La Cimera Social reúne en Valencia a más de un millar de personas contra unos PGE que llevan al país "a la ruina"

VALENCIA.- La Cimera Social ha reunido este domingo en Valencia a más de un millar de personas que han mostrado su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, que suponen "una auténtica ruina" para el país, y han reclamado al Gobierno un referéndum para legitimar su política económica.

   La concentración se ha iniciado a mediodía en la Plaza de la Virgen y ha contado con la presencia de los secretarios generales de los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV, Conrado Hernández y Paco Molina, quienes han expresado el malestar de la sociedad ante unas cuentas que, para el representante de CCOO, "van a profundizar en la desigualdad y en la injusticia".

   Los asistentes a esta convocatoria, enmarcada en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y bajo el lema 'Juventud sin empleo, sociedad sin futuro', han coreado consignas como 'obreros y estudiantes unidos y adelante' o'contra el abuso y la precariedad, huelga general'.

   En declaraciones a los medios, Conrado Hernández ha justificado la concentración como señal de protesta ante unos presupuestos "que recortan en inversión, en trabajadores públicos, las prestaciones por desempleo y también las pensiones", llevando al país a la recesión.

   Por ello, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy un referéndum para que todos los ciudadanos puedan manifestar su acuerdo con las medidas tomadas, "ya que dice que la mayoría de señoras y señores de este país está con ellos".

   Paco Molina, por su parte, ha pedido al Ejecutivo que "se dé cuenta de lo que pide la mayoría silenciosa" del país y ha criticado que el proyecto de presupuestos "no nos conviene para superar esta situación y en lo social es totalmente insostenible".

   Así, ha reclamado también un referéndum para legitimar las propuestas económicas del Gobierno, que no representa en su opinión "ninguna mayoría absoluta por haber aplicado un programa absolutamente diferente al que presentó".

   En clave autonómica, el líder sindical ha criticado que el jefe del Consell, Alberto Fabra, es "un presidente incapaz, ausente, que no gobierna los intereses de los valencianos" y le ha recriminado que diga que "lo más importante es el consenso cuando su pueblo se está ahogando".

   En el manifiesto leído durante la concentración, los convocantes han denunciado la situación de 75 millones de jóvenes de todo el mundo que se encuentran en estos momentos sin trabajo, mientras "otros millones están atrapados en un trabajo informal o precario".

   Han recordado que en España la tasa de paro entre los jóvenes de 20 a 24 años roza el 50 por ciento y muchos de ellos deben emigrar a otros países para encontrar trabajo. A su juicio, las políticas del Gobierno sólo "desregulan el mercado de trabajo" y no ofrecen una solución a este problema.

   Por ello, los sindicatos CCOO, UGT y USO han instado a luchar para conseguir que el trabajo decente "esté en el centro de las acciones de los Gobiernos para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía global que ponga a las personas en primer término".

Compromís pide una modificación de la ley que regula los indultos para que no se pueda aplicar a delitos de corrupción

VALENCIA.- La coalición Compromís ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias tanto en el Congreso como en las Corts para exigir una modificación de la ley que regula los indultos de tal modo que estos no se puedan aplicar a los delitos de corrupción.

   La propuesta ha sido presentada por el diputado en la Cámara baja, Joan Baldoví, y por la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra. Para la parlamentaria, el indulto, "que es una figura de carácter excepcional, está siendo utilizada por parte de los sucesivos gobiernos, pero especialmente por el del PP, como una manera de saltarse a la torera lo que han dicho los tribunales, lo que supone un ataque a la separación de poderes".

   "El indulto no puede ser utilizado para que un partido en el poder indulte a sus propios cargos públicos que han sido condenados, cargándose la separación de poderes, porque quien aplica la ley son jueces y tribunales y el indulto debe ser una medida para casos muy excepcionales y no un instrumento para que los políticos se indulten entre sí", ha advertido Oltra.

   Por ello, Compromís propone modificar esta ley para que establezca la imposibilidad de indultar a las personas condenadas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o cualquier otro contra la hacienda y Administración pública, "impidiendo así que los partidos políticos indulten a los corruptos condenados de sus propias filas, como está ocurriendo en la actualidad".

   Asimismo, la coalición considera necesario exigir que se incluya en la tramitación de los indultos "una extensa motivación de cada uno de ellos para evitar la arbitrariedad y aplicar así la necesaria transparencia que habría de regir en estos procesos en los que el poder ejecutivo interfiere en las decisiones del poder judicial".

   La formación recuerda que en España el indulto está regulado por una ley de 1870, cuya última modificación se produjo en el año 1988. Así, dado el tiempo transcurrido y que se trata de una norma de frecuente uso por todos los gobiernos, Compromís considera "conveniente su actualización a los tiempos actuales y a las demandas ciudadanas".

   Compromís explica tanto en la Proposición de Ley en el Congreso, como en la Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Parlamento valenciano, que el indulto "es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena" mientras que la amnistía "supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena".

Compromís denuncia que muchos afectados por incendios se quedarán sin ayuda por los requisitos "excesivos"

VALENCIA.- El diputado de Compromís Josep María Pañella ha advertido este domingo de que muchos de los vecinos que se vieron afectados por los incendios registrados este verano en la Comunitat Valenciana "van a quedarse sin las ayudas de la Generalitat porque los criterios para acceder a ellas son demasiado exigentes".

   En un comunicado, Pañella ha explicado que el plazo para pedir las ayudas acabó el 4 de octubre y muchos ayuntamientos tendrán que devolver la parte proporcional de éstas que no se haya adjudicado. Así, ha denunciado que los requisitos de acceso "son abusivos porque, en muchos casos, hacen injustificables las ayudas" y, además, "la normativa sólo adjudica subvenciones máximas de 12.000 euros cuando se han causado daños de 40.000".

   En el caso de Jérica (Castellón), ha detallado que el ayuntamiento recibió 200.000 euros para compensar los daños de 47 afectados pero los requisitos "hacen que las ayudas sean inaccesibles y el consistorio sólo ha podido justificar desperfectos por 80.000 euros". En Teresa (Valencia), el caso es similar, ya que de los 100.000 euros adjudicados, el ayuntamiento debe devolver 60.000 euros.

   Para Compromís, las directrices que marcan los requisitos "no tienen en cuenta la excepcionalidad y el alcance de los incendios", por lo que ha pedido a la Generalitat medidas para que los afectados "puedan acceder a unas ayudas tan necesarias".

   Asimismo, Pañella, ha presentado una serie de preguntas en las Corts "para que el Consell explique si, ante esta situación tan injusta, van a prorrogar el plazo para pedir las ayudas o si va a modificar los requisitos de accesibilidad".

Cientos de personas muestran en Valencia su rechazo a la privatización del sistema sanitario

VALENCIA.- Varios cientos de personas han mostrado en Valencia su rechazo a la privatización del sistema sanitario público en una manifestación convocada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-PV) bajo el lema 'El pueblo contra la privatización de los servicios públicos'.

   Esta marcha, convocada en el marco de la Semana europea de la lucha por la sanidad pública, ha partido de la plaza de San Agustín con destino a las antiguas instalaciones del hospital La Fe, en el barrio de Campanar, y ha pasado por la sede del PPCV, que permanecía custodiada por agentes de la Policía Nacional.

   Los asistentes han coreado consignas como "gastos militares, para la escuela y hospitales" o "si eres usuario, saca el talonario". También se han escuchado cánticos como "el pueblo unido, funciona sin partidos" o "yo recortaría la policía".

   Uno de los miembros de la coordinadora, Antonio Portero, ha explicado que la ley aprobada este año con los votos de PP y PSOE como grupos mayoritarios abre la puerta a la gestión privada de los servicios sanitarios, lo que permitirá a las empresas enriquecerse "a través del dinero de los usuarios".

   Por ello, ha abogado por derogar esta nueva normativa y "devolver todo lo privatizado a la sanidad pública", al tiempo que ha apostado por establecer un modelo de control público en el que la sociedad supervise la propia gestión de los servicios llevada a cabo por la Administración.

   Otro de los representantes de esta coordinadora ha subrayado que "merece la pena alzarse" porque los ciudadanos se están "jugando la salud", no sólo los ancianos, sino también las nuevas generaciones. Así, ha explicado que en todos los países en los que no se ha parado este proceso privatizador "las tasas de mortalidad han crecido y algunas se están poniendo en un lugar peligroso".

   Por su parte, Rafael Reig, de Intersindical Valenciana, ha lamentado que los recortes "están afectando a la calidad de la sanidad pública" y ha advertido de que las privatizaciones suponen "partir en pequeños trozos" este sector para dejarlo en manos de la gestión por parte de empresas privadas.

   "Siempre dicen que no va a afectar, pero eso es mentira; también dijeron que no iban a tocar la sanidad y la están tocando, es una cuestión de tiempo", ha subrayado el sindicalista, que ha apuntado que el Gobierno va tomando estas medidas "poco a poco para no generar una respuesta masiva".

   No obstante, se ha mostrado convencido de que "todo pasará a formar parte de la gestión privada, seguramente no lo harán de golpe, pero está escrito".

 "Y así van a acabar con la sanidad publica, el sistema sanitario publico y con la salud como derecho: al final la salud se la tendrá que pagar cada uno como pueda", ha concluido.

EUPV pide derogar el Estatuto de Expresidentes de la Generalitat por sus "privilegios injustificables"

VALENCIA.- EUPV presentará una iniciativa parlamentaria para derogar la Ley 6/2002 de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, pactada en su momento por PP y PSOE, al considerar la formación que establece "privilegios injustificables desde un punto de vista democrático".

   Así lo ha anunciado el portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, quien ha defendido que "cuando alguien deja de ocupar un cargo público, por importante que este sea, pasa a ser un ciudadano más y no tiene sentido que mantenga privilegios de ninguna clase".

   El diputado ha recordado que su grupo ya presentó una propuesta de derogación de esa norma hace un año, en forma de enmienda a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2012, que fue rechazada con los votos de PP y PSOE.

   No obstante, EUPV va a insistir y presentará una proposición de ley para que se celebre en las Corts un "debate específico sobre las prebendas de los expresidentes, que en el actual momento de crisis económica son aún más injustificables". "¿Con qué cara puede el Consell mantener esos privilegios mientras aplica tantos recortes sociales y despide a miles de trabajadores del sector público?", se ha preguntado Blanco.

   El portavoz adjunto de EUPV ha explicado que según esta ley, los expresidentes de la Generalitat pueden disponer de una oficina de apoyo con un local y dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario, dos puestos de trabajo eventuales con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, con un automóvil del parque móvil de la Generalitat a su disposición. Asimismo, el Consell dota también a los expresidentes de los servicios de seguridad "que se consideren necesarios" y éstos pueden formar parte del Consell Jurídic Consultiu como miembros natos.

   Hasta el momento, ha detallado Blanco, "Francisco Camps es el que ha hecho uso de todo el pack, mientras que Olivas prefiere disfrutar ahora de su status como presidente de Bancaja" y Eduardo Zaplana "dispone en Madrid de un servicio de escoltas pagado por la Generalitat, lo que debe costarnos a todos los valencianos un buen pico".

   Así, ha justificado la necesidad de derogar el Estatuto y ha concluido: "si quieren asesores, conductores y escoltas, que se los paguen ellos".