martes, 23 de octubre de 2007

Leen poco, escriben menos / Fermín Bocos


La política lo es todo para muchos políticos: viven de y para la política.

El resto de los ciudadanos, trabajamos. Ellos, los políticos, dedican todas las horas del día a encomiar lo que hacen y a denostar lo del contrario.

Los de ésta promoción, los Zapatero, Rajoy, Blanco, Zaplana, Ibarretxe, Llamazares, Carod o Montilla, vuelan bajo. Ni uno sólo de ellos ha publicado un solo libro; no tienen obra escrita. No disponen de tiempo para reflexionar o los dioses no les han llamado por el camino del pensamiento.

Y, sin embargo, la política es o debería ser eso: primero pensar, después, hacer. En ese terreno, lo que hizo gigantes a los Churchill, Mitterand o Wily Brandt, Soares o Havel, aquí, en esta generación, ha dado pigmeos.

En España habría que evocar a Carrillo, a Pujol o a Fraga, o remontarse a Azaña, a Cánovas Del Castillo o a Cautelar, para encontrar precedentes de políticos en primera línea que estén familiarizados con los libros, bien por frecuentarlos, bien por escribirlos.

En este registro, ya digo que el panorama actual es yermo. Esa orfandad de libros delata lo que tenemos: políticos en agraz lectores de textos ajenos y rutinarios de la palabra extraída de los periódicos.

El político con ideas propias tiende a fijarlas por escrito; el recolector de ideas de otros tiende a improvisar. Y en eso estamos: con la clase política más endogámica, tribal y ágrafa de toda la Historia de España. Una pena.

El plazo para que reclamen los acreedores de Llanera concluirá el 16 de noviembre

VALENCIA.- El plazo para la comunicación de créditos pendientes de pago por parte de las empresas del grupo Llanera sometida a concurso de acreedores finalizará el próximo 16 de noviembre, según informaron en fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Con el objetivo de facilitar este trámite a todos los acreedores, esta comunicación podrá hacerse bien en el Jugado de lo Mercantil número 2 de Valencia, por correo postal o en la oficina habilitada por el juzgado en el punto Prop de la Ciudad de la Justicia, ubicada en la Avenida del Saler número 14.

Por lo que se refiere a aquellas viviendas y locales cuya construcción estaba ya finalizada en el momento de la declaración de concurso y satisfecho el precio, sus propietarios ya han empezado a formalizar las escrituras públicas.- (Agencias)

UCE denuncia que la mayoría de anticipos de vivienda no están garantizados por seguro o aval

MADRID.- La Unión de Consumidores de España (UCE) denunció que la mayoría de promotoras y constructoras incumplen la obligación de suscribir avales o seguros de caución por los anticipos en la compra de vivienda, lo que sitúa "en evidente riesgo a los compradores".

Estos avales, que garantizan la recuperación de los importes entregados en caso de incumplimiento del contrato por parte de las compañías, llegan a alcanzar el 20% del total de la vivienda, superando los 24.000 euros por cada inmueble, según explicó la asociación en una nota.

UCE hizo hincapié en la preocupación que le produce esta situación y destacó la importancia de estos avales y seguros "ante la crisis del sector inmobiliario, y la aparición de casos como el de Urbancasa y Llanera".

"Los casos de quiebras o cierres en el sector inmobiliario son especialmente preocupantes por que los compradores afectados podrían ser incapaces de recuperar las cantidades entregadas si no se hubieran constituido los avales o seguros correspondientes", explicó la organización.

La legislación actual obliga a los promotores y constructores a garantizar las cantidades anticipadas mediante contrato de seguro o aval bancario, que deberá entregar a todos y cada uno de los compradores de forma individualizada a la firma del contrato de compraventa.

UCE realizó un llamamiento a los compradores y les recordó que en el actual contexto de "incertidumbre" inmobiliaria es "muy importante que el comprador solicite la documentación relativa al aval o seguro de caución en la que debe aparecer como beneficiario".

La asociación, además, instó a las distintas administraciones a que incrementen su control sobre el sector mediante inspecciones periódicas que garanticen el cumplimiento de la ley por los constructores y promotores.

En este sentido, UCE aseguró que en los últimos años el sector de la vivienda se ha convertido, "con diferencia", en el sector con mayor número de reclamaciones por parte de los consumidores, tan sólo superado por la telefonía.- (Agencias)

Cajacampo logra unos beneficios netos de 6,6 millones en los nueve primeros meses, un 69% más

VALENCIA.- CajaCampo ha conseguido en los primeros nueve meses del año unos beneficios netos de 6,6 millones de euros, un 69 por ciento más con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la entidad en un comunicado.

Los resultados antes de impuestos alcanzan la cifra de 8,3 millones de euros un 72 por ciento más con respecto a septiembre de 2006.

El balance total ha crecido un 10 por ciento durante estos nueve primeros meses del año, hasta alcanzar los 1,2 millones de euros con respecto al cierre del ejercicio anterior.

Destaca la "buena evolución" del margen de explotación que se ha situado en este periodo en 10,5 millones de euros, un 31 por ciento más sobre el mismo periodo del ejercicio anterior, según la entidad. Asimismo el crecimiento del margen ordinario que asciende a 23,4 millones de euros, un 23 por ciento más.

El crédito a la clientela ha alcanzado a cierre de junio la cifra de 930,5 millones de euros, un 11 por ciento más que al inicio del ejercicio. El apartado de depósitos a la clientela se situó a 30 de septiembre en 1.042 millones de de euros, lo que significa un crecimiento de 97,4 millones de euros, un 10 por ciento con respecto al cierre del ejercicio anterior.- (Agencias)

UGT no firmará el convenio de las cajas, que suscribirán hoy patronal y dos sindicatos

MADRID.- La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) no firmará hoy el convenio colectivo que la patronal de las cajas de ahorro y otros dos sindicatos (CC.OO. y CSICA) suscribirán tras varios meses de negociación, y que tendrá vigencia hasta 2010.

UGT señaló que, en coherencia con la "tradicional oposición a la ampliación de horarios en el sector y en defensa de la jornada continuada", no suscribirá el convenio porque las partes han alcanzado un compromiso de ampliar los horarios singulares a oficinas de empresa y a las que se sitúen frente a grandes almacenes o en grandes polígonos comerciales.

En su opinión, "es preocupante" que se remita la negociación del número de aperturas y sus horarios al acuerdo empresa por empresa, con lo que se debilita el poder normativo, regulador y unificador del 'Convenio Colectivo Sectorial' y abre la puerta a una guerra de horarios entre entidades.

Asimismo, destaca que el pacto de facilitar estas aperturas y la consiguiente modificación de horarios para un número indeterminado de trabajadores "no está compensado" por los escasos contenidos del convenio a la vista de los grandes beneficios y el incremento de la productividad de las cajas en estos últimos años.

Los representantes de las cajas de ahorro españolas y los representantes de los dos principales sindicatos del sector firmarán hoy el nuevo convenio colectivo del sector, que comenzó a negociarse el pasado mes de abril, tras quedar constituida la mesa de negociación el día 8 de marzo.

Tras varios meses de negociación, ACARL, la Asociación patronal que agrupa a las Cajas de Ahorros españolas y a la propia Confederación (CECA), CSICA, la Confederación de Sindicatos Independientes de cajas de ahorro, así como la Agrupación de cajas de ahorro de Comfia-CC.OO. alcanzaron el pasado 10 de octubre un principio de acuerdo que se materializará esta mañana con la firma del texto.

Las partes limaron sus principales escollos en la negociación del convenio colectivo y el acuerdo final contempla los cuatro ejes sobre los sindicatos consideraban que debía sustentarse el texto final, el incremento salarial, la mejora de las condiciones del préstamo vivienda empleado, la jornada laboral y la conciliación del vida laboral y familiar.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, recoge un incremento salarial real del 1,4% sobre el IPC, con un 'plus de convenio', que oscila entre los 255 euros de este año y los 300 euros en 2010, y un cuantía de un cuarto de paga del salario base, según el nivel de cada empleado. Además, aumentarán de manera progresiva durante los años de vigencia de convenio los conceptos no salariales por kilometraje, dietas y quebranto.

Una portavoz de CSICA señaló que el texto que se ratificará hoy es un "buen convenio", aunque "todo es mejorable". A su juicio, además del incremento salarial, es importante destacar el incremento de la cuantía mínima del préstamo vivienda, que se eleva hasta los 186.000 euros, un 60% más que el actual, y el plazo de amortización a 35 años.

Asimismo, valoró de manera muy positiva el incremento de las ayudas para los empleados con hijos, ya que la cuantía para las guarderías pasa a 850 euros desde los 556 euros actuales.

En cuanto, a la jornada laboral, el acuerdo contempla la libranza de tres tardes de jueves en Navidad (los dos últimos de diciembre y el primero de enero). En 2007 los empleados librarán las dos últimas tardes de jueves de diciembre, salvo que se establezcan otras fechas en acuerdo colectivo de empresa y contarán con 26 días laborables de vacaciones.

Por último, el nuevo texto incluye medidas para conciliar la vida laboral y familiar. En este apartado, los empleados podrán disfrutar todos los años de un día de libre disposición y se amplía a tres los días hábiles por nacimiento de hijos y fallecimiento, accidente o enfermedad grave o por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de los parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.

Asimismo, se reducirá la jornada para aquellos empleados que tengan que cuidar de familiares en los términos que contempla el Estatuto de los Trabajadores.- (Agencias)

El Senado acepta una enmienda transaccional que elimina la pesca de atún rojo en el Mediterráneo

MADRID.- El Senado dio luz verde a una enmienda transaccional, rechazada por el PSOE, que elimina la pesca de atún rojo en el Mediterráneo. Esta enmienda, originada tras la moción presentada por Eusko Alkartasuna sobre la prohibición de pesca en el Océano Atlántico (EA), afectará finalmente sólo a la pesca en el Mediterráneo, tras ser votada por 130 votos a favor y 111 en contra.

La senadora por Tenerife y portavoz del PSOE en este asunto, Patricia Hernández, mostró su rechazo por la medida aprobada y subrayó que se pretende eliminar la pesca de atún rojo en el Mar Mediterráneo, limitándola al Cantábrico, añadiendo que "se produce una enorme discriminación en el sector que afectará a todas las comunidades del litoral mediterráneo".

El Partido Popular, que apoyó inicialmente al Grupo Mixto, CC y PNV en esta transaccional, recibió también críticas por parte del PSOE ya que, en su opinión, el texto va en contra de la interpelación inicial del Grupo Mixto, la cual pedía compensaciones económicas por estos cierres.

"Está claro que para el Partido Popular hay comunidades de primera y de segunda categoría y parece que los pescadores mediterráneos pertenecen a segunda", sentenció Patricia Hernández.- (Agencias)

Llanera puede tener "problemas" para cubrir sus deudas con sus activos, según una firma de abogados

VALENCIA.- Llanera, inmobiliaria en suspensión de pagos, puede encontrarse con "problemas" para cubrir las deudas que tiene con sus acreedores con el patrimonio reconocido en sus cuentas, según advirtió la firma Iure Abogados.

Según esta firma, tras una primera estimación, "si en este momento se produjera el cierre y liquidación de las seis sociedades de Llanera en concurso, en teoría los activos cubrirían las deudas", aunque se plantearían "dos problemas graves" para poder llevarlo a la práctica.

Así, el bufete madrileño indicó que, por un lado, "un gran porcentaje del patrimonio que reconocen estas sociedades se corresponde con productos inmobiliarios pendientes de realización --de su venta y cobro--" y por otro, "los activos reconocidos son meros derechos de cobro frente a sociedades del mismo grupo Llanera".

De este modo, resaltaron que dado el contexto inmobiliario y la delicada situación inmobiliaria del grupo, "la conversión en dinero de esos activos se complica".

Según los datos hasta el inicio del procedimiento concursal, Llanera Construcciones, Obras y Proyectos "reconoce una deuda total de 120 millones de euros, de los que casi 20 millones ya han vencido", mientras que los activos de la sociedad "ascienden a 119 millones, con lo que podría hacerse frente a todos los pagos".

Sin embargo, según las mismas fuentes, el 62% de este importe corresponde a "créditos de Llanera frente a sus propios clientes, que aún no ha cobrado la sociedad, por lo que la recuperación que hagan los acreedores de Llanera dependerá de la gestión de estos cobros".

Asimismo, señalaron que "también hay que tener en cuenta que 20 millones del patrimonio de Llanera Construcciones se corresponden con créditos que mantiene contra otras sociedades del grupo, del que seis sociedades se encuentran en concurso, por lo que la efectividad del pago podría complicarse", subrayaron.

Desde Iure Abogados, explicaron que Llanera Urbanismo e Inmobiliaria "tiene deudas por valor de 400 millones, de los que 100 están impagados, mientras que el patrimonio que figura en sus cuentas son 413 millones". Al respecto, remarcaron que "el problema es que el 35 por ciento de este patrimonio, unos 140 millones, se corresponde con existencias en stock, por lo que sólo si la venta de estos activos tiene éxito podrían cubrirse las deudas".

Además, señalaron que "otros 100 millones de euros que figuran como patrimonio de Llanera Urbanismo e Inmobiliaria no son más que créditos contra otras entidades del grupo, por lo que su realización dependerá de unas sociedades cuyo mal estado de salud financiera es evidente", mientras que "otros 90 millones de euros son también derechos de cobro, éstos frente a clientes", matizaron.

Según los datos ofrecidos por el despacho de abogados, la sociedad Aldalondo SL "debe 90 millones de euros y valora su patrimonio en 85 millones, de los que 70 son existencias, en concreto terrenos, a las que hay que dar salida en el mercado si se quiere obtener liquidez", mientras que Descans Les Marines SL "tiene 23 millones de deuda y un activo de 10 millones, ocho de ellos se corresponden con el valor de unos solares". Por su parte, Arenall SL tiene "deudas por 30 millones de euros" y "cuenta con un patrimonio de unos 80 millones", pero "66 de éstos son existencias varias y 8 millones son créditos contra empresas del grupo", precisaron las citadas fuentes.

En este punto, desde el bufete madrileño explicaron que en el plazo de dos meses la administración concursal "tendrá que presentar un informe donde confirmará, y en su caso corregirá, estos datos" y la empresa "mientras tanto, deberá valorar la posibilidad de eludir la liquidación proponiendo a los acreedores un convenio que les satisfaga".

Así, hicieron hincapié en que "sea cual sea el futuro de Llanera, las posibilidades de cobro de los acreedores se encuentran supeditadas al éxito en la venta de los activos de las sociedades, sea porque se continúe con la actividad o mediante liquidación de las empresas, con lo que la situación del mercado inmobiliario español sin duda jugará un papel importante".

Sin embargo, afirmaron que están "estudiando posibilidades alternativas", ya que la Ley Concursal "permite la revisión de todas las operaciones realizadas en los dos años anteriores a la declaración de concurso" y de este modo, "de observarse un perjuicio patrimonial para Llanera y sus acreedores, en beneficio de unos pocos, estas acciones serían rescindibles, bien a instancia de la administración concursal o de los propios acreedores".

Por todo ello, Iure Abogados dijo no descartar "ninguna vía" para defender los derechos de los acreedores y aseveró que "agotará todas las posibilidades legales para la reclamación". El despacho madrileño, que informará a los afectados en la próxima reunión que tendrá lugar en Valencia el viernes 26 de octubre, afirmó que "hasta que termine el plazo de un mes para la comunicación de créditos, el despacho seguirá personando a los acreedores en el procedimiento concursal".- (Agencias)