MADRID.- El Santander, CaixaBank y Bankia han presentado una reclamación al
Estado para que les devuelva los 1.350 millones que le adelantaron para
pagar la compensación por el cierre del almacén submarino de gas Castor.
Este proyecto tuvo que ser paralizado al desencadenar decenas de
pequeños terremotos, recoge El País.
El Gobierno recurrió a esas tres entidades para
pagar los 1.350 millones de indemnización a la promotora del proyecto,
controlada por ACS, que los usó para devolver el dinero a los
inversores. El Estado dejó de pagar a los bancos porque el
Constitucional anuló la fórmula legal elegida para liquidar la
indemnización en 2014. Ahora los bancos se lo reclaman.
La fórmula que ideó el Gobierno pasaba por que cada año (durante los
próximos 30) las tres entidades financieras recibieran 80 millones de
euros, que deben pagar los consumidores de gas a través de su factura.
Pero esa vía se sustentaba en el real decreto ley de 2014 que aprobó el
Gobierno y que permitió a la empresa Escal UGS –controlada en un 66,7%
por ACS– cobrar la indemnización de 1.350 millones a cambio de entregar
un almacén de gas que le había encargado acometer el Estado pero que nunca se empleará por el riesgo sísmico que acarrea.
La parte del real decreto ley que sustentaba el pago de la indemnización fue anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre.
Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
encargada de canalizar la devolución de lo adelantado por los bancos, ha
dejado de obligar al pago a los bancos de esos 80 millones anuales a
través de la factura del gas al entender que no existe un paraguas legal
que lo ampare.
El embrollo es enorme. El Constitucional no cuestionaba en su
sentencia el pago de la indemnización en sí, sino la vía de urgencia
empleada por el Gobierno del PP, que los magistrados no consideraban
adecuada ni justificada. La alternativa que el tribunal ha dejado
abierta implicaría que el Ejecutivo lleve ahora al Congreso –no a través
de una vía de urgencia– el pago de esos 1.350 millones.
Pero parece
casi una quimera que el PP, que no tiene mayoría suficiente en el
Parlamento, pueda encontrar algún apoyo en otro partido para sacar
adelante una norma que garantice a los bancos el pago de lo que
adelantaron para cubrir la indemnización.
Así que, finalmente, las tres entidades bancarias han decidido
reclamar por la vía administrativa la devolución de los 1.350 millones.
Pese a presentar esa reclamación, las tres entidades sostienen que
ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo "que permita hacer la devolución
de una manera flexible" para "evitar un grave impacto en las cuentas
del Estado o en los consumidores gasistas".
Básicamente, lo que ponen
sobre la mesa es recuperar la misma fórmula ideada en 2014 –pagos
fraccionados durante tres décadas con los mismos tipos de interés–.
Pero, para que esos pagos puedan realizarse, hace falta una norma legal
que sirva de paraguas y que sustituya al real decreto ley anulado por el
Constitucional.
El Ministerio de Energía ha rechazado este viernes hacer cualquier
valoración sobre la demanda, al argumentar que no la ha "podido
estudiar" todavía. Tampoco aclara si el Ejecutivo planea aprobar algún
tipo de decreto o norma sobre la indemnización anulada por el
Constitucional.
Pero, ¿por qué se indemnizó a Escal UGS, controlada por la compañía
de Florentino Pérez? Cuando el proyecto Castor se adjudicó en 2008
–durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– se incluyó una
cláusula que preveía el pago de la inversión realizada a la promotora en
el caso de que se produjera la extinción o caducidad de la concesión. Y
el montante de esa inversión fue de 1.350 millones.
Cuando se dispararon los temblores provocados por la inyección del
gas colchón en este almacén marino, el Ejecutivo decretó la hibernación
de las instalaciones por la vía de urgencia.
Y por la misma vía de
urgencia se decidió aplicar la cláusula de 2008 y, por lo tanto, la
devolución de los 1.350 millones. El Gobierno defiende que una parte
importante de esa inversión –alrededor de 300 millones– los había puesto
el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que reclamaba la devolución de
esa cantidad.
