domingo, 17 de junio de 2012

Decisiones irresponsables de los políticos se traducen en obras terminadas sin estrenar

VALENCIA.- En la Comunidad Valenciana —la segunda autonomía con mayor deuda, 20.832 millones de euros hasta marzo, lo que representa el 20,2% de su PIB—se multiplican los casos de obras levantadas con dinero público y que, bien por la crisis, por una mala previsión o por disputas entre Administraciones, permanecen sin estrenar. Son el mejor ejemplo de lo que la canciller alemana, Angela Merkel, definió el jueves ante el Bundestag como “decisiones irresponsables”, recuerda hoy 'El País'.

Un ejemplo es el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real, en Castellón. Se construyó durante el mandato del PP con una inversión de 26 millones de la Generalitat. El complejo, de 18.000 metros cuadrados y previsto para deportistas de élite, solo se abrió para su inauguración en junio de 2011. En el mismo municipio se inauguró la conocida como “biblioteca sin libros”. El Ayuntamiento ha costeado los cuatro millones de la obra, pero el centro no ha dado nunca servicio porque la Generalitat no ha pagado su parte, 2,3 millones.
El centro ocupacional para personas con discapacidad psíquica de Penyeta Roja, en la ciudad de Castellón, es otro ejemplo. La Diputación —encabezada entonces por el popular Carlos Fabra— y la Generalitat invirtieron unos dos millones en unas obras que acabaron en 2009. No ha llegado a abrirse. “Se construyó para dar respuesta a una petición histórica de los padres”, explica el portavoz del PSPV en la Diputación, Francesc Colomer. Desde la consejería de Bienestar Social aseguran que no se ha abierto “porque no hay demanda para cubrir las plazas”.
En otro municipio de Castellón, Vall d’Alba, la Diputación busca qué salida dar a las viviendas tuteladas para personas mayores cuya construcción finalizó en 2006 gracias a una inversión de 400.000 euros de la institución provincial, la Generalitat y el Ayuntamiento. Las viviendas se inauguraron, pero nunca llegaron a abrirse. En 2010 el Ayuntamiento, del PP, aprobó crear allí un centro especializado de enfermos crónicos y las viviendas se volvieron a inaugurar en marzo de 2011, pero no hay dinero para llevar a cabo el centro.
Otras obras se proyectaron al calor del Plan E o del Plan C (Confianza) de la Generalitat. De este último, el PSPV estima que el Gobierno de Fabra aún debe a los Ayuntamientos 2.700 millones.
Los proyectos se realizaron, pero en algunos casos no había previsión para su puesta en marcha. El Ayuntamiento de Vinaròs, en Castellón, levantó un centro de día con 2,9 millones del Plan E bajo mandato socialista. El centro lleva un año cerrado. “Al proyecto le falta una residencia para 143 personas en la planta superior. Solo ha habido financiación para la primera parte”, explica el actual alcalde, Juan Bautista Juan (PP). Ahora se busca una empresa que ejecute la segunda parte.
El aeropuerto de Castellón se ha ganado el apellido de “sin aviones” porque lleva más de un año inaugurado y a la espera de su apertura y de los permisos necesarios. “No vamos a abrirlo para que no haya aviones”, dijo en su día el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. 
En Valencia, los vecinos entregaron al Ayuntamiento que preside Rita Barberá un listado de las obras finalizadas y aún sin abrir, también financiadas con cargo al Plan E y al Plan C. Acabado desde hace más de un año está el Centro Social del barrio de Patraix, en el que se invirtieron 3,8 millones. En la misma situación están el Balneario de Natzaret (1,5 millones), una agencia de lectura (337.000 euros) y un polideportivo (9,5 millones). A ellos se suma el complejo Jubiocio, el mayor centro de jubilados de la ciudad, que costó 5,6 millones y que se está deteriorando por la falta de uso.
Fuera de la capital, en Sedaví (PP), hay un garaje de 2,4 millones que no se abre porque no hay dinero para su transformador. En Oliva, Ayuntamiento también gestionado por el PP, un centro polivalente, una biblioteca y una casa de fiesta llegaron a inaugurarse, pero están cerrados a pesar de que costaron cuatro millones.
En Alicante, el proyecto más destacado es el de la línea 2 del tranvía, que unirá el centro de la ciudad con la universidad. Las obras se terminaron hace más de un año, tras invertir la Generalitat más de 100 millones, pero sigue sin estar en funcionamiento. El Consell prepara un concurso que dejará la gestión en manos de una empresa mixta (público-privada).
El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, destinó a una piscina cubierta más de tres millones, pero está cerrada dos años después de ser construida.
En Elche, otras dos obras demandadas durante años, como un centro de día para enfermos de Alzheimer (dos millones) y un centro de día y residencia para enfermos mentales (2,7 millones) tampoco se han abierto. Ambos fueron financiados con el Plan C e impulsados en la etapa en la que el PSPV dirigía el consistorio. La consejería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat explica que no tienen fecha de apertura.
Cierra la lista Mutxamel. El Ayuntamiento de esta localidad invirtió 1,4 millones del Plan E en el centro de día Sant Pere para discapacitados, con 60 plazas. “Hace un año que está muriéndose”, dice el portavoz socialista en el Consistorio, Antonio García.

Compromís se suma a la campaña #novullpagar para reivindicar la liberalización de la AP-7


VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, y numerosos cargos públicos, militantes y simpatizantes de la coalición se han sumado este domingo a la campaña #novullpagar para reivindicar la liberalización de la AP-7 a su paso por la Comunitat Valenciana.

   Diputados, concejales y otros cargos públicos han salido por los peajes de Benicarló (Castellón), Oliva (Valencia) y Sagunto (Valencia) sin pagar, a pesar de que en este último agentes de la Guardia Civil "han ejercido como agentes de la seguridad privada de la empresa Abertis y preguntaban a los conductores si iban a pagar o no".
   De hecho, han advertido de que iban a denunciar a todos aquellos conductores que se negaran a pagar a la salida de la autopista, aunque los componentes de la caravana, encabezada en este punto por el diputado en las Corts Fran Ferri "han hecho caso omiso a las intimidaciones y amenazas y no han pagado", ha informado el partido en un comunicado.
   Ferri ha denunciado que la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León, "ha puesto a trabajar esta mañana a la Guardia Civil que pagamos todos al servicios de una empresa privada", por lo que le ha pedido que deje su cargo. "Sabemos que no lo hará, como tampoco dejaremos nosotros de defender reivindicaciones ciudadanas tan justas como es la liberalización de la AP-7", ha agregado.
   En el peaje de Oliva ha participado el portavoz de Compromís en las Corts, quien ha destacado la urgencia de recuperar y liberar los peajes de la AP-7, ya que los valencianos han "pagado bastante esta infraestructura y el PP ha alargado el plazo del peaje".
   Morera ha recordado que Compromís presentó la pasada legislatura  una proposición de ley para "rescatar" la AP-7, que fue rechazada por el Consell y que, no obstante, se ha vuelto a presentar en la actual legislatura sin saber todavía nada de ella.
   También el diputado de la Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, presentó enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado para que se constituyera el fondo de rescate con el dinero que empleará el gobierno de Rajoy para rescatar las deficitarias autopistas radiales de Madrid.

Fiscalía pide un año de prisión para el exalcalde de Olocau, condenado en marzo por un delito urbanístico

VALENCIA.- La Fiscalía de Valencia solicita una pena de un año y tres meses de prisión para el exalcalde de Olocau, José Agustín Agustí, por un delito contra la ordenación del territorio, según consta en el escrito de calificación provisional. El exedil ya fue condenado anteriormente, en el mes de marzo, por un delito similar a cumplir dos años de cárcel y a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

   El ministerio público también solicita para el exedil, quien presentó su baja voluntaria del PSPV tras ser condenado en marzo de 2012 por un delito de prevaricación urbanística, ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, además de que pague una multa de 5.400 euros.
   Según consta en el escrito de calificación, una persona solicitó en marzo de 2005 al Ayuntamiento de Olocau licencia de obras para la instalación de una línea de suministro de energía eléctrica compuesta por dos líneas aéreas de media y baja tensión, y un centro de transformación, para prestar suministro de electricidad a un conjunto de viviendas ubicadas en la partida Escopar y Plá de Horcán de las localidades de Olocau y Marines.
   Esta persona acompañó a su solicitud un "simple" presupuesto de las obras y sin proyecto técnico de ninguna clase, tal y como consta en el mismo escrito. Esta petición dio lugar a un expediente en el consistorio, en el que el arquitecto técnico manifestó que los terrenos sobre los que se pretendía realizar la obra estaban en suelo no urbanizable protegido de predominio forestal, y que el otorgamiento de licencia requería informe previo favorable de la conselleria, así como proyecto técnico y estudio de impacto medioambiental.
   El acusado, en su condición de alcalde de Olocau, a sabiendas de la existencia de este informe del arquitecto, y sin que se hubiera aportado el informe previo de la conselleria ni se hubiera realizado el proyecto técnico ni el estudio de impacto medioambiental, dictó en febrero de 2006 un decreto acordando otorgar la licencia solicitada. Por ello, se llevó a cabo la instalación eléctrica.
   Se da la circunstancia de que el ministerio fiscal presentó este escrito fiscal el mismo día en que el juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia condenase a Agustín a dos años de prisión y a 10 de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación urbanística.
   En este caso, según consta como probado en la sentencia, el acusado concedió en diciembre de 2005 a su esposa una licencia de segregación para ocho parcelas, que pertenecían a la sociedad de gananciales de ambos. Ese mismo día, "a sabiendas de su ilícita actuación", dictó un nuevo decreto en el que concedía otra licencia de segregación sobre las mismas parcelas a una persona, y luego concedió a una mercantil licencia de obras para llevar a cabo la construcción de ocho viviendas unifamiliares en las parcelas, "a sabiendas de que éstas no gozaban de la condición de solar".
   En enero de 2006, el acusado y su esposa vendieron las parcelas a una persona y a su mujer por 283.000 euros, mientras que las adquirieron por 103.260 euros, con lo que el beneficio obtenido, mediante la concesión de la licencia de segregación y la licencia de obras, fue de 179.740 euros.
   Sobre estos hechos, el acusado alegó no haber actuado con intencionalidad o ánimo de delinquir, y justificó la solicitud de la licencia por parte de su esposa en que era primera propietaria, y añadió que cuando ésta pidió la licencia, las parcelas ya estaban vendidas a la otra persona.
   Frente a ello, el juez entendió que si las parcelas ya eran propiedad de otra persona, carecía de toda lógica que fuera la mujer la que solicitara la licencia de segregación. Además, consideró "suficientemente acreditado" que el acusado era conocedor de la condición de suelo urbanizable no programado, por lo que le condenó a cumplir dos años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público.

El PSPV denuncia que la Generalitat debe 250 millones de euros en concepto de ayudas a la vivienda

VALENCIA.- La portavoz de Vivienda del grupo socialista en las Corts, María José Salvador, ha denunciado que la Generalitat adeuda cerca de 250 millones de euros en concepto de ayudas a la vivienda correspondientes a los años 2007-2011 a unas 30.000 personas que tenían reconocidos estos derechos y no han cobrado los importes correspondientes.

   En un comunicado, la diputada ha señalado que estas personas no han recibido las ayudas aprobadas en su día por bajo los conceptos de ayuda al alquiler, adquisición de vivienda de nueva construcción y de vivienda usada. Estas cifras han sido facilitadas por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, como respuesta a la batería de preguntas presentada por los socialistas sobre el número de resoluciones aprobadas y las cantidades abonadas.
   Según la socialista, entre 2007 y 2011 la Generalitat reconoce haber pagado 136 millones de euros en concepto de ayudas al alquiler de los aproximadamente 386 millones de euros, en total, que debía haber abonado a las personas que tienen reconocida la resolución de ayuda en ese periodo.
   Salvador ha lamentado "la falta de iniciativa de la Conselleria para aplicar medidas en su ámbito competencial para impulsar y promover políticas públicas de vivienda en el marco del Estatut d'Autonomia" y ha criticado que las políticas del PP "se centran en disminuir el presupuesto de vivienda, liquidar el IVVSA, recortar las ayudas a la vivienda o destinar siete millones de euros para pagar los despidos de los trabajadores del IVVSA".
   Por ello, ha calificado esta política de "absoluta bancarrota", sobre todo porque, tal y como ha recordado, "quienes reciben estas ayudas es porque tienen bajo nivel de renta, así que si dejan de percibir estos ingresos sus expectativas de presente y futuro se verán truncadas, quedando en una situación de abandono en la que es imposible que tengan garantizado el acceso a una vivienda, lo que supone una auténtica irresponsabilidad por parte de la Generalitat".
   "La vivienda es un derecho, un bien prioritario, y no un lujo. Por eso, no se puede hacer negocio ni mercadear con un derecho social de primer orden", ha agregado la diputada, que ha insistido en que "ahora más que nunca hay que preservar el Estado de Bienestar con más educación, sanidad, dependencia, y políticas de vivienda".

Educación premiará a los docentes que permanezcan de forma estable en un destino de difícil provisión

VALENCIA.- La conselleria de Educación, Formación y Empleo prepara una orden para clasificar los puestos de trabajo docentes de difícil provisión en los centros públicos de la Comunitat Valenciana y premiar, con puntos extraordinarios para el Concurso General de Traslados, a los profesores que permanezcan por un periodo de tiempo prolongado en estos destinos de forma estable.

   El objetivo de esta nueva orden es fomentar la estabilidad de personal docente en los centros de aquellas localidades en las que los docentes piden con mayor frecuencia comisiones de servicio tras obtener el destino definitivo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
   En primer lugar, la Conselleria clasificará aquellos municipios donde haya un mayor índice de profesores interinos como consecuencia de un traslado superior a la media de los funcionarios titulares en comisiones de servicio. Los centros del sur de la provincia de Alicante son los que más problemas encuentran para que el docente permanezca en su destino definitivo.
   Para ello, regulará el concurso de traslados y mejorará la eficacia de los procedimientos de movilidad de los funcionarios docentes, premiando con puntos extraordinarios a los profesores que permanezcan de forma estable en estas localidades para posteriormente solicitar un concurso de traslados definitivo.
   Desde el Consell se espera estimular la estabilidad de los profesores en aquellos centros que por sus especiales características o por estar ubicados en zonas geográficas poco demandadas en los procedimientos de provisión, tienen una elevada tasa de movilidad de sus plantillas. El fin es luchar contra el fracaso escolar y permitir que los centros puedan elaborar un proyecto a largo plazo con la participación activa de los docentes.
   Educación considerará centros de difícil provisión aquellos que estén ubicados en municipios en las que en el curso escolar exista más de un 25 por ciento de funcionarios con destino definitivo que, sin embargo, no ocupen sus plazas. También se catalogarán de difícil provisión los que estén ubicados en localidades en las que en el curso escolar existan menos de diez funcionarios con destino definitivo.

El Gran Premio de Europa contará con un despliegue de personal formado por 2.475 personas

VALENCIA.- La celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia, que tendrá lugar el próximo fin de semana, contará con un equipo humano formado por 2.475 personas que desarrollarán diferentes cometidos en el Valencia Street Circuit, según ha informado la organización en un comunicado.

   Así, un total de 120 vigilantes, ayudados por 45 cámaras, se encargarán de la seguridad interna de las instalaciones del circuito, reforzados por 200 personas que se encargarán de los accesos y por 100 controladores situados también en las puertas y tribunas del Valencia Street Circuit.
   Para responder ante cualquier emergencia, el circuito contará con dos ambulancias SAMU y una convencional para un equipo médico compuesto por 30 personas distribuidas en cuatro postas, ubicadas en las distintas puertas de acceso. Otros 28 bomberos y buceadores, repartidos en siete dotaciones y 90 voluntarios de Protección Civil completan el equipo de seguridad fuera de la pista.
   En el exterior, 1.600 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado garantizarán la seguridad de los aficionados en los alrededores del trazado, mientras que 1.400 agentes de la Policía Local de Valencia gestionarán el tráfico en la ciudad durante los tres días del evento.
   En pista habrá 461 comisarios que actuarán ante cualquier incidencia en carrera. El grupo está integrado por 252 comisarios de asistencia, 95 de banderas, 60 técnicos para especificaciones y verificaciones técnicas, 22 miembros en los equipos de rescate y extracción y 32 comisarios de pit lane.
   La seguridad en pista se complementará con un servicio médico formado por 44 profesionales sanitarios, además de 8 ambulancias, 5 UCI y 3 convencionales. El centro médico contará con un cirujano, un traumatólogo, anestesistas y radiólogo.
   Del mantenimiento de las instalaciones del circuito se encarga un equipo de 52 personas formado por fontaneros, electricistas, pintores, operarios y oficiales, que se han encargado del montaje del vallado de la pista, los pianos o el acondicionamiento del perímetro del circuito. El servicio de limpieza será atendido por 450 personas durante todo el fin de semana.
   Además se han instalado en diferentes puntos 145 contenedores de Residuos Sólidos Urbanos, 45 contenedores y 750 papeleras de reciclaje de papel, plástico y pilas, que junto a siete máquinas compactadoras --con capacidad para 10 toneladas cada una--, dos camiones baldeadores de agua y dos barrenderos, contribuirán a reciclar los residuos generados durante el Gran Premio.
   La restauración concentra a 220 trabajadores en el interior del circuito, complementados con 25 azafatas en las tribunas para atender las necesidades de invitados y aficionados. Completan la nómina de los integrantes del dispositivo las 24 azafatas y azafatos que arroparán a los pilotos en la parrilla, 8 personas que trabajarán en las taquillas instaladas por Valmor en los alrededores del Valencia Street Circuit, 150 voluntarios ubicados en distintos puntos de información, además del personal del centro de prensa, compuesto por 50 personas.
   En el área de la Marina, se han acreditado 423 personas, tanto tripulantes como personal de la organización que desarrollará diferentes funciones para atender las necesidades de la zona, en la que se atracarán 82 barcos, que alojarán a más de 1.700 invitados.

UPyD pedirá saber la distribución de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- UPyD quiere que el Gobierno explique sus planes de reforma de la administración local y cómo piensa redistribuir las competencias entre los ayuntamientos, las diputaciones, las Comunidades Autónomas y el Estado para evitar duplicidades.

   La iniciativa ha sido llevada al Congreso de los Diputados por la portavoz del grupo de UPyD, Rosa Díez, que quiere una respuesta por escrito a varias preguntas después de conocerse esta semana el informe preparado por Administraciones Públicas como base para la negociación con el PSOE de esta reforma.
   En texto se propone una lista de competencias municipales que mantiene básicamente las actuales, pero eliminando las relativas a educación y sanidad. "Es necesario que el Gobierno exploque cuál es el plan de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y la nueva distribución de competencias", asegura la diputada.
   En sus preguntas, UPyD quiere que el Ejecutivo aclare si quiere eliminar esas competencias en educación y sanidad, qué otras competencias cree que deben ser revisadas "y en su caso reorganizadas con los diferentes entes territoriales de España", y qué otras medidas pretende promover al reformar la citada Ley de Bases.

La mitad de los españoles está a favor de que se prohíba fumar en playas y piscinas

MADRID.- El 69 por ciento de los españoles considera que la actual ley antitabaco ha contribuido a que se fume menos en España y, por este motivo, la mitad de los ciudadanos ve con buenos ojos que se extienda la prohibición de fumar a otros lugares como las playas o las piscinas.

   Así se desprende de una encuesta elaborada por TrypAdvisor España con 670 personas, la mayoría no fumadoras, que además ha demostrado como en el último año ha aumentado el respaldo de la ciudadanía a la última norma que entró en vigor en enero del año pasado.
   De este modo, mientras que en 2011 el 72 por ciento de los ciudadanos estaba a favor de un endurecimiento de la legislación para ampliar los espacios sin humo a todos los establecimientos de la hostelería, la encuesta de este año revela como este apoyo ha aumentado hasta el 83 por ciento.
   Todo ello pese a que el 64 por ciento considera que las prohibiciones que establece esta norma se cumplen sólo a veces, frente al 33 por ciento que opina que se respeta siempre.
   Aunque la mayor parte de los encuestados (72%) no ha sabido decir las comunidades donde más se produce este incumplimiento, los pocos que se han aventurado a dar nombres han señalado a los ciudadanos de Madrid (9,4%) y Andalucía (8,5%) como los más incumplidores de la ley.
   Por último, y junto a los beneficios para la salud de la ley, un 12 por ciento de los ciudadanos considera que esta nueva norma ha favorecido a que vengan más turistas extranjeros a España, dado que hasta la mitad de los encuestados admite que suele tener en cuenta los hábitos de fumar de los países a la hora de elegir vacaciones.