viernes, 4 de octubre de 2013

AENA no prevé bajar las tasas hasta dentro de seis o siete años

MADRID.- El presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), José Manuel Vargas, explicó que el gestor aeroportuario no tiene previsto bajar las tasas antes de 6 o 7 años, momento en que espera haber compensado el déficit tarifario de 250 millones que tiene actualmente.

   El objetivo es que, entorno al año 2010, "si se continúan con las política de control de costes y se recuperan los tráficos" se puedan asistir a bajadas en términos absolutos de tasas. No obstante, se mantendrá la política de subidas graduales en los próximos años, tal y como se pactó con las aerolíneas.
   En un encuentro informativo Vargas aclaró que eso no excluye que antes se aprueben bonificaciones a las tasas en función de determinados parámetros, que se sumarán a las ya existentes actualmente (nueva rutas, días valle, temporada baja).
   "Se trata de incentivos puntuales que se introducen en las tarifas para estimular la demanda en momentos concretos", apuntó Vargas, quien explicó que estas bonificaciones que tratarán de mejorar el tráfico conjunto de la red se definirán en el entorno de los nuevos comités de coordinación aeroportuaria.
   En su opinión las tarifas no mueven el tráfico aéreo sino que lo hace la demanda. A este respecto, defendió que en el caso de Barajas, las tarifas son más bajas que las de los principales aeropuertos de conexión europeos. Además añadió que el incremento ha sido idéntico al de Barcelona, donde el tráfico ha evolucionado mejor.
   Vargas considera que lo mejor para que las tarifas bajen es que las compañías mantengan una política eficiente de gasto y que sus inverisones sean más racionales.
   "Son tarifas competitivas que trazan la senda de recuperación del coste de infraestructuras a la que vez que son compatibles con la viabilidad de las compañías", defendió.
   El presidente de AENA realizó un repaso de los principales datos de los últimos dos años del operador aeroportuario en los que ha sufrido una importante reestructuración. Como ejemplos, destacó que la compañía ha incrementado en más de 600 millones su Ebitda (resultado bruto), que alcanzará los 1.500 millones en 2013.
   En la misma línea valoró que el beneficio será en 2013 de 308 millones, frente a los 215 millones de pérdidas en 2011. Además la deuda se ha reducido en unos 1.000 millones, situándose ahora en unos 12.000 millones.
   Según explicó, estas mejoras son el fruto de una reducción de los gastos, un incremento de los ingresos comerciales, el desarrollo internacional, la adecuación del marco tarifario y la racionalización de las inversiones que han pasado de unos 1.100 millones a unos 500 millones.
   "Lo lógico sería mantenerse en estos niveles de inversión en los próximos años teniendo en cuenta que las grandes inversiones en infraestructuras ya se encuentran hechas y que en algunos lugares hay sobrecapacidad que tendremos que regular", explicó Vargas.
   La aplicación de esta política rigurosa de austeridad entre los años 2011 y 2013 han permitido ahorrar 257 millones de euros al año. Además el desarrollo de los ingresos comerciales a través del concurso de adjudicación de las tiendas libres de impuestos permitirán unos ingresos mínimos garantizados de 2.100 millones en años.
   Por último, destacó que "el año 2013 será el último año de caída del tráfico aeroportuario en la red". Los datos de tráfico en toda la red de aeropuertos en septiembre han sido mejor de lo esperado, por lo que rebajó del 7,5% al 5% la previsión de caída de tráfico para el conjunto de 2013.  
   Respecto a la privatización de la compañía, Vargas destacó que la compañía presenta un perfil atractivo para los inversiones por su capacidad de reestructuración y por su gran potencial de desarrollo.
   Según explicó, la labor de la compañía no es determinar tiempo y formas, "esa es competencia del Gobierno" sino "preparar la compañía lo mejor posible para que si hay una decisión de entrada de capital privado esta se produzca".
    Preguntado por si debe privatizarse más o menos del 49% de la compañía, dijo que se debe aprobar "aquella estructura accionarial que permita a la compañía operar sin ninguna restricción en un mercado de competencia".
   Respecto a la internacionalización, la prioridad es la aportación de valor en la gestión frente a la participación financiera minoritaria. "AENA tiene vocación internacional definida en su capacidad de desarrollo y potencia financiera. Es el gigante aeroportuario de Europa", explicó el presidente.
   El gestor asegura que está involucrado con mucha atención en cualquier proceso de internacionalización que permita control de activos importantes, al tiempo que se encuentra abierto a desinversiones en participaciones minoritarias donde no haya posibilidad de control.

La Guardia Civil se persona en helicóptero en la plataforma del proyecto Castor para comprobar su funcionamiento

CASTELLÓN.-   Efectivos de la Guardia Civil se han personado este viernes la planta marina del proyecto Castor, ubicada frente a las costas de Vinaròs, con el fin de comprobar el funcionamiento de estas instalaciones, según han informado hoy fuentes del Instituto Armado.

   Esta gestión obedece a la decisión de la Fiscalía de Castellón de incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se están produciendo en los últimos días en el entrono del almacén subterráneo de gas natural.
   A primeras horas de esta tarde, se ha desplazado hasta la plataforma un helicóptero del servicio aéreo de la Guardia Civil, con base en Valencia y con personal de la Comandancia de Castellón, para llevar a cabo labores de investigación y observar el funcionamiento de la planta. Toda la información obtenida por los agentes se remitirá a la Fiscalía, según la Guardia Civil.

Expertos confirman relación entre seísmos e inyección de gas

MADRID.-   El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presentado al Consejo de Ministros el informe de los técnicos sobre los seísmos registrados desde mediados de septiembre frente a la costa de Vinaròs (Castellón), que confirma que hay una "probabilidad alta de que haya una relación directa" entre estos movimientos y las inyecciones de gas que se han introducido desde el 13 de junio y el 16 de septiembre en el almacén de Castor. Además, consideran "limitado" un riesgo sísmico más relevante. 

   Así, ha asegurado que "la situación no es preocupante" y que el Gobierno está haciendo un seguimiento de la situación y está "preparado" para actuar.
   Según ha explicado, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el resto de expertos que están siendo consultados aseguran que el riesgo de que haya movimientos sísmicos relevantes es un riesgo limitado. "El riesgo es limitado", ha apostillado.
   El ministro ha recordado que desde el 26 de septiembre, a raíz del seísmo de magnitud superior a 3,5 en la escala Richter que se produjo dos días antes, su departamento emitió una resolución ordenando la paralización de cualquier tipo de inyección de gas adicional en el almacenamiento subterráneo.
   Además, ha añadido que están paradas todas las actividades y que la paralización seguirá vigente hasta que no existan garantías absolutas de seguridad al 100 por 100 para la población. Hasta entonces "no se pueden reanudar las actividades" en el almacén subterráneo, según Soria.
   "Un movimiento de 3,6 magnitud Richter fue lo suficientemente importante para el Gobierno como para frenar y parar cualquier tipo de inyección adicional de gas", ha comentado.
   Asimismo, ha indicado que hay un grupo que está integrado por expertos del IGN, del IGME, de Protección Civil y de la empresa que está haciendo recomendaciones que el Gobierno está "llevando a cabo" y se ha creado también un grupo de trabajo interministerial.
   Por ello, entre otras medidas, este fin de semana se van a instalar dos sismógrafos adicionales (a los dos existentes) para tener mayor precisión de los posibles movimientos telúricos.
   En todo caso, ha asegurado que el Gobierno está "totalmente preparado para actuar ante cualquier tipo de situación" y que las comunidades autónomas de Cataluña y Comunitat Valenciana han activado sus respectivos planes de sismicidad, en su nivel más bajo, el nivel 0 porque la situación no es preocupante para elevar de nivel dichos planes.
   Soria ha insistido en que el Gobierno está haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación y está en contacto permanente con las autoridades de Cataluña y de la Comunitat Valenciana para lo que se ha convocado una reunión el lunes en la sede del Ministerio a la que asistirán representantes de las comunidades autónomas, de las delegaciones del Gobierno en estas regiones y a los alcaldes de los municipios afectados en la zona.
   Por otro lado, Soria ha apuntado que el procedimiento administrativo existente para autorizar una instalación de estas características está reglado y que se ha seguido "en todos sus pasos".
   Concretamente, ha precisado que en 2008 se consiguió la autorización para la explotación de un almacenamiento subterráneo de gas; en 2009 se aprobó en el Consejo de Ministros la Declaración de Impacto Ambiental y en 2010 se concedió la autorización administrativa.
   "Todo el procedimiento se otorgó correctamente", ha confirmado el ministro que ha añadido que, en base a esto, en 2012 su departamento entregó a la empresa el acta por la que autorizaba al puesta en marcha del proyecto.
   Finalmente, ha dicho que este proyecto, igual que el resto, ha sido expuesto a información pública por lo que ha dado por entendido que la población de la zona estaba enterada del mismo.

Fiscalía incoa diligencias de investigación penal para esclarecer los movimientos sísmicos al norte de Castellón

CASTELLÓN.- La Fiscalía de Castellón ha acordado incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se están produciendo en los últimos días en la zona norte de la costa de la provincia, según ha informado el ministerio público en un comunicado.

   La decisión ha sido adoptada tras reunirse este viernes la Junta de Coordinación Provincial de la Fiscalía de Castellón, tras los movimientos sísmicos detectados en los últimos días en el norte de la provincia, en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor.
   Durante la pasado noche, la zona ha registrado un total de 10 seísmos entre las 9.00 horas de este jueves y las 3.45 horas de este viernes, uno de ellos de 2 y otro de 2,4 en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional en su página web.
   De momento, sigue activado, por parte de la Conselleria de Gobernación, el Plan Sísmico Fase 0 Seguimiento-Información en Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, que implica la comunicación constante entre los consistorios implicados con el Consorcio Provincial de Bomberos, Subdelegación del Gobierno, CICU y Policía Autonómica.
   El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, aseguró este jueves que "aunque científicamente, en estos momentos no está contrastado, hay una probabilidad muy alta" de que haya una relación de causa-efecto entre la inyección del gas y los terremotos registrados, según los datos aportados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero (IGME), cuyo informe se espera "para los próximos días".
   El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció asimismo este jueves que la corporación provincial emprenderá acciones legales "contra los exministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010". Moliner apuntó a Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto.

Planeta ofrece invertir cerca de 22 millones de euros en la VIU en los próximos cuatro años

VALENCIA.- El grupo Planeta ofrece invertir 21,8 millones de euros en los próximos cuatro años como nuevo socio de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). En concreto, la firma editorial pagará 4 millones de euros por la compra de la entidad educativa y compromete una inversión de 17,8 millones en sucesivos ejercicios.

   Así se ha puesto de manifiesto tras el acto de apertura de la oferta económica, que se ha llevado a cabo este viernes, han informado fuentes de la VIU, que han agregado que el procedimiento debe pasar por la Mesa de Contratación para hacer  efectiva la adjudicación.
   La operación supondrá el establecimiento de una sociedad limitada entre Planeta, que pasará a controlar el 70 por ciento, y la Generalitat Valenciana, que mantendrá el 30 por ciento restante.
   Fuentes de la institución académica han recalcado la importancia de que Planeta se haya interesado por la VIU, ya que se trata de "un grupo empresarial muy serio, que dará viabilidad e impulsará esta universidad internacional".
   Relevante es también el ahorro económico que este proceso supondrá para las arcas públicas, apuntan. El Consell ha invertido desde la creación de la VIU en 2008 alrededor de 30 millones y el importe de la operación con Planeta se acerca a los 22 millones. De este modo, "el dinero que va a invertir el Grupo Planeta en la VIU es más de lo que la Generalitat ha aportado en la entidad en su existencia por ese 70 por ciento", calculan. Igualmente, la previsión es conseguir un ahorro anual de unos 3 millones de euros para la administración.    
   El pasado mes de marzo, la Fundación VIU publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) una resolución por la que abría el procedimiento de diálogo competitivo con empresas especializadas "capaces de aportar elementos de valor añadido, proyectos fuera de su alcance y capital privado".
   Según se explicó en aquel momento, se constató que la VIU requería "para asegurar su viabilidad futura de un nuevo impulso que la sitúe en una mejor posición competitiva en el mercado de la prestación de servicios de la enseñanza universitaria online".
   Por ello, se lanzó a la búsqueda de un socio privado que debía aportar, entre otras capacidades, "un profundo conocimiento del mercado en que opera la VIU, experiencia de gestión y cartera de contenidos".
   Con esta incorporación de capital privado, la VIU "persigue reforzar e impulsar un proyecto de e-learning pionero y referente en España", subrayan sus responsables.

La AEPD insta a RTVV a informar a un empleado de los datos usados para aplicarle el ERE

VALENCIA.- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dictado una resolución en la que insta a Radio Televisión Valenciana (RTVV) a facilitar a un trabajador los criterios utilizados en la baremación para decidir su inclusión en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y advierte de la posibilidad que tiene el afectado de impugnar aquellas resoluciones que le perjudiquen.

   Los hechos se remontan a marzo de 2013, cuando este exempleado del canal público pidió a RTVV el resultado del baremo que utilizó sus datos personales para conocer las causas que motivaron su despido, así como las personas u organismos que valoraron dicha información.
   Tras esperar 30 días sin obtener respuesta, el trabajador entendió que se había producido un silencio administrativo, por lo que decidió interponer una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, ha explicado este antiguo trabajador.
   Recientemente, el 1 de octubre, el organismo estatal ha emitido su resolución, en la que da como acreditado que "el reclamante ejercitó su derecho de acceso ante la entidad demandada, y que, transcurrido el plazo establecido conforme a las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible".
   En este sentido, recuerda que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), toda persona tiene derecho a no verse perjudicado por decisiones, con efectos jurídicos, que se hayan obtenido a consecuencia de un tratamiento de datos cuya finalidad ha sido evaluar determinados aspectos de su personalidad.
   "Este tipo de tratamiento --prosigue el texto-- puede tener por objeto valorar el rendimiento laboral de una persona, su capacidad de crédito, su conducta, la posibilidad de confianza en sus actuaciones, y cualquier tipo de comportamiento que, sólo mediante un tratamiento de datos, permite ofrecer una evaluación de las características del individuo".
   "Si basándose en este tipo de tratamiento, la persona se ve afectada por una decisión privada un acto administrativo, tiene derecho a impugnar dichas resoluciones", recalca la agencia, que agrega que, además, "tiene derecho a pedir información sobre los criterios de valoración y el programa utilizado en el tratamiento de sus datos que sirvió para adoptar las decisiones sobre apreciaciones de conducta".
   Asimismo, apunta que la obligación general del responsable del fichero para el ejercicio de cualquier derecho es contestar expresamente a la solicitud recibida, estimando o desestimando la petición y precisa que el deber de contestación expresa "procede, incluso, cuando no existen datos registrados relativos al solicitante, debiendo el responsable informar específicamente de la inexistencia de datos referentes al interesado en sus ficheros".
   Por todo ello, la AEPD estima la reclamación del exempleado e insta a RTVV a que, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, remita certificación en la que se facilite el acceso solicitado, "pudiendo incurrir en su defecto en una de las infracciones previstas en el artículo 44 de la LOPD", advierte.
   Contra la decisión de la Agencia, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de reposición ante el director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
   El trabajador al que ha dado la razón la AEPD asegura que este dictamen pude ser "un argumento más" contra un ERE cuyo juicio está señalado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para el próximo 21 de octubre. Además, ha avanzado que en breve puede haber otra resolución similar, puesto que le consta que una compañera reclamó también a la agencia poco después que él.
   De hecho, Intersindical en RTVV informa en su cuenta de Twitter de que el registro de RTVV ha estado "colapsado por trabajadores afectados por el ERE pidiendo las actas de baremación". Incluso, se ha celebrado una concentración en la que los afectados han exigido una "baremación justa".    
   Después de conocer la opinión de Protección de Datos, el representante de Compromís en el Consejo de Administración de RTVV, Rafa Xambó, ha afirmado que "tanto la dirección general como el Consell tienen un grave problema por las actuaciones irregulares de la empresa, por no publicar la baremación y por pedir datos que la empresa ya debería tener en su poder al ser trabajadores que han aprobado una oposición".
   "El director de entonces, José López Jaraba, no nos hizo caso y ahora RTVV tiene otro frente abierto y un grave problema más para resolver", ha sentenciado el consejero en un comunicado.
   La coalición cree que desde RTVV, "se ha actuado de una forma totalmente mafiosa y mala, y es preciso que los responsables paguen por el mal hecho".
 "No pueden desaparecer sin que tengan ninguna responsabilidad porque han hecho mucho mal a la radio y la televisión públicas valencianas", ha rematado.