las propuestas, producido este miércoles, Vox y el PP consideraron esta investigación esencial para dar respuestas, mientras que Compromís y el PSPV guardaron cierta reserva y dijeron esperar que no se repita la "manipulación" y la "ausencia de responsables" con la que, a su juicio, se cerró la investigación parlamentaria del accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, con 43 muertos y 47 heridos.

El síndic socialista, José Muñoz, ya avanzó que solo apoyarían las propuesta de Compromís porque tienen "pocas esperanzas puestas en las del PP y Vox", cuyo dictamen cree que ya tiene escrito el Partido Popular.

Vaticinios de Assange / Guillermo Herrera *


Julian Assange se ha vuelto a mojar, pero ha omitido fechas concretas para no meter la pata. Charlie Ward dijo que el EBS sonaría pronto, mientras que todo indica que es inminente, pero nadie sabe cuándo. Esto suena como “el cuento del gallo pelao, que es muy pesao”.

Según Julian Assange, a partir del 28 de octubre de 2024, se producirían cambios monumentales en esta guerra oculta que nos acerca a los diez días de oscuridad. Los agentes están fijando plazos para desatar el mando de Trump, respaldados por la red tecnológica de Musk, que garantiza que ningún rincón del planeta quede oculto. 

Se avecinan cambios masivos y podría estar sobre la mesa una ley marcial temporal.

En recientes reuniones de alto nivel, se reveló que SpaceX de Elon Musk está integrado con la Fuerza Espacial, específicamente con la Unidad-77. Esta división opera desde bases ocultas en todo el Mundo y despliega Starlink para rastrear redes de la élite e identificar centros de inteligencia que alguna vez se consideraron impenetrables.

Una poderosa alianza, el Comando Trident, aprovecha la vigilancia de Starlink para localizar células del Estado profundo en todos los continentes, preparándose para Gesara. Estos líderes desmontarán los bancos centrales, potenciando a los nodos del QFS de Musk para dejar sin poder a los sistemas bancarios de la élite.

PACTO

El Pacto del Amanecer Blanco ha preparado el escenario para la reestructuración financiera mundial, con Musk listo para activar los nodos QFS tan pronto como comiencen los diez días de oscuridad, poniendo fin al control de la camarilla. 

Musk también ha desarrollado OPSEC Nexus dentro de Starlink, lo que permite interceptar información de inteligencia del lado oscuro y garantizar que se pueda superar cada intento de sabotaje.

 OPSEC Nexus protegerá las comunicaciones de los sombreros blancos mientras codifica las redes de la élite, convirtiendo a Starlink en un centro de mando.

El proyecto Phoenix, un sistema de inteligencia artificial cuántica, vigila activamente las transacciones financieras mundiales, buscando y congelando la riqueza vinculada al tráfico humano y al tráfico de armas. 

La División-X de Trump está lista para un despliegue rápido, y parte de la operación Clear Sky o Cielo Despejado, cuyo objetivo es apartar a los leales al lado oscuro en posición crítica.

Mientras tanto, el proyecto Puño de Hierro prepara fuerzas internacionales para rastrear y capturar activos de élite fugados, mientras que Dan Scavino emplea Phantom Net o Red Fantasma, una red de alerta mundial encriptada para leales de agencias de inteligencia extranjeras.

Durante el apagón, el evento 11.3 activará los canales Liberty, frecuencias especiales de Starlink. Musk ya ha distribuido dispositivos Starlink a líderes militares de confianza, evitando las redes comprometidas para mantener la unidad.

A continuación se lanzaría Trident Strike o Golpe de Tridente, una operación mundial para acabar con los traficantes de élite de alto rango en todos los continentes. 

Al mismo tiempo, las identificaciones digitales vinculadas al QFS de Project Unity sustituirían a las identificaciones tradicionales, aislando al lado oscuro de esta nueva economía.

Estos diez días no serían sólo un reinicio, sino que marcarían el comienzo de una nueva era. Los portadores de la luz, liderados por Trump y Musk, están listos para dar vida al QFS y a Gesara, bajo el control de los sombreros blancos. La espera ha terminado. El amanecer de la liberación está sobre nosotros y estaremos libres de las garras del mal.

 

 

(*) Periodista