Los desahucios se reducen un 7,7% en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre del año

  VALENCIA.- El número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 en la Comunitat Valenciana ha sido de 1.006, cifra que supone un 7,7% menos que en el mismo trimestre de 2023, según se desprende de un informe publicado este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que facilita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

De estos desahucios, 497 se practicaron en la provincia de Valencia, 412 en la de Alicante y los restantes 97 en la de Castellón. El 70 % de esos lanzamientos, 705, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 253 -el 25,15% del total- se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 48 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron un 12,2 % durante el periodo analizado en la Comunidad Valenciana. Por su parte, los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 0,8%. Los derivados de otras causas, que fueron 48, se incrementaron un 33,3%.

Cataluña --con 2.091 lanzamientos, el 26,6% del total nacional-- ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2024, seguida por Andalucía, con 1.129; la Comunitat Valenciana, con 1.006 y Madrid, con 831.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.577, el 26,8 % del total; seguida por Andalucía, con 765; Madrid, con 730; y la Comunitat Valenciana, con 705.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Cataluña hubo 322; en Andalucía, 287; en la Comunitat Valenciana, 253 y en Murcia, 129.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2024 en territorio valenciano fue de 2.246, un 3,6% menos que en mismo trimestre de 2023. De ellos, 1.166 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una reducción interanual del 6,7%.

En el segundo trimestre del año se presentaron en los juzgados valencianos un total de 862 ejecuciones hipotecarias, un 5% más que en el mismo periodo de 2023. Por provincias, 416 de ellas se presentaron ante los órganos judiciales de la provincia de Alicante mientras que 363 lo hicieron en la provincia de Valencia y las restantes 83 en la de Castellón.

En la comparativa nacional, el mayor número se dio en Andalucía, con 1.238, un 22,6 % del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.122; la Comunitat Valenciana, con 862; y Madrid, con 529.

Sin embargo, si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con 19,1 por cada 100.000 habitantes; la Comunitat Valenciana, con 16,1 y Andalucía, con 14,1.

Por otra parte, el informe proporciona información sobre las demandas de despido. En el segundo trimestre de 2024, se presentaron en territorio valenciano 5.405, un 19,7% más que en el mismo trimestre de 2023. De ellas, 3.260 se presentaron en la provincia de Valencia, 1.770 en la de Alicante y 375 en la de Castellón.

Madrid, con 8.361, que representa el 20,1 % del total nacional, fue el territorio en el que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 7.544; Andalucía, con 6.996 y la Comunidad Valenciana, con las citadas 5.405.

Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de este año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la comunidad Valenciana sumaron 32.470, lo que supone un descenso interanual del 7,1%. Por provincias, en la de Valencia se presentaron 16.478, en la de Alicante, 12.989 y los restantes 3.003 se presentaron en la provincia de Castellón.

La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 56.469; Madrid, con 49.142; Cataluña, con 34.770 y la Comunidad Valenciana, con 32.470. El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Bajan un 25,5% de los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2024 ingresaron en la Comunitat Valenciana 102 procedimientos de este tipo, un 25,5% menos que el año anterior. Por provincias, 63 correspondieron a la de Alicante, 29 a la de Valencia y 10 a la provincia de Castellón. 

A nivel nacional ,en Cataluña se presentaron el mayor número de demandas (128), que representan el 20 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 120 y la Comunitat Valenciana, con 102.

Los desahucios han caído un 55% en lo que va de año

 MADRID.- El número total de desahucios (lanzamientos en la jerga judicial) sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55 % menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre el año anterior, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Al tiempo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha difundido sus cifras de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad (el procedimiento que puede dar lugar al desahucio) en el tercer trimestre de 2020, cuando alcanzaron las 8.648, el 29,3 % menos que en ese mismo periodo de 2019, con lo que acumulan 22 trimestres de descensos.

El Gobierno ha anunciado que paralizará los desahucios (de casas en propiedad y en alquiler) para familias vulnerables y "dará cobertura" a aquellas otras, también en esa situación, que ocupen viviendas sin tener contrato mientras dure el estado de alarma, siempre que los propietarios sean grandes tenedores -fondos de inversión y titulares de más de diez propiedades-.

Según el CGPJ, en el tercer trimestre se practicaron un total de 7.096 lanzamientos, un 30,2 % menos que en ese mismo periodo del año anterior. De ellos, 5.190 fueron de alquiler (el 73,1 %), 1.564 (el 22 %) se derivó de ejecuciones por no pagar la hipoteca y los 342 restantes obedecieron a otras causas.

El órgano de gobierno de los jueces señala que después del impacto que el confinamiento y la suspensión de plazos procesales tuvo en el trabajo judicial en el segundo trimestre, en el tercero se retomó la actividad y se empezaron a ver los efectos de la crisis económica provocada por la covid-19.

Las cifras del CGPJ reflejan una nueva caída en los lanzamientos hipotecarios, de manera que acumulan ya 21 trimestres consecutivos de descenso. En el caso del alquiler se trata del sexto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.

Andalucía, con 1.168, fue la comunidad en la que se practicaron más desahucios; seguida de Comunidad Valenciana (1.137), Cataluña (1.117), y Madrid (622).

En alquiler, el mayor número de lanzamientos se dio en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, y en compra, encabeza el listado la Comunidad Valenciana, seguida de Andalucía, Cataluña y Murcia.

Además, el Consejo del Poder Judicial ha publicado cifras sobre procedimientos de cláusulas abusivas: en el tercer trimestre se dictaron 23.128 sentencias, el 98,3 % de las cuales fueron estimatorias.

Las cifras sobre procedimientos por ocupación ilegal de viviendas cuyos propietarios no son grandes tenedores (fondos de inversión o ciudadanos que tienen al menos diez propiedades) reflejan que en el tercer trimestre de 2020 ingresaron 983, se resolvieron 770 (634 antes) y están en trámite 2.741 (1.896 en el tercer trimestre de 2019).

Por su parte, los datos del INE reflejan que las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre (8.648) son superiores en un 56,3 % a las del segundo, cuando no se registró ningún embargo de vivienda habitual porque con el estado de alarma se produjo una moratoria de las deudas hipotecarias.

Entre julio y septiembre se produjeron 1.804 ejecuciones de viviendas habituales en propiedad de personas físicas, un 82,2 % más que en el mismo trimestre de 2019. Otras 501 ejecutadas no eran el domicilio principal.

Además hubo 2.451 embargos de viviendas cuya titularidad correspondía a personas jurídicas y se inscribieron 3.174 títulos (36,7 % del total) sobre otras propiedades urbanas como locales, garajes y trasteros, 300 más sobre solares y 418 sobre fincas rústicas.

El 82,1 % de las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre fue sobre vivienda usada (3.907, un 10,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior) y el 17,9 % restante, sobre nueva (849, con un descenso del 38,7 %).

La mayoría de las hipotecas (el 53,2 %) que ahora son objeto de ejecución fueron constituidas en el periodo 2005-2008, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, según el INE.

Por comunidades autónomas, el mayor número de embargos en el tercer trimestre se produjo en Andalucía (1.734), seguido de Comunidad Valenciana (1.622) y Cataluña (1.491) y las cifras más bajas se dieron en Navarra (21), País Vasco (29) y Baleares (58).

Con los datos de viviendas de personas físicas, la comunidad en la que hubo más certificaciones fue la Valenciana (481) seguida de Cataluña (469), y Andalucía (432), mientras que las menores fueron en Navarra (11), País Vasco (18), Baleares (20) y Cantabria (23).

El economista e investigador del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol Carlos Victoria alerta sobre el aumento de las ejecuciones sobre vivienda habitual y añade que a futuro todo dependerá de cómo evolucione la crisis sanitaria y la económica y de la extensión de la moratoria de deuda hipotecaria.

Desde pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, destaca que aunque va bajando el volumen, más de la mitad de las ejecuciones son sobre hipotecas concedidas durante la burbuja inmobiliaria.

Protesta ante el PSPV y el BBVA contra el desahucio de 94 vecinos de la Pobla de Vallbona

 VALENCIA.- La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se ha concentrado esta mañana ante las sedes del PSPV y del banco BBVA de València para condenar e intentar evitar el desahucio de 38 viviendas en el barrio de la Ermita de La Pobla de Vallbona, en el que viven 94 personas, 25 de ellos niños y 3 discapacitados.

La concentración, que también ha pasado por el Ayuntamiento de València para recoger apoyos, ha exigido una solución a este desahucio, fijado para este 9 de diciembre, en el que, según aseguran los portavoces de la PAH, «no hay alternativa habitacional» y en el que se encuentran «solo personas vulnerables».

Desde la plataforma han instado al BBVA y a Divarian, la actual propietaria de los inmuebles, a una reunión urgente, donde, con la presencia de las representantes de las familias y de la PAH, «se paralice el desahucio y se proporcione a todas las familias una alternativa habitacional», han asegurado.

Delfina Sánchez, portavoz de la PAH, ha asegurado que el BBVA vendió las viviendas al fondo Divarian, pese a que muchas familias viven en esos hogares desde hace muchos años a través de contratos de arrendamiento.

La PAH ha exigido la aprobación de un decreto del Gobierno que paralice todos los desahucios de familias sin alternativa habitacional y en viviendas «de grandes tenedores», ha afirmado la portavoz, así como también han instado a medidas especiales de ampliación del parque público ante la grave emergencia habitacional.

Sánchez ha denunciado que el decreto de anulación de desahucios actual «recoge una moratoria centrada exclusivamente en casos de impago de alquiler que puedan demostrar una vinculación directa con la covid-19 como motivo de caída o falta de ingresos».

La portavoz de la PAH ha señalado que esta plataforma tiene los apoyos «de todos los grupos de izquierda, excepto del PSOE», que, ha lamentado, «se ha puesto de lado del PP, de Vox y de Ciudadanos en este tema».

El Consell negocia mejorar el convenio con 'Bankia' sobre desahucios

VALENCIA.- La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado hoy que el Consell ha empezado a negociar la mejora del convenio con Bankia cuantitativa y cualitativamente para aumentar el número de beneficiados del plan para evitar desahucios.

En la sesión de control al Consell de esta tarde en el pleno de Les Corts, Salvador ha adelantado que ya se han mantenido las primeras reuniones con la entidad bancaria, que se ha mostrado receptiva a sus peticiones, según informa la Generalitat.

Con la modificación del convenio se ampliará el alcance para que las personas desahuciadas a las que se les ofrece una vivienda no sean solo clientes de Bankia como hasta ahora, sino también de otras entidades financieras.

Además, se pretende generar más oferta de viviendas, ya que se permitirá que las personas desahuciadas puedan permanecer en sus viviendas mediante un alquiler social, por lo que, según la Generalitat, "se amplía tanto el sujeto, con más beneficiarios, como el objeto, con más viviendas".

Salvador también ha señalado que los resultados que está dando este convenio de colaboración firmado en 2012 están siendo, de momento, "modestos".

Sin embargo, ha explicado que el actual gobierno valenciano "ha sabido rentabilizar mejor este convenio", ya que, en el primer semestre de 2015 el antiguo gobierno del PP solo entregó nueve viviendas mientras que en el segundo semestre el nuevo Consell ha conseguido que se entreguen diecinueve.

Gandia logra paralizar el desahucio de una familia numerosa a través de la Oficina de Mediación Hipotecaria

GANDIA.- El Ayuntamiento de Gandia ha conseguido la paralización del desahucio previsto para este viernes, 21 de junio, de una familia numerosa con cuatro hijos a través de la Oficina de Mediación Hipotecaria, de modo que los propietarios podrán seguir en la vivienda con un alquiler de unos 200 euros al mes.

   La concejala de Bienestar Social, Pilar Gavilá, ha explicado en un comunicado que el propietario se puso en contacto con el departamento para comunicar su situación y fue derivado a la Oficina de Mediación Hipotecaria recientemente creada por el Gobierno municipal para intentar negociar con la entidad bancaria.

   "Una vez paralizado el desahucio, la Oficina de Mediación ha logrado que la entidad, Sabadell-CAM, acepte negociar un alquiler social con el interesado, que estará cerca de los 200 euros al mes", han manifestado fuentes municipales.

   Se trata del séptimo desahucio que se ha paralizado en Gandia desde que entrara en vigor el plan de choque antidesahucios puesto en marcha por el Ayuntamiento, que ha celebrado que "Gandia es una ciudad pionera a nivel nacional en mediación hipotecaria".

El PSPV plantea un contrato de arrendamiento con opción de compra financiado por la Generalitat para evitar desahucios

VALENCIA.- El PSPV plantea aplicar en los casos de desahucio por parte de una entidad financiera un contrato de arrendamiento con opción de compra por un periodo de tres años, prorrogable dos años más, a tres bandas en el que la Generalitat se hará cargo de parte del pago durante este tiempo, con unas condiciones predeterminadas. En caso de que no haya acuerdo, se procederá a la expropiación forzosa para que el propietario puedan vivir en la vivienda durante este periodo. 

  El secretario general del PSPV, Ximo Puig, acompañado de la secretaria de Vivienda y portavoz del área en el Grupo Parlamentario Socialista, María José Salvador, ha presentado en rueda de prensa esta propuesta de Ley de defensa de la función social de la Vivienda, que ya han registrado en las Corts, y que calculan que beneficiarán a cerca del 60 por ciento de los afectados.

  Puig ha destacado que se trata de "una iniciativa pionera" ya que se trata de evitar los desahucios de forma "preventiva" antes de que se produzcan en una comunidad en la que se registran 19 alzamientos de viviendas al día, la segunda con mayores cifras de España, recurriendo a las competencias que tiene la Generalitat recogidas en su Estatuto para evitarlo.  

  Para ello, ha explicado Salvador, este procedimiento se activará "justo en el momento" en el que se interponga la demanda de ejecución hipotecaria por la entidad financiera. Entonces el propietario demandado podrá informar a la Generalitat, para que esta notifique al banco las condiciones que tendrá ese contrato, que sustituirá a la anterior relación entre la entidad financiera y el propietario deudor.

   Las condiciones de este contrato estarán marcadas por ley. Así, el precio del inmueble se fijará de acuerdo al decreto sobre saneamiento del sector financiero, que para primera vivienda prevé una quita del 50 por ciento. La Generalitat participará en el contrato obligatorio subrogándose en el pago del alquiler a la entidad financiera con una renta mensual marcada por la doceava parte del 3% del precio reajustado de la vivienda.

   Por su parte, el arrendatario abonará a la Generalitat Valenciana una parte del alquiler que no puede superar el 25% del total de los ingresos de la unidad familiar, y en ningún caso la cuantía abonada por el Consell. Además, si hay informe favorable de servicios sociales puede que se exonere del pago si hay imposibilidad económica por el ciudadano desahuciado. Este contrato entrará en vigor en el momento en el que se haga firme la resolución judicial de ejecución hipotecaria con lo que el antiguo propietario permanecerá en su casa como arrendatario.

  Salvador ha puesto un ejemplo práctico de que una vivienda escriturada por 120.00 euros en caso de desahucio pasaría a costar 60.000 euros. De este modo, la Generalitat pagará un alquiler de 150 euros mensuales, durante tres años lo que supondrá unos 5.400 euros en tres años, mientras que el arrendatario abonará una cantidad que no supere 25% de los ingresos totales de la unidad familiar, se queda en 'su casa' y a los 3 años puede ejercer opción de compra.

   Pasado este tiempo, se podrá renegociar una prórroga pero no se puede establecer medidas más a largo plazo porque sería alterar el régimen hipotecario y la Generalitat no tiene competencias, según ha especificado Eugenio Borell.

   Sin embargo, en el caso de que no se firme este contrato se  procederá a la Expropiación Forzosa del derecho de usufructo temporal  de la vivienda, por un periodo de tres años por parte de la Generalitat Valenciana. En esta situación la Generalitat paga al banco un justiprecio del 2 por ciento anual, y el arrendatario procedería a abonar una cantidad en concepto de alquiler no superior al 25 por ciento de los ingresos de la unidad familiar, y en ningún caso esta cantidad superaría el 50 por ciento de la cuantía del justiprecio.

  Además, de este plan de choque, el anteproyecto también plantea medidas estructurales como ampliar el ejercicio del derecho de tanteo por parte de la Generalitat Valenciana a estos supuestos, además de para los casos de VPO o VPP que ya estaba previsto en la ley. Estas viviendas pasarán a formar parte del patrimonio público y serán cedidas a los Ayuntamientos para su gestión.

   Además, para dar salida a las 150.000 viviendas vacías que se calculan que hay en la Comunitat Valenciana propone un régimen sancionador para las que sean propiedad de entidades financieras, como aplicarles el duplo del IBI, mientras que proponen incentivos a las que sean de particulares.

  Entre los requisitos para acceder a este contrato, entre otros, son que la vivienda sea la residencia habitual y única, que le ejecución hipotecaria sea consecuencia del impago de un préstamo y que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,5 y ello suponga más de un tercio de los ingresos familiares, y que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere 3 veces el valor del Indicador público de renta de efectos múltiples.(1.597 € mes).

Baldoví se 'desnuda' en el Congreso en apoyo a la PAH y acusa al Gobierno de haber optado "por los bancos"

MADRID.- El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha acusado al Ejecutivo y al PP de haber optado por "los bancos" en lugar de por las personas y de haber convertido la ILP en un "monstruo de Frankenstein", al fundirla con el proyecto de ley del Ejecutivo, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, en la que ha ido despojándose de diversas prendas como la chaqueta y la corbata para mostrar una camiseta de apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

   Durante la sesión de control, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este jueves la utilidad de las medidas impulsadas por su Gabinete para paliar el drama de los desahucios frente a la iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las peticiones "populistas" y las "manifestaciones organizadas que vulneran los derechos democráticos de los muchos diputados", en referencia a los conocidos como 'escraches'.

   Así se ha pronunciado Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso cuando el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al Ejecutivo y al PP de haber optado por "los bancos" en lugar de por las personas y de haber convertido la ILP en un "monstruo de Frankenstein", al fundirla con el proyecto de ley del Ejecutivo.

   Baldoví arrancó la sesión de control preguntando a Rajoy si cree que con el texto que elaboró el PP durante la tramitación conjunta del proyecto de ley y la ILP y que fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Economía del Congreso, se ha respetado el "sentido" de esa petición ciudadana y recordándole que la ILP llegó al Congreso con un millón y medio de firmas y con el "respaldo demoscópico" del 90 por ciento de la población.

   En su primera respuesta, Rajoy se limitó a señalar que las medidas aprobadas persiguen dar "solución a muchas personas que están pasando momento difíciles" y "preservar" el sistema hipotecario que ha permitido "a millones de españoles adquirir una vivienda".

   Su interlocutor reprochó al jefe del Gobierno que, en vez de contestarle, optase por "enmarañar" y "hurtar" y "esconder" el debate en el Pleno, igual que hizo el PP imponiendo que la futura ley antidesahucios fue enviara directamente de la comisión al Senado sin volver a ser discutida en el hemiciclo.

   Y es que, a su juicio, ese proyecto "no tiene nada que ver con lo que le pedía la gente".

 "Han desvestido impúdicamente la ILP", afirmó, después de quitarse la chaqueta, y mientras se despojaba de la corbata y acusaba al PP de preocuparse únicamente de "no desabrigar ni desarropar a la banca para que no pierda". En ese momento, el presidente del Congreso, Jesús Posada, tomó la palabra para pedir al diputado que se comportara "adecuadamente".

   "Ustedes han escogido estar de lado de los poderosos porque les molestan las protestas, se tapan los ojos para no verlo y se ponen tapones en los oídos para no escucharlos, usted y yo estamos aquí para decidir y su opción es una: los bancos, el dinero. La mía es la misma desde el primer día que entré por esa puerta, cuando desnudé mi conciencia", comentó desbrochándose la camisa y provocando un gran revuelo en el hemiciclo.

   Fue en ese momento cuando Posada intervino por segunda vez: "Le voy a retirar la palabra como siga así", le advirtió. Baldoví dejó de 'desnudarse', pero continuó con su discurso, luciendo la camiseta con el lema 'Stop desahucios', que tenía bajo su camisa.

   "Si tengo que elegir --prosigió-- me quedo con las personas que llevan esta camiseta con dignidad, mírelas porque va a verlas muchas veces, no son terroristas, no son nazis, son personas honradas, dignas, solidarias que luchan por una causa justa, por el sagrado derecho a techo de todas las personas, son personas, escuchelas, no las humillen y rectifiquen porque han hecho un monstruo de Frankestein con su ley".

   En su réplica, Rajoy aseguró que respeta "absolutamente" la ILP, aunque no esté de acuerdo con buena parte de su contenido, como no lo está "la inmensa mayoría" del Congreso, e igual que, según ha dicho, ha ocurrido otras veces en el pasado. Y a partir de ahí, recalcó a Baldoví que no tiene "el monopolio de la opinión de los ciudadanos", que se pronunciaron "con meridiana claridad" en las urnas dándole la mayoría absoluta al PP.

   También le recriminó que no protestara antes contra los desahucios y que haya empezado a hacerlo "curiosamente" cuando su Gobierno se ha convertido en el primero que toma medidas legislativas contra este problema social.

   Tras repasar estas iniciativas gubernamentales --código de buenas prácticas y decreto ley--, Rajoy defendió la utilidad de algunas de ellas, citando, entre otras, la paralización de los lanzamientos si hay cláusulas abusivas, la limitación de los intereses de demora y la construcción de un fondo social de viviendas.

   "Hemos tomado una serie de medidas cuyo objetivo es proteger a los deudores y eso es lo que realmente es útil para la gente y no las medidas populistas ni las manifestaciones organizadas vulnerando los derechos democráticos de muchos diputados de esta cámara. Tome nota, señor Baldoví", zanjó el presidente el Gobierno.

Los jueces de Castellón considerarán abusivas las cláusulas hipotecarias que excedan del triple del interés legal

CASTELLÓN.-  Los jueces de primera instancia de Castellón han acordado que considerarán "abusivas" las cláusulas de los contratos de préstamo o créditos garantizados con hipoteca suscritos por consumidores que establezcan un interés moratorio que exceda del triple del interés legal del dinero al tiempo de celebración del contrato.

   Esta decisión ha sido adoptada este viernes en una junta sectorial de jueces para unificar criterios de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), que ha dictaminado que la norma española para los desahucios es contraria a la legislación europea de protección a los consumidores.

   Así mismo, según han acordado los jueces de Castellón, las cláusulas abusivas serán consideradas "nulas de pleno derecho", sin que el juez pueda moderarlas o llevar a cabo su integración contractual. Tampoco será admisible la renuncia parcial del demandante o ejecutante en su reclamación para eludir o evitar la nulidad de la cláusula abusiva.

   Además, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, se ha determinado que, en los procesos de ejecución hipotecaria, el juez dará traslado a las partes -banco y consumidor- antes de decidir la ejecución para que puedan alegar lo que estimen oportuno sobre la posible nulidad de las cláusulas contractuales abusivas que, de oficio, haya detectado el propio juez o que puedan indicarle las partes de forma motivada. A la vista de las alegaciones, el juez dictará una resolución diciendo si las declara válidas o nulas.

   Cuando se trate de ejecuciones hipotecarias en trámite, y sin perjuicio de que el juez pueda también apreciar de oficio alguna cláusula abusiva previa audiencia de las partes, será la parte ejecutada la que deberá indicar motivadamente las concretas cláusulas que impugna, lo que supondrá la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la cuestión.

   Según ha explicado el decano de Castellón, José Luis Conde-Pumpido, durante el ejercicio de 2012 en Castellón se acordaron un total de 566 lanzamientos --expulsiones de la vivienda por impago de hipotecas o arrendamientos--, un 32,24 por ciento más que en 2011, de los que se ejecutaron 354, que significa un aumento del 8,59 por ciento en relación al año anterior.

   Así mismo, se registraron 769 procedimientos de ejecuciones hipotecarias, un 1,66 por ciento menos que en 2011, y un total de 439 procedimientos de desahucios -arrendamientos-, lo que supone un 4,28 por ciento más.

Fabra anuncia un acuerdo con el CGPJ y la FVMP para ofrecer recursos a familias en el momento de ser desahuciadas

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado este jueves la firma de un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para conocer "inmediatamente" cuándo se produce un desahucio y poder poner "recursos a disposición de esas personas para que no pasen ni una sola noche en la calle".

   Fabra ha realizado este anuncio durante la sesión de control al jefe del Consell en las Corts tras una pregunta de la portavoz de EUPV, Marga Sanz, quien ha denunciado que la Comunitat está a la cabeza en número de desahucios y le ha inquirido por las medidas que el Gobierno valenciano pondrá en marcha para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

   Asimismo, la diputada de EUPV Marina Albiol ha señalado que el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, "que aunque no lo parezca, es muy listo, no se atreve a enfrentarse" a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, considera a los miembros de este colectivo "nazis, totalitarios y sectarios".

   Por ello, Albiol ha preguntado a Fabra: "en este tema, ¿usted es más de Rus o de Cospedal?".

 "Nosotros somos más de las personas que tienen necesidad", ha respondido el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar.

Interior da instrucciones a las delegaciones del gobierno para actuar ante 'escraches'

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha confirmado que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha dado instrucciones a las delegaciones en todo el país para actuar ante los 'escraches'.

   De hecho, Bascuñana ha confirmado que ya ha mantenido algunas reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   En este sentido, ha pedido a la sociedad que impere el "sentido común" y que exprese sus protestas en los foros "adecuados". Así, ha dicho entender que la gente lleve a cabo estas protestas, pero no el "acoso", y ha pedido que no se realicen en los domicilios de los políticos.

   "Entiendo que vengan a la Delegación las personas que, en un momento determinado, quieren expresar cualquier idea que sea contraria a decisiones que haya podido tomar el Gobierno. Es lógico y natural", ha afirmado el delegado.

   Sin embargo, considera que "no se puede acosar" en el domicilio particular de "alguien que ha decidido en un momento determinado estar en una vocación de servicio, como puede ser cualquier político y cualquier diputado nacional"

   "Porque yo no voy a entrar en otros términos, si no es el de acoso", ha señalado el delegado, quien ha recordado que "todos tenemos familiares que no tienen por qué estar en esa situación".

El PSPV pide a Fabra que aplique medidas "contundentes ante la sangría social que suponen los desahucios"

VALENCIA.- La portavoz socialista de vivienda del grupo parlamentario socialista en las Corts, María José Salvador, ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que aplique medidas "contundentes" porque para "miles" de valencianos la situación ya es "insostenible y desesperada y no pueden esperar más". 

   Por ello, ha pedido al presidente de la Generalitat que se dirija a las entidades financieras y les pida una "moratoria real" para todas las personas deudoras de buena fe, cuando se trate de primera vivienda, hasta que finalice la tramitación parlamentaria del proyecto de ley y de la ILP sobre dación en pago en el Congreso de los Diputados, según ha indicado en un comunicado.

   Por otra lado, en referencia al Plan de Alquiler de Interés Social, del que Fabra ha entregado este martes 28 viviendas sociales, la diputada socialista ha afirmado que "luchar contra los desahucios no significa entregar llaves a cuentagotas y hacerse una foto", al tiempo que ha recordado que "hace más de un año de este plan de alquiler de interés social y el número de viviendas entregado es ridículo".

   Salvador ha añadido que "luchar contra los desahucios y por una vivienda digna no es reducir en un 50 por ciento el presupuesto en materia de vivienda para 2013" y ha afirmado que el número de desahucios en la Comunitat Valenciana en los tres primeros trimestres de 2012 supone "el 22 por ciento de los desahucios de España, cuando la Comunitat representa el 11 por ciento de la población del país".

   Debido a esta situación, la diputada socialista ha pedido "medidas contundentes" y que se cree una oficina de intermediación para dar asistencia jurídica a las personas en riego de ejecución hipotecaria.

   La portavoz socialista de Vivienda ha recordado que los dos decretos aprobados por Rajoy, tanto el de dación en pago como el de moratoria, han sido "un parche que sólo ha beneficiado a los bancos y no a los ciudadanos".

   En definitiva, la diputada considera que el plan de Alquiler de Interés Social, gracias al cual Fabra "circula" por la Comunitat Valenciana estos días entregando "poquitas llaves, sólo evidencia la falta de un parque público decente, de calidad y de cantidad".

   En referencia a este parque de viviendas, Salvador ha criticado que existen 1.200 viviendas que en estos momentos están para rehabilitar o incluso para demoler, lo que "evidencia la falta de inversión y de vocación por el desarrollo de un política pública de vivienda", y ha recalcado que esta información fue facilitada por la propia consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig.

Miles de personas reclaman en Valencia el derecho efectivo a una vivienda

VALENCIA.- Miles de personas han secundado este sábado en Valencia la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y Stop Desahucios, que ha recorrido el centro de la ciudad para reclamar el derecho efectivo de los ciudadanos a una vivienda, la dación en pago retroactiva, la puesta en marcha de alquileres sociales y el fin de los desahucios.

   Bajo el lema 'Por el derecho a la vivienda, contra el genocidio financiero', la marcha --convocada de forma simultánea en medio centenar de ciudades españolas-- ha partido desde la plaza del Ayuntamiento a las 19.00 horas después de que los organizadores solicitaran a la Policía retrasar su salida para evitar coincidir con la manifestación de España 2000 en la plaza de los Pinazo.

   Los manifestantes han iniciado su marcha por la calle de las Barcas, en la que se encuentra tanto la delegación del Banco de España como la sede del Banco de Valencia --ante las que los asistentes han realizado paradas simbólicas-- para proseguir por Pintor Sorolla, donde se encuentra la sede de Bankia, ante la cual han proferido cánticos como "estos son los culpables".

   De hecho, han paseado un ataúd de cartón gigante en el que rezaba la leyenda "muerte al kapitalismo salvaje", que se ha depositado durante unos minutos a las puertas de las citadas entidades junto a unas velas, en señal de recuerdo a las personas que han perdido la vida por sus problemas financieros.

   Asimismo, algunos de los presentes han coreado consignas como 'no pongan techo a la deuda, pónganlo a las familias' o 'queremos un pisito como el del principito' y otros han pegado pegatinas y pancartas en las sucursales bancarias, en una de las cuales podía leerse: 'Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa'.

   La portavoz de la PAH de Valencia, Yolanda Prats, ha señalado que, tras la admisión a trámite parlamentario de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dación en pago, teme que el Gobierno, "que a día de hoy ha demostrado que está gobernando y legislando al dictado y en defensa de los intereses de la banca", modifique el contenido de la iniciativa y deje "fuera de nuevo a la inmensa mayoría de la población".

   Prats ha señalado que la manifestación es "un aviso de lucha" para demostrar la capacidad de la sociedad para reivindicar el derecho a la vivienda y ha advertido de que "si no hacen caso, la lucha va a continuar porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados".

   "Continuaremos y, además, recuperaremos las viviendas vacías en propiedad de las entidades financieras. Esto es una guerra abierta entre las entidades y la ciudadanía, el poder económico y el gobierno; ya hay víctimas, ya hay mártires, que no es que se hayan quitado la vida, sino que las entidades financieras son el brazo ejecutor", ha agregado.

El Gobierno de Ecuador apoya a sus ciudadanos en España ante la crisis hipotecaria

MADRID.- El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, muestra su preocupación por los ecuatorianos afectados por la crisis hipotecaria en España y reitera la oferta de retorno "ordenado" para sus compatriotas.

Patiño ha señalado que su Gobierno está instando "a las autoridades españolas y europeas que busquen una manera de modificar sus normativas para que esto no siga sucediendo".

Según el canciller, la crisis hipotecaria afecta a entre 10.000 y 15.000 ecuatorianos residentes en España.

Ha insistido, como lo ha hecho el presidente Correa, en la dación en pago, tal como han hecho en Ecuador. Que la salida de la crisis, ha dicho, no sea sobre "la base de un mayor empobrecimiento".

El canciller ecuatoriano ha recordado además las modificaciones legales que se han llevado a cabo en su país para impedir que los bancos puedan cobrar en Ecuador las deudas de sus ciudadanos por los créditos que habían suscrito en España con las leyes españolas.

"Hemos de seguir acompañando a los ecuatorianos que tienen esa situación", ha dicho y ha hecho referencia al apoyo del Defensor del Pueblo a la demanda de un ciudadano ecuatoriano residente en España que recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Con todos los respetos para la institucionalidad española, seguiremos protegiendo a nuestros ciudadanos en cualquier lugar del mundo en el que estén", ha manifestado.

El ministro ha reconocido que han mantenido frecuentes contactos con las autoridades españolas a este respecto, y "siempre ha habido, según sus palabras, "comprensión y una preocupación con lo que pasa... han mostrado una preocupación y una búsqueda de soluciones".

El Ejecutivo español ha suspendido durante dos años los desahucios cuando se dan determinadas condiciones de penuria económicas y prepara un proyecto de ley para proteger a estos deudores hipotecarios.

Respecto a los planes de retorno que el gobierno de Ecuador tiene en marcha como el Plan Tierra, el Plan Ecuador Saludable o el de retorno para maestros, ha reiterado la necesidad de hacerlo de "manera ordenada", para no "provocar una frustración", al no encontrar lo esperado.

Patiño ha reconocido que ha comenzado a producirse una inflexión en la cantidad de ecuatorianos que salían hacia España. En el último año, ha dicho, "hemos comenzado a recibir más ecuatorianos desde España que ecuatorianos que salen" hacia ese país.

Preguntado por las inversiones de españolas en Ecuador, ha señalado que "no hay un flujo especial de inversiones, lo que si vemos es un interés especial".

Aunque ha insistido en que no quieren "inversión especulativa" sino la "inversión productiva" y "que también esté dispuesta a transferir tecnología".

A una semana de las elecciones legislativas y presidenciales en Ecuador, Patiño ha hecho un balance de la legislatura y ha destacado logros en áreas como la educación o la sanidad, con avances "increíbles", ha dicho, hace falta avanzar hacia la "excelencia".

La Constitución de Ecuador facilita que los emigrantes tengan representantes en la Asamblea Nacional, y dos serán elegidos el próximo día 17 por Europa, Asia y Oceanía.

España, con más de 400.000 ecuatorianos residentes, es uno de los principales núcleos de emigración, pero que en los últimos años están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, cuya principal consecuencia es la pérdida de empleo.

Alcira expropiará casas a los bancos para alquilarlas por 50 € a familias desahuciadas

ALCIRA.- El Ayuntamiento de Alcira expropiará viviendas a los bancos para ponerlas a disposición de familias desahuciadas por un alquiler simbólico después del oportuno proceso de rehabilitación, que también servirá para dar trabajo a personas necesitadas. El proyecto que presentó la alcaldesa, Elena Bastidas, comenzará con 48 casas del barrio de l'Alquerieta que los técnicos consideran inhabitables o en ruina y arrancará precisamente con los 400.000 euros de recargo cobrados a la filial inmobiliaria de Bankia por la demora en pagar las cuotas de Vilella.

 Estas primeras viviendas tendrán como beneficiarios a menores de 35 años "y con arraigo" en la ciudad, ya que se pretende aprovechar esta iniciativa para revitalizar esta barriada en la que se han tapiado decenas de casas para evitar ocupaciones ilegales.
La presentación del proyecto "Alzira Social" fue toda una declaración de guerra a las entidades financieras por parte de Bastidas, que pretende pagar con la misma moneda a aquellos que han actuado "sin piedad, dejando sin casa a muchas familias que temporalmente no podían hacer frente a sus pagos", por lo que defendió que no sería justo "que se tengan la más mínima consideración" con los bancos cuando incumplen sus obligaciones de conservar en las debidas condiciones los inmuebles de su propiedad.
El proyecto se cimenta en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, una herramienta prevista en la ley para garantizar el cumplimiento del deber de edificación y conservación que tiene el propietario de un inmueble, que el ayuntamiento activó el año pasado y en el que en noviembre ya incluyó una primera vivienda en ruinas.
La inscripción de una vivienda en este registro priva al propietario del derecho a intervenir sobre ella y abre la puerta a que cualquier interesado presente un Programa de Actuación Asilada (PAA) con un proyecto y una oferta económica para adquirir el inmueble. 

Si no se produce ninguna oferta en dos años el ayuntamiento tiene la obligación de expropiar aunque, en este caso, será la propia Administración la que presente sin agotar el plazo la propuesta para asumir la rehabilitación de los inmuebles a través de un plan de empleo para ofrecerlos en alquiler a familias desahuciadas o que tengan problemas para acceder a una vivienda por un alquiler medio de 50 euros, según el diario 'Levante'.

Una constructora ofrece en Valencia viviendas en alquiler para desahuciados a 50 euros mensuales

VALENCIA.- Una empresa constructora ofrece en la localidad valenciana de Carlet 27 viviendas para desahuciados por el simbólico alquiler 50 o 60 euros mensuales, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

   El promotor, Hermanos Felipe S.L., y la Fundación Todo Ayuda ponen a disposición de los vecinos de Carlet desahuciados por impago de hipotecas estas viviendas a estrenar.

   Los requisitos para optar al contrato de alquiler social son residir en Carlet y haber sido desahuciado por impago de la hipoteca de la primera y única vivienda a partir de 2010.

   El importe que pagarán los inquilinos por la ocupación de las viviendas será destinado por una parte a fines solidarios y a la obra social que lleva a cabo el patronato de la Fundación Todo Ayuda y por otra a sufragar parte de los gastos de la comunidad.

   Los impulsores de esta iniciativa se comprometen a mantener estas condiciones durante dos años prorrogables según la situación. Pasado este periodo de tiempo, los pisos se pondrán a la venta y sus inquilinos podrán tener preferencias a la hora de comprar la vivienda. Todas las personas interesadas deberán dirigirse al Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Carlet a partir del día 7 de enero.

   El promotor y miembros de la Fundación Todo Ayuda se han reunido este jueves en el Ayuntamiento de Carlet con la alcaldesa, María Ángeles Crespo, para concretar esta propuesta.

   "He recibido esta noticia con mucha alegría. Pienso en las familias que han sido desahuciadas y creo que este será un gran regalo para ellas. Como alcaldesa presto todo mi apoyo para que esta iniciativa solidaria se lleve a cabo de la mejor manera posible y se pueda ofrecer una vivienda digna a personas que lo necesitan. Ojalá tomen ejemplo otros promotores y entidades bancarias", ha señalado la alcaldesa.

La Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía con más desahucios

MADRID.- Los desahucios registrados en los Juzgados de Primera Instancia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre, entre los que se incluyen todo tipo de lanzamientos de bienes objeto de impago, desde hipotecas hasta alquileres, descendieron un 34 por ciento respecto al trimestre precedente, hasta los 19.314 procedimientos.

   Esta cifra es sensiblemente inferior a la registrada en el primer y segundo trimestre del año, cuando se registraron 28.135 y 29.275 desahucios, respectivamente. El mayor número de estos procedimientos registrados entre julio y septiembre se localizó en el tercer trimestre en Cataluña (4.732), seguida de Andalucía (2.887), Madrid (2.622), la Comunitat Valenciana (2.548) y Canarias (1.184).

   El resto de las comunidades autónomas registraron menos de 1.000 desahucios: Castilla y León (789), Castilla-La Mancha (760), Galicia (675), Murcia (673), Baleares (622), Aragón (523), País Vasco (327), Asturias (285), Cantabria (231), Navarra (159), Extremadura (154) y La Rioja (143).

   La estadística de lanzamientos en Juzgados de Primera Instancia del CGPJ se elabora desde el primer trimestre de este año, por lo que no permite comparar los resultados con los del año 2011.

   Fuentes de este organismo señalan que esta estadística es más fiable que la referida a lanzamientos recibidos en los servicios comunes, que aún se sigue ofreciendo, ya que no todas la provincias cuentan con estos servicios y hasta este año había procedimientos que no estaban siendo contabilizados.

   Atendiendo a esta estadística, los desahucios no superaron en el tercer trimestre los 12.610 procesos, un 32,4% menos que en el trimestre anterior, lo que refleja una evolución en línea con los datos correspondientes a los Juzgados de Primera Instancia.

   Con este indicador se puede conocer la evolución interanual, que arroja un incremento del 15,9% respecto a los desahucios tramitados en el tercer trimestre de 2011.

   Cabe señalar que la estadística refleja que en los años anteriores también se produjo un descenso significativo de los desahucios en el tercer trimestre de cada año, con caídas del 33,8% en 2011 y del 29,9% en 2010.

   En la misma línea, las estadísticas del CGPJ reflejan que se ejecutaron 19.324 hipotecas en el tercer trimestre de 2012, un 30% más que en el mismo periodo de 2011.

   De esta forma, las ejecuciones hipotecarias suman ya tres trimestres consecutivos de incrementos, aunque en el tercer trimestre han descendido un 17,4% en relación al trimestre anterior.

   El Gobierno ha introducido en el Plan Estadístico 2013-2016 una nueva estadística de carácter trimestral para reflejar la verdadera realidad de los desahucios de viviendas en España, que debería servir además para implementar las medidas necesarias para frenar estos procesos.

   Según se ha explicado desde el Ejecutivo, estos datos provenían hasta ahora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Instituto Nacional de Estadística (INE) o de las entidades financieras. De esta forma, no se contaba con datos desagregados de desahucios, por ejemplo, por viviendas, garajes o naves industriales.

    Ahora se crea una nueva fuente de información, que se encomendará al INE, con la colaboración de los agentes del Registro de la Propiedad y Mercantil. Estas instancias aportarán datos para poder conocer la evolución trimestral de las ejecuciones según la naturaleza de las fincas.

Municipios gobernados por el PSPV abrirán oficinas de asesoramiento para los afectados por los desahucios

VALENCIA.- Los municipios de la Comunitat Valenciana gobernados por el PSPV-PSOE abrirá oficinas de asesoramiento y de intermediación para atender a los afectados por los desahucios, según ha informado en un comunicado la formación socialista.

   La portavoz socialista de Vivienda en las Corts, Mª José Salvador, el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo, y la portavoz de Cooperación municipal, Concha Andrés, han mantenido una reunión con alcaldes socialistas de municipios de más de 20.000 habitantes para determinar y concretar una serie de medidas que permitan apoyar a las familias afectadas por los desahucios desde el ámbito municipal.

   Orengo ha asegurado que el Partido Socialista "no puede ser sólo un partido que marca medidas políticas frente a este drama social", sino que "debe ayudar directamente a las familias valencianas".

   Los asistentes han establecido actuaciones que se pondrán en funcionamiento de forma "prioritaria" y entre las que destaca la apertura en los municipios gobernados por el PSPV de oficinas de asesoramiento y de intermediación "que nos permitan posicionarnos claramente del lado de las familias que se vean afectadas por estas leyes tan injustas". En este sentido, el dirigente socialista ha recordado que, por el momento, el PSPV sólo tiene la capacidad para proponer nuevas leyes, "pero no para cambiar las actuales".

   José Manuel Orengo también ha querido reconocer la actuación que han llevado a cabo las plataformas de afectados "ya que fueron las primeras que se pusieron del lado de las familias en riesgo de sufrir un desahucio y han evitado muchos de ellos". Por ello, ha asegurado que desde el gobierno municipal se establecerán mesas de diálogo permanente "que ayuden a prevenir y a actuar de forma conjunta para que no se produzcan nuevos dramas en las familias valencianas".

   Los alcaldes socialistas también han querido mostrar su apoyo a todas aquellas familias que ya se han visto obligadas a abandonar sus casas y han asumido el compromiso de facilitarles viviendas sociales "que impidan que los ciudadanos de los municipios gobernados por el PSPV, o por el conjunto de la izquierda, se quede en la calle".

   Para ello, han afirmado, se firmarán convenios con el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) para facilitar viviendas del propio parque municipal o se entablarán contactos con particulares para establecer alquileres sociales a bajo coste.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".

   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".

   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.

   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".

   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.

   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".

   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".

   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.

   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".

   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.

   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".

   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".

   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".

   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".

   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".

Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".

   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.

   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".

   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".

La FEMP ofrecerá su ayuda a los ayuntamientos por los desahucios

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha asegurado que, tras la "primera batería de medidas" adoptadas por el Gobierno "con carácter de urgencia" para frenar los desahucios y proteger a los deudores hipotecarios, es preciso seguir avanzando y "abordar las reformas legislativas" en materia hipotecaria "que sean necesarias para mitigar los desahucios".

   "En la parte hipotecaria, en la que el Gobierno ya ha dicho que tienen que tener su propia hoja de ruta, compartimos ese criterio, de que la cuestión de los desahucios requiere una reforma de la legislación hipotecaria", ha manifestado el también alcalde de Santander, para confirmar que la FEMP tratará "casi con total seguridad" el "drama" de los desahucios en su próxima Junta de Gobierno, que tendrá lugar el martes 27.

   Según ha explicado De la Serna, el objetivo es poner a disposición de los Ayuntamientos todos sus medios técnicos, organizativos y humanos "para tratar de buscar iniciativas viables" que frenen la "problemática social" de los desahucios y, aunque ha matizado que no hay ninguna propuesta ni resolución concreta en el orden del día de la próxima Junta, sí es su intención poder llegar a algún de tipo de acuerdo para "ofrecer la Federación a los Ayuntamientos" y sumarse así al esfuerzo que ya realizan otras instituciones.

   "Como Federación somos conscientes de que los procedimientos de desahucios están originando una sensibilización general que pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones urgentes e inmediatas a este drama", ha asegurado el también alcalde de Santander, para añadir que la idea es que la FEMP "sea una puerta a la que llamen los Ayuntamientos y se informen de cuál es la situación actual".

   En este sentido, ha explicado que su intención es ofrecer "asesoramiento técnico para explicar cuál es el alcance de la legislación actual, y cuáles serían las posibles implicaciones de otro tipo de medidas que se pudieran tomar".

   En esta línea, cabe la posibilidad de que la Junta de Gobierno de la FEMP acuerde la elaboración de "un documento razonable" que pueda ser trasladado a todos los Ayuntamientos "para explicar cuál es el problema, la situación desde el punto de vista legal y las medidas que se han adoptado".

   Aunque, tal y como ha apuntado, las medidas para frenar los desahucios no son una competencia municipal, De la Serna sí ha reconocido que existe por parte de los Ayuntamientos "una competencia de carácter moral y ético" ya que son estas las administraciones más cercanas a los ciudadanos. "Es verdad que somos la primera puerta de entrada a estas cuestiones", ha añadido.

   "Dentro de la voluntad política, de aportar soluciones, nosotros queremos proponer que se adopten medidas básicas, junto a lo que es la normativa, para aquellos casos más vulnerables; fórmulas viables para poder paralizar ese tipo de ejecuciones", ha señalado para añadir que ese "es el sentir común de los Ayuntamientos que se han puesto en contacto con la Federación".    

   No obstante, De la Serna ha aclarado que aunque es su intención adoptar un "marco general" en relación a esta "problemática" y reafirmar su "voluntad" de ponerse "a disposición de los Ayuntamientos para este tipo de asesoramiento", son conscientes de que deben respetar "la autonomía municipal" de cada uno y no "dictar" las medidas a seguir.

   "La Federación no tiene que ser el órgano que dicte lo que tiene que hacer cada Ayuntamiento, tiene que ofrecer su colaboración y si acaso marcar unas líneas de orientación. Luego, la línea que siga cada Ayuntamiento dependerá de la propia autonomía municipal que tienen. Eso es un principio básico que siempre hemos respetado", ha aseverado. Es por este motivo por el que el presidente de la FEMP no ha querido entrar a valorar las medidas ya propuestas por algunos alcaldes.

   Asimismo, ha señalado que, tras recoger "el sentir de los municipios que se han ido poniendo en contacto con la Federación", todos coinciden en que "las entidades financieras debieran agotar todas las posibilidades para evitar esa situación extrema de desahucio".

   Por otra parte, preguntado sobre si el Gobierno se ha puesto de nuevo en contacto con la FEMP en relación a su intención de limitar los sueldos de los alcaldes y los concejales, De la Serna ha señalado que de momento "no hay ninguna propuesta encima de la mesa" pero que la Federación está dispuesta a "llegar a un punto de encuentro" respecto a esta cuestión.

   "Si que es cierto que el Ministerio mantiene viva la idea de hacer una reflexión acerca de la necesidad de homogeneizar la retribución salarial de los alcaldes. Nosotros hemos dicho siempre que estamos abiertos para poder llegar a un punto de encuentro que podamos consensuar. Queremos participar de esa posible modificación", ha matizado.