viernes, 11 de mayo de 2012

La Generalitat dice que "no se puede criminalizar a Bancaja de todos los males que tiene Bankia"

CASTELLÓN.- El vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Císcar, ha destacado este viernes que "no se puede criminalizar a Bancaja de todos los males que tiene Bankia", y ha subrayado que la situación en la que se encuentra la entidad "puede ser responsabilidad de muchos".

   Císcar ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que se ha celebrado en Benicàssim, al ser preguntado por las declaraciones realizadas por el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, quien señaló que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato "heredó una situación envenenada" y acusó al Banco de España de obligar al exministro a "hacerse cargo de Bancaja con una información que a lo mejor no era acertada".
   Al respecto, el vicepresidente valenciano ha destacado que con estas manifestaciones Martínez-Pujalte "no estuvo acertado". Asimismo, ha resaltado que "quien diga que Bancaja es el único responsable de todo esto se está equivocando gravemente".
   El también portavoz del Consell ha explicado que cuando se inició el proceso de creación de Bankia, tras la fusión de una serie de cajas, se realizó un informe por parte de la consultora Deloitte en el que se hacía una valoración de las distintas cajas.
   Así, ha explicado que este informe dice cosas "muy interesantes", como que la cartera de cretidos en situacion normal en Bancaja y Caja madrid eran "idénticas", del 88 por ciento en cada una. De este modo, la cartera de créditos que pudiera resultar problemática en cada una de las entidades también coincidía, en el 12 por ciento.
   Además, ha indicado que el estudio también señalaba cuál era el peso de la cartera inmobiliaria en cada una de las entidades, y ha puntualizado que en el caso que en el caso de Bancaja era del 23 por ciento y en el de Caja Madrid del 20 por ciento, "no eran idénticas, pero bastante similares".
   Asimismo, ha añadido, se presentaban los ratios de eficiencia. El de Bancaja era superior al de Caja Madrid, con un 35 por ciento de la entidad valenciana frente 46 por ciento de la madrileña, ha comentado al respecto.
   Por otro lado, se ha referido a los saneamientos que el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ha realizado desde su constitución hasta la fecha y ha explicado que "los saneamientos se aportan en función de los activos que a priori son incobrables".
   "Lo que ha tenido que aportar el BFA a Bankia son 13.138 millones de euros, de ellos solo 5.491 millones corresponden a activos de Bancaja, solo el 41,8 por ciento", ha manifestado el conseller, quien ha señalado que "el restante, casi 59 por ciento, corresponde a activos de las otras cajas".
   Por lo tanto, considera que "el resto de cajas algo tendrán que ver en todo esto", ha manifestado. Císcar cree que "alguien no está diciendo toda la verdad" y ha incidido en que desde la Generalitat no están "dispuestos a permitir que se intente criminalizar a Bancaja todos los males que tiene Bankia".
   Preguntado por la creación de una comisión de investigación sobre Bankia en las Corts que han solicitado los grupos de la oposición, el vicepresidente ha respondido que "no se trata de que ha habido una mala gestión de los gestores o de los consejeros de Bancaja desde que Bankia se creó".
   A su juicio, "hay que analizar otras cosas".
 "Habría que hablar también del Banco de España, del FROB y, sobre todo, de que este problema puede ser responsailidad de muchos, no solamente de unos pocos", ha concluido.

Puig ve "inadmisible" que Fabra "esté ausente ante la semana trágica de la banca valenciana"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha lamentado este viernes que mientras el sistema financiero valenciano "se tambalea", el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "siga ausente". En su opinión, es "inadmisible e increíble" que el jefe del Consell "esté ausente en la semana trágica de la banca valenciana" y ha reclamado que se asuman "todas las responsabilidades políticas que se derivan de esta actuación, así como las responsabilidades de aquellas personas que el PP puso al frente de las cajas".

   Puig ha señalado al PPCV como el "principal culpable" de lo que  finalmente ha pasado con Bankia ya que "fueron ellos los que cambiaron la ley de cajas cuando llegaron al gobierno para meter la mano y, lo que han hecho finalmente, es acabar con el sistema financiero valenciano", según ha informado el PSPV en un comunicado.
   Por todo ello, considera que es "inadmisible que los responsables de esta situación se salgan de rositas". "No es posible que los directivos y los miembros del consejo de administración  se vayan a casa incluso cobrando indemnizaciones. Se tienen que ir a casa, por supuesto, pero renunciando a la indemnización", ha remarcado.
   El secretario general del PSPV, que ha realizado estas declaraciones en Gandia en la entrega de la VIII edición de los premios Primer de Maig, ha señalado que, en estos momentos, "de lo que se trata es de conocer lo que ha pasado". Por este motivo, el grupo parlamentario socialista ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación en las Corts para que se aclare todo lo sucedido en Bankia.
   "Ahora lo fundamental es generar confianza y dar seguridad a los ciudadanos ya que tanto los impositores, los trabajadores, como el conjunto de la sociedad está con una onda preocupación sobre lo sucedido", ha concluido.

El Estado subastará su participación de BFA-Bankia antes de tres años

MADRID.- El Estado se desprenderá de su participación en el capital de BFA-Bankia en un proceso competitivo de subasta en un plazo máximo de tres años, según establece la legislación actual, informaron en fuentes del Ministerio de Economía.

   El Estado se ha hecho con la totalidad del accionariado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y por tanto con una participación superior al 48% en su filial cotizada Bankia, después de que el consejo de la matriz así lo solicitara.
   La legislación vigente limita la presencia estatal en el capital de las entidades a tres años, por lo que a falta de un cambio normativo, la presencia pública en el capital de BFA-Bankia no podrá prolongarse más allá de mediados de 2015.
   La entrada del sector público en el capital de BFA se concretará a través de la conversión en capital de un préstamo por importe de 4.465 millones de euros articulado en su día a la entidad en forma de participaciones preferentes suscritas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.
   A la espera de que el nuevo equipo gestor de Bankia, encabezado por su presidente ejecutivo, José Ignacio Goirigolzarri, dé a conocer su plan estratégico en las próximas semanas, el Gobierno considera que se trata de un proyecto viable y que la entidad es sólida, pese a haber registrado un déficit de capital.
   Antes de que el Estado nacionalizara BFA-Bankia, la entidad contaba de plazo hasta el próximo 30 de mayo para presentar su plan de saneamiento al Banco de España, que le requirió medidas adicionales para cubrir las exigencias de saneamiento del decreto del pasado mes de febrero.
   El Gobierno prevé que los nuevos gestores de BFA-Bankia presenten al instituto emisor su plan de saneamiento en la misma fecha, y fuentes del Ministerio de Economía inciden en que el objetivo no es la liquidación de la entidad sino garantizar la viabilidad de su negocio.

Elevan de 5 a 10 años la prescripción del delito fiscal

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que incluye elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal y aumentar de dos a seis años, en lugar de uno a cinco años, las penas de cárcel impuestas a los defraudadores.

   El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros por ejercicio o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. La ley mantendrá la consideración de delito fiscal por cantidades por encima de los 120.000 euros.
   Este tipo agravado de defraudación también se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.
   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien explicó que estas modificaciones afectan a "los delitos fiscales, los fraudes masivos y a la Seguridad Social", con el objetivo de "luchar contra el fraude y la economía sumergida".
   Para introducir estos cambios, el Gobierno modificará el Código Penal (CP) en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. La propuesta parte de los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social.
   El anteproyecto de ley también fija mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación. Entre ellas figuran rebajas de penas por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.
   Este atenuante se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.
   Por otro lado, la Administración Tributaria podrá reclamar las cantidades defraudadas durante la tramitación del proceso penal, lo que evitará que los defraudadores malvendan los bienes durante el proceso y se declaren insolventes para no pagar. En la actualidad, se exige el pronunciamiento expreso del juez.
   Además, Gobierno aumentará el control de las tramas defraudatorias y no será necesario esperar a que transcurra el ejercicio completo cuando la defraudación supere los 120.000 euros. En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar.
   El Gobierno endurece de cinco a seis años de cárcel los delitos agravados contra la Seguridad Social y amplía la prescripción de cinco a diez años para evitar casos de empresas ficticias y talleres clandestinos.
   Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación de 120.000 euros a 50.000 euros, que incluirá toda la deuda no prescrita. Por otra parte, se sancionará a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin la autorización de trabajo.
   Por último, se considerará delito de falsedad documental la falsificación de certificaciones por terceros de documentos de la Seguridad Social, y se introduce un nuevo delito contra los supuestos de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas, cuando afecten al patrimonio público.
   El Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas, planteadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia.

El Gobierno "todavía" no ha "identificado ninguna" responsabilidad en Bankia

MADRID.- El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que, a día de hoy, el Gobierno "todavía" no ha "identificado ninguna" responsabilidad en la situación de Bankia. En su opinión, eso es algo que se "dilucida" con el tiempo, aunque argumentó que las crisis financieras se llevan por delante muchas instituciones y el Ejecutivo analizará con "cuidado y atención" los "errores" que se han cometido. 

   De Guindos tuvo que responder, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a tres preguntas sobre si se deben depurar responsabilidades por lo ocurrido en Bankia.
   "El tema de las responsabilidades están siempre ahí, existen posibilidades al respecto, lo que son los instrumentos de transparencia y control", respondió inicialmente al ser cuestionado por este asunto.
   No obstante, dijo que "eso se tendrá que dilucidar en las próximas semanas" y que el Gobierno "no es nadie en estos momentos para decir si se ha cometido o no algún tipo de irregularidad".
   Recordó que ahora hay un nuevo equipo de gestores que tienen que poner en marcha un plan para reconducir una situación que es complicada y "tienen el máximo prestigio para hacerlo". Pero, añadió que, en relación con las posibles responsabilidades de los antiguos gestores: "a fecha de hoy, desde luego, nosotros todavía no hemos identificado ninguna".
   Tras esta respuesta, De Guindos fue preguntado de nuevo si se van a buscar responsables entre los gestores de las entidades quebradas, entre los gobiernos regionales que les han sustentado o del Banco de España. Pero De Guindos respondió aludiendo a la limitación de las remuneraciones que se habían fijado en febrero por parte del Gobierno, además de la cláusula incluida en la reforma laboral sobre las indemnizaciones de los directivos de banca.
   De esta forma, el ministro evitó responder por lo que se le preguntaba. Eso sí, salió en defensa de la profesionalidad y del prestigio del Banco de España, aunque en un momento determinado dijo que éste "recuperará su prestigio", pero sin admitir previamente que lo hubiera perdido.
   Pero De Guindos tuvo que responder una tercera vez por esta cuestión. "¿Si no hay ningún responsable, qué es lo que ha pasado?.
¿Nadie va a asumir ningún tipo de responsabilidad", le preguntó de nuevo otro informador, quien cuestionó si el Gobierno se plantea una reflexión al respecto.
   El titular de Economía volvió a reiterar lo incluido en el real decreto ley de febrero para limitar las remuneraciones de los directivos de las entidades con ayuda pública, pero en esta ocasión añadió, sobre las responsabilidades, que es algo que "se dilucida en el tiempo".
   "Evidentemente habrá que irlo viendo", exclamó y expuso que las responsabilidades pueden ser de "diferente ámbito, de gestión o de otro tipo". No obstante, argumentó que las crisis financieras "se llevan por delante a muchísimas instituciones" y "es muy importante definir cuáles son los errores que se han cometido al respecto para no volverlos a repetir y eso es algo que este Gobierno va a analizar con cuidado y atención".

Fabra dice que dará "la cara" en el CPFF para "hacer creíble" el Plan de Reequilibrio y exigir financiación "justa"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que el Gobierno valenciano va a "dar la cara" en la reunión del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para "hacer creíble" el Plan de Reequilibrio que han presentado con el que espera conseguir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento. En este punto, ha asegurado que también van a ser "insistentes" en la exigencia de una financiación "justa, adecuada y que sea la base adecuada para nuestro crecimiento". 

   Fabra se ha pronunciado de esta manera en la sesión de control en las Corts Valencianes con motivo de la pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Enric Morera sobre la financiación autonómica y la posición del Gobierno valenciano en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 17 de mayo. En este encuentro presentarán el Plan de Reequilibrio y lo harán público cuando esté aprobado.
   "Vamos a cumplir" con el objetivo de reducción del déficit al 1,5 por ciento porque "está en juego la credibilidad de la Comunitat Valenciana y de España", ha dicho Fabra. Asimismo, ha argumentado que "o tenemos las cuentas ajustadas o no accedemos al crédito".
   Del mismo modo, ha reconocido que la Comunitat ha estado "infrafinanciada en los últimos años" y eso ha sido lo que ha hecho que "durante casi 30 años hayamos tenido menos financiación que otras comunidades autónomas". Por eso, ha subrayado que con las Corts "tenemos que hacer valer nuestra fuerza para hacer valer aquello que nos merecemos".
   Por su parte, el síndic de Compromís, Enric Morera, ha advertido de que "si nos condena al 1,5 por ciento de déficit no habrá posibilidad de recuperación" para la Comunitat. Por ello, le ha instado a elegir entre "defender los intereses de la Comunitat" o "ceder" ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Estudiantes valencianos claman por una educación pública de calidad y gratuita

VALENCIA.- Varios centenares de estudiantes se han manifestado este jueves por las calles del centro de Valencia para reclamar una educación pública "de calidad, gratuita y sin masificación", en el marco de las 70 manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes en el conjunto del país.

   En este caso, también se han sumado a la marcha representantes de los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Aena o Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), así como miembros de la CGT.
   Los manifestantes portaban una pancarta en la que llamaban a la "rebelión" frente a los recortes en los servicios públicos y han coreado consignas como "los recortes para los de las Cortes", "yo recortaría a la monarquía" o "trabajo temporal para la Casa Real". Asimismo, algunos asistentes llevaban carteles en los que aseguraban que "cuando la injusticia se hace ley, la rebelión es un deber" o hacían referencia a la "bankiarrota" del sistema financiero.
   La marcha ha partido desde la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, en la avenida Blasco Ibáñez, y ha recorrido algunas de las calles principales del centro histórico hasta el parlamento final, que ha tenido lugar en la Plaza de la Virgen.
   Durante su intervención, el coordinador del Sindicat d'Estudiants, Carlos Naranjo, ha criticado duramente "todos los recortes que el PP ha planteado en educación", como el aumento del ratio de alumnos o la ampliación del horario lectivo del profesorado, y advertido de que la subida de tasas universitarias en un momento en que España cuenta con 5,5 millones de parados y con más de 1,5 millones de familias con todos sus miembros desempleados supone "que los hijos de los trabajadores no puedan ir a la universidad".
   "Ellos quieren que solo los hijos de los ricos puedan ir a la universidad", ha insistido el coordinador del Sindicat, que ha asegurado que todas las medidas puestas en marcha conforman "un plan de ataque contra las condiciones de vida de la clase trabajadora" que debe tener una respuesta unitaria a nivel estatal. A su juicio, la "lucha" debe continuar "hasta la huelga de 48 horas" y ha insistido en la necesidad de "organizar una rebelión social en la que se cuestionen las bases del sistema capitalista".
   Por último, el representante estudiantil ha censurado la "campaña de desprestigio" que está sufriendo el movimiento estudiantil por parte de "la derecha mediática" para "criminalizar a la juventud" y ha hecho un llamamiento a los jóvenes a secundar la huelga en educación convocada para el próximo 22 de mayo, así como las planteadas a nivel autonómico.
   Por su parte, el presidente del comité de empresa de RTVV, Vicent Mifsud, ha alentado a los estudiantes a continuar en la lucha para "estudiar en igualdad", ya que con las nuevas medidas "no se va a primar la capacidad, el mérito y el estudio" a la hora de acceder a la universidad.
   Mifsud ha explicado la situación del ente público, en el que los trabajadores se encuentran "amenazados" con un millar de despidos y ha censurado que la propuesta de cambio de modelo de RTVV no pasa por un mayor ahorro al ciudadano y una mejora de la eficiencia, sino por el trabajo con productoras privadas, que se quedarán los beneficios.
   Asimismo, trabajadores de la EMT y de FGV han denunciado también la situación en la que se encuentran y han defendido un transporte público "de calidad y lo más económico posible" para los ciudadanos. También desde Aena Manises, un representante sindical de CCOO ha instado a la unión contra los recortes y ha censurado que están "hartos de ver cómo grandes constructoras se hinchan a ganar dinero para construir aeropuertos inútiles" mientras los servicios públicos "se convierten en un negocio".

El PSPV pide una comisión de investigación en las Corts para esclarecer responsabilidades por el "deterioro" de Bankia

VALENCIA.- El grupo parlamentario socialista en las Corts ha registrado esta tarde la solicitud de creación de una comisión de investigación en la cámara valenciana para establecer las responsabilidades correspondientes por el "deterioro" de Bankia, según han informado fuentes del PSPV. 

   Así lo ha acordado el PSPV en una reunión mantenida ayer tarde, encabezada por el secretario general, Ximo Puig, tras la dimisión del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y la petición de su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, de que el Estado entre en el capital del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia.
   El PSPV considera que lo que ha sucedido "tiene graves repercusiones para la economía de las empresa y las familias de la Comunitat Valenciana", por lo que cree necesario que se abra una comisión de investigación en las Corts para "esclarecer el proceso que ha llevado a la situación actual de Bankia".
   Asimismo, los socialistas buscan conocer "quiénes han sido los responsables de la actual situación". La formación socialista reclama que la comisión establezca la responsabilidades que pueda tener la Generalitat "en el proceso de deterioro de los instrumentos financieros de la Comunitat Valenciana desde 1997".
   Por otro lado, el PSPV solicita la renuncia de las posibles indemnizaciones de los altos cargos de Bankia procedentes de Bancaja. Finalmente, pide que se garantice la continuidad de la obra social que le corresponde a Bancaja dentro de Bankia, así como que se garanticen los derechos de los trabajadores.

EUPV exige la "nacionalización absoluta" de Bankia para que se ponga al servicio de la economía productiva

VALENCIA.- La portavoz de EUPV en las Corts, Marga Sanz, ha exigido este jueves la "nacionalización absoluta del conjunto de la entidad financiera que incluye a Bankia" y no solo de su matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), para que de este modo, "se ponga al servicio de la economía productiva" y de las necesidades "sociales y económicas" del conjunto de la ciudadanía.

   Sanz se ha pronunciado así en declaraciones a los medios en las Corts, en las que ha señalado que desde la formación de izquierdas no se quedan "solamente con la nacionalización de BFA, que al fin y al cabo es el 'banco malo' que reúne todos los activos tóxicos de la SIP que conformaron las siete cajas de ahorros que se fusionaron en su momento".
   "No estamos dispuestos a que los españoles, y los valencianos en lo concreto, paguemos con dinero público el malgasto del dinero que hicieron las cajas de ahorro en el momento de los negocios del ladrillo", ha reiterado la síndica de Compromís, que ha agregado que su voluntad es que se produzca la "nacionalización completa" de Bankia.
   Asimismo, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "vele por los intereses de los valencianos", que en estos momentos están representados en Bancaja. En el marco de la nacionalización, ha continuado Sanz, EUPV quiere que la caja "vuelva como banca pública valenciana para defender la economía productiva  valenciana y los gravísimos problemas que hoy tiene todo nuestro tejido productivo".

Compromís propone utilizar la nacionalización para recuperar Bancaja y saldar la "deuda histórica"

VALENCIA.- El portavoz del grupo Compromís en las Corts, Enric Morera, ha propuesto al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que utilice la nacionalización de Banco Financiero y de Ahorro (BFA) --matriz de Bankia-- para exigir la recuperación de Bancaja como entidad pública valenciana en compensación por la "mala financiación" autonómica recibida en los últimos años. De este modo, se saldaría "la deuda histórica que tiene el Estado con el pueblo valenciano".

   Así se ha pronunciado Morera en declaraciones a los medios en las Corts, en las que ha mostrado su "sorpresa" por que "el PP nacionalice el banco del PP", Bankia, una entidad que, según ha recordado, ha estado dirigida por personas con responsabilidades políticas en anteriores gobiernos 'populares', como Rodrigo Rato o José Luis Olivas.
   El síndic de Compromís ha explicado que, dado que se ha nacionalizado "una parte del conjunto" de Bankia, la correspondiente a su matriz, "diciendo que había irregularidades", la coalición quiere saber "cuáles son esas irregularidades". Por ello, ha anunciado que han presentado en la Cámara autonómica la petición de creación de una comisión de investigación.
   El objetivo es "saber a dónde llegan esas irregularidades, qué se ha escondido de Bankia y cómo se ha pasado de ser el modelo económico financiero más solvente del mundo", tal y como, ha recordado, indicó el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a ser ahora nacionalizado.
   En este sentido, ha reclamado la dimisión "absoluta y rápida" del presidente de Bancaja, José Luis Olivas, ya que "no puede estar ni un día más representando a Bancaja en el conglomerado de Bankia y ha de asumir su responsabilidad ".
   Asimismo, Morera ha propuesto al Consell que utilice esta entrada de capital público en BFA para "recuperar la deuda histórica que tiene el Estado con el pueblo valenciano por la mala financiación" y recupere Bancaja como instrumento financiero "al servicio de la economía productiva del País Valencià", así como su obra social que está "en peligro" en estos momentos.
   Ha explicado que la deuda estatal con la región es, según la comisión de expertos, de más de 3.000 millones de euros fruto del modelo de financiación autonómica 2002-2008, por lo que ha instado al Ejecutivo autonómico a "hacer gestiones para que el Estado devuelva en un instrumento financiero" esa cantidad.
   "Si con dinero público se va a entrar en el accionariado, por qué no utilizar esa vía para recuperar el instrumento financiero --Bancaja--", se ha preguntado Morera, que ha indicado que este hecho sería la compensación que el Estado debería hacer a la Comunitat "por la merma de financiación autonómica que hemos padecido en los últimos años". 
"Es comprensible. Recuperemos poder, lo que no podemos hacer es estar atados de pies y manos en esta situación", ha concluido.