Así lo han manifestado sus síndics en Les Corts, José Muñoz y Joan
Baldoví, ante el requerimiento de la jueza de Catarroja, que solicitó
este jueves a la Generalitat que aportara esa información en un plazo de
cinco días. Mazón ha asegurado este viernes que los servicios jurídicos
de la administración autonómica detallarán esa información a la
magistrada, además de destacar que «la colaboración con la justicia es
absoluta».
En declaraciones a los medios, el síndic del PSPV ha subrayado que la
jueza ya pidió en su momento a la Generalitat que diera el nombre de la
persona que ordenó enviar la alarma, por lo que cree que «el PP y Mazón
están buscando el camino de la ocultación de la verdad».
«Pero la
verdad siempre florece», ha recalcado en alusión a la investigación
sobre el accidente de Metrovalencia de 2006.
«Carlos Mazón ha intentado evitar y eximir todas sus
responsabilidades, pero el cerco se va estrechando», ha advertido, y ha
asegurado que en el Consell son «conscientes de que actuaron mal» porque
«si la alerta hubiera llegado cuando debería se hubieran salvado muchas
vidas».
Según ha augurado, el proceso judicial conducirá «hacia la
responsabilidad evidente de Mazón como la persona que no estuvo a la
altura de las circunstancias, que hizo dejación de funciones y que sobre
sus espaldas pesan la vida de centenares de valencianos».
Es algo, ha
subrayado, que la ciudadanía ya «intuye» y que «se va a contrastar con
hechos».
Una vez la jueza reciba la información, ha sostenido que «puede haber
un efecto dominó» porque la persona que dio la orden de enviar la
alerta explicará por qué no lo hizo antes.
Así, tras recordar que «el
problema que tuvo Salomé Pradas --consellera de Emergencias durante la
dana era que no había forma de contactar a Mazón porque estaba
ilocalizable», ha afirmado que «todos los caminos confluyen hacia la
misma persona: Carlos Mazón».
El socialista ha contrapuesto la actuación de Mazón con la del
gobierno del Botànic durante la dana de 2019 en la Vega Baja de
Alicante, cuando se tomaron medidas preventivas como cortar carreteras o
suspender clases.
Y ha insistido en que «Mazón no puede seguir en el
cargo y tiene que dimitir» porque «con cada afirmación queda como un
presidente irresponsable, probablemente responsable judicialmente, y
como un mentiroso compulsivo, un caradura que está intentando salvarse a
sí mismo a costa de muchos valencianos».
De Compromís, Baldoví ha asegurado que resulta «inaudito» que una
jueza tenga que dar un plazo de cinco días para reclamar al Consell
«algo tan sencillo» como quién envió el mensaje de alarma pasadas las
ocho de la tarde del 29 de octubre.
«Quien algo esconde, algo teme. Y
quien algo teme, algo debe», ha aseverado.
Ha exigido así a Mazón que concrete quién envió la alarma «y ya
está», sin «intentar confundir» a la población«, así como que diga
»dónde estaba de seis a siete de la tarde« de ese día y »por qué llegó
tarde« al Centro de Emergencias, ya que »han pasado cien días y no lo
sabemos".
«Como mínimo, es un insulto a la memoria de todas las víctimas que
este gobierno, en lugar de contestar, intente confundir a una jueza», ha
reprochado, para afirmar que la magistrada «dice lo que todos pensamos:
que si la alarma hubiera sonado antes la gente habría sido consciente
de cuál era el peligro».
Baldoví ha añadido que, durante toda esa tarde, él estuvo
«perfectamente informado de cuál era el caudal que tenía el Júcar en su
paso por Albalat de la Ribera, porque los sistemas de alerta de ríos y
de barrancos sí funcionaban perfectamente».
«Eso no se hizo en el caso
del barranco del Poyo», ha señalado, lo que ve como «una negligencia muy
grave que habría podido salvar vidas».
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha enmarcado la
petición de la jueza en la necesidad de «recabar toda la información
necesaria» para «considerar o no que pueda haber causa penal».
Ha
asegurado que es «normal» que falte información tras la primera petición
de la magistrada y ha defendido que se depuren «todas las
responsabilidades», si bien no ha querido entrar en por qué la jueza ve
determinante este dato.
Ahora bien, ha afirmado que «sinceramente» no cree que el Consell
esté ocultando información y se ha mostrado convencido de que sus
servicios jurídicos la aportarán.
También ha defendido que la comisión
de investigación sobre la dana en Les Corts debe dilucidar la «falta de
información» que tuvieron los afectados durante el 29 de octubre.
Respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Llanos ha
señalado que la jueza solicitará «el por qué de ese apagón informativo
de dos horas y media en el que el caudal del barranco del Poyo pasó de
28 metros cúbicos a casi 1.700»: «Es algo muy relevante y pudo ser la
causa de gravísimas pérdidas humanas»:
Desde el PP, su portavoz adjunta Nieves Martínez ha recalcado que los
'populares' están «totalmente convencidos de que el Consell va a
facilitar toda la información que sea necesaria para que la verdad salga
a la luz», algo que «necesitan los ciudadanos afectados»
«Al igual que queremos saber otras verdades como el por qué durante
más de dos horas hubo un silencio por parte de la CHJ, que era vital en
la toma de decisiones posteriores», ha reiterado, y ha defendido que «lo
más importante es saber que toda la información que debería haber
llegado durante todo el día llegó en tiempo y forma».
