El IPCC alcanza un consenso sobre el informe del cambio climático

VALENCIA.- Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés), reunidos en Valencia, han aprobado la síntesis del IV Informe del organismo que presentarán a los dirigentes del planeta. Este informe, en el que se apuntan las políticas que se deben acometer para combatir este fenómeno global, será aprobado mañana de forma oficial.

Todavía faltan algunos aspectos muy específicos que se deberán incluir en el texto, al que se sumará un documento más amplio que recogerá las evidencias científicas del cambio climático que pueden ser asumidas de forma unánime por toda la comunidad internacional.

El calentamiento global podría ser irreversible y se debe, casi con toda seguridad, a las actividades industriales del hombre. La temperatura global ascenderá entre 1,8 y 4 grados centígrados, y el 30% de las especies del planeta podrían desaparecer. El nivel de los océanos podría elevarse de 0,18 a 0,59 metros a fin de siglo. Los ciclones tropicales, tifones y huracanes serán más intensos y frecuentes.

Estas son algunas de las conclusiones que los expertos han consensuado en Valencia y que se incluirán en el IV Informe del IPCC. Éste se sumará a los otros tres que ya ha hecho públicos este año: "La base científica física" (en febrero en París), "Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad" (en abril en Bruselas), y "Mitigación del cambio climático" (en mayo en Bangkok).- (Agencias)

El juez acepta la solicitud de ERE de Llanera que afecta a 156 de sus 175 trabajadores

VALENCIA.- El titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, Fernando Presencia, dictó hoy un auto por el que acepta la solicitud de expediente de regulación de empleo (ERE) presentada por Llanera Construcciones, que afecta a 156 de un total de 175 trabajadores, cuyos contratos podrán extinguirse con efectos inmediatos, informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El acuerdo entre la Administración Concursal y los representantes de los trabajadores de la empresa Llanera Construcciones se alcanzó el pasado 7 de noviembre, y contemplaba una indemnización para los afectados de 25 días por año trabajado, y hasta un máximo de 12 mensualidades.

Llanera Construcciones es una de las tres empresas del grupo Llanera sometidas al concurso de acreedores que presentaron ante el juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, de forma independiente, solicitud de expediente de regulación de empleo (ERE), y la única que aportó acuerdo entre los administradores concursales y los representantes elegidos por los trabajadores.

Se trata de la empresa del grupo que mayor número de trabajadores tiene en plantilla en estos momentos, 175, de los que sólo permanecerán 19.

El magistrado, con su decisión, autoriza a la empresa a comenzar a extinguir los contratos de los trabajadores desde esta misma tarde con la obligación de adjuntar el auto judicial a la carta de despido, explicaron las mismas fuentes.

Contra este acuerdo cabe recurso de suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos afecte a la tramitación del concurso.

El plazo para el ejercicio de las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra este auto empezará a contarse desde la comunicación del despido.

Aún está pendiente de resolverse el ERE de Llanera Urbanismo Inmobiliaria, que propone extinguir 46 de los 74 contratos indefinidos que tiene en estos momentos, por lo que su plantilla quedaría reducida también a 19 trabajadores.

Por lo que respecta a Llanera, la propuesta empresarial es de resolver 34 de los 79 contratos vigentes, dejando una plantilla de 45 trabajadores.- (Agencias)

Los inspectores de Hacienda proponen fiscalizar a altos cargos de 141 municipios

CÓRDOBA.- Los inspectores de Hacienda del Estado proponen inspeccionar a los alcaldes y a los concejales de urbanismo de los ayuntamientos con una población superior a los 50.000 habitantes, un total de 141 municipios, y a aquellos otros representantes públicos que hayan adoptado importantes medidas urbanísticas, con el fin de evitar casos de corrupción.

Esta es una de las principales medidas de un total de 49 que propone la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado en un documento sobre 'Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España', que su presidente, José María Peláez, ha presentado en Córdoba con motivo del Congreso Nacional de la organización.

Peláez indicó que es necesario incluir en el plan de inspección que cada año elabora la Agencia Tributaria a todos estos representantes públicos, incluso llegando a las posibles ramificaciones familiares, así como llevar a cabo medidas complementarias de investigación necesarias para descubrir la posible utilización de testaferros o sociedades pantalla.

La inclusión de alcaldes y concejales en dicho plan se realizaría al finalizar cada mandato electoral de cuatro años o, en su caso, en el momento del cese. Además, los inspectores precisan que los criterios del plan han de ser públicos para evitar "suspicacias" de utilización política de la medida.

"El fraude y la corrupción no alcanza sólo al área fiscal. Es una lacra general, como últimamente han puesto de manifiesto casos de todos conocidos relacionados con el mundo financiero y político", reza el texto de los inspectores.

En la misma línea, apuestan por desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo para evitar los casos de corrupción, así como por la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos contra la ordenación del territorio.

Junto con esta medida, abogan por establecer la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria la información obrante en los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como de cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones.

Los inspectores de Hacienda proponen también la atribución a la Agencia Tributaria de la competencia legal para el seguimiento patrimonial de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción y que no hayan reintegrado sus bienes y dinero procedentes de los mismos. La aprobación de una Ley Anticorrupción es otra de las propuestas de este colectivo para evitar el fraude, especialmente la relacionada con el sector inmobiliario.

También en materia de paraísos fiscales apuestan por un gravamen del 24% para todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal, así como por la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, salvo que suministren a Hacienda toda la información concerniente a las mismas.

Actuaciones de incógnito

En cuanto al fraude en el IVA, los inspectores de Hacienda quieren que se les permita realizar actuaciones inspectoras sin necesidad de identificarse y de incógnito, y poder reflejar así en las diligencias los hechos que resulten de la constancia personal de los inspectores, dado el ofrecimiento tan alto que existe actualmente de servicios sin factura o sin IVA.

En materia de deslocalización dentro del territorio nacional, los inspectores de Hacienda proponen modificar la normativa de cesión de tributos a las comunidades autónomas para garantizar que, en el supuesto de cesión de los tributos estatales, la normativa reguladora sea de aplicación homogénea en todo el territorio nacional.

El presidente de los inspectores destacó que se trata de evitar casos como el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prácticamente suprimido en algunas comunidades, lo que está motivando que haya contribuyentes que cambien de forma ficticia de residencia para eludir el pago de este tributo.

"En el momento actual, el ejercicio de las competencias normativas atribuidas a las comunidades ha sido utilizado con tal desigualdad de criterios que incitan al fraude mediante la deslocalización de las personas en otras comunidades para aprovecharse de las ventajas de los tipos impositivos menores", subraya el documento.

Las propuestas de los inspectores incluyen también un conjunto de medidas para evitar la ingeniería financiera, entre las que se encuentran la creación de una responsabilidad solidaria de los despachos de abogados o asesores fiscales que "inciten a la comisión de delitos fiscales" y tipificar como un nuevo delito en el Código Penal la conducta consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para el fraude tributario.
Creación de una Oficina Nacional Antifradue

Finalmente, apuestan por la creación de una Oficina Nacional Antifraude que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria, integre, otre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del SEPLAC y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal.

Esta oficina se crearía a partir de la existente Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ampliando sus competencias y su despliegue territorial, mediante la creación de 100 unidades de investigación en todas las comunidades.- (EP)

La CAM intenta por segunda vez en dos meses aprobar su salida a Bolsa

ALICANTE.- El orden del día del consejo de administración de la CAM convocado para el próximo martes 20 de noviembre incluye la presentación por parte de su director general, Roberto López Abad, del informe que, "a priori", aconseja la emisión de cuotas participativas (acciones sin derechos políticos) para obtener recursos adicionales y mantener así la confianza en la solvencia de la entidad, cuestionada en las últimas semanas en determinados círculos.

La medida, defendida por el máximo ejecutivo, supondría una liquidez adicional para la CAM de 1.500 millones de euros, que se ingresarían con la salida a Bolsa del 25% de su capital, aunque sin derechos políticos sobre la gestión. Los rumores insistentes de las últimas semanas en esos determinados círculos insisten en las dificultades de liquidez por las que viene atravesando la entidad por una excesiva concentración de riesgo hipotecario. Ese dinero lo necesita, al parecer, la CAM como "agua de mayo".

Aunque en un principio los representantes socialistas en el Consejo se mostraron reticentes a esta medida, dieron a López Abad la oportunidad de glosar en un documento las bondades de su proyecto -que cuenta con el asesoramiento del banco de inversiones Lehman Brothers-, y que serán expuestas el martes.

El Consejo de Administración de la entidad volverá, pues, a abordar la cuestión por segunda vez en dos meses. En la primera ocasión, el pasado 26 de septiembre, la presidencia de la Caja decidió a última hora retirar el asunto del orden del día, consciente de que la unanimidad no era posible por la oposición de los consejeros socialistas con consignas del PSPV de votar en contra.

Pese a no someterse a aprobación, las cuotas participativas centraron el capítulo de «ruegos y preguntas» y el gobierno de la CAM resolvió pedir al director general un informe más amplio. Oficialmente, se adujo que el momento bursátil -sacudido entonces por los primeros efectos de la crisis financiera desatada por las hipotecas "sub prime" de EE UU-, desaconsejaba recurrir a los parqués en busca de nuevas fórmulas de financiación urgente.

Con todo, y pese a la oposición expresada por secciones sindicales de la entidad -la CGT explicitó su rechazo a lo que considera un proceso «privatizador»-, fuentes financieras dan por hecho que la CAM se convertirá en la primera entidad española que dé el paso de emitir las citadas cuotas participativas.

Pero parece, sin embargo, poco probable que la CAM lleve este tema a la reunión del martes sin antes haber intentado el consenso necesario para que la entidad comience a cotizar en Bolsa.

En cualquier caso, la mayoría está garantizada (de 20 consejeros, seis son del PSPV y dos de los sindicatos; el resto, es favorable a la propuesta de López Abad). No obstante, la decisión final no es del Consejo de Administración, sino de la Asamblea General, que se celebrará en diciembre y, por tanto, abre un margen suficiente para la unanimidad de su ratificación.

La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales

MÁLAGA.- La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha).

Éste es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total. Éstas y otras conclusiones serán presentadas por los técnicos de Hacienda entre en el marco de su VII Congreso Nacional, que se celebra en Málaga.

Según Gestha la nueva legislación para la lucha contra el fraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y, por tanto, su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo.

Concretamente, este impacto se produce, especialmente, a través del mecanismo denominado 'dar el paso', que consiste en efectuar sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público, u obligando al adquiriente a firmar en la escritura de la vivienda un precio inferior al realmente pagado.

La mitad del fraude, en sólo cuatro CCAA

El análisis de Gestha revela también que el fraude inmobiliario se encuentra concentrado, principalmente en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (1.836,2 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.479 millones), Andalucía (1.392,4 millones) y Comunidad Valenciana (1.088,1 millones).

A estas comunidades autónomas les siguieron Galicia (476,7 millones), Castilla y León (392 millones), Canarias (358 millones), Castilla-La Mancha (341,5 millones), Murcia (303,8), Baleares (290,5 millones), Aragón (225,3 millones), Asturias (136,1 millones) y Extremadura (114,6 millones).

Por debajo de los 100 millones de euros se situaron Cantabria (94,4 millones), La Rioja (49,3 millones), Ceuta (7,3 millones), Melilla (5,5 millones), País Vasco (4 millones) y Navarra (1,3 millones).

Propuestas para evitar la evasión fiscal

Con el fin de anular estas prácticas, los técnicos proponen considerar transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio del vendedor menos de tres años, siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio.

Además, apuestan por calificar las plusvalías obtenidas como renta general a declarar dentro de la base imponible general al tipo correspondiente en la escala el IRPF y no al actual 18%, al que tributan las rentas de ahorro.

Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, y obligar a los promotores inmobiliarios a validar estos contratos en el registro para poder detectar así los 'pases'.

Este registro administrativo, continúan, podría centralizarse en los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores.

Los técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas, y por tanto, sin escritura, la obligación de notificar al promotor esta operación, de forma que este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse por la declaración de precios inferiores a los reales de la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no sólo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos podría estar elaborado en 2008, ya que se está ajustando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado, en colaboración con la Dirección General del Catastro. Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.

Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone una "inversión del sujeto pasivo", lo que supone que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda. También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del comprador, para asegurarse de que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.

La Ley no cumple su cometido

Desde una perspectiva general, los técnicos de Hacienda consideran que la Ley Antifraude "no ha servido para atajar las grandes bolsas de fraude existentes en España". Así, estiman que en lugar de concentrar las investigaciones en estos focos de economía sumergida, se ha seguido ejerciendo "de forma masiva" un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.

Desde Gestha se echa en falta un mayor control de las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Denuncia que, en ocasiones, estos profesionales defraudan al fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.- (Agencias)

(Playa de San Juan y Cabo de las Huertas, Alicante)