ALICANTE.- La magistrada titular del
Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decidido, tras
investigar si se cometió o no delito, archivar la pieza abierta
por la emisión y comercialización de las cuotas participativas de la
Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM) aunque continúa la tramitación sobre una
pequeña parte y también respecto a la venta de participaciones
preferentes y deuda subordinada, según fuentes jurídicas.
Solamente las cuotas participativas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de
julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de
reestructuración de la CAM, están incluidas en la pieza principal donde
los perjudicados han podido formalizar sus escritos de acusación.
Los informes de la CNMV, que participó activamente en la elaboración del folleto informativo, “siendo
correcta la información contenida en el mismo y facilitada a los
inversores sin que se detectara ninguna irregularidad relevante en su comercialización entre la clientela minorista de la entidad” y de los peritos del Banco de España, sobre los estados financieros publicados en el momento de su emisión, en diciembre de 2007, y que “no estaban falseados”, han sido decisivos para el archivo de las diligencias.
En el auto, emitido hoy mismo, sólo cita ya como imputados a Roberto López Abad y María Dolores Amorós, ex directores generales, tras convertir las actuales diligencias en un procedimiento abreviado para que sean juzgados por los presuntos delitos de estafa y/o un delito relativo al mercado y a
los consumidores por las irregularidades cometidas en la comercialización de las
participaciones preferentes y deuda subordinada.
La magistrada Lamela considera responsables civiles subsidiarias a la Fundación CAM y al Banco Sabadell.
La Fiscalía y acusaciones particulares tienen ahora un plazo de diez días para presentar sus
escritos de acusación o de sobreseimiento o, excepcionalmente, la
práctica de nuevas diligencias.
Se archivan las actuaciones
respecto al resto de directivos investigados: el exdirector general de
Recursos Vicente Soriano Terol, Juan Luis Sabater y Francisco Martínez
ya que no existen indicios de que participaran en los hechos.
En su resolución, la titular del Juzgado Central nº 3 destaca que
existen irregularidades en el test de idoneidad que se distribuyó a
través de una circular interna en la que también se adjuntaba el folleto
informativo, que explicaba en que consistía el producto y sus riesgos.
La División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) detectó "una serie de irregularidades" en la
comercialización de los dos productos, que quedaron recogidas en un
informe de febrero de 2012, en el que, entra otras afirmaciones, se dice
que la información facilitada al cliente adolecía "deficiencias
relevantes".
En cuanto a la parte que afecta a la venta de cuotas
participativas, el auto explica que los informes de la CNMV y del Banco
de España apuntan a que las cuentas de 2007 de la caja, con las que se
contaba cuando se comercializaron, no estaban falseadas. "Las cuentas
que han sido detectadas como falseadas son las de 2010 y 2011",
precisa.
La juez investiga en otra causa, la principal, irregularidades
en la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En este
procedimiento se mantiene la instrucción en lo afecta a las cuotas
vendidas desde las 13:05 del 1 de marzo de 2001 al 22 de julio de ese
año.
En ese procedimiento, la magistrada acusa a López Abad y
Dolores Amorós, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol,
el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el
expresidente Modesto Crespo de la comisión de delitos de apropiación
indebida, administración desleal, falsedad documental y falseamiento de
cuentas.
Según indicaba su antecesor al frente del Juzgado, Javier Gómez
Bermúdez, en un auto, los cinco exdirectivos no pusieron "objeción
alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un
debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a
accionistas, acreedores y clientes".
Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron
bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación
patrimonial" del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado
positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el
resultado real hubiera impedido que se les abonara.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio
de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una
inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes
donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los
antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector
inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula
directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros,
actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un
euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9
millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas
pérdidas de 1.136 millones de euros.
