El Consell impulsa una 'vía litoral' en la Comunitat para el tránsito de peatones y ciclistas en 470 kms

VALENCIA.- La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente impulsa, a través de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, una 'Vía litoral' para el tránsito de peatones y ciclistas a lo largo de la costa de la Comunitat. 

   La 'vía litoral' recorrerá los 470 kilómetros del frente costero de la Comunitat, entre Vinaroz (Castellón) y Pilar de la Horadada (Alicante), que se recuperarán de esta manera para el uso público. Esta iniciativa supone "una apuesta por el turismo sostenible y de calidad en nuestra franja litoral, que se pondrá en valor para el uso y disfrute de los ciudadanos", según ha señalado la Generalitat en un comunicado..

   Uno de los aspectos centrales de la 'vía litoral' es que vertebrará los espacios naturales de la costa, lo que supone articular 115.000 hectáreas de alto valor ambiental. De esta manera, diez parques naturales, el 90 por ciento de los humedales protegidos y 23 Lugares de Interés Comunitario (LIC) estarán conectados "en red".

   Por ejemplo, podría emprenderse una ruta, sin solución de continuidad, por los parques naturales de la Serra d'Irta, el Prat de Cabanes-Torreblanca, Illes Columbretes, l'Albufera, la Marjal de Pego-Oliva, el Montgó, el Penyal d'Ifac, la Serra Gelada, las Salinas de Santa Pola y La Mata-Torrevieja.

   En una segunda derivada, el proyecto va más allá de una senda costera. Pretende articular los espacios naturales de la costa con los del interior, e incluso integrarse en el sendero europeo de gran recorrido E-10.

   Todo ello podrá realizarse mediante 41 corredores para peatones y ciclistas, que permitirán desplazarse, por ejemplo, desde la Marjal dels Moros hasta la Serra Calderona, desde la Marjal de Almenara hasta la Serra d'Espadà o desde las Salinas de Santa Pola hasta el Hondo de Elche.

   La Comunitat cuenta con 265 kilómetros de playas que, en su mayor parte son bajas y arenosas. Esto las hace especialmente adecuadas para fomentar el tránsito no motorizado. Pero esta senda de largo recorrido no sólo conectará espacios de alto valor ambiental. También articulará los 60 municipios costeros de la Comunitat, de "gran importancia estratégica" para el conjunto del territorio.

   Estos núcleos urbanos acogen a más de dos millones de valencianos --el 55 por ciento de la población de la Comunitat-- y alcanzan unas densidades muy elevadas, en concreto, más de 800 habitantes por kilómetro cuadrado.

Fabra dice que el Consell seguirá trabajando para ofrecer una Sanidad "cercana y de excelencia"

ELCHE.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado este sábado que el compromiso del Consell es seguir ofreciendo a los valencianos una asistencia sanitaria "cercana y de excelencia", con la máxima calidad y la más avanzada tecnología.

   Así se ha pronunciado Fabra en el acto de inauguración del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital del Vinalopó en Elche, en el que ha resaltado que la Generalitat seguirá trabajando "para continuar ofreciendo una Sanidad pensada para las personas" y ha insistido en que el Consell "no dejará de invertir para conseguir los mejores instrumentos y ponerlos a la disposición de los ciudadanos".

"Para esta administración, las personas son lo primero", ha agregado.

   En este sentido, ha recordado que la Comunitat destina más del 40 por ciento del presupuesto a la sanidad, lo que supone un total de 5.515 millones de euros en 2011 y equivale a una inversión de en torno a 15 millones de euros diarios.

   Durante su intervención, Fabra ha agradecido el esfuerzo y trabajo diario de los profesionales sanitarios, a quienes ha felicitado por la gran labor realizada y les ha animado "a seguir en esta línea de trabajo para seguir ofreciendo una atención sanitaria cercana y de excelencia".

   El nuevo Servicio de Medicina Nuclear del Hospital del Vinalopó cuenta con un sofisticado equipo PET-TAC, que combina dos técnicas que han demostrado tener más capacidad de forma conjunta que por separado y que el resto de las pruebas que realizan diagnosis en oncología para saber, sin necesidad de tocar al paciente, si existe o no un tumor, si éste es benigno o maligno, su localización o su extensión. 

Además, dispone de un moderno aparato de estudio y diagnóstico de enfermedades oncológicas.

   En este sentido, el presidente ha explicado que este tipo de equipos "han revolucionado el diagnóstico y el tratamiento del cáncer" y que, actualmente, son "una de las mejores armas para la detección precoz de tumores y la planificación del tratamiento".

   Así, este servicio permitirá que pacientes con problemas oncológicos tengan un diagnóstico más rápido y preciso del cáncer y un tratamiento más exacto.

   Durante su primer año de funcionamiento, el Hospital del Vinalopó ha acogido 16.500 intervenciones quirúrgicas, 1.400 partos, 210.000 consultas con el especialista y ha gestionado 84.000 urgencias, unas 230 al día.

Italia suprimirá las provincias de menos de 3.000 kilómetros cuadrados

ROMA.- El ministro de Reformas Institucionales italiano, Roberto Calderoli, dijo hoy que el Gobierno aprobó "la supresión de las provincias de menos de 300.000 habitantes o de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie", y que para ello se elaborará un censo en otoño de 2011.

Calderoli compareció hoy en rueda de prensa junto con los ministros de Economía, Guilio Tremonti, y de Trabajo y Políticas Sociales, Maurizio Sacconi, para ilustrar los detalles del decreto ley aprobado ayer en Consejo de Ministros.

El Gobierno italiano aprobó ayer un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.

Según cálculos realizados por los medios de comunicación a partir de los datos ofrecidos por Calderoli, entre 29 a 35 provincias italianas pueden desaparecer.

En cuanto a los 8.094 ayuntamientos existentes en Italia, hay 1.970 con menos de 1.000 habitantes por lo que para ellos será obligatorio la fusión municipal, dijo el ministro.

Calderoli prevé además una reducción de alrededor de 54.000 cargos y asesores a finales de la legislatura sobre los 140.000 actuales.

Por su parte, Tremonti, dijo que la llamada "contribución de solidaridad" penaliza con un 5 % los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 % a los que excedan los 150.000, todos ellos deducibles de la renta.

La "contribución de solidaridad" tendrá una duración de tres años computables a partir de 2011.

El ministro de Economía ratificó que el decreto ley no necesita una cuestión de confianza en el Parlamento, porque es suficientemente "serio y comprometido" para implicar a la clase política en aras del interés general.

En su intervención, el ministro de Trabajo y Políticas Sociales anunció que, en consonancia con los solicitado por el Banco Central Europeo (BCE), el decreto ley contempla la flexibilidad del mercado de trabajo para impulsar la contratación a nivel empresarial, pero también el despido del personal.

Comentó que la jubilación de hombres y mujeres (que hasta ahora se jubilaban a los 65 y 60 años respectivamente) pasará a los 67 años en los próximos cinco años y que en 2050 podría elevarse a los 70.

El gobierno italiano prometió que su nuevo programa de austeridad reducirá la abultada burocracia del país mediante la eliminación gradual de miles de empleos a medida que se reorganiza la administración de las provincias.

El primer ministro Silvio Berlusconi consideró las reducciones como "excesivas", pero reconoció que no hubo otro remedio debido al descontento generalizado de los ciudadanos ante los privilegios de la clase política italiana.

Ante las presiones del Banco Central Europeo, el gobierno aprobó el viernes un plan adicional de austeridad de 45.500 millones de euros en los próximos dos años para equilibrar el presupuesto del 2013.

El plan —una mezcla de reducción del gasto y aumento de los impuestos, incluyendo una "tasa de solidaridad" para los salarios más cuantiosos— intenta apaciguar los temores de los mercados y asegurar que Italia no acabe pidiendo un plan de rescate para evitar la bancarrota.

Roma había aprobado ya el mes pasado un recorte del gasto público de 70.000 millones de euros, pero el gobierno sostuvo que la situación financiera se ha deteriorado de forma palpable desde entonces.

El ministro del gabinete Roberto Calderoli dijo el sábado que el número de legisladores nacionales —unos 1.000 en la actualidad— será reducido en un 50%, aunque será necesario un largo proceso constitucional.

Agregó que las administraciones provinciales menores a 3.000 kilómetros cuadrados (1.160 millas cuadradas) o con poblaciones de menos de 300.000 habitantes serán abolidas. Muchos consideran que esas administraciones —una figura que se encuentra entre las municipalidades y las regiones — son una costosa duplicación.

Aunque el número preciso será determinado por un censo en el cuarto trimestre, la medida seguramente afectará a entre 29 y 365 gobiernos provinciales, dijo Calderoli. El diario La Repubblica indicó que entre ellas figuran Siena, Trieste y Prato, un importante centro de negocios en las afueras de Florencia.

Las poblaciones con menos de 1.000 residentes serán consolidadas con otras mayores, cambio que afecta a unas 1.970 municipalidades de 8.094 en todo el país, según el gobierno.

Esas reducciones significan que unos 5.000 cargos elegidos serán eliminados, así como varios miles de empleos relacionados, dijo Calderoli. Esas medidas entrarán en vigor en las próximas elecciones municipales.

El tema de la excesiva burocracia ha figurado desde hace años en el debate entre los partidos italianos. Pero, la indignación ciudadana alcanzó recientemente nuevos niveles al quedar exenta la clase política de las reducciones.

Los municipios españoles enfrentan una profunda crisis

MADRID.- Las 8.115 municipalidades españolas están afectadas por las deudas que contrajeron después de dos décadas de vacas gordas que supuso el auge de la construcción antes de estallar la burbuja en el 2008.

Existe una creciente preocupación en España de que las municipalidades y los gobiernos regionales corran el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones. Esta semana, en La Mancha, Castilla, tres de cada cuatro farmacias cerraron en una "huelga" para protestar por la demora en el pago de 125 millones de euros que les debe el gobierno regional por las recetas farmacéuticas que los ciudadanos reciben del sistema nacional de salud.

Los gobiernos locales y regionales asumieron grandes obligaciones durante los años de bonanza, pero ahora sus arcas se han vaciado.

Muchos pueblos contrataban a numerosos empleados a medida que los municipios recaudaban las tarifas de los permisos de construcción y las licencias de negocios, además de mayores impuestos a la propiedad. Las autoridades se lanzaron a construir carreteras, escuelas, guarderías, atracciones turísticas y centros para retirados.

La crisis financiera del 2008 redujo los fondos y convirtió el auge en un desastre. Ahora la construcción está paralizada y los negocios están cerrando mientras España lidia con un desempleo de casi el 21%, récord para la eurozona. Muchos municipios casi no pueden pagar a sus empleados, no pueden despedir trabajadores debido a las reglas sobre el servicio público, están pagando con demora al sistema de salud, y tratan de aplazar o reestructurar las deudas que asumieron con los costosos proyectos de infraestructura.

La nación podría ser la próxima en necesitar un rescate financiero después de Grecia, Irlanda y Portugal, y hay quienes dicen que el ejemplo de su municipio demuestra que España necesitará la ayuda de la Unión Europea, pese a las promesas de las autoridades centrales de que la nación no la precisará.

La deuda de los gobiernos locales ascendía a 35.000 millones de dólares a fines del 2010, un 11% más que en el 2008, y se pronostica que podría aumentar este año a medida que siguen declinando los ingresos de las municipalidades.

"El panorama es negativo, y si no enfrentamos los problemas de los municipios tendremos más ejemplos como Moratalla, en la Región de Murcia", advirtió Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia y presidente de la comisión de finanzas de la asociación que representa los municipios y provincias de España.

"Se trata de aumentar impuestos o reducir servicios. No existe una máquina para fabricar dinero".

Arahuetes dijo que el gobierno central español debe considerar una reforma controvertida para disponer la fusión de pequeñas comunidades a fin de que ahorren costos, al menos para los pueblos de no más de 400 habitantes que tengan sus propios municipios.

"La distribución territorial de los pueblos en España es totalmente insostenible y alguien tiene que encarar este problema seriamente", agregó.

Grecia lo hizo el año pasado, cuando redujo sus 1.034 municipalidades a 325 para dinamizar los servicios y reducir costos y desperdicios. En Italia, el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi emitió el viernes un decreto de emergencia para abolir la administración provincial de las ciudades con menos de 300.000 personas, mientras que los pueblos pequeños con menos de mil residentes se fusionarán con comunidades más extensas.

El Gobierno urge a las CCAA a que "aceleren" la aprobación de la regla de gasto antes del plazo

MADRID.- El vicesecretario general del PSOE, ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno, José Blanco, exige a las comunidades autónomas "un compromiso mayor" con lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que aceleren el establecimiento de una regla de gasto público y ha hecho un llamamiento al PP, que gobierna en la mayoría de ellas, a que "se comprometa de verdad" con la reducción del déficit y de "gastos innecesarios que a veces se producen en determinadas comunidades" y les anima también a revisar su política de "ingresos".

   "Es verdad que la mayor preocupación que manifiestan los mercados en relación con la situación de la economía de nuestro país, es la preocupación por el endeudamiento y el gasto de las comunidades. En este sentido es exigible un compromiso mayor a todas", afirma Blanco.

   El dirigente socialista insiste en que esa regla de gasto transmitirá "seguridad y confianza", que es lo que pide el PP, ha dicho, para acusar al líder de este partido, Mariano Rajoy, de "contribuir sin embargo todos los días a la desconfianza".

"Por cierto, un líder que no es capaz de generar confianza cuando está en la oposición no será capaz de generar confianza cuando está en el gobierno", ha añadido.

   José Blanco entiende que las comunidades deben aplicar esta fórmula porque nadie se opuso a ella en el Consejo de Política Fiscal, aunque las comunidades del PP se abstuvieran, no votaran en contra.

   "Un compromiso es un compromiso y nos parece que quien ha venido pidiendo que las comunidades cumplieran con su deber y no gastaran más de lo que está previsto, no haga ahora lo contrario. Entendemos, insisto, que el valor de la coherencia es un valor importante que el PP tiene que ir demostrando para ser creíble", ha exigido el portavoz del Gobierno, que no ha planteado un plazo para aprobar esa regla de gasto. "Cuanto antes, mejor para todos", ha zanjado.

   Blanco recuerda también a las comunidades que pueden revisar sus ingresos además de reestructurar su deuda, "plantearse si es necesaria una política de ingresos mayor".

"Plantearse los ajustes que crea convenientes, pero tienen que cumplir con su objetivo", afirma, para aclarar sin embargo que no quiere indicar a las autonomías cómo adecuar gastos e ingresos. 

"Para eso tienen autonomía, pero precisamente en el ejercicio de su autonomía tienen que tomar sus decisiones", asegura.

   El dirigente socialista explica al respecto que las comunidades no se pueden "instalar en la reivindicación permanente" al Gobierno de más recursos para gestionar las competencias. "No se puede estar planteando sistemáticamente que hay que rebajar impuestos y luego reclamar al Estado que nos compense. Los gastos y los ingresos tienen que cuadrar y como hay que cumplir con los objetivos de déficit, cada comunidad debe adecuar sus gastos a sus ingresos. Y yo no voy a decirles, Dios me libre, cómo tienen que hacerlo", insiste.

   En esta misma línea, Blanco exige claridad sobre el copago, a propósito del debate suscitado en la Comunidad Valenciana para establecerlo en la Justicia, después de plantearlo también para la Sanidad y la Educación, aunque nunca se ha llegado a pedir abiertamente.

   "Ya he escuchado a tres presidentes autonómicos del PP, a tres, hablar del copago sanitario, que la gente pague por ir al médico;  del copago educativo, que la gente pague por ir al colegio; y del copago en materia de justicia, que la gente pague por resolver los litigios", afirma. "Que de verdad abran el debate, que lo digan si lo quieren hacer, pero que no anden siempre sí pero no, sí pero no, a ver si cuela", exige.

   Blanco también se pronuncia sobre otros de los asuntos planteados desde algunas comunidades gobernadas por el PP, la posibilidad de devolver una competencia al Estado si el gobierno regional no quiere gestionar esa materia.

   El portavoz del Gobierno advierte de que esta no esa una decisión unilateral, puesto que el traspaso tampoco lo es: lo acuerdan el Estado y la autonomía. El asunto, en su opinión, deja traslucir la "la incapacidad para gestionar las competencias" en una situación difícil como la actual.

   "Cuando escucho a algún presidente de Comunidad Autónoma del PP hablar de esto me pregunto qué poca memoria tiene, porque las transferencias las hizo el Gobierno del PP en materia de sanidad y educación para la mayor parte de las autonomías. Las hizo el Gobierno de Aznar", explica.

Fabra cree que Gürtel "ha quedado atrás"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que el 'caso Gürtel' "ha quedado atrás" y ha dicho que a la hora de hablar de futuro sí le van a encontrar, pero no en todo lo que implique "intentar hurgar en el pasado".

   Alberto Fabra ha señalado que el exjefe del Consell Francisco Camps, con su dimisión, tomó "una decisión valiente, difícil de ver en el panorama político español" para "evitar que alguien pudiera poner en tela de juicio su honorabilidad, la de la institución o la del partido".

   Preguntado por si considera que el juicio del caso Gürtel distorsionará la campaña electoral de las elecciones nacionales, ha dicho que la dimisión de Camps ha dejado a algunos con "el pie cambiado" porque "era el único argumento político que usaban en estos años".

   "Ahora ya no saben de qué hablar y algunos intentarán alargar, estirar esta situación", ha criticado. Sin embargo, está convencido de que la Comunitat Valenciana "ha dado un paso" y ha dejado la situación "atrás, ya no existe".

   En opinión de Fabra, la decisión de Camps de dejar su cargo es "muy complicada" y, a su juicio, merece "el reconocimiento de todos". En este sentido, considera que se trata de una decisión "muy difícil de tomar, sobre todo cuando estás convencido de que eres inocente". Asimismo, ha manifestado que dejar el cargo para evitar "poner en tela de juicio lo que es la institución o el partido dice mucho de la persona que tomó esa valiente decisión".

   Respecto a las declaraciones que hizo el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, quien dijo que el exjefe del Consell podría volver a la primera línea de la política, Alberto Fabra ha hecho hincapié en que la política "necesita grandes políticos" y ha subrayado que Camps "lo es".

   Asimismo, se ha mostrado convencido de que Camps "saldrá absuelto y será declarado inocente". A su juicio, "la política no puede desaprovecharlo en estos momentos de extremas dificultades", puesto que es "uno de los mejores", ha destacado.

   Preguntado sobre si ha pedido consejos a su antecesor en el cargo, el presidente de la Generalitat ha reconocido que en algunas cuestiones sí. "Soy una persona que me dejo aconsejar, me gusta escuchar", ha dicho sobre sí mismo, y de Camps ha indicado que es "una persona con una amplia, amplísima experiencia en la administración" que, además, tiene "una gran visión del Estado y de la Comunitat Valenciana".

   Por otra parte, respecto a las voces críticas del partido, ha asegurado que han sido más "sobre las formas que sobre el fondo" y ha incidido en que el PPCV es "un partido muy fuerte, tremendamente fuerte y con muchas ganas de decir lo que piensa, lo que cree y ayudar a los ciudadanos para que también tomen esa decisión el 20 de noviembre".

   Del mismo modo, Fabra, que ha negado que en el PP existan "familias", ha dicho que lo que hay es "un proyecto y gente comprometida, que además somos amigos y que no generamos recelos entre nosotros".

"Sumamos para hacer llegar nuestro proyecto de futuro, en este caso, más allá de la Comunitat Valenciana para que Rajoy sea presidente", ha apostillado.

   Inquirido sobre si abrirá la puerta del partido a los militantes que se han ido en los últimos años, ha recordado que lleva militando en el PP 30 años y que está "convencido de lo significa ser miembro de un partido", lo que implica "ser disciplinado, ser crítico en los órganos en los que se debe de hacer, pero luego intentar sumar y apostar por el proyecto".

   Sin embargo, "aquellas personas que han ido contra el partido lo van a tener difícil porque han demostrado que no están dispuestas a sumar", ha resaltado. Porque, tal y como ha aseverado, él quiere gente que "crea en el proyecto, que crea en las personas y que crea que yendo juntos es la única manera de poder seguir adelante".

"Esas personas tendrán la puerta abierta del PP, las otras lo van a tener difícil", ha resaltado Fabra.

   Sobre el futuro del expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, Alberto Fabra ha dicho que ha demostrado que es "un activo del  partido" y ha indicado que hay que contar con las personas "válidas".

   "Ripoll ha tenido prestigio allá donde ha estado y seguro que tendrá un espacio donde seguir generando oportunidades y defender el proyecto de todos los valencianos en el lugar que le correponde", ha subrayado.

Aguilar dice que Francia se compromete a garantizar la libre circulación de los camiones españoles

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha asegurado que el Gobierno francés, a través del ministro de Agricultura del país, se ha comprometido a garantizar la libre circulación de mercancías y la seguridad de los camiones y transportistas españoles en el territorio galo.

   Aguilar hizo estas declaraciones a raíz de los ataques a camiones españoles que transportaban frutas y hortalizas en Francia, por parte de un grupo de agricultores, que lanzaron a la calzada la carga de los vehículos de transporte procedentes de la Península.

   En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser', la titular de la cartera de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha afirmado que ha solicitado a su homólogo francés que aseguren la plena seguridad del funcionamiento normalizado de los almacenes españoles que se hayan en el Sur de Francia.

   Según Aguilar, el ministro galo se ha comprometido "plenamente" ante estas peticiones y ha lamentado todos los hechos que han sucedido durante los días pasados. Además, ha indicado que ambos gobiernos han acordado trabajar conjuntamente en una propuesta a la Comisión Europea (CE) para establecer mecanismos de regulación "eficaces y efectivos" que impidan que estas situaciones se vuelvan a repetir.

   "Los precios en relación con las cosechas están por los suelos, no se cubren los costes de producción y esta situación es insostenible y la Comisión debe actuar. Por este motivo, vamos a presentar una propuesta fuerte y potente encima de la mesa para que se tomen decisiones urgentes en el marco de la Unión Europea", ha añadido.

   La ex alcaldesa de Córdoba ha afirmado que estos ataques a los camiones españoles no se tratan de actos "plenamente organizados por parte de los agricultores franceses" y ha señalado que el Gobierno francés está comprometido a poner fin a esta situación que acontecido.

    Por otro lado, Aguilar ha explicado que la posibilidad de que los transportistas españoles lleven escolta en Francia "no tiene ninguna eficacia" y ha resaltado que la opción más adecuada es atajar estos ataques y "poner punto y final a la situación".

   Por último, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha indicado que a principios de septiembre viajará a Francia, donde se reunirá con su homólogo francés, al que ha solicitado conocer los daños ocasionados en las mercancías y en el transporte por las protestas de los agricultores galos. En este sentido, ha añadido que propondrá un "resarcimiento" de daños "urgente, rápido y eficaz".