El abogado Diego de Ramón investiga insolvencias punibles en la actuación de las cajas de ahorro

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, busca antecedentes judiciales sobre imputaciones a Directores Generales, Subdirectores Generales y miembros del Consejo Rector de Cajas de Ahorros, y las posibles vinculaciones con las representaciones políticas o administrativas dentro de las Cajas.

En esa línea de trabajo, investigación y análisis, se encuentra ya documentado sobre la Caja de Crédito de Alcoy, donde se juzga como acusados al director general, subdirectora general, siete miembros del Consejo Rector, y al director de una sucursal, y donde el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Alicante pide una condena de seis años de prisión y una multa de 360.000 euros por un presunto delito de insolvencia punible.

Pide además que se indemnice a la masa de acreedores de forma solidaria en la suma de 3.770.828 euros de morosidad de la Caja, restando l.124.917 euros recuperados.

Según el fiscal, la bancarrota de esta Caja, se debió a la actuación directa del director y de la subdirectora de la entidad, que tenían “amplios poderes de gestión y representación”, y de dos miembros del Consejo Rector y el director de la oficina, “que no pusieron objeción alguna a las operaciones que entrañaban un altísimo grado de morosidad” y que la llevaron a la quiebra, con el menoscabo originado a 1.500 personas que habían confiado sus ahorros a la entidad.

La conclusión a observar, señala De Ramón, es que todos los analistas financieros, nacionales e internacionales, piden ahora una total transparencia a las cajas de ahorro, porque se han excedido en conceder créditos a la Construcción, tal como ha pasado, y provocado su intervención por el Banco de España, a Caja Sur y a otras Cajas en línea de investigación actualmente.

“Si tenemos en cuenta que precisamente las Cajas de Ahorro, están pidiendo dinero por su falta de liquidez, eso supone que todo lo tienen invertido, lo que puede producir una posible insolvencia punible si se demuestra que se han excedido en mas del 20% de su capital”.

Es obvio, a su juicio, que es necesaria la inmediata intervención en esa transparencia de información a los clientes de las Cajas, que no se tiene, sobre la posible emisión de cédulas hipotecarias, para saber si es dinero propio, o si es garantía, y si se ha informado a los clientes de los prestamos con garantía hipotecaria de que dichas “garantías hipotecarias”, van a servir de instrumento financiero para aportarlas por las Cajas a terceros adquirentes de dichas cedulas, sin su consentimiento.

Es importante que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice, sea informada así como el Banco Central Europeo y las autoridades internacionales, financieras y de Bolsa (americanas, asiáticas y europeas).

Este control de las Cajas, expresa este letrado, se debe hacer por cuanto no existen órganos de amplia representación popular (ya que lo componen representaciones sindicales, trabajadores propios de las Cajas y representantes políticos) y los programas económicos de inversiones y amortizaciones sociales, son aprobados por los órganos del Gobierno Regional de la bandera política que gana, sin que se oiga a los receptores sociales más débiles y sin voz propia, dado que son una gran mayoría sin estar unidos, diseminados, y aparentemente representados por la llamada del voto político, y donde los poderes mediáticos son importantes a la hora de dirigir el voto.

Nadie sabe entre los clientes de las cajas de ahorro y receptores de las ayudas sociales en Valencia y Murcia, dice De Ramón, cuáles son los objetivos sociales de los mismos, si entran en los gastos sociales de las “fundaciones que dichas Cajas crean”, viajes e incentivos a representantes de las Cajas y empleados, créditos con carencia de amortización e intereses bajos y, sobre todo, el fuerte endeudamiento con “determinadas empresas” inmobiliarias dentro de la región donde gobierna un determinado poder político.

“Queda incluir grupos de comunicación, de difusión, divulgación y propaganda de medios de publicidad, ignorándose cuál es la aportación de las entidades públicas a estos medios de comunicación regionales, y que algunos, agrupados, hasta cotizan en Bolsa. Y cuales son las cantidades anuales que pueden ir a colectivos significativos de enfermos de Alzheimer, por ejemplo, discapacitados, ONG, que si las dijeran nos reiríamos de lo poco importante que son comparadas con los miles de millones de euros que han ido a esos grupos de empresas de determinado color político”.

Este abogado cita a “Terra Mítica, Llanera, Polaris, Hansa Urbana, Lo Poyo, Zincsa, La Zerrichera, y ahora Marina de Cope que quiere emerger con ayuda financiera”.

De Ramón dice que, “seguiré trabajando en líneas nacionales e internacionales, y acudiré a las ventanas libres de la información regional, no sujetas a vinculaciones políticas y económicas, para dar cuenta”.- (NEM)

Hoy hace 50 años de la gran riada de 1957

VALENCIA.- Hace hoy 50 años nada hacía presagiar a los vecinos de la ciudad de Valencia la tromba de agua que iban a sufrir el día 14. Unas horas antes, concretamente en la madrugada del 13 al 14 de octubre, apenas llovió en la capital. Los valencianos dormían con tranquilidad ya que el observatorio valenciano del Instituto Nacional de Meteorología registraba datos poco alarmantes.

Entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, sólo se registró en la ciudad un litro y medio por metro cuadrado en dos chubascos débiles. Entre las 7 de la mañana del día 13 y las 7 de la mañana del día 14, sólo se registraron 2,8 litros por metro cuadrado en la ciudad, pero aguas arriba del río, ya comenzaba a gestarse la crecida que más tarde causaría tantos estragos en las calles de la capital.

En puntos como Villar del Arzobispo la lluvia alcanzó índices importantes, con 235 litros por metros cuadrado. En Chelva se alcanzaron los 217 litros por metro cuadrado y en Casinos los 200. Más arriba todavía, ese día 13 de octubre se recogieron en Ademuz 110 litros por metro cuadrado.

Ya el día 14 de octubre, empezó a llover al mediodía de forma torrencial en la ciudad, pero, de nuevo, las mayores precipitaciones se registraron en el interior de la Región Valenciana, en la sierra Calderona, entre las ramblas de Escarihuela y Castellarda.

De hecho, el punto donde más agua se recogió fue en la localidad de Altura, en Castellón. Se superaron los 500 litros por metro cuadrado en un día. Mientras, en otras poblaciones valencianas como Llíria se recogían 457 litros; en Benaguasil 312 litros; en Manises 216 y en Valencia 195.

Ante semejante aportación de los afluentes del Turia, el cauce del río madre no pudo resistir el aluvión y quedó desbordado por la situación. Oficialmente se contabilizaron 81 muertos, 52 en la ciudad de Valencia y 29 del resto de la provincia. Cifras extraoficiales elevan por encima del centenar el número de fallecidos. Se calcula que unas 800 viviendas fueron destruidas o tuvieron que ser derribadas y otras 300 sufrieron daños parciales. Las pérdidas económicas en la industria, el transporte o la agricultura tampoco son claras, pero las cifras rondan entre los 3.200 y los 4.400 millones de pesetas de la época.

Son muchos los homenajes que se han realizado en estos últimos días desde todos los ámbitos para recordar tanto a las víctimas como a aquellos que con su solidaridad permitieron recuperar a Valencia del barro. Hoy, el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, preside en la Catedral, a las 12 horas, una misa conmemorativa de la riada ocurrida el mismo día de 1957 en la capital valenciana y localidades próximas.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acompañada por la concejala de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua, María Àngels Ramón-Llin, asistirá al acto. La misa, que ha sido organizada por el Arzobispado en colaboración con el Ateneo Mercantil, será concelebrada por miembros del cabildo catedralicio, así como por sacerdotes de las parroquias y localidades que resultaron más afectadas.

(Visita de Franco a Valencia pocos días después. Le acompaña Adolfo Rincón de Arellano)

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Las Cajas doblan sus blindajes ante los riesgos de impagos

MADRID.- Agosto de 2006. Las cajas de ahorro españolas presentan en sus balances 6.927 millones de euros en provisiones, es decir, la cantidad que tienen que destinar a cubrir posibles impagos en sus préstamos. Doce meses después, este colchón se eleva hasta los 8.690 millones, es decir, un 25 por ciento más, según publica "El Economista".

Esta subida se debe, exclusivamente, al fuerte aumento de 'Otras Provisiones', capítulo que engloba las dotaciones voluntarias que hacen las entidades ante los riesgos de impago en todos los sectores, incluidos el inmobiliario e hipotecario, por un previsible aumento de la morosidad.

Así, esta partida se ha duplicado, pasando de los 1.252 millones de hace un año a los 2.661 millones actuales, según los últimos datos del Balance publicado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Además, este cajón de sastre, sirve para destinar parte de los beneficios, si les interesa a las entidades de ahorro.

En cualquier caso, este importante aumento de las dotaciones se produce en plena crisis inmobiliaria -que se ha cobrado su primera víctima en la promotora valenciana Llanera, que suspendió pagos-. Desde el sector se apunta quela decisión de Llanera no es un hecho aislado, y que caerán más promotoras detrás. Las cajas están sobreendeudadas con el negocio inmobiliario (70 por ciento de todo su crédito), entre hipotecas a particulares y créditos a empresas promotoras y constructoras.

Pero la crisis inmobiliaria -provocada por la caída del precio y de las ventas de la vivienda- es más profunda de lo que parece. Bancos y cajas están reduciendo severamente sus créditos, sobre todo el hipotecario, para prevenir impagos.

Así, los créditos concedidos por las cajas se elevaron un 22,8 por ciento en agosto, hasta un importe de 824.441 millones. En enero, las entidades daban créditos a un ritmo del 27,01 por ciento. No obstante, los bancos llevan tiempo endureciendo sus condiciones en los créditos, y apenas los incrementan en un 18,55 por ciento (julio).

Los recursos propios de las cajas se han reforzado, pasando de los 42.314 millones de hace un año a los 48.109 millones de euros.

El 66% de los alquileres no declarados en España se encuentra en la costa

MADRID.- Los técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que de los 977.306 alquileres de viviendas no declarados en España, un total de 650.000 (66%) se encuentra en provincias costeras, lo que supone que alrededor de un tercio de estos arrendamientos fraudulentos podría estar relacionado con viviendas vacacionales.

El informe elaborado por Gestha, en el que se analizan exclusivamente las provincias costeras de cada comunidad autónoma a partir del cruce de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del IRPF, estima en 1.200 millones de euros anuales la rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de viviendas en provincias de costa.

Concretamente, "de las seis comunidades en las que más se defrauda en concepto de alquileres 'negros', cinco están bañadas por el mar", señala el informe a propósito de Cataluña, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares, a las que se sumaría Madrid.

Cataluña lidera este particular grupo de comunidades autónomas punteras en rentas no declaradas, con más de 521 millones de euros anuales. Dentro de sus límites, Barcelona, con la Costa del Maresme, supera ampliamente al resto de las provincias catalanas, al contabilizar 439,9 millones de euros no declarados.

Andalucía ocupa el segundo lugar, con más de 180 millones de euros no declarados, y alberga tres provincias que destacan por su nivel de fraude sobre las demás circunscripciones andaluzas: la Costa de la Luz (compuesta por Cádiz y Huelva), con 73,4 millones de euros y la Costa del Sol, en Málaga, con aproximadamente 59,3 millones de euros de fraude.

Por su parte, la Comunidad Valenciana registra un fraude de 111,8 millones de euros anuales, de los que más de la mitad (57 millones) se concentran en la costa de Valencia. En el caso de Baleares, el fraude asciende a 96,3 millones de euros.

En cuanto al número de alquileres no declarados, el reparto es el mismo. Cataluña encabeza la lista, con el 24,5% del total de los alquileres no declarados de España, gracias a la contribución de la Costa del Maresme, en la que se localiza aproximadamente el 20,6% del total de alquileres sumergidos.

Le sigue Andalucía, con el 11,1% del total de alquileres no declarados, de los que el 4,5% se encuentra en la Costa de la Luz y el 3,6% en la Costa del Sol.

Por otro lado, el informe de Gestha considera "prioritario" que la Agencia Tributaria centre sus esfuerzos a corto y medio plazo en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, "a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales".

Los técnicos de Hacienda concretan la necesidad de delimitar aún más, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

Otro frente implicaría modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y para que los juicios rápidos sean "realmente rápidos". En este sentido, insta a incrementar el número de juzgados para agilizar estos procesos.

Un tercer paquete de iniciativas pasaría por habilitar a los 8.000 técnicos el Ministerio de Hacienda para que asumieran las responsabilidades de la efectiva aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.

Gestha estima que "con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude", la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la UE, y aflorando así cerca de 56.522 millones de euros.

En la actualidad, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB (900.000 millones de euros en 2005), lo que supone un montante de 200.000 millones euros.

Por otra parte, el alquiler de la vivienda en España se encareció una media del 4,4% en los últimos doce meses, 1,7 puntos por encima de la variación del Índice General de Precios de Consumo (IPC), según los datos correspondientes al mes de septiembre del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sólo el pasado mes, el precio de los alquileres subió el 0,2%, frente al alza de tres décimas que registró el IPC, en tanto que en lo que va de año los arrendamientos subieron el 3,3%y el índice general el 1,7%.
Los materiales para la conservación de la vivienda se encarecieron en mayor medida que los alquileres, con un incremento del 5,6% en el último año, y del 4,5% en los nueve primeros meses de 2007.
Una tendencia similar mostraron los precios de los servicios para la conservación de la vivienda, que subieron el 5,4% en los doce últimos meses, y el 4,7%en lo que va de año.
Las comunidades autónomas en las que más crecieron los alquileres en el último año fueron Cataluña (5,8%) y Madrid (5,2%), mientras que en el otro extremo se situaron Murcia (1,4%) y las ciudades autónomas de Melilla (1,7%) y Ceuta (2%). - (Agencias)

Expertos USA afirman que el riesgo de crisis inmobiliaria amenaza a España

WASHINGTON.- El riesgo de una crisis inmobiliaria amenaza a la economía española, según algunos expertos de EEUU, que coinciden en recortar los pronósticos de crecimiento para el país, como también hará la próxima semana el FMI.

El motor económico español ya iba bajando la marcha, pero la sacudida en agosto y septiembre en los mercados de crédito a nivel mundial y la desaceleración en Europa han atrancado aún más sus engranajes.

En este contexto, el fin del boom de la vivienda tiene el potencial de gripar la máquina. Adam Posen, subdirector del Instituto Peterson de Economía Internacional cree que España es el país europeo que corre más peligro de sufrir una crisis inmobiliaria, por encima de otras naciones donde el precio del metro cuadrado también ha alcanzado la estratosfera en los últimos años, como Irlanda y Reino Unido.

En España “el aumento de los precios de la propiedad ha superado el incremento de los ingresos y de la población”, dijo Posen.

“Tiene que haber un límite a la demanda de segundas viviendas y casas de vacaciones”, añadió.
Posen y otros expertos consultados por Efe creen que existe el peligro de que los precios inmobiliarios se estanquen o incluso caigan, en lugar de que suban, pero menos que antes, como ha ocurrido hasta ahora.

La desaceleración llega en un momento incómodo, pues los problemas en el mercado de crédito a nivel mundial harán que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reduzca los pronósticos de crecimiento para Europa, donde se encuentran los principales socios comerciales de España, dijo a Efe un miembro de su Consejo Ejecutivo. De mayo a junio, la zona euro creció un 0,3%, en términos trimestrales, frente al 0,8% del período anterior, según datos publicados el jueves por Eurostat.

En España “no voy a predecir una recesión, pero el crecimiento actual es claramente insostenible”, dijo Posen. El FMI parece pensar igual. El miércoles revisará a la baja su estimación de crecimiento para España, confirmó un miembro del Consejo Ejecutivo, que quiso permanecer anónimo. Para este año, el recorte será “mínimo”, pero para 2008 será “sensible”, aunque “nada exagerado”, de acuerdo con la fuente.

Como suele suceder después de que la gerencia entrega las previsiones al Consejo, en el que están representados los 185 países miembros del organismo, se ha filtrado a la prensa un borrador que indica que su nuevo cálculo de crecimiento para España en 2008 es del 2,7%, frente al 3,4% que había adelantado. - (EFE)

La Monarquía tiene una salud de hierro / Rosa Villacastín

Oyendo las tertulias de la radio, de la televisión, leyendo la prensa, alguien podría pensar que los españoles estamos a un paso de otra guerra civil, y el Rey a punto de coger el primer avión rumbo al exilio. Nada más lejos de la realidad.

La monarquía española goza de muy buena salud. Basta con ver las encuestas para comprobar que una mayoría aplastante de españoles se sienten muy bien representados por el Rey Juan Carlos, y muy de acuerdo con el papel que desempeña la monarquía en la España democrática. Y si esa es la realidad, a cuento de qué este nerviosismo, a qué esas carreras de algunos políticos por demostrar su fidelidad al monarca, después de que un pequeño grupo de exaltados hayan quemado unas fotos de Don Juan Carlos en señal de protesta porque están en contra del sistema establecido.

Quiero suponer que esta tensión que se vislumbra en los mentideros políticos se debe a que estamos en plena campaña electoral, y necesitan de gestos grandilocuentes para llamar la atención de un electorado que se muestra bastante remiso a acudir a las urnas. Sólo así se explica el video institucional de Rajoy –bastante malo por cierto en cuanto a imagen se refiere–, la salida en tromba del secretario de organización del PSOE, la orden tajante de los dos partidos mayoritarios para que sus cargos más representativos acudan al Palacio Real, a mostrar su fidelidad sin fisuras a la Familia Real.

Cuenta el presidente de Cantabria –que no sabe que las conversaciones con el Rey no deben traspasar las paredes de su despacho–, que las criticas que preocupan al monarca son las que le llegan a través de las ondas de la radio episcopal, la COPE, las andanadas que lanza cada mañana Federico Jiménez Losantos. Federico se ha convertido en una caricatura de si mismo, se escucha tanto, se admira tanto, que ha perdido lo mejor que tenía cuando era un colaborador de Antonio Herrero, la ironía.

De ahí la comprensible preocupación y enfado del Rey por el silencio que mantienen los representantes de la Iglesia cuando Federico le pide que abdique. No sé en que acabará este rifirrafe –espero que como tantas otras veces, en agua de borrajas–, pero tengo la intima sensación de que nos quedan meses muy duros, porque es en ese ambiente donde algunos políticos se sienten cómodos, y no se dan cuenta de que lo que verdaderamente quiere el ciudadano es que no le compliquen la vida más de lo que ya la tienen, y que les solucionen sus problemas. Vivir en el filo de la navaja constantemente es muy peligroso porque hay un sector amplio de la población que está harto de tanta infamia, de tantas descalificaciones, de tanta trifulca. Y son los votos de esos ciudadanos los que necesitan tanto el PSOE como el PP, si quieren ganar las elecciones.