ESTRASBURGO.- El Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias del Consejo de Europa advierte del "deterioro" de la
situación de las lenguas regionales o minoritarias en algunas autonomías
--entre ellas el valenciano en la Comunitat Valenciana--, con la
adopción de medidas que "obstaculizan" la implementación de las
obligaciones que establece este tratado suscrito por España.
En un informe de evaluación publicado este martes, realiza una serie de
recomendaciones para mejorar la protección y promoción del valenciano en
la Comunitat, entre ellas garantizar su uso en los centros
sociosanitarios.
Además, el análisis sobre la situación de los idiomas
minorizados se hace eco de la "preocupación" por la reducción del
valenciano, especialmente en zonas castellano-hablantes, derivada de la
nueva ley de libertad educativa.
El informe recuerda que en la Comunitat Valenciana "la educación se
basa formalmente en un modelo plurilingüe donde todos los centros
educativos deben implementar el Programa de Educación Plurilingüe e
Intercultural".
"Este modelo tiene como objetivo garantizar
que los alumnos alcancen una competencia plurilingüe que implique
dominio oral y escrito en las dos lenguas oficiales, y dominio funcional
de una o más lenguas extranjeras.
Según este modelo, el tiempo mínimo
dedicado a contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales,
durante la escolaridad obligatoria, deberá ser del 25% de las horas
lectivas efectivas".
Y apunta: "El nuevo proyecto de ley (la
llamada "Ley de Libertad Educativa") que ha sido presentado por las
nuevas autoridades regionales en 2024 y que reduciría drásticamente la
presencia del valenciano en el modelo educativo de la Comunidad
Valenciana y, en particular en las zonas castellano-parlantes, es fuente
de gran preocupación". Este informe de evaluación se basa en la
situación política y jurídica realiza a España por los expertos en enero
de 2024, previa a la aprobación final de la norma.
En el
apartado de recomendaciones para la acción inmediata, los expertos
animan a "tomar medidas para garantizar el uso del valenciano en los
centros socio-sanitarios, así como que los valenciano-hablantes puedan
interactuar en su lengua materna con las sucursales locales de la
administración estatal. Igualmente, anima a que la legislación garantice
procedimientos en valenciano a petición de una de las partes.
Los especialistas abogan en otro momento del informe por asegurar la
posibilidad del uso del valenciano en la prestación de servicios
públicos y en el ámbito de la economía, "especialmente" en el sistema
financiero.
Ya poniendo el foco
en toda España, el Comité de Expertos expone que está "particularmente
preocupado por varias decisiones judiciales adoptadas por Tribunales
Superiores de Justicia, a nivel autonómico, y posteriormente confirmadas
por el Tribunal Supremo español".
"Algunas de estas
decisiones no son compatibles con los compromisos ratificados por España
en virtud de la Carta", advierte el informe que se refiere
específicamente a la sentencia definitiva del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña ordenando la implantación de un mínimo del 25% de
docencia en castellano en el catalán en el sistema educativo, lo que
"constituye un gran motivo de preocupación".
Los expertos
concluyen que, si bien España cuenta con un sistema bien desarrollado de
protección y fomento de sus lenguas regionales y minoritarias, es
necesario redoblar los esfuerzos para colmar las lagunas existentes y
cumplir así las obligaciones que le impone el tratado.
Agregan
que la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y las
legislaciones específicas proporcionan un marco general para la
protección y fomento de las lenguas regionales y minoritarias.
No
obstante, alertan, "los principales desafíos se siguen presentando en
los ámbitos de la justicia, la administración estatal, la prestación de
servicios públicos y los intercambios transfronterizos, que son
competencia de las autoridades estatales españolas".
En estos
ámbitos a menudo no se aplican plenamente las disposiciones de la
Carta, particularmente en lo que se refiere a garantizar el derecho de
los ciudadanos a utilizar sus lenguas regionales o minoritarias en los
procedimientos judiciales, los servicios de atención sanitaria y la
comunicación con las instituciones estatales, inciden.
En esta
línea, consideran que el uso de lenguas regionales en la administración
del Estado también sigue siendo "limitado" en las comunidades autónomas
donde la lengua vernácula está protegida.
Aunque las administraciones locales y regionales suelen exigir que el funcionariado conozca esas lenguas, la disponibilidad de personal con un dominio lingüístico suficiente en la administración del Estado es "baja".
En este punto, el
Comité recalca que la digitalización de los servicios públicos, si bien
es beneficiosa, no debe marginar el uso de las lenguas regionales o
minoritarias.
Sobre los medios, señalan que la disponibilidad
de programas de radio y televisión en lenguas regionales o minoritarias
es en general satisfactoria a nivel autonómico, pero se debe prestar más
apoyo a su presencia en las plataformas internacionales de streaming.
