El acuerdo no trascendió el pasado viernes, pero ayer los sindicatos mayoritarios en la CAM -Sicam, CGT y UGT- lo hicieron público en la rueda de prensa en la que anunciaron movilizaciones para defender los 7.500 empleos de la caja. Protestas que se concretarán en concentraciones de tres horas de delegados los días 11, 16 y 18 de diciembre ante la central. Las protestas se recrudecerán hasta llegar a la huelga.
Si la entidad anuncia una fusión sin contar con ellos o si supone un alto coste laboral, explicó Manuel Navaro, de Sicam y miembro del consejo de administración. Los sindicatos consideran que la caja podría seguir sola y creen que cualquier proceso de unión implicará recortes de personal.
Los sindicatos detallaron que el citado acuerdo de la asamblea permite al consejo, según se recogía en el punto, "en orden a mejorar la eficiencia financiera y patrimonial de la entidad", entre otras cosas, a "celebrar contratos que permitan dicha mejora según la circular BE 3/2008 [que refiere al SIP]". El reglamento regula que una fusión debe ser aprobada por dos tercios de la asamblea, pero el SIP es un mecanismo nuevo y el reglamento no lo prevé.
El SIP es un acuerdo que permite a las entidades mantener la marca y la estructura durante diez años, pero que, ante determinadas gestiones de riesgos y liquidez, vayan de la mano.
Los sindicatos creen que el SIP es una fórmula con "lagunas" y que es el inicio de la privatización de las cajas.
También ayer, los miembros del consejo de administración de la CAM realizaron una reunión extraordinaria en París. La visita forma parte del viaje anual con el que la caja agradece el trabajo del consejo.
Y sobre los SIP habló también José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante. Ripoll abogó por que la CAM emprenda una alianza a través de este sistema para mantener su "integridad".
"Seguramente los SIP pueden valer para estos momentos de crisis y se puedan buscar alianzas que respeten la integridad de nuestras instituciones financieras", esgrimió el líder del PP alicantino. Ripoll, que en reiteradas ocasiones ha expresado su rechazo frontal a una fusión clásica entre Bancaja y la CAM, argumentó que en este momento en el que el sistema financiero de cajas está sometido a una revisión hay que conseguir "hacer compatible esa reordenación con los intereses de cada uno de los territorios".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, defendió que cuanto menos entren los políticos en las cajas "mejor". Barberá reclamó que se deje una eventual fusión "en manos de los miembros de las cajas". En la misma línea apostó la portavoz del Consell, Sánchez de León.
Por otro lado, Moody's rebajó ayer la calificación de varios fondos de titulización de activos de la CAM.