miércoles, 25 de septiembre de 2024

Compromís logra el apoyo de 50 diputados para llevar al TC la ley valenciana de educación


MADRID.- Compromís ha logrado reunir la firma de cincuenta diputados para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de libertad educativa de la Generalitat Valenciana, norma que, denuncia, "discrimina a los alumnos valenciano parlantes" y no da seguridad jurídica a los padres a la hora de matricularlos en esa lengua. 

A las firmas de los parlamentarios de Sumar se unirán las de ERC, Junts, EH Bildu, Podemos y BNG, con lo que superan los cincuenta diputados que exige la ley para presentar un recurso de inconstitucionalidad. 

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha agradecido su apoyo y ha defendido la necesidad de recurrir una ley impulsada por el gobierno popular que lidera Carlos Mazón y que, ha asegurado, vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación educativa.

"En Compromís no podíamos quedar impasibles ante este gobierno de la vergüenza", ha manifestado ante el Congreso de los Diputados, donde se ha fotografiado con varios de los parlamentarios que firman el recurso.

El Gobierno central también discrepa de varios aspectos de esa ley y ha activado con el valenciano la comisión bilateral para analizarlos e intentar llegar a un acuerdo que evite un recurso de inconstitucionalidad.

Micó ha señalado que esas conversaciones son "una buena noticia", y ha confiado en que el Gobierno de Mazón recapacite, pero ha afirmado que "Compromís no podía esperar la buena voluntad del gobierno del PP".

En la misma línea, la portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha subrayado la necesidad de luchar desde la izquierda contra las políticas del PP: "es una obviedad que el castellano está perfectamente garantizado en las escuelas del País Valenciano y el gobierno de Mazón insiste en discriminar a los valenciano-parlantes".

"Se está menospreciando a la mayoría social valenciana que quiere que se respete su lengua, su educación pública y que tiene unos profesores y profesoras magníficos", ha ratificado el diputado de Sumar Nahuel González.

Sobre el recurso impulsado por Compromís en el Congreso contra esta ley ante el Tribunal Constitucional, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha manifestado que le "encanta" que "partidos catalanistas como Junts o Esquerra Republicana recurran la ley de libertad educativa en la Comunidad Valenciana" ya que "demuestra cuál es el objetivo".

Ha asegurado asimismo estar "muy tranquilo" porque ha insistido en que las discrepancias del Ministerio de Política Territorial con esta ley son "pequeñas puntualizaciones" que se resolverán "sin ningún problema".

"El Constitucional tomará las medidas que tenga que tomar y nosotros lógicamente cumpliremos", ha concluido.

El Gobierno pide a la Generalitat negociar las discrepancias sobre la Ley de concordia: "No respeta la Constitución"

 VALENCIA.- El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido hoy a la Generalitat Valenciana la propuesta para iniciar el proceso de negociación, que establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre la Ley autonómica denominada de concordia. La comunicación remitida establece el plazo para aceptar o no la propuesta de diálogo hasta el próximo lunes 30 de septiembre.

Según explica el departamento que dirige Ángel Víctor Torres, la comunicación responde a los argumentos de los servicios jurídicos sobre la citada norma: La ley 5/24 de la Generalitat Valenciana, al igual que la planteada por Aragón, ya suspendida por el Tribunal Constitucional, "invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución Española".

Una vez estudiada la ley, mantiene el Ministerio, "resultan claras las similitudes con la Ley 1/2024 de Aragón ya impugnada ante el Tribunal Constitucional".

"Similitudes --continúan-- que se traducen en la derogación de un régimen jurídico autonómico en materia de memoria democrática que antes, en ambos casos, se alineaba con la legislación estatal y con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de memoria democrática. Se sustituye la normativa anterior por normas que recortan la esfera de derechos y protección a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos, impidiendo además, la plena efectividad de la normativa estatal en ámbitos de competencia autonómica y local".

Igualmente, apuntan que la ley de concordia "interfiere en competencias estatales y no respeta el consenso internacional sobre víctimas de infracciones graves de derechos humanos". 

El concepto de víctima, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a las garantías de no repetición, "quedan comprometidos con esta ley", inciden.

También se aprecia "la confrontación directa" entre la Ley autonómica y la Ley de Memoria Democrática de 2022. Asimismo, y en la medida en que resultan contemplados en la Ley estatal, se aprecia también un choque entre la Ley autonómica con determinados principios del derecho internacional público, concretamente los que se refieren al derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a las garantías de no repetición, reconocidos a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas, enumera el Ministerio.

Finalmente, el Gobierno reitera que el artículo 10.2 de la Constitución señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución Española reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, algo que "no respeta la Ley autonómica".

Valenciaport adjudica la construcción de la subestación eléctrica en el Puerto de Valencia

 VALENCIA.- La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha adjudicado este miércoles las obras de construcción de la subestación eléctrica ST1 en el Puerto de València por un importe de 13,9 millones euros (IVA incluido) al compromiso de UTE de Lantania SAU y STM Alta Tensión SAU.

Esta adjudicación permite la construcción de una subestación eléctrica en el Puerto de Valencia que permitirá interconectar la red de alimentación de las instalaciones de la Autoridad Portuaria con la red de distribución de alta tensión y, en concreto, con el nivel de tensión de 132 kV, según ha detallado la APV en un comunicado.

La subestación ST1 de 132/20kv garantizará en condiciones óptimas el suministro de energía eléctrica al Puerto de Valencia para poder afrontar nuevos requerimientos de consumo, derivados de los planes para proporcionar suministro eléctrico a los buques amarrados en puerto que permitirá reducir las emisiones a la atmósfera, así como la contaminación acústica en el puerto.

Con esta infraestructura en marcha, Valenciaport dispondrá de la capacidad para poder atender la creciente demanda de energía de forma adecuada y conjunta con la generación eléctrica a través de renovables (actualmente solar fotovoltaica).

Gracias a ello se podrán garantizar las necesidades de las nuevas exigencias energéticas y seguir avanzando en la hoja de ruta de la Autoridad Portuaria de Valencia hacia su gran objetivo de cero emisiones.

Esta nueva subestación eléctrica cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través del Mecanismo CEF (Connecting Europe Facility).

Sindicatos anuncian movilizaciones para exigir a Educación la "aplicación inmediata" de los acuerdos de plantillas

 VALENCIA.- Los sindicatos educativos STEPV, CCOO y UGT se concentrarán el próximo lunes ante la Conselleria de Educación para exigir la «aplicación inmediata» de los acuerdos de plantillas suscritos en junio de 2023 --durante la anterior etapa de gobierno del Botànic--, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya suspendido cautelarmente la denuncia de la Generalitat de estos acuerdos, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas de profesorado.

Así lo han dado a conocer este miércoles responsables de Educación de CCOO PV en rueda de prensa, en la que han exigido una «reunión urgente» al departamento liderado por José Antonio Rovira, a quien han exigido que «no se demore más» y «no se columpie» e incorpore «los 1.900 profesores más que tenían que estar trabajando este año».

Desde la organización sindical han subrayado que el auto del tribunal es «muy contundente» y han considerado que, si lo que «realmente quiere» la Conselleria es «acatar lo que dice la justicia», lo que tiene que hacer es «comenzar a implementar el profesorado que hay pendiente según los acuerdos firmados en 2023» y que «tanta falta hace».

Para CCOO, «si tan claro» tiene el departamento de Campanar que no quiere «efectuar recortes, no hace falta interponer el recurso» ante la suspensión cautelar de la denuncia de la Generalitat de los acuerdos. Por ello, han pedido a la Administración que «no enrede más, no estire el chicle» y aplique los acuerdos «negociados por los cinco sindicatos de la mesa sectorial».

En este contexto, han reivindicado que la negociación colectiva es «sagrada»: «Si se ha llegado a una negociación que ha costado dos años y que ha cristalizado en los acuerdos que finalmente tuvieron el 'ok' de toda la mesa, no se puede menospreciar lo que los representantes legales de los trabajadores han acordado».

Al respecto, han acusado tanto al conseller de Educación, José Antonio Rovira, como al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de «engañar» con «verdades a medias» o con «directamente fábulas y bulos». A ambos les han reprochado que saquen pecho del supuesto «incremento de 500 profesores» en este inicio de curso 2024/2025 cuando, realmente, «son 1.400 menos de los que tendrían que haber». 

«Es una verdad a medias, malintencionada y engañosa, un recorte disfrazado», han censurado.

Además, han criticado las «políticas austericidas» del Consell y sus «recortes» en la educación pública y han advertido de que ya se ha visto «que no han llevado a una mejor solución, sino a más precariedad y debilidad de los servicios públicos». 

«No queremos que eso vuelva a pasar cuando se ha sudado sangre en la negociación», ha incidido.

Desde CCOO han calificado de «laguna jurídica» y de «empastre» la denuncia de la Generalitat de los acuerdos de plantillas y han sostenido que los argumentos de la Administración autonómica para recurrir la suspensión cautelar «jurídicamente hacen aguas una y otra vez», como también lo han hecho, a su juicio, con la Ley de libertad educativa que «más bien arrincona el valenciano para que no sea lengua vehícular como había sido siempre».

«No sabemos cuáles son sus asesorías jurídicas pero, desde luego, está claro que están haciendo aguas», han subrayado, al tiempo que han prometido estar «beligerantes».

Por otro lado, desde CCOO también han valorado la reunión de este martes de la mesa sectorial, en la que la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, anunció a los sindicatos el recurso a la suspensión cautelar de las instrucciones de plantillas.

Al respecto, el sindicato pidió a la Conselleria, sin éxito, que no presentara recurso porque el auto del TSJCV, a su juicio, es «muy contundente». 

«Están en juego 5.200 plazas que venían acordadas anteriormente», han avisado desde CCOO, que han advertido del riesgo de volver a «las órdenes de los recortes» de 2015 si finalmente se anulan los acuerdos de 2023.

Ante toda esta situación, tres de los cinco sindicatos de la mesa sectorial --STEPV, UGT y CCOO-- han convocado una movilización el próximo lunes a las 11.00 horas ante la Conselleria de Educación para exigir la «aplicación inmediata» de los acuerdos de 2023.

Rovira razona su recurso en contra

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha defendido la decisión de su departamento de recurrir contra la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la aplicación de las instrucciones sobre las plantillas docentes.

«Si tengo informes legales que me dicen que ese acuerdo no estaba ajustado a derecho, lógicamente tendré que recurrir, siempre hago caso a la Abogacía --de la Generalitat--», ha expuesto, en declaraciones a los medios este miércoles antes de participar en el acto de apertura de curso de la Universidad Católica de Valencia (UCV).

En cualquier caso, ha especificado que se trata de una «suspensión provisional» y ha indicado que la Conselleria de Educación ya prepara el recurso, como anunció este martes la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, a los sindicatos durante la Mesa Sectorial.

Sobre las instrucciones sobre las plantillas docentes, el conseller ha insistido en criticar que se trata de «una de las muchas cosas que hizo el --anterior gobierno del-- Botànic cuando estaba en funciones: »Cuando vieron que había perdido las elecciones, trabajó mucho más que cuando estaban gobernando".

Así, ha censurado que, por ejemplo, el anterior ejecutivo autonómico de PSPV, Compromís y Unides Podem amplió el Plan Edificant «solo en ayuntamientos en los que tras --las elecciones autonómicas y municipales de-- el 28 de mayo --de 2023-- seguían gobernando y aprobó un acuerdo de plantillas que, »según la Abogacía, no estaba ajustado a derecho".

Sin embargo, ha apuntado que el TSJCV, «lógicamente, tiene otra opinión», aunque, de cualquier forma, ha garantizado que la Generalitat «cumplirá siempre las sentencias judiciales».

«Un gobierno en funciones solo puede tener el despacho ordinario de los asuntos, no establecer acuerdos que vinculen al gobierno siguiente. Esa es la cuestión. Lo que pasa que no está regulado exactamente qué puede y qué no puede hacer un gobierno en funciones, pero el Botànic, estando en funciones, firmó más cosas en ese mes que en todos las anteriores, una semana antes de que yo llegara, qué casualidad», ha manifestado.

Finalmente, en relación con las plantillas docentes, ha precisado que el debate no es que sean «amplias», sino «si es necesaria o no». 

«Ellos --el Botànic-- apuntan a cuestiones como la codocencia y nosotros entendemos que eso no es necesario y que los refuerzos tienen que ir más a la educación especial y a Infantil y Primaria, que es muy importante. Son políticas distintas», ha incidido.

La jueza sostiene que Alfonso Grau cobró una comisión de un millón a través de las cuentas de EEUU de una de sus hijas

 VALENCIA.- El ex vicealcalde, ex concejal en el Ayuntamiento de Valencia y que fuera mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, cobró una comisión de un millón de euros por una operación urbanística a través de las cuentas de Estados Unidos de una de sus hijas, según sostiene la jueza que instruye el caso Azud, del que recientemente se acordó el levantamiento del secreto de las piezas que quedaban --cinco-- tras siete años de investigación.

Así se desprende de un auto del Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia, de mayo de 2021, y que obra en una de las piezas sobre las que se ha levantado el secreto de sumario de este caso, en el que se investigan presuntas 'mordidas' a Grau a cambio de adjudicaciones de obra pública en la ciudad. 

El ex vicealcalde ha sido condenado recientemente a cuatro años y medio de prisión por financiación irregular en el PP de la ciudad y en 2022 a nueve meses de cárcel por aceptar relojes de alta gama de un empresario que suscribió 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015.

En ese auto se efectúa un resumen de la actuación de Alfonso Grau y se le sitúa como un pilar fundamental de la trama. Se indica que percibió comisiones de naturaleza ilícita por favores en el ejercicio de su función pública.

La investigación, concreta la jueza, ha podido constatar la participación del investigado Alfonso Grau en al menos ocho tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario Jaume Febrer y de empresas de su grupo.

En concreto, se le atribuye al ex cargo público la tramitación de expedientes administrativos de manera «arbitraria» y «discrecional» en favor de los intereses particulares de determinadas sociedades mercantiles pertenecientes al grupo Axis, creado y dirigido por el empresario investigado Jaime Febrer.

A cambio de estas tramitaciones, Grau percibió diferentes comisiones. Para detectarlas, en la causa se indica que se ha efectuado un estudio económico sobre el ex vicealcade y su entorno más cercano, sus dos hijas y sus respectivas parejas --una de ellas casada con un súbdito norteamericano residente en Winconsin (EEUU)--.

Este estudio ha permitido identificar la existencia de un incremento patrimonial de origen ilícito que, entre 2004 y 2014, se cuantifica en, al menos, 728.051,75 euros, todos los cuales habrían sido manejados en efectivo e integrados, a través de diferentes vías y procedimientos, en sus patrimonios personales con la intención de ocultar su origen, bien a través de ingresos o bien a través de compras de inmuebles.

Este incremento no justificado y de origen ilícito, continua la jueza, ha aflorado una vez investigado todo su entorno laboral, familiar y societario, ya que Alfonso Grau y su familia están relacionados con diversas sociedades mercantiles, entre ellas, Edificio Familia 3000 S.L. --también investigada--, dedicada al alquiler de locales comerciales.

De esta sociedad --creada realmente por Febrer-- Alfonso Grau ostenta el 90% del capital social y el resto de capital social está repartido a partes iguales entre sus hijas. Del estudio de las cuentas entre 2002 y 2014 se desprende que Grau realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas o de su familia directa por un montante de 4l2.725 euros, siempre en cantidades que, por su importe, no estaban sujetas a control financiero o administrativo --inferiores a 3.000 euros--.

La hija de Grau casada con el súbdito norteamericano contaba con una cuenta en EEUU que, según la jueza, fue utilizada por Febrer para pagar a Grau una comisión de un millón de euros.

El objetivo era que el exvicealcalde propiciara una operación urbanística de la mercantil Mediterráneas de Actuaciones Integradas en la que participaba una de las sociedades del empresario, en concreto, Construcciones Valencia Constitución SL, junto con tres empresas más.

La comisión a percibir se pactó en noviembre de 2006 y, para hacerla efectiva, Alfonso Grau facilitó a Febrer la forma de pago de dicha comisión entregándole los datos de la cuenta bancaria titulada por su hija y yerno en EEUU. 

Pero, tal y como se ha descubierto en la investigación, los datos de dicha cuenta ya se los había proporcionado Grau dos años antes en relación a otra operación inmobiliaria, en la que también intervino.

El caso Azud investiga presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de Valencia en época de la ex alcaldesa del PP Rita Barberá por parte de empresas adjudicatarias. En concreto, la causa se sigue por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

El ex número 2 de Rita Barberá, Alfonso Grau, ocultó en EEUU una mordida de casi un millón

 VALENCIA.- El exvicealcalde de Valencia con los gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, ocultó una mordida de cerca de un millón de euros en cuentas de su yerno en Estados Unidos, según consta en la parte del sumario del caso Azud cuyo secreto se ha levantado recientemente y que se ha repartido este miércoles a las partes.

Grau, de 83 años, ha sido condenado recientemente por la Audiencia de Valencia a cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos y al pago de una multa de 5 millones de euros por un delito continuado de cohecho en otra causa, la del caso Imelsa, y en octubre de 2023 recibió condena firme por cohecho en otro caso aparte, concretamente por aceptar regalos por parte de un contratista municipal.

En el caso Azud, que lleva el Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia, se ha investigado la supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción, que afectan tanto a dirigentes del PP como del PSPV-PSOE, y entre las diferentes líneas de investigación se encuentra la relativa a la supuesta mediación de Grau para lograr beneficios urbanísticos para los promotores investigados.

Los fondos que fueron a parar a las cuentas del yerno y la hija de Grau en Wisconsin (EE. UU.) salieron del patrimonio de la empresaria Mónica Montoro, investigada en la causa junto a otros promotores inmobiliarios, desde una cuenta abierta en Suiza a nombre de una sociedad panameña, si bien se utilizó una firma inglesa interpuesta. 

Esta operación ha obligado a la jueza instructora a realizar comisiones rogatorias a Estados Unidos, Luxemburgo, Panamá, Suiza y Mónaco, y al fiscal anticorrupción a viajar a Estados Unidos, Inglaterra, Panamá y Suiza.

Los investigadores sospecharon de esta operativa porque encontraron un documento relacionado con una transferencia a Alfonso Grau en uno de los registros en el grupo Axis, del empresario Jaime María Febrer, que se encontraba dentro de una carpeta con las iniciales AG y en el que se incluía la cita literal «se trata de la misma cuenta de hace dos años y no ha cambiado nada». 

Las hijas de Alfonso Grau, Sofía y María Ángeles Grau, y el marido de la segunda, Kent Baker (de origen estadounidense), están investigados en esta causa por delitos de cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Entre los documentos resultan reveladoras las explicaciones que da la jueza instructora a las autoridades americanas en una de las referidas comisiones rogatorias, al pedir desde el extranjero que se justificase la investigación al ciudadano norteamericano.

 «Hay constancia de la colaboración activa de (Grau y) sus hijas y de que tanto Grau como sus hijas conservan documentación, dinero en efectivo y otros productos del delito en sus domicilios».

«Su yerno Kent, como se ha comprobado, también participa del lavado de activos poniendo a disposición de Alfonso Grau una cuenta bancaria en el JP Morgan donde recibe los sobornos», señala. 

«Si bien los hechos relatados son, en su mayoría, anteriores al 2017, las pruebas se han obtenido como resultado de las entradas y registros realizadas en 2019 y 2021, tanto en los domicilios y sedes de los empresarios como en los domicilios de Alfonso Grau y sus hijas», detalla la instructora.

Badenas (Vox) asegura que "cualquier incumplimiento" del pacto de gobierno podría suponer la ruptura

 VALENCIA.- El segundo teniente de alcalde de Valencia y portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, ha afirmado que «cualquier incumplimiento» del pacto de gobierno suscrito junto al PP en el Ayuntamiento «podría suponer la ruptura» del ejecutivo local. Ahora bien, ha remarcado que «no se trata de poner líneas rojas» para la elaboración del presupuesto para 2025, sino de que sea «acorde» al cumplimiento de ese acuerdo.

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas antes del pleno municipal de septiembre, las recientes advertencias de la dirección estatal de Vox de que no descartan romper los gobiernos de coalición con el PP en los ayuntamientos por las diferencias en materia de inmigración como ya hicieron en julio con los ejecutivos autonómicos.

Cuestionado por esta posibilidad, por si Vox pondrá líneas rojas en los presupuestos y por si está en riesgo la continuidad del pacto de gobierno en Valencia, Badenas ha hecho hincapié en que las cuentas para 2025 deben ser acordes al cumplimiento del pacto y a las competencias asumidas por su partido en el Ayuntamiento.

«Es el único tema», ha subrayado, tras puntualizar que «no se trata de poner líneas rojas» sino de que se cumpla el pacto de gobierno suscrito hace un año.

Dicho esto, el portavoz de Vox ha indicado que «si no se cumple el pacto, evidentemente se rompe cuando una de las dos partes no cumple». 

«No por motivos económicos (de las partidas de los presupuestos), sin que por cualquier incumplimiento se podría producir la ruptura del pacto», ha precisado.

Respecto a si podría haber una ruptura por un incumplimiento del PP en materia de inmigración, que es una competencia estatal, Badenas no lo ha aclarado y ha vuelto a exigir al Gobierno que cumpla «la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo la Ley de Extranjería», para que «lleguen (los inmigrantes) que cumplen la ley y los que no sean devueltos a sus países de origen ya sean mayores o menores» de edad.

El Gobierno discrepa de aspectos sobre exención del valenciano y requisito lingüístico de la Ley de libertad educativa

 VALENCIA.- El Gobierno central ha manifestado discrepancias sobre diversos aspectos de la denominada Ley de libertad educativa por lo que se ha acordado iniciar las negociaciones correspondientes, mediante una Comisión Bilateral Estado-Generalitat, para intentar solventar esas diferencias.

En concreto, el Ejecutivo español muestra discrepancias sobre con el artículo 14 de la norma --que se refiere a la exención de la materia de Valenciano en la evaluación y calificación del alumnado y fomento de su estudio en zonas de predominio lingüístico castellano-- y las disposiciones adicionales primera (sobre la Educación plurilingüe en otras enseñanzas del sistema educativo) y cuarta (acerca de las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado)

Por ello, este miércoles se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con esta norma, la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa. Lo firman el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.

La comisión va a iniciar negociaciones y se designa un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Asimismo, se comunica este acuerdo al Tribunal Constitucional. Cabe recordar que este tipo de comisiones constituyen un paso previo para intentar evitar la interposición de recursos de inconstitucioalidad.

Precisamente, este pasado lunes, Compromís anunció que ha abierto contactos con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Educativa. Este recurso al Tribunal Constitucional (TC) lo podría presentar el Gobierno o un mínimo de 50 diputados en el Congreso, con el plazo abierto hasta final de este mes.

Por su parte, el PSPV descartaba «prestar diputados» a Compromís, que está integrado en el grupo de Sumar en el Congreso, para recurrir. «Si el Partido Socialista decide presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo hará el Partido Socialista», subrayaba el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, que recordaba que «se está trabajando» en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, una fase de negociación que ha indicado que es la habitual para evitar que una ley autonómica se inmiscuya en la legislación estatal.

Esta ley se aprobó el pasado mes de junio, cuando el Consell estaban integrado aún por PP y Vox. En el momento de ver luz verde, los 'populares' recalcaron su satisfacción por «poder hoy decir que han cumplido con aquello que prometieron», que las familias puedan elegir la lengua en la que se han de educar sus hijos «y no el político de turno».

El PP aprueba una iniciativa para que se puedan celebrar las juntas de vecinos de forma telemática

 MADRID.- El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha celebrado la aprobación de una iniciativa del PP en la Comisión de Vivienda del Senado para que se puedan celebrar las juntas de vecinos de forma telemática, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Revenga ha recordado que esta práctica "ya se realizó durante la pandemia", por eso "se ha presentado esta iniciativa, para que la digitalización llegue a las reuniones de vecinos y a las comunidades de propietarios", y que hará "más sencilla y fácil" la vida a los ciudadanos.

Con ello, "promovemos una transformación de la Ley de Propiedad Horizontal, una ley del año 1960, para modernizarla y actualizarla", ya que "algunos de sus aspectos están muy desfasados, como ya han advertido los administradores de fincas".

Asimismo, "también incluimos que se pueda llevar de forma digital todas las actas y todos los libros con plena garantía jurídica", ha destacado el senador, quien ha precisado que "es la tendencia a la digitalización que lleva toda nuestra sociedad y que impulsa la Unión Europea, lo que nos ha llevado a presentar esta iniciativa". 

Así, ha añadido que "va siendo hora de que llegue también a las comunidades de propietarios y de vecinos".

"Facilitar la asistencia a todos los propietarios para mejorar la convivencia, proteger sus derechos y dotarlos de una mayor seguridad, son algunas de las mejoras que propone esta modernización de la ley", según las mismas fuentes.

"Desde el PP estamos convencidos de que para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos hay que hacérsela más fácil en el día a día", según Revenga, quien ha recordado que otro de los puntos de la iniciativa presentada por el Partido Popular reclama establecer las medidas necesarias para que se suprima la primera convocatoria, de modo que la junta de propietarios sea válida en una única convocatoria.

El argentino Milei destapa en su discurso ante la ONU la perversión hoy de la inicial Agenda 2030

 


 NUEVA YORK.- El presidente de Argentina, Javier Milei, en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ha dicho que la ONU ha tomado un "rumbo trágico" al abrazar la pervertida Agenda 2030 y expresó su rechazo al Pacto del Futuro, alcanzado el pasado domingo. 

Milei reconoció que la Organización de Naciones Unidas ha garantizado cierta paz a nivel global en las últimas décadas, pero advirtió sobre las consecuencias de que siga alentando "políticas colectivistas" e intentando imponer la pervertida Agenda 2030, a la que definió como "un programa de gobierno supranacional de corte socialista". 

 Vídeo de su discurso íntegro:

https://www.youtube.com/watch?v=pivu2FQHpHs

Fin de este ciclo / Guillermo Herrera *


Se ha despejado el último remanente de la red negativa tibetana, la base subterránea en el norte del Tíbet, y por lo tanto, ha desaparecido para siempre según Cobra. Ahora sólo queda la red oscura superficial principal y, sin el apoyo espiritual de los agarthianos negativos, colapsará por completo dicha red en un ciclo físico de siete años. 

Eso significa que estamos llegando al final del túnel y puede comenzar a entrar la Luz finalmente a la superficie del planeta.

Añade Cobra que los pleyadianos benévolos están mucho más activos en el sistema solar y han comunicado que han sanado casi por completo su trauma de guerra. Como resultado de ello, comprenden mucho mejor la situación de los misioneros de la Luz de la superficie y han desarrollado una compasión incondicional por ellos.

El proceso de desenredo del fisgón, acechador o merodeador Lurker está avanzando con toda su fuerza, y habrá una configuración astrológica muy importante el 27 de septiembre que desencadenará el proceso de finalización del ciclo de 26.000 años al traer energía espiritual átmica a la superficie del planeta por primera vez desde 1996.

Será una conjunción exacta de Neptuno con el punto medio Urano-Plutón: Esta conjunción desencadenará grandes configuraciones astrológicas que conducirán al año 2025. Hasta finales de octubre, nos encontramos en un proceso de transformación y purificación espiritual. Durante ese tiempo, surgirá un impulso para iniciar el nuevo renacimiento desde los planos espirituales.

Fuentes del dragón han comunicado que ahora podemos elevarnos por encima de los ataques y desviar nuestra atención de los aspectos más oscuros de la realidad, que de todos modos se descompondrán. Esta reorientación es como un músculo que podemos entrenar, y se mejora con la práctica.

El tiempo transcurrido entre ahora y el 22 de noviembre es el momento de la triangulación final de la dualidad, que llevará muchas cosas a su culminación. Este proceso se realizará energéticamente a través de la segunda luna de la Tierra. En noviembre sucederán muchos acontecimientos energéticos extremadamente importantes.

Después de la crisis geopolítica de la primera quincena de noviembre, Plutón hará su ingreso final en Acuario el 19 de noviembre, un enorme paso simbólico hacia la era de Acuario. El 24 de noviembre, se completará una operación muy importante de las fuerzas de la Luz. El 29 de noviembre, se completará un ciclo fuerte que dará paso a los avances de diciembre y enero. 

Durante todo ese tiempo, las fuerzas oscuras pueden intentar intensificar las cosas, pero debemos permanecer conectados con nuestro ser superior y sostener la Luz.

En 2025 comenzará un proceso de siete años de descomposición de la vieja realidad. Este proceso de siete años implica muchos sextiles entre Neptuno y Plutón. Al final de este proceso en 2032, un conocido economista, Martin Armstrong, predice que ya no existirá el sistema tal y como lo conocemos.

Además, según las fuentes, alrededor del 2032 el campo magnético de la Tierra caerá por debajo del 50% para permitir que la mayor actividad solar pre-micronova colapse la civilización de la superficie basada en la electricidad e internet. Todo esto no implica que el Evento ocurrirá tan tarde como en 2032, ya que aún debe permanecer clasificado el momento del Evento.

https://2012portal.blogspot.com/

PERLAS