Pumpido defiende la investigación de los ERE por la Fiscalía y dice que "llegaremos al final en Valencia"

VALENCIA.- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha referido este viernes a los presuntos expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la Junta de Andalucía y ha defendido que la Fiscalía los está analizando "exhaustivamente" y "está cumpliendo con rigor su obligación de apoyar, facilitar e impulsar la instrucción judicial", aseverando que "llegaremos hasta el final, en Sevilla y en Valencia, en Madrid y en Asturias".

   Durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Conde-Pumpido ha puesto de manifiesto que "los que haya delinquido serán acusados, y procuraremos que sean condenados y que cumplan su condena", tras lo que ha recordado el caso de Baleares, "donde el riguroso trabajo de la Fiscalía Anticorrupción ha llevado, incluso, a la autodisolución del partido Unión Mallorquina".

   "Este partido tuvo una gran relevancia política como partido bisagra, y sus principales dirigentes están hoy implicados en numerosos procesos penales", ha añadido el fiscal general del Estado, para señalar que, a su juicio, todo esto "supone una muestra más de la eficaz y contundente actuación que ha realizado la Fiscalía para erradicar la corrupción, venga de donde venga".

   También se ha referido el fiscal general del Estado al hecho de que el Pleno del Parlamento andaluz rechazase, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo de IULV-CA, la petición del PP-A de creación de una comisión de investigación ante la presunta existencia de ayudas públicas concedidas a empresas en crisis, gestionadas al margen de lo dispuesto en la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y ha aseverado que "es un tema político que deberán resolver los políticos, no soy quien para dar consejos sobre decisiones parlamentarias".

   Cuestionado por las críticas sobre la "doble vara de medir" que utilizaría el Ministerio Público según el color político de las personas implicadas en casos de corrupción, Cándido Conde-Pumpido ha respondido que "tenemos una doble vara de medir, una para los delincuentes y otra para los inocentes, y ahí se acaba todo". "Ahora resulta, no sé si tendrá algo que ver la proximidad de unas elecciones, que nos dicen otra vez, con gran aparato mediático, que hacemos cosas en no sé qué procedimientos y no hacemos nada en otros", ha apostillado.

   "Pregunten a los fiscales de Sevilla, seguro que ellos sí saben lo que los supuestamente mejor informados y los informadores no parecen saber", según ha proseguido Conde-Pumpido, quien se ha referido así al presunto intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, señalando que la Fiscalía hispalense "recibió una denuncia por parte de la Junta, tuvo dos meses para realizar las diligencias de investigación y las inició de manera inmediata".

   De este modo, y según ha relatado, el Ministerio Público tomó declaración a "sospechosos y testigos, pidió un informe policial, analizó la cinta, pidió una auditoría de las subvenciones que se habían realizado a Mercasevilla y también una relación de las subvenciones que se habían hecho desde la Delegación Provincial de Empleo". "La Fiscalía realizó una actividad incansable e intensa durante dos meses, pero después se presentó una denuncia que suspendió la investigación, y a partir de ese momento la investigación es judicial", ha agregado.

   Tras insistir en que la Fiscalía "está trabajando de manera muy activa", pues al trabajo del fiscal de delitos económicos de Sevilla se ha sumado el de otro fiscal, ha puesto de manifiesto que la investigación "que nosotros iniciamos ha dado lugar a cinco procedimientos distintos, en uno de los cuales --el presunto intento de comisiones-- ya hay escrito de acusación" contra cuatro personas, entre ellas el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas.

   Por todo ello, ha defendido que "no hay pasividad y se ha actuado con toda diligencia", transmitiendo "el malestar de la Fiscalía por que se pueda cuestionar su imparcialidad". "La defensa de los acusados se tiene que hacer dentro del procedimiento, no entramos en el debate político, pero si en esos debates se quiere descalificar a la Justicia, se está cometiendo un grave error y se está poniendo en cuestión todo el sistema", ha sentenciado.

La Generalitat cierra 2010 con un déficit financiero de 379,9 millones de euros, un 2,38% del presupuesto

VALENCIA.- La Generalitat cerró el ejercicio 2010 con un déficit financiero de 379,9 millones de euros, lo que supone un 2,38 por ciento del presupuesto definitivo, que finalmente ascendió a 15.914 millones de euros.

   Así lo ha explicado el vicepresidente segundo del Consell y titular de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde presentó el balance de liquidación de las cuentas de 2010, que incluyen solo las Consellerias y no el resto de organismos públicos de la Generalitat, cuyos datos se conocerán a partir del 30 de junio.

   Los ingresos no financieros han alcanzado los 11.742 millones de euros, mientras que los costes no financieros han ascendido a 14.291 millones de euros. Teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y gastos de los capítulos I a VIII del presupuesto, la diferencia entre ambos flujos deja un resultado negativo de 2.857 millones de euros.

   Asimismo, el vicepresidente económico ha destacado que si a esto se le añade la variación neta de pasivos financieros --que se derivan del endeudamiento autorizado por el Consejo de Ministros-- el saldo presupuestario del ejercicio asciende a 361,4 millones de euros.

   Gerardo Camps ha destacado que gracias a las "medidas de austeridad" impulsadas por el Ejecutivo valenciano, los gastos no financieros han descendido en 558,1 millones de euros. Al respecto, ha indicado que la reducción más importante se ha producido en gasto corriente, que ha bajado un 7,2 por ciento, y esto se ha hecho "sin comprometer ni el gasto social, que ha aumentado, ni el nivel de inversión pública". En este sentido, ha hecho referencia al Plan de Inversión Productiva en Municipios.

   El conseller ha señalado que a pesar de esta "drástica" reducción de los gastos, "la actual situación de crisis económica y la insuficiencia manifiesta del actual modelo de financiación" han provocado que los ingresos no financieros hayan disminuido en 1.393 millones de euros, lo que representa una reducción del 10,6 por ciento. Esta disminución, según Camps, sitúa los niveles de ingresos de la Generalitat en cifras similares a las del año 2006.

   De los 1.393 millones de euros menos de ingresos no financieros, "1.357 millones corresponden a la disminución de los ingresos que recibimos en virtud del actual modelo de financiación", ha aseverado Gerardo Camps, quien ha cuantificado en una reducción del 13,93 por ciento los ingresos que obtiene la Comunitat del actual modelo de financiación.

   El vicepresidente segundo del Consell ha comparado los datos de la Generaliltat con los de la Administración General del Estado, cuyos ingresos no financieros han aumentado. Al respecto, Camps ha tildado de "paradoja" que estos ingresos en las comunidades autónomas haya descendido, mientras que los del Estado hayan aumentado. Además, la disminución de gastos "es mayor en el caso de la Comunitat Valenciana que en el de la Administración General del Estado", ha indicado.

   Gerardo Camps ha criticado que las entregas a cuenta para las comunidades autónomas para el ejercicio 2010 comunicadas por el Gobierno central, en función de la aplicación del actual modelo de financiación, "han resultado claramente inferiores a los ingresos que el Estado ha tenido en virtud de la subida del IVA y de la mejora de recaudación del IRPF".

   En este sentido, ha denunciado que el Estado "está centrifugando déficit a las comunidades autónomas, para que su déficit del ejercicio parezca menor de lo que es". No obstante, ha advertido de que, cuando llegue la liquidación del año 2010, "será positiva para las comunidades y, entonces, el Estado tendrá que transferirles más fondos de los que ahora ha reconocido en las entregas a cuenta".

   En opinión del conseller, "si el Estado hubiera previsto unas entregas a cuenta para 2010 conforme a los ingresos que ha tenido en este ejercicio, el déficit de las comunidades autónomas sería menor y el del Estado sería mayor".

   El vicepresidente ha puntualizado que la tasa variación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en cuanto a ingresos del Estado ha ascendido un 4,9 por ciento y el IVA un 46,20 por ciento.

   En cambio la tasa de variación de esos mismos impuestos en virtud de las entregas a cuenta que el Estado para 2010 comunicó que iban a producirse a las comunidades autónomas, en el caso de la Comunitat era de un -26,03 por ciento y de un -26,03 por ciento, respectivamente, tal y como ha manifestado Gerardo Camps.

   El titular de Economía ha explicado que la estimación que el Gobierno valenciano tiene del cierre de contabilidad es que se colocará "algunas decimas por encima" del objetivo marcado del 2,4 por ciento.

   A su juicio, esto se debe al "castigo" a la Comunitat Valenciana por el nuevo modelo de financiación y al "error" o "falta de ajuste total de las entregas a cuentas para 2010 hecho por parte de la Administración General del Estado a a las comunidades autónomas".

   Por último, Gerardo Camps ha querido responder a quienes acusan a la Generalitat de "falta de transparencia", como la secretaria de Economía y Empleo del PSPV, Cristina Moreno, afirmando que la valenciana ha sido "la primera comunidad autónoma en presentar la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2010" y ha añadido que ha remitido toda la información al Ministerio de Economía.

Autorización


El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunitat Valenciana a realizar operaciones financieras a largo plazo, hasta un importe máximo de 141,9 millones de euros, mientras que a la Comunidad Autónoma de Aragón se le autoriza a realizar emisiones de deuda pública y tomar préstamos en moneda extranjera, hasta un importe máximo de 58 millones de euros.
   Los importes que se autorizan resultan conformes a los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de endeudamiento de las comunidades autónomas y a los planes económico-financieros de reequilibrio presentados por dichas comunidades, y tienen por finalidad cubrir las amortizaciones ordinarias a largo plazo del primer semestre de 2011, por lo que no supondrán un aumento del nivel de endeudamiento al final del ejercicio.
   Estas operaciones de endeudamiento se autorizan según lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas y en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Alarte no retirará la campaña de las naranjas podridas, a las que identifica con Camps, Fabra, Ripoll y Castedo

ALICANTE.- El secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, ha defendido la campaña 'Otro camino es posible', en la que aparecen imágenes de naranjas en diferentes estados de putrefacción, y ha aclarado que "las naranjas podridas son (Francisco) Camps, Carlos Fabra, Joaquín Ripoll y Sonia Castedo". Así, ha asegurado que no retirará la campaña hasta el 22 de mayo, cuando las naranjas "podridas" se vayan "de esta tierra". 

   En un encuentro informativo ofrecido este viernes en Alicante, Alarte ha mostrado su satisfacción por las reacciones creadas en el PP por esta campaña y ha considerado que el "objetivo" se ha "cumplido", ya que, según ha dicho, los 'populares' están "tan nerviosos que pones una zanahoria y Camps sale detrás".

   Así, ha asegurado que el PSPV no prevé retirar la campaña hasta el 22 de mayo, "en que todas las naranjas podridas de esta tierra se vayan".

"Por eso hemos querido contrastar las naranjas podridas,  --que según ha indicado corresponden al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo--, con las naranjas sanas, que somos más y somos la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", ha explicado.

   En este sentido, ha celebrado que esta iniciativa haya creado "un gran debate" y haya centrado el discurso en la Comunitat. "Lo que queremos es más y más debate, también queremos las naranjas sanas, y que se hable de las naranjas podridas", ha apuntado.

   Así, el PSPV pretende que la gente "pueda elegir y decidir cuál de las dos naranjas quiere: la de Camps, la de la vergüenza, el autoritarismo, la falta de democracia, la del paro y la especulación, o la nuestra, que es la de la inmensa mayoría de los valencianos, que es la del empleo, la formación, la democracia y la pluralidad".

   En cuanto a las críticas vertidas por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), cuyos responsables han rechazado la utilización de naranjas podridas en esta campaña, Alarte ha agradecido "la participación de AVA en el debate". 

"Apreciamos las opiniones hasta cuando son críticas, porque siempre sirven para que nos podamos explicar mejor", ha comentado al respecto.

   Por otra parte, Alarte se ha mostrado convencido de que el anuncio de Francisco Camps de reducir a diez el número de consellerias si gana de nuevo las elecciones, "es mentira", porque "si quisiera hacerlo de verdad" no debería esperar al 22 de mayo, sino que debería hacerlo "mañana".

   Además, en su opinión, con esta propuesta "Camps se ha quedado corto", porque debería recortar "hasta un 50 por ciento y dejar el total de consellerias en siete y una vicepresidencia".

El Consell aprueba el Decreto que reconoce el carácter tradicional de las fiestas que usan la pirotecnia

VALENCIA.- El Consell ha aprobado el Decreto que reconoce el carácter religioso, cultural o tradicional de las manifestaciones festivas de la Comunitat Valenciana que hacen uso de la pirotecnia como pueden ser las Fallas, las Hogueras de San Juan, la Magdalena, la Cordà o las fiestas de Moros y Cristianos, entre otras festividades, por lo que quedan excluidas de la normativa europea sobre artículos pirotécnicos y su uso y/o adaptación.

   El texto especifica como manifestación festiva de carácter religioso, cultural o tradicional las fiestas mayores, patronales o de barrio de los diferentes municipios de la Comunitat, en las que, "de manera habitual u ocasional, pero siempre de modo ritual, se utilicen artificios de pirotecnia", según un comunicado de la Generalitat.

   Asimismo, efectúa una clasificación de las manifestaciones festivas y distingue tres grupos: el primero atañe a espectáculos y actividades que sólo pueden efectuar profesionales expertos --las mascletàs, la cremà, los castillos de fuegos artificiales o la 'corretraca', entre otros--; el segundo hace referencia a aquellos artificios de pirotecnia que pueden realizar personas expertas no profesionales necesariamente (la cordà, el correfoc o la despertà) y por último, celebraciones que puede efectuar "todo el mundo para celebrar o conmemorar algún evento de carácter familiar que no requiere de la autorización por parte de las autoridades competentes (tracas, baterías o trueno de las categorías 1,2 y 3)".

   Además, otra de las novedades del Decreto aprobado por el Consell es que rebaja las edades para el uso de material pirotécnico. De esta forma, los productos con marcado CE de Categoría 1 --de muy baja peligrosidad y nivel sonoro insignificante (bombetas, mini petardos, bengalas)-- podrán ser utilizados por los niños a partir de ocho años y los de Categoría 2 por niños a partir de 10 años, ya que también se tratan de artículos de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro, que deben dispararse al aire libre en zonas delimitadas como pueden ser los chinos, las fuentes o los voladores.

   Para ello, los padres deberán autorizan a sus hijos menores a utilizar el material y manifiestan disponer de "formación suficiente para que no se produzcan accidentes". En cuanto se publique el Decreto en el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV), la Conselleria de Gobernación colgará en su web la hoja de autorización, que también se encontrará disponible en los edificios PROP.

   Este Decreto viene motivado por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, que aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, norma estatal que incorpora al ordenamiento español la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos.

   El Reglamento permite a las comunidades autónomas su adaptación, con lo que la Generalitat h"a querido preservar, a través de este Decreto, las tradiciones tan arraigadas que existen en la Comunitat y que emplean la pirotecnia".