El PSPV cree que la "parálisis" de la estrategia logística de la Comunitat le impide afrontar cambios productivos

VALENCIA.- El portavoz de Infraestructuras y Transportes del PSPV en las Corts, Francesc Signes, denunció que la "parálisis" que, a su juicio, sufre la Estrategia Logística de la Comunitat, provoca que la autonomía valenciana "no esté preparada todavía para afrontar los cambios en los modelos productivos que se avecinan, al tiempo que nos alejamos del objetivo de que la actividad logística se convierta en uno de los pilares básicos del modelo de crecimiento y progreso de las próximas décadas".

Signes que se expresó en estos términos en un comunicado indicó que la actuación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en este tema es "la historia inacabable" y aseveró que la ejecución de ocho grandes nodos logísticos en la Comunitat que se ubicarían en Vinaròs-Benicarló, Castelló-Vila-real, Sagunt, València-Riba-roja, Requena, la Costera, Villena y Alicante "siguen estancados seis años después de que fueran proyectados en el Plan de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana 2004-2010".

El portavoz socialista indicó que esos mismos objetivos "se prometieron en Bruselas en un acto celebrado en 2008 y en Valencia en marzo de 2009, marcándose el plazo de finalización para el año 2015 y retrasando así el compromiso inicial de Camps, anunciado en 2006, de que todas las actuaciones estarían finalizadas el próximo año 2011".

"La realidad --afirmó el parlamentario socialista-- es que a mitad de 2010 únicamente se ha avanzado en el desarrollo de los nodos logísticos de Sagunt y Requena, gracias al impulso de la sociedad estatal Sepi" y añadió que el parque logístico de Riba-roja se está convirtiendo "en un simple almacén de contenedores del Puerto de Valencia, con unos pocos centenares de puestos de trabajo creados, cifra muy alejada de los 3.000 que permanentemente anuncia la Generalitat".

Signes indicó que de los otros cinco nodos logísticos, el de Alicante "sólo dispone de reserva de suelo" y en los de "Vinaròs-Benicarló, Castelló-Vila-real, la Costera y Villena "lo único que se sabe es que vuelven a aparecer de nuevo en el Plan de Infraestructuras de la Generalitat 2010-2020".

Respecto a las infraestructuras que deben dinamizar y dar sentido a estas plataformas logísticas, Signes subrayó que "las grandes inversiones del Gobierno de España en los aeropuertos del Altet y Manises, así como en los puertos de interés general del Estado como son los de Alicante, Valencia, Sagunt y Castelló".

El diputado recordó, además, que "una infraestructura esencial para la economía valenciana como es el corredor mediterráneo que permitirá colocar nuestros productos en el resto de Europa está siendo reivindicada por el Ministerio de Fomento ante la Unión Europea para que sea considerada prioritaria dentro de la Red Transeuropea de Transportes" después de que en el año 2003, siendo Comisaria Europea de Transportes la popular Loyola de Palacio "fuese relegado al puesto 19".

El portavoz socialista contrapuso este "esfuerzo" del Gobierno central al "bajo cumplimiento" del Consell en Infraestructuras que "sólo ha cumplido el 50 por ciento de los compromisos del protocolo de Carretaras o el 25 por ciento del PIE 2004-2010".

Por último, el diputado exigió al Consell que salga de su parálisis ya que "la demanda de instalaciones logísticas en la Comunitat sigue siendo importante debido a los procesos de unificación y optimización que han experimentado algunas operadores y a eso no se contrapone una oferta adaptada a las necesidades de la demanda".

El Gobierno propondrá a la Generalitat trabajar conjuntamente para transformar la industria vinícola valenciana

VALENCIA.- El Gobierno central propondrá a la Generalitat "trabajar conjuntamente" para transformar la industria vinícola de la Comunitat Valenciana, que "debe basarse en la calidad", según señala el Ejecutivo estatal en su respuesta a varias preguntas formuladas por la diputada del PP en el Congreso Marta Torrado.

El escrito, fechado 14 de mayo, señala que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "se comprometió con el vino valenciano y con el Plan de Lanzamiento Nacional e Internacional de los vinos valencianos".

Además, resalta que el Observatorio Español del mercado del Vino ha realizado un estudio del estado de la industria vinícola valenciana, que ofrece "datos y recomendaciones" para el sector valenciano del vino con el objetivo de "avanzar en la transformación de una industria que debe basarse en la calidad".

Recalca, en este sentido, que "el Gobierno de España propondrá a la Generalitat trabajar conjuntamente en la aplicación de estas recomendaciones" orientadas a la transformación del sector.

El Ejecutivo destaca asimismo la aprobación del real decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vinícola español, en el marco del nuevo reglamento de la organización común de mercados con una dotación de 32 millones de euros para el Plan de Promoción Exterior.

Así, defiende que "gracias a esta decisión, se han visto beneficiados todos los programas presentados por las comunidades autónomas, incluída la Comunitat Valenciana, tras solicitarlo los interesados y aprobarse en Conferencia Sectorial".

El PSPV denuncia que el Ayuntamiento justifique el uso de porras investigadas por Amnistía Internacional

VALENCIA.- El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia denunció hoy que el equipo de gobierno del consistorio justifique el uso por parte de la Policía Local de un modelo de porra metálica extensible, investigada por Amnistía Internacional (AI) con argumentos como que es de "fácil portabilidad" y "no se balancea", según informó el PSPV en un comunicado.

Según indicó el grupo socialista, este artilugio de defensa, cuestionado por el movimiento internacional pro derechos humanos, fue utilizado por los agentes de la Policía Local de Valencia el pasado 6 de abril cuando desalojaron a rastras a diversos políticos y vecinos concentrados en el barrio de El Cabanyal.

En este sentido, el concejal del PSPV Francisco Carsí recordó que, aunque la Generalitat ampare el uso de dicho modelo de porra en el decreto autonómico de 2005 que regula el sistema de homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local, "los efectos del arma son tales que, si se usa para golpear en lugar de para apartar, puede llegar a tener consecuencias brutales para el afectado".

De hecho, el Gobierno central prohíbe su uso a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Por ello, el edil exigió al equipo de gobierno municipal la retirada "inmediata" de este tipo de armas en la Policía Local "a la vista de las investigaciones abiertas en foros internacionales sobre sus efectos y de tan inconsistente justificación por parte del equipo de gobierno".

En concreto, los argumentos esgrimidos por parte del equipo de Rita Barberá son que las porras metálicas extensibles causan "inhibición en vez de lesión", que son de "fácil portabilidad" pues "sus dimensiones y peso son menores que las convencionales, lo que beneficia su portabilidad", y que "no se balancea, lo que se traduce en que no molesta en las persecuciones".

Además, entre otros argumentos, se señaló que "gracias a su menor diámetro es más eficaz en controles, reducciones y conducciones" y que "gracias a su tamaño y diseño su uso y porte son más discretos".

A este respecto, el representante socialista consideró que estos argumentos que enumeran "numerosas ventajas del uso de la defensa extensible frente a las convencionales" son "inconsistentes" y aseguró que dichas porras "están pensadas, sobre todo, para sorprender desprevenidos a los ciudadanos objeto de carga".

El PSPV pide recuperar la inversión del circuito de F-1 por "urgente necesidad" para infraestructuras y empleo

VALENCIA.- El grupo parlamentario socialista ha presentado en las Corts Valencianes una proposición no de ley en la que reclama recuperar la inversión realizada en las obras de construcción y adecuación del circuito urbano que acoge en Valencia el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 "ante la urgente necesidad de recuperar recursos económicos que permiten la ejecución de actuaciones en infraestructuras y crear empleo".

Por ello, insta al Consell de la Generalitat a poner en marcha,"de forma inmediata, todos los mecanismos a su alcance para recuperar la inversión realizada en las obras de construcción y adecuación del circuito urbano que acoge en Valencia el Gran Premio de Europa de Fórmula 1".

Los parlamentarios socialistas recuerdan que "mediante el Decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat, fue asignada a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte la competencia para ejecutar, a través del ente gestor de la red de transporte y puertos de la Generalitat (GTP), las infraestructuras de conexión entre la avenida de Francia, prolongación del paseo de la Alameda y el puerto de la ciudad de Valencia, así como los equipamientos y las instalaciones complementarias para realizar, en dicho ámbito de actuación, un circuito urbano que acoja la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1".

El 28 de septiembre de 2007, recuerdan, "se firmó el convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Valencia y GTP para desarrollar las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria de la ciudad con su puerto --paseo de la Alameda y avenida de Francia--".

Asimismo, recuerdan que el conseller de Infraestructuras y Transporte, mediante un acuerdo del 11 de septiembre de 2007, dispuso que las inversiones que se realizan como consecuencia de la ejecución del proyecto de construcción de conexión entre la Alameda y la avenida de Francia con el puerto de Valencia Marina Real Juan Carlos I, "se recuperarán por parte del ente gestor de la red de transporte y puertos de la Generalitat, a cargo de la futura explotación de las conexiones de acceso al puerto y otros que resultan beneficiados por las obras que está llevando a cabo la Conselleria de Infraestructuras y Transporte".

Por ello, "ante la urgente necesidad de recuperar recursos económicos que permiten la ejecución de actuaciones en infraestructuras y crear empleo, instan al Consell de la Generalitat a poner en marcha, de forma inmediata, todos los mecanismos a su alcance para recuperar la inversión realizada en las obras de construcción y adecuación del circuito urbano que acoge en Valencia el Gran Premio de Europa de Fórmula 1".

También instan al Consell a dar cuenta de como va a recuperar la inversión y en qué plazos, así como del grado de cumplimiento de esta resolución, en el plazo máximo de dos meses.

El Banco de España y magistrados de lo Mercantil debaten en Elche qué hacer con las viviendas de las entidades financieras

ELCHE.- El Centro de Congresos de Elche reunirá el próximo miércoles, 9 de junio, a más de 200 participantes para asistir al debate de magistrados de lo Mercantil en diversas mesas redondas dedicadas a cuestiones relacionadas con el Derecho Concursal como la liquidación, el incumplimiento y la impugnación del convenio o el tratamiento de las ejecuciones.

Además, también se contará con la presencia de la letrada del Banco de España, Nieves Prieto, que abordará la normativa del Banco de España sobre dotaciones y provisiones.

La cuestión fundamental de esta jornada, organizada por el Colegio de Economistas de Alicante y promovida por diversos Colegios Profesionales de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, es determinar qué se puede hacer con el "enorme" stock inmobiliario que han adquirido bancos y cajas de ahorro como consecuencia de la extensión de la dación en pago --aceptar la vivienda hipotecada como pago de una deuda que no se puede solventar de otro modo--, según informaron fuentes de la organización del acto en un comunicado.

La posición del Banco de España, que defenderá la letrada, está reflejada en el reciente anuncio de la institución supervisora de "endurecer" las provisiones que exigirá a bancos y cajas de ahorro por créditos morosos y por la adquisición de activos inmobiliarios como consecuencia de la dación en pago, una herramienta que consideran, no obstante, una "opción legítima".

Según el Banco de España, deberá reconocerse un "deterioro mínimo" del 10 por ciento al adquirir la vivienda por este procedimiento, que se incrementará hasta el 20 por ciento si pasan 12 meses desde la adquisición y hasta el 30 por ciento si llega a los 24 meses.

Esta interpretación contrasta con la de algunos magistrados de lo Mercantil como el del número 2 de Valencia, Fernando Presencia, quien defiende "suavizar" la normativa sobre provisiones para fomentar que las entidades financieras devuelvan al mercado los bienes inmobiliarios utilizando herramientas como, por ejemplo, periodificar las pérdidas que se deriven de poner inmuebles a la venta un precio menor que el de tasación.

A diferencia del Banco de España, que pretende evitar nuevas daciones, estos magistrados de lo Mercantil entienden que la dación en pago ya se ha extendido y ahora lo importante es conseguir que bancos y cajas de ahorro den salida a su stock, lo que resultará "más difícil endureciendo las provisiones".